“A ver, empecemos, que el sol ya está fuerte”, grita João Maria dos Santos, un hombre corpulento, de piel bronceada y espeso pelo negro, que comanda la Secretaría Municipal de Medio Ambiente de Novo Progresso. Son recién las 8:30 de la mañana del miércoles 5 de junio, pero en el municipio que ocupa el quinto lugar entre los que más deforestaron la Selva Amazónica entre 2008 y 2023, el sol que castiga la piel nos hace dudar de los termómetros que registran “solo” 27 grados de temperatura. Por orden del secretario, un grupo de unas veinte personas, la mayoría empleados públicos, se reúne en torno al alcalde Gelson Luiz Dill, del partido conservador Movimiento Democrático Brasileño, que va a plantar una decena de brotes de árboles en una pequeña plaza de Canaã, un barrio de casas pequeñas y calles de tierra a dos kilómetros del centro, para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

“Cada día que pasa parece que el sol está más caliente. Es una realidad”, admite Dill, de 52 años, un paranaense de pelo canoso, piel clara que se pone roja con el sol y que buscará la reelección en octubre. Para amainar el tremendo calor, un camión cisterna mojó las calles a lo largo de todo el trayecto recorrido por el alcalde y su equipo. En media hora, el agua ya penetró en la tierra resecada o simplemente se evaporó. Dill toma la palabra después de que un pastor evangélico “reza por esta gestión” y explica que una de las especies plantadas, la Acacia, fue elegida por su crecimiento acelerado, que garantiza “sombra lo más rápido posible”. A continuación, avisa que SUMAÚMA acompañará la solemnidad y pasa a abordar el tema que moviliza a Novo Progresso y a la región desde hace años: reducir en un 27% el tamaño de la Selva Nacional Jamanxim.

INFOGRAFÍA: Ariel Tonglet/SUMAÚMA

La Selva Jamanxim, como se conoce esta área, fue creada en 2006. Tiene 1,3 millones de hectáreas o 13.000 kilómetros cuadrados; en comparación, la ciudad de São Paulo tiene poco más de 1.500 kilómetros cuadrados. Forma parte de un conjunto de unidades de conservación que fue planeado como compensación ambiental por el asfaltado del tramo de más de 700 kilómetros de la carretera BR-163, que corta el oeste de Pará desde la frontera con el estado de Mato Grosso hasta el cruce con la carretera Transamazónica. La pavimentación, terminada recién en 2019, era un deseo de los terratenientes de la soja de Mato Grosso, que querían una ruta confiable para exportar su producción a través del puerto de Miritituba, en el Río Tapajós, que es el punto final de la vía pavimentada. Hasta entonces, en verano las nubes de polvo del camino de tierra perjudicaban la visibilidad y obligaban a reducir la velocidad; en invierno, el obstáculo eran los atolladeros provocados por las lluvias. El equipo de Marina Silva, en ese entonces ministra de Medio Ambiente en el segundo mandato de Lula, temía que la expectativa de la llegada del asfalto multiplicara la codicia de los ladrones de tierras y los madereros por las tierras públicas a lo largo de la carretera.

Fue exactamente lo que pasó.

Además de Novo Progresso, dos municipios atravesados por la carretera BR-163 en Pará están en la lista de los que más deforestaron la Amazonia entre 2008 y 2023: Altamira, donde está el distrito de Castelo de Sonhos, encabeza la lista; e Itaituba, sede del distrito de Miritituba, ocupa el décimo lugar. Al oeste de las tres ciudades, en algunos puntos casi tocando la carretera, está la Selva Jamanxim. El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que gestiona unidades de conservación federales, estima que había “entre 100 y 200” ocupantes en las tierras públicas federales en 2006, cuando se convirtieron en parque nacional. Desde entonces, la cifra se ha multiplicado: existen 494 registros de “haciendas” en el área de la Selva Jamanxim, en el Catastro Ambiental Rural. Este registro es un documento autodeclarativo en el que los propietarios rurales informan la ubicación y los datos ambientales de sus tierras, pero en la Amazonia lo usan los ladrones de tierras como un documento que certifica los límites y la “propiedad” de áreas que en realidad son públicas.

Según los cálculos del alcalde Dill, los “propietarios rurales afectados por la Selva Jamanxim” son mucho más gente todavía, unos 700 ocupantes. El término “propietarios de tierras rurales” es, por supuesto, un truco con las palabras: la inmensa mayoría de estos ocupantes son ladrones de tierras públicas que ingresaron al área después de que se hubiera transformado en una unidad de conservación. Los ladrones son responsables de hacer de la Selva Jamanxim la segunda unidad de conservación más deforestada de la Amazonia desde 2008, solo superada en términos de destrucción por el Área de Preservación Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, según datos del sistema de monitoreo satelital Prodes, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). Deforestaron la selva y la transformaron en pastizales para ganado en más de 116.000 hectáreas (casi el 10% del área total). Se estima que dentro de la Selva Jamanxim se crían al menos 100.000 cabezas de ganado. Todo indica que no se hace siguiendo las leyes ambientales ni de salud animal, ya que la explotación ganadera es incompatible con la propuesta de una selva nacional y la Agencia de Defensa Agrícola de Pará no acepta el registro de animales criados en tierras públicas ocupadas ilegalmente por personas y empresas privadas.

