El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó varios fragmentos de un proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional de Brasil, que creaba la tesis del Marco Temporal (hito temporal en castellano): según este entendimiento, solo tendrían derecho a las tierras los indígenas que pudieran demostrar que se encontraban en sus territorios en octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución brasileña. Estos vetos de Lula detuvieron la intención del Congreso de crear retrocesos históricos en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. Sin embargo, este mismo parlamento que aprobó el ataque a los derechos indígenas intentará, a finales de noviembre, anular los vetos del presidente.

Como deben lograr tener los votos suficientes, debido a la fuerza que los parlamentarios vinculados al agronegocio tienen en el Congreso, es inevitable que se analice una vez más el debate sobre el marco temporal en la Corte Suprema. En septiembre, por 9 votos contra 2, la Corte Suprema invalidó la tesis del marco temporal. En una entrevista con SUMAÚMA, la jurista y abogada Deborah Duprat, que defiende a los indígenas, afirma que existe el riesgo de que se produzca un giro que podría violar, una vez más, los derechos de los pueblos originarios si el caso regresa a la Corte Suprema.

A sus 64 años, Duprat fue Fiscal de la República de 1987 a 2020. En 2009, como fiscal general adjunta de la República, fue la primera mujer en representar al Ministerio Público Federal (MPF) en un juicio ante la Corte Suprema. “La Corte Suprema no usurpó las facultades del Poder Legislativo”, afirma. “Yo defiendo la democracia. Ver que el Poder Legislativo y el Judicial se están contraponiendo hasta la rendición total de uno de los dos significa la muerte de la democracia”.

A continuación, partes de la entrevista realizada en su casa en Brasilia.

SUMAÚMA: El presidente Lula vetó parcialmente el proyecto de ley sobre el marco temporal. Uno de los artículos que se mantuvo (art. 20) dice que “el usufructo de los indígenas [sobre sus tierras] no se sobrepone al interés de la política de defensa y soberanía nacional”. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿El gobierno puede, por ejemplo, liberar la minería o la instalación de hidroeléctricas en la zona?

DEBORAH DUPRAT: No. Estos vetos dejan claro que, antes que nada, hay que promulgar una ley complementaria que defina qué es el interés público relevante del gobierno nacional, como consta en el párrafo sexto del artículo 231 de la Constitución. Las grandes obras en áreas indígenas solo pueden considerarse esenciales para la comunidad nacional si están previstas como de interés público relevante en una ley complementaria. Pero esta ley nunca fue creada, no existe hasta la fecha. Por lo tanto, estrictamente hablando, no tenemos reglas para definir lo que se puede y lo que no se puede construir en tierras indígenas. Y, aunque existiera esta ley, hay que consultar previamente a los pueblos originarios sobre los impactos de las grandes obras que atraviesan sus territorios, tal como lo determina el Convenio 169 [de la Organización Internacional del Trabajo, OIT].

Otro artículo que Lula no vetó, y fue criticado por el movimiento indígena, es el 26: ‘Se faculta el ejercicio de actividades económicas en tierras indígenas, siempre que lo realice la propia comunidad indígena, y se admiten la cooperación y la contratación de terceros no indígenas’. ¿Podría esto allanar el camino para acuerdos engañosos?

El riesgo existe, pero tenemos que ser cautos al hablar sobre eso. Esta también es una discusión antigua, que se remonta a los arrendamientos de tierras indígenas que se realizan con mucha frecuencia en el sur de Brasil, en los estados de Rio Grande do Sul, Paraná y también Mato Grosso. Creo que hay que intentar escapar de una visión paternalista sobre los pueblos indígenas, de que no son capaces, no pueden tomar decisiones conscientes con respecto a su propio territorio o que estén siempre sujetos a las maniobras de su entorno para seducirlos. No veo este dispositivo [de la ley] como una preocupación. Franquear las tierras a terceros es una situación que ya existe para algunos grupos.

Pero ¿y si todos los pueblos indígenas decidieran sembrar soja en sus territorios, por ejemplo? ¿Esto solo les concierne a ellos? ¿Cómo equilibrar la crisis climática en este contexto?