Sin embargo, los ladrones son gente poderosa, admirada en la región por su “vocación emprendedora” y porque tiene buenas relaciones con políticos. Por eso, cuando el ICMBio inició, el 16 de mayo, una operación para confiscar ganado criado ilegalmente en la Selva Jamanxim, la reacción fue inmediata y estaba bien organizada. Aunque la operación responde a una recomendación del Ministerio Público Federal, el gobernador de Pará, Helder Barbalho, del partido Movimiento Democrático Brasileño, llamó a la ministra Marina Silva y le pidió que recibiera a una delegación liderada por el alcalde Dill, que viajó a Brasilia para hacer presión política. En un comunicado, el gobierno de Pará dijo que estaba “comprometido con el diálogo y, por lo tanto, lideró la articulación entre representantes del Estado y el sector productivo local” de Novo Progresso, pero que “apoya plenamente la acción federal de retirada del ganado ilegal de las haciendas dentro de la Selva Nacional Jamanxim”.

El grupo formado por líderes de asociaciones de “productores rurales” y políticos de la región llegó al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático el 22 de mayo, escoltado por parlamentarios que van desde la izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) hasta la extrema derecha bolsonarista. Es importante prestar atención a la comitiva: los diputados federales Airton Faleiro, del PT, José Priante y Henderson Pinto, del Movimiento Democrático Brasileño, el senador Zequinha Marinho, de Podemos, y el exdiputado federal José Geraldo Torres da Silva, Zé Geraldo, actualmente uno de los vicepresidentes nacionales del PT. Priante es coordinador de la bancada de Pará en la Cámara de Diputados y cercano de los directivos de la Federación de Agricultura y Pecuaria de Pará. La entidad cuenta en su plantilla con varios “productores rurales” de la región de Novo Progresso.

Dill y su grupo defendieron, ante Marina Silva y el presidente del ICMBio, Mauro Pires, la aprobación de un proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados por el entonces presidente Michel Temer, que, como el alcalde de Novo Progresso y el gobernador de Pará, es del Movimiento Democrático Brasileño. El proyecto propone amputar un área de casi 348.000 hectáreas —más del doble del tamaño de la ciudad de São Paulo— de la Selva Jamanxim, que se convertirían en un Área de Protección Ambiental, o APA, un tipo de unidad de conservación en la que un ocupante privado puede pleitear que el gobierno federal le entregue el título de propiedad de la tierra que haya deforestado. En resumen: el sueño dorado de todo ladrón de tierras.

El Proyecto de Ley número 8.107/2017 nunca avanzó y hasta la fecha ni siquiera ha tenido un ponente definido. Temer envió el texto a la Cámara luego de vetar, ese año, un decreto provisional que él mismo había propuesto que también reducía la Selva, irritando a la bancada de Pará. Priante había sido su ponente en la Cámara. En respuesta al veto, ladrones de tierras y madereros bloquearon la carretera BR-163 entre Castelo de Sonhos y Novo Progresso, forzando al entonces presidente a proponerle al Congreso la reducción de la Selva Jamanxim.

Para tener una idea de la potencial devastación de este cambio de categoría, la unidad de conservación más deforestada en la Amazonia es una Área de Protección Ambiental llamada Triunfo do Xingú. No es mucho más grande que la Selva Jamanxim, pero entre 2008 y 2023 se talaron 430.000 de sus 1,68 millones de hectáreas de selva, es decir, el 26% del área total. Si la mera noticia de la pavimentación de la BR-163 provocó una irrupción de ladrones de tierras, con cerca de 100.000 cabezas de ganado, es fácil calcular lo que le pasaría a este pedazo de selva amazónica si se diera la garantía de convertir las tierras públicas robadas en propiedad legal privada.

“Por supuesto que es justa”, contestó Dill, interrogado por periodistas en Brasilia sobre la propuesta que le había presentado a Marina Silva. “No es el robo de tierra pública. La colonización de Brasil se hizo así. Donde está hoy tu casa, [un día] alguien fue allí, la deforestó y la ocupó”. Días después, bajo el sol abrasador de las 8:30 en Novo Progresso, el alcalde hizo un breve relato sobre esa reunión y la propuesta que le había hecho a la ministra. Luego se arrodilló y plantó un brote de Acacia para rendirle homenaje al medio ambiente.

“¿De qué sirve la selva si no tiene ningún propósito económico?”, pregunta Gelson Dill cerca de una hora después, ya en su gabinete. En una de las paredes de la sala, que se mantiene fresca por el aire acondicionado que está siempre encendido, sobresale un montaje con las banderas de Brasil y del estado de Pará. Debidamente enmarcada, la tela lleva los autógrafos de los políticos que admira y por los que hace campaña: Jair Bolsonaro y Helder Barbalho. El del gobernador está precedido por una dedicatoria: “Un fuerte abrazo a los amigos de Progresso”.

Progresso es como se conocía la localidad que surgió a principios de la década de 1980 a raíz de los colonos que se instalaron atraídos a la región por la apertura de la carretera BR-163. La página oficial de la Cámara de Concejales registra que el surgimiento de la ciudad “se debe a la construcción de la carretera Santarém-Cuiabá, que en 1973 rasgó y deforestó la Selva Amazónica”. En 1983, sin embargo, era solo “un pequeño pueblo, con una iglesia y una cancha de fútbol”. Todo cambió en 1984 con el descubrimiento de oro en la región, “que atrajo a miles de personas a la localidad”.

Fue la minería de oro lo que hizo que Novo Progresso, en ese entonces un distrito de Itaituba, capital del lavado de oro en la Amazonia, creciera. En 1991, el pueblito se convirtió en municipio, cuando se le agregó el vocablo “Novo” [Nuevo] al nombre para diferenciarlo de otra ciudad del estado de Rio Grande do Sul. Tenía alrededor de 5.000 habitantes. “Me considero un hijo de la carretera BR-163”, dice el alcalde Dill. Tenía 3 años cuando, en 1975, su familia abandonó el oeste de Paraná, en el sur de Brasil, y fue subiendo la carretera hacia Mato Grosso. Se detuvieron en la ciudad de Sorriso antes de mudarse a la pequeña Nova Guarita. Allí, Dill fue concejal durante dos mandatos por el Partido Democrático Laborista (PDT).

En 1998 hizo las maletas y partió rumbo a Novo Progresso, en Pará, en busca de tierras que ocupar. Explotó madera en un área pública que hoy forma parte del Parque Nacional Jamanxim, otra unidad de conservación creada para mitigar los impactos ambientales de la BR-163, ubicada al norte de la Selva Jamanxim, en el municipio de Itaituba. Allí “constituyó propiedad” en 2002. Dice que pleitea, con dos hermanos, que el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) les regularice 2.500 hectáreas de tierras. El tamaño no es casual: esta es el área más grande que el gobierno federal puede titular sin autorización del Congreso Nacional. No quedó claro, sin embargo, si estas 2.500 hectáreas son la suma de los lotes o si se trata de tres lotes contiguos cada uno de ese tamaño —lo que, en la práctica, podría constituir un latifundio y es una estrategia habitual en la Amazonia para apropiarse de enormes porciones de tierra—. Cuando se le indagó al respecto, el alcalde no contestó. El pleito de los Dill es también el de mucha gente a lo largo de la BR-163: consultado por SUMAÚMA, el Incra informó que hay 1.500 solicitudes de regularización a lo largo del tramo de 700 kilómetros de la carretera entre la frontera entre los estados de Mato Grosso y Pará y el cruce con la carretera Transamazónica. La cuenta del Instituto no incluye los lotes que se superponen a unidades de conservación como la Selva Jamanxim.

Gelson Dill ya fue multado tres veces por el ICMBio por deforestar ilegalmente cerca de 200 hectáreas en otra unidad de conservación de la región, el Parque Nacional Jamanxim. Las multas, sumadas, sobrepasan los 440.000 dólares. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables también le embargó un área de 89 hectáreas. En 2020, durante la campaña en la que fue elegido alcalde, declaró ante el Tribunal Electoral la “posesión” de dos haciendas ubicadas en el Parque Jamanxim, donde criaba 2.473 cabezas de ganado tasadas por él mismo en 350.000 dólares. “No considero eso un robo de tierras, porque fue el modelo de ocupación que se dio en prácticamente toda la Amazonia”, alega el alcalde. “Llamaron a estas personas a venir aquí para ocupar un pedazo de tierra”.

Dill repite una estrategia que usan deliberadamente los ladrones de tierras de Novo Progresso para crear cierto desconcierto a su favor. De hecho, la dictadura empresarial-militar (1964-1985) convocó a gente —principalmente del nordeste y del sur del país— a colonizar la región de la carretera Transamazónica. Formaba parte de una iniciativa llamada Proyecto Integrado de Colonización, que usaba la dictadura para reducir la presión a favor de una reforma agraria en el sur de Brasil y, asimismo, ocupar la Amazonia (hogar de pueblos Indígenas, Ribereños y Quilombolas, además de miles de otras especies) bajo el lema “integrar para no entregar”. Pero se detuvo el proyecto a 200 kilómetros al norte de Novo Progresso, en el valle del Río Aruri durante la década de 1970.

En otro frente, limitado al estado de Mato Grosso, empresas privadas establecieron ciudades y les otorgaron títulos a tierras agrícolas a mando de la dictadura. Por eso, municipios como Sinop, Confresa, Colniza o Colíder llevan el nombre de sus empresas colonizadoras. En Novo Progresso se escucha todo el tiempo que los “propietarios rurales” del municipio llegaron allí para responder al llamado de “integrar para no entregar”. Pero no es cierto. Cuando la fiebre por tierras se intensificó en Novo Progresso, a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la dictadura y el proyecto de colonización ya pertenecían al pasado.

“La ocupación de colonos en esta parte de la BR-163, principalmente venidos del sur del país, se produjo totalmente como una colonización espontánea. Es decir, fuera de los programas oficiales de colonización. Sin embargo, de alguna manera, la idea de que diez kilómetros de cada lado de la carretera estaban destinados a que se instalaran los colonos estuvo presente en la ocupación de la región de Novo Progresso”, escriben los investigadores Mauricio Torres, Juan Doblas y Daniela Fernandes Alarcon en “El dueño es quien deforesta – conexiones entre el robo de tierras públicas y la deforestación en el suroeste de Pará”, un extenso estudio sobre la región publicado en 2017 por el Instituto Agronómico de la Amazonia.

Es básicamente para defender los intereses de los ladrones de tierras públicas que se hace política en Novo Progresso. “Cuando me mudé aquí, no quería más estar en la política. Pero a los cuatro años ya me llamaron para formar parte de la junta directiva del Sindicato Rural, donde estoy desde hace 20 años. Y allí me dijeron: ¿por qué no pones tu nombre a disposición [para las elecciones]?”, afirma Dill. Días antes, en Brasilia, después de la reunión con Marina Silva, dejó claro lo que lo llevó a cambiar de idea: “El rol que desempeño, como alcalde de Novo Progresso, es el de luchar por todos los productores de la región de la carretera BR-163”.