Siempre he detestado la visión instrumental sobre los indígenas, ya sea como pueblos o en relación con sus territorios, de que son una especie de reserva moral de la nación. Es decir: que sus territorios solo tienen sentido en la medida en que preserven los recursos ambientales. Vivimos en una sociedad altamente capitalista e individualista, que privilegia las actividades económicas que más impactan el clima y el medio ambiente, como es el caso de la plantación de soja y la minería. No existe ningún fundamento constitucional que prohíba que los indígenas hagan lo que ya hace el resto de la sociedad.

Enfrentar la crisis climática y el avance sobre los recursos naturales es un imperativo colectivo de la sociedad brasileña. Es absolutamente injusto que esta exigencia recaiga solo sobre los indígenas y sus territorios. No quiero descartar con esto la constatación empírica de que los territorios indígenas, quilombolas y de otros pueblos y comunidades tradicionales son exactamente los lugares donde tenemos los recursos ambientales más preservados. Esto es un hecho, pero no transforma a los indígenas en guardianes de la naturaleza. El compromiso de enfrentar la crisis ambiental es de toda la sociedad brasileña.

Si el Congreso, con una mayoría ruralista, anula los vetos de Lula, lo que es probable, ¿volverá la lucha del marco temporal a la Corte Suprema?

Muy probablemente. El Congreso no puede deliberar sobre lo que constituye un área indígena. La Corte Suprema entendió que la demarcación y la concepción de lo que son las tierras indígenas ya lo define la Constitución, que trató exhaustivamente sobre el tema y reservó solo dos espacios para que el Congreso pudiera actuar. Uno es definir lo que es el interés público relevante de la nación en los territorios indígenas, algo que el Congreso todavía no ha hecho. El otro es decidir cómo se va a realizar la explotación de recursos hídricos y minerales en tierras indígenas con el pago de royalties [a los pueblos originarios]. El Congreso tampoco lo hizo; de hecho, en esta ley no se abordaron ninguna de las dos cosas.

En cambio, el parlamento buscó legislar sobre temas que acababa de tratar la Corte Suprema. Seguramente alguien convocará a la Corte Suprema [si se anulan los vetos de Lula] y es probable que algún ministro emita una orden judicial [una decisión provisional que suspende la validez de la ley]. Este juego puede seguir permanentemente.

La Corte Suprema ya ha cambiado su interpretación sobre varios temas. ¿Existe el riesgo de que se produzca un giro?

Todo es posible. Porque la Corte Suprema no es una, sino una composición, que también cambia. Cuando proponemos una demanda, no tenemos control sobre ella. Porque el tiempo va cambiando las posibilidades.
El terreno es dinámico.

¿Hasta dónde puede llegar esta pelea entre el Congreso y la Corte Suprema?

En ningún momento la Corte Suprema usurpó las facultades del Poder Legislativo. Hay que entender que las constituciones contemporáneas son catálogos muy extensos de derechos, razón por la cual el papel de las Cortes Supremas ha crecido considerablemente. La separación entre los poderes es un principio, pero se adapta a las dinámicas locales del momento. Este no es un fenómeno brasileño, se produce en muchos lugares del mundo. La Corte Suprema, al decidir que es válida la unión homoafectiva, al decidir sobre las cuotas raciales, sobre la demarcación de tierras indígenas, está cumpliendo el papel de interpretar la Constitución y de implementar derechos que las mayorías no implementan.

Hay mucho resentimiento reciente [de la extrema derecha] hacia una Corte que jugó un papel preponderante en el mantenimiento de la democracia, dada la omisión de otros poderes y de otros actores sociales y estatales importantes [en el gobierno de Bolsonaro]. Creo que este es el peor momento [de esta disputa] y que está muy contaminado por esa omisión de algunos poderes y por el papel protagónico que ejerció la Corte Suprema. Yo defiendo la democracia. Ver que el Poder Legislativo y el Judicial se están contraponiendo hasta la rendición total de uno de los dos significa la muerte de la democracia. Sinceramente, espero que haya sentido común. Y rápido.