No significa que la ciudad no tenga problemas. Con 33.638 habitantes, según el censo de 2022, en Novo Progresso solo el 1,4% de sus casas cuenta con alcantarillado y el 8% de sus calles con arbolado adecuado (estas cifras son de 2010, ya que todavía no se han tabulado las del último censo). Con 15,45 muertes por cada mil niños nacidos vivos, ocupa el puesto 1.808 en el ranking nacional de mortalidad infantil —Brasil tiene 5.570 ciudades—. Entre las 144 del estado de Pará, estaba en el 56º lugar.

Un estudio llamado índice de progreso social en la Amazonia, elaborado por el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia para medir la calidad de vida en los municipios del bioma a partir de 12 criterios sociales y ambientales, concluye que las localidades con más deforestación reciente también tienen los peores desempeños. “Los 20 municipios con más deforestación reciente representan más del 50% del área deforestada en el período [y] la gran mayoría presenta un índice de progreso social muy bajo”, dice el estudio más reciente de 2023, en el que Novo Progresso ocupa la posición 637 entre los 772 municipios de la Amazonia Legal. Obtiene un puntaje bajo en criterios como seguridad pública, abandono escolar, suministro de agua y emisiones de CO2. La carretera pavimentada, celebrada localmente como un vector de desarrollo, no ayudó. “Los municipios que están a lo largo de la carretera BR-163, en Pará, tienen puntajes bajos” en lo que el estudio clasifica como necesidades humanas básicas: nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal.

La hacienda Ferradura ocupa poco menos de 1.900 hectáreas deforestadas dentro de la Selva Nacional Jamanxim. Es el epicentro de la operación llevada a cabo por el ICMBio para retirar ganado criado ilegalmente en la unidad de conservación, que empezó en mayo con un grupo de trabajo de 60 agentes, formado también por la Fuerza Nacional, la Policía Federal de Carreteras y la Agencia de Defensa Agropecuaria de Pará.

En Novo Progresso es habitual escuchar que Ferradura “pertenece” a José Pereira. Pero esta área, aunque cuenta con 64 kilómetros de alambrado de púas, corrales, casa y baño para los vaqueros y una antena de varios metros de altura levantada para acceder a internet, no está inscrita en el Catastro Ambiental Rural. Allí, agentes del ICMBio encontraron 2.058 cabezas de ganado criadas ilegalmente. Por los aretes de los animales en las orejas, el organismo ambiental sospecha que los iban a vender a empresas frigoríficas a nombre de otra propiedad, ubicada fuera de la Selva Jamanxim, llamada Arara Azul.

Las 2.058 reses pertenecen a Rodrigo da Cruz Pereira, hijo de José Pereira. No tenían el registro sanitario obligatorio del organismo agropecuario, pero, antes de que el ICMBio pudiera incautarlas, Rodrigo obtuvo un amparo concedido por el juez de apelación Eduardo Filipe Alves Martins, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región. En la decisión, del 22 de mayo, Rodrigo fue nombrado “fiel depositario” del ganado que criaba irregularmente en área pública. Por eso, a las pocas horas sacó a los animales de Ferradura sin que los agentes pudieran hacer nada. Este magistrado es hijo del ministro Humberto Martins, del Tribunal Superior de Justicia, quien fue considerado para una plaza en la Corte Suprema durante el gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro (Partido Liberal). En su investidura en el Tribunal Regional, en marzo de 2024, Eduardo Martins prometió que su gabinete sería “la embajada de la abogacía”. SUMAÚMA le pidió dos veces una entrevista para entender lo que motivó su decisión, pero el magistrado ignoró los pedidos.

Vecinas de Ferradura, las “haciendas” Búfalo Branco y Cancioneiro están registradas en el Registro Ambiental Rural (CAR) a nombre de Sandra Mara Silveira y suman casi 4.000 hectáreas de tierras continuas —y deforestadas—. A pesar de que tienen el nombre y la inscripción en el Catastro Ambiental Rural, en realidad son áreas públicas invadidas dentro de la unidad de conservación. Esto es posible porque el registro es autodeclarativo, lo que significa que el sistema permite que cualquier persona se declare “dueño” de cualquier pedazo de tierra del país. Las tierras que están registradas a nombre de Sandra en el CAR fueron embargadas 11 veces por el ICMBio entre 2015 y 2022. Según un estudio de la Agência Pública, fue quien recibió más multas ambientales por destruir la vegetación dentro de todas las unidades de conservación de la Amazonia entre 2009 y 2021; llegan, en total, a unos 17,6 millones de dólares en los autos.

Los agentes ambientales sospechan que otra área, de más de 4.100 hectáreas (de las cuales 2.900 ya han sido deforestadas y embargadas) y contigua a las “haciendas”, pero sin registro, también les pertenece a ella y a su marido, Márcio Piovezan Cordero. El ICMBio investiga si las 3.500 cabezas de ganado de Sandra, criadas sin registro sanitario, circulan libremente entre las dos “haciendas” y el área vecina. Pero estas reses tampoco fueron incautadas, gracias a otra orden judicial, esta de la jueza federal de primera instancia Lorena de Sousa Costa, de la comarca de Itaituba. La jueza no contestó la solicitud de entrevista de SUMAÚMA.

“Hubo un error de procedimiento del ICMBio en el proceso administrativo”, argumenta el abogado Pedro Henrique Gonçalves, que defiende a Sandra y a Rodrigo ante el tribunal. “Faltó la citación correcta y el debido proceso legal, con derecho a defensa”, sostiene, y este argumento fue aceptado por una jueza federal y un juez de apelación del Tribunal Federal. El organismo ambiental, por su parte, refuta los argumentos. “En todos los autos contra los mencionados se siguió el debido proceso legal, con derecho a la defensa plena y hubo notificación de las actuaciones”, afirma en una nota enviada a SUMAÚMA. “El ICMBio está haciendo un trabajo muy preciso en propiedades —propiedades no, sino ocupaciones— que son irrefutablemente ilegales, no están registradas en el Catastro Ambiental Rural, no tienen regularidad sanitaria y tienen embargos firmes e inapelables [en el ámbito administrativo]”, dijo la ministra Marina Silva después de la reunión con el alcalde Gelson Dill el 22 de mayo. SUMAÚMA le pidió al abogado una entrevista con los sospechosos de apropiarse de tierras públicas, pero dijeron que no se pronunciarían.

“La presión por la recategorización de las unidades de conservación con el fin de flexibilizar las reglas de uso de la tierra es un mecanismo cada vez más común en la Amazonia y forma parte de una estrategia que intenta legitimar ocupaciones ilegales que no tienen ningún título oficial de dominio, acompañadas, en su mayor parte, por la deforestación de extensas porciones de selva”, afirma la fiscal Isadora Chaves Carvalho. Ella acompaña, a través del Ministerio Público Federal de Pará, la operación en la Selva Jamanxim y atribuye la audacia de los ladrones de tierras en Novo Progresso “al mismo proceso histórico de ocupación desordenada de la Amazonia” y a la “ineficacia del Poder Público en gestionar sus propias tierras”, es decir, tanto las unidades de conservación como la Selva Jamanxim, como las tierras públicas sin asignación, principal objetivo del robo de tierras. “Revisar los límites de un espacio protegido no es la solución a los problemas. Por el contrario, puede servir como estímulo para más robos en la región, ya que servirá para premiar las ocupaciones clandestinas y la apropiación de tierras públicas, sin contar los aspectos sociales negativos, como aumentar la presión sobre los habitantes de la selva”, enfatiza.

Mientras el gobierno de Lula y el Ministerio Público Federal trabajan para revocar las decisiones, los ladrones de tierras aprovechan para sacar su ganado de la región de la Selva. Si, por un lado, esto garantiza que cese (al menos momentáneamente) la ocupación ilegal de la zona, por el otro frustra uno de los principales objetivos de operaciones como la que realiza el ICMBio en la Selva Jamanxim de descapitalizar a los criminales ambientales. Mientras esperan, los agentes del ICMBio trabajan haciendo lo poco que los tribunales no impidieron, como destruir las cercas de las haciendas ilegales dentro de la Selva Jamanxim.

Aun así, están amenazados. El 13 de junio, un video que circuló en los celulares de vecinos de Novo Progresso causó furor en las páginas de noticias de la ciudad. En la grabación, realizada en parte dentro de una camioneta que parece nueva (y cara), un hombre confronta a un agente de la Fuerza Nacional y le dice que “es mejor que vuelvan y se informen” sobre la decisión judicial de la jueza de Itaituba antes de sacar las cercas de la “hacienda” Cancioneiro. Se trata de Márcio Piovezan Cordeiro. SUMAÚMA constató que al día siguiente Sandra y él registraron una denuncia policial contra el ICMBio, que el comisario de la Policía Civil de Novo Progresso, Marcelo Diniz Santos Filho, les entregó personalmente a los agentes en la hacienda Ferradura.

De todos modos, cuando termine la operación es muy probable que las áreas deforestadas en la Selva Jamanxim vuelvan a ser invadidas, debido a la falta de estructura del ICMBio en la región. El organismo no tiene una oficina en Novo Progresso. La unidad más cercana es la Unidad Especial Avanzada de Itaituba, a 397 kilómetros por la BR-163. El equipo de 77 personas —de las cuales solo 19 son funcionarios de carrera— se encarga de monitorear 12 unidades de conservación que se extienden por el oeste de Pará, una pequeña porción del este del estado de Amazonas y suman más de 9 millones de hectáreas. Es un área comparable al tamaño de Portugal, con la diferencia de que las unidades no son continuas y son de difícil acceso. Como si fuera poco, funcionarios de los organismos ambientales entraron en huelga por tiempo indefinido en 17 estados (incluido Pará) a partir del 24 de junio, después de casi seis meses esperando que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) les presentara una propuesta satisfactoria de ajuste salarial y reestructuración de las carreras. El gobierno apeló en los tribunales —y tuvo éxito— para que se declarara ilegal la paralización, pero aun así una parte de los funcionarios sigue en huelga.

A principios de julio, un periódico de Novo Progresso publicó un artículo en el que un invasor de tierras no identificado amenazaba con prender fuego a la Selva Jamanxim en represalia por las órdenes emitidas por el ICMBio para retirar el ganado ilegal. Iba a ser un nuevo «Día del Fuego», nombre con el que se hizo conocido el evento de agosto de 2019 en el que ruralistas de Novo Progresso, empoderados por el Gobierno de Jair Bolsonaro, incendiaron varios tramos de selva a lo largo de la carretera BR-163. “Los voy a alentar a que prendan fuego a todo”, dijo el invasor al periódico Folha do Progresso. “Este es el plan. Vamos a avanzar con esa idea y el gobierno que lo apague —¿no están en el Pantanal?—, pues que vengan a proteger su selva”.

Mauricio Torres, coautor del estudio “El dueño es quien deforesta”, explica la lógica del robo de tierras: “En la Amazonia las unidades de conservación y las Tierras Indígenas son las principales barreras contra la deforestación. Solo hay que ver las imágenes de satélite para comprobar que el avance de la devastación no sigue criterios topográficos, de calidad del suelo ni ningún otro elemento técnico, sino que se cuela por entre áreas protegidas, por tierras públicas que todavía no fueron asignadas. Cuando se asigna un área pública, convirtiéndose en unidad de conservación o Tierra Indígena, ya no podrá dejar de pertenecer al patrimonio público para que la privaticen, se la apropie un particular y la integren al mercado de tierras”. Científico social, es docente e investigador de la Universidad Federal de Pará, donde estudia desde hace años los conflictos territoriales en el estado, tema de su tesis doctoral. “El problema de la Selva Jamanxim es que el gobierno federal ya ha manifestado la posibilidad de reducirla. Las tierras, en este caso, volverían a ser susceptibles de apropiación privada, lo que genera una carrera por el control de estas áreas. Sabemos que la deforestación es el principal instrumento de apropiación y control de tierras por parte de los ladrones”, explica. Torres acompañó a SUMAÚMA en el viaje a Novo Progresso para este reportaje.

Consultada al respecto, la oficina de prensa del ICMBio contestó que “la Selva Jamanxim se distingue de las demás [unidades de este tipo] principalmente por su historial de ocupación y el perfil de sus ocupantes, que vinieron del sur de Brasil estimulados por programas federales en la época de la ocupación de la Amazonia bajo el lema ‘integrar para no entregar’”. Es decir, el mismo organismo ambiental compra la versión difundida por los ladrones de tierras. “Algunos de los ocupantes de la Selva Jamanxim no estaban interesados en la creación de la unidad de conservación y generaron dificultades en la instrucción de los procesos de regularización de tierras, sin participar en el consejo asesor y, en algunos casos, incentivando el robo de tierras y la deforestación en la región. Estos grupos cuentan con una fuerte articulación política y buenos abogados, que buscan asegurar su permanencia a través de la justicia, incluso contrariando la legislación ambiental vigente”, afirma la oficina de prensa. “Siguen las negociaciones para implementar las actividades sostenibles a través de una concesión forestal en la Selva Jamanxim (vía Servicio Forestal Brasileño), en un esfuerzo del gobierno federal de buscar alternativas para generar ingresos aliados al desarrollo sostenible de la región”, termina la nota.

Hay un precedente histórico que alienta la audacia con la que los ladrones de tierras atacan la Selva Jamanxim. En octubre de 2003, el primer año del primer mandato de Lula, la presión de los ladrones de tierras públicas de Novo Progresso hizo que el Ministerio de Justicia aceptara un “acuerdo” que les permitió apropiarse de más de 300.000 hectáreas, equivalente al 17% del área total de la Tierra Indígena Baú, territorio tradicional de Indígenas Mebêngôkre, más conocido entre los no Índígenas como Kayapó. La Tierra Indígena Baú está a la derecha de la BR-163, en el margen de la carretera opuesta al de la Selva Jamanxim. A cambio, y con la aprobación del Ministerio Público Federal, los “hacendados” se comprometieron a pagarle a la municipalidad de Novo Progresso 22.000 dólares anuales durante diez años, suma que debería invertirse en “beneficios” para los Indígenas.

La capitulación se obtuvo con amenazas de violencia. En septiembre de 2003, un grupo de mil personas, en su mayoría ladrones de tierras y mineros, bloquearon el tráfico en el tramo de la BR-163 que pasa por Novo Progresso. Los comercios de la ciudad cerraron sus puertas y hubo relatos de que hombres armados se habían metido en la selva dispuestos a disparar contra los funcionarios de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas que estaban haciendo la demarcación física del territorio Indígena. “La victoria de la presión para reducir la Tierra Indígena Baú les enseñó a los ladrones de tierras que con amenazas y violencia pueden conseguir todo lo que quieren”, afirma Mauricio Torres. “Después de esa conquista, definieron que la Selva Jamanxim sería el objetivo del momento, usando las mismas estrategias de acción”.

Al frente del movimiento contra la Tierra Indígena Baú estaba Agamenon Menezes, en ese entonces presidente del Sindicato de los Productores Rurales de Novo Progresso, quien fue, de hecho, el que invitó al alcalde Gelson Dill a unirse a la dirección de la entidad. Menezes es autor de frases como esta, de 2008: “¿Serán todos aquí como ellos [las ONG] piensan? ¿Idiotas? ¿Ignorantes? ¿Ribereños que comen lianas y palmitos?”. Su inclinación por la violencia nunca le bloqueó el acceso a puestos en entidades como la Federación de la Agricultura y la Ganadería de Pará o la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil. Actualmente aquejado de una enfermedad neurodegenerativa, dejó la presidencia del Sindicato, pero sigue activo. En junio, SUMAÚMA lo buscó en su casa de Novo Progresso. Había escuchado que estaba en Belém, la capital del estado, para una “reunión de ruralistas”. También es uno de los sospechosos de liderar el evento conocido como “Día del Fuego”, pero niega que los incendios hayan sido arreglados.

El área extirpada de la Tierra Indígena Baú se ha convertido en un paraíso para el robo de tierras y la deforestación. Allí se ubica lo que Torres considera “la mayor deforestación individual registrada en la Amazonia en las últimas tres décadas”: un área de más de 30.000 hectáreas de las que se apropió el ganadero Antonio José Junqueira Vilela Filho, o AJ Vilela, también conocido como Jotinha. Hijo de un ganadero premiado que se luce en revistas del rubro y exmarido de una diseñadora de joyas que vende a celebridades como Madonna, Jotinha vive en un barrio noble de São Paulo llamado Jardins, por eso lo apodaron “ladrón de tierras de Jardins”, y casi nunca va a su “hacienda”. “Las 30.000 hectáreas son la suma de las notificaciones que recibió por deforestación, según datos del Prodes e información georreferenciada obtenida en campo, y lo convertirían en el principal deforestador individual de la Amazonia desde que empezó el monitoreo de la deforestación”, afirma Torres. Debido a la deforestación y otras acusaciones, a Jotinha le bloquearon bienes de un valor equivalente a unos 78 millones de dólares, lo arrestaron y está siendo procesado por el Ministerio Público Federal.

Al ser contactado, dijo que “todos los autos de infracción tienen vicios y nulidades”, que la Corte anuló las multas por la deforestación de 15.000 hectáreas y que espera que las demás también se extingan. Afirmó, asimismo, que una denuncia en su contra por organización criminal “ni siquiera fue aceptada por el juez” del caso y amenazó con demandar a SUMAÚMA si llega a “faltar a la verdad” en el reportaje. El Ministerio Público Federal señala que “le resalta a la Justicia Federal que los daños ambientales están claramente documentados y que existe una relación de causalidad con las acciones de los imputados, y que todos los elementos preexistentes son suficientes para establecer el evento del daño ambiental, identificar a los responsables del delito y establecer la relación de causa y efecto. La eventual anulación de cualquiera de ellos no invalida todo el conjunto consistente de pruebas”.

La abogada Soraya Saab, que defiende a Jotinha en los procesos, dice que “Antonio no es propietario, detentor ni tampoco poseedor de ningún inmueble rural en el área desafectada de la Tierra Indígena Baú, por lo que son completamente falaces y sin ningún fundamento o prueba las acusaciones promovidas por el organismo ambiental”. Asimismo, afirmó que “el tribunal ni siquiera aceptó la acusación de organización criminal, para que tengan una idea de la gran injusticia que se creó a partir de la falsa noticia de la deforestación de más de 13.000 hectáreas que nunca existió”. En total, se abrieron siete procesos judiciales a raíz de la operación en la que Jotinha fue imputado y preso. Se le acusa de daños ambientales, explotación de trabajo forzoso y lavado de dinero. Todos están a la espera de juicio en primera instancia.

En la porción de la Tierra Indígena Baú que el gobierno federal les sacó a los Kayapó también se encuentra el Proyecto de Desarrollo Sostenible Terra Nossa. Se trata de un asentamiento de pequeños agricultores organizado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en 2006 y es una de las pocas iniciativas de reforma agraria en la región de Novo Progresso. Aun así, gran parte de las 150.000 hectáreas previstas para albergar a 300 familias de pequeños productores rurales han sido robadas o están bajo el control de una empresa minera. Por eso, las pocas decenas de familias están amontonadas en un área de solo 8.000 hectáreas y todavía no han recibido sus títulos.

La empresa minera es la británica Serabi Gold, que opera una mina llamada proyecto Coringa sin licencia del Incra y sin haber hecho la consulta a los Indígenas de la Tierra Indígena Baú, como hay que hacer. En el camino hacia Terra Nossa, SUMAÚMA se cruzó con un camión gigantesco cargado con mineral extraído por Serabi, camiones que, según los habitantes, circulan todo el tiempo por los caminos secundarios. La empresa ya ha dicho que está “completamente cómoda con [su] posición legal”, que cumple con el marco legal de la minería brasileña y opera con autorización.

Por más que ocupen menos del 10% del área original del asentamiento, los residentes de Terra Nossa denuncian una profusión de amenazas y el asesinato de cuatro de sus líderes desde 2017. Es el caso de Cleve Gonçalves da Silva, a quien todos conocen como Tiririca, un cearense de 61 años que llegó a la región cuando era joven para probar suerte en la minería. “Vine aquí para escapar de la sequía. En las minas, agarré más malaria que oro. Lo dejé. Hace 15 años que estoy aquí en Terra Nossa”, cuenta, junto a la pequeña y pobre casa de madera en la que vive, construida en el lote donde planta y cría algunos animales para sobrevivir.

Hace un tiempo, una abogada influyente de la región invadió y deforestó un lote abandonado junto al suyo. Poco después, desplazó su cerca hacia adentro del área de Tiririca. Por quejarse, dice que lo golpearon y luego lo llevaron a una comisaría de la Policía Militar de Pará, al margen de la BR-163, donde lo fotografiaron esposado. Hizo una denuncia registrando el caso. SUMAÚMA constató que los policías que atacaron al colono fueron trasladados de Novo Progresso. Sin embargo, la cerca que consolidó el robo de un área de 90 por 400 metros todavía está allí.

También habitante de Terra Nossa, Maria Márcia Elpídia de Melo, de 46 años, es la más activa en la defensa de los derechos de los asentados. Por eso relata repetidas amenazas de muerte. “Ya pasaron disparando contra mi casa”, dice. “Otra vez me persiguieron y tuve que esconderme entre la vegetación para escapar”. El miedo a que simplemente la hagan desaparecer la llevó a tatuarse en el tórax una imagen de su hijo, José Rael, de 27 años, en octubre del año pasado. En el índice de progreso social de la Amazonia, Novo Progresso está entre los 12 peores de los 772 municipios de la región en lo que respecta a seguridad pública. Tiririca y Maria Márcia están en un programa de protección a defensores de derechos humanos del estado de Pará. Sin embargo, casi nunca reciben visitas de los agentes que deben velar por su seguridad.

Puede que por eso no haya líderes populares ni sindicalistas de trabajadores activos en la ciudad. La última sindicalista combativa conocida, Ivone Alves, cerró su organización, que representaba a trabajadores rurales, cuando su hija se casó con un jefe minero. SUMAÚMA la buscó en su casa acomodada, en una de las principales avenidas de la ciudad. No estaba o no quiso contestar las insistentes llamadas a la puerta. A una cuadra se encuentra el primer gran monumento erigido en la ciudad: la estatua de un minero con una batea de oro hecha de hormigón y de 2,5 metros de altura. Su autor, Apolinário Oliveira, un artista de fama local, es otra víctima de la violencia en el oeste de Pará: murió por complicaciones provocadas por un disparo que recibió en 2020, cuando participaba en la fiesta por la elección de un concejal en Santarém.

Además de la historia del llamado a “integrar para no entregar”, uno de los principales argumentos esgrimidos por el alcalde Gelson Dill y los defensores de la transformación de parte de la Selva Jamanxim en Área de Protección Ambiental es que la Asamblea Legislativa de Pará decidió en 2005, al aprobar una ley de macrozonificación del estado, que la región a lo largo de la carretera BR-163 sería destinada a la expansión económica del sector productivo. Y esto a pesar de que todas esas tierras son federales. Es un argumento que no se sostiene, afirma el científico social Mauricio Torres. “El gobierno federal tiene autonomía para asignar sus tierras, principalmente cuando cumplen una disposición constitucional como, por ejemplo, las Tierras Indígenas”, dice.

Tampoco se sostiene el argumento de que los ocupantes de la Selva Jamanxim son pequeños productores que sobreviven produciendo en la tierra que ocupan. En 2009, el ICMBio envió un equipo al lugar con la misión de realizar un estudio sobre el perfil de la ocupación de la selva. El estudio concluyó que entre el 90% y el 100% de los “ocupantes” eran empresarios que vivían en las regiones sur, sudeste y centro-oeste del país y que pagaban a empleados para administrar sus “haciendas” o a habitantes de Novo Progresso o Castelo de Sonhos con parientes que gestionan las invasiones de la Selva Jamanxim, pero con otros negocios fuera de ella. Las “propiedades” variaban entre las 1.500 y las 50.000 hectáreas, mucho más grandes de lo que un pequeño productor podría administrar y mucho más de lo que la legislación permite titular en los programas de regularización de tierras.

“Poquísimos ocupantes ilegales son efectivamente residentes del área de la Selva Jamanxim, estimados por el equipo entre 30 y 40 familias en toda la extensión de la unidad”, afirma el documento. Por último, el estudio sugiere la retirada de algo entre 22.600 hectáreas y 35.000 hectáreas de la Selva Nacional Jamanxim, lo que “daría más capacidad de gestión de la unidad y retiraría un área de gran atractivo social e impacto ambiental generado tanto por la minería como por las pequeñas ocupaciones existentes”. Se trata de una superficie entre 10 y 15 veces menor que las 348.000 hectáreas que anhelan los políticos y “productores rurales” de Novo Progresso y previstas en el proyecto de ley enviado al Congreso Nacional por Michel Temer.

Eso no les importa a los ladrones de tierras y al amplio frente político que los apoya en Brasilia. Desde el principio de la operación del ICMBio se suceden en la ciudad las reuniones entre políticos y productores rurales. En la última que se celebró hasta el cierre de este reportaje, el 17 de junio, el diputado federal Henderson Pinto garantizó que él y sus compañeros Airton Faleiro y José Priante están empeñados en hacer avanzar el proyecto de ley de Michel Temer.

Ninguno de los tres políticos quiso conceder una entrevista a SUMAÚMA sobre el caso. Por otro lado, Zé Geraldo, vicepresidente del Partido de los Trabajadores, habló en defensa de la propuesta. “No hay manera de sacar a esa gente de allí. La gran mayoría tiene derechos adquiridos. El gobierno decretó [la Selva], pero nunca intentó encontrar una solución. Soy partidario de la propuesta de transformar el área en una APA [Área de Protección Ambiental]”.

En 2022, el 83% de los votantes de Novo Progresso votaron por Jair Bolsonaro para presidente en la segunda vuelta, su mayor victoria proporcional en todo el estado de Pará. Después de que el extremista de derecha perdiera su reelección, manifestantes echaron abajo un árbol centenario de castaña de Brasil para bloquear la BR-163 e incluso llegaron a atacar a equipos de la Policía Federal de Carreteras. En la ciudad se desató una disputa por ver quién está más alineado con Bolsonaro. Atento a esto, el senador bolsonarista Zequinha Marinho, defensor de los invasores de la Tierra Indígena Ituna/Itatá, también en Pará, patrocina la candidatura a la alcaldía de Juscelino Alves Rodrigues, exalcalde del Partido de la Social Democracia Brasileña. Tendrá como compañero de fórmula a Ubiraci Soares Silva, conocido como Macarrão, quien fue concejal por el Partido de los Trabajadores y alcalde por el Partido Social Cristiano. Los dos están vinculados a la minería ilegal: Juscelino era piloto de avión y Ubiraci administra una casa de compra de oro en la ciudad llamada Macarrão Metais. Ubiraci también ya fue imputado por “el delito de lavado de dinero y usurpación de bienes públicos del Estado, debido a la extracción ilegal de minerales”, según Repórter Brasil. Ahora los dos están afiliados al partido Podemos y se presentan como “una alternativa a la derecha” de Gelson Dill. El actual alcalde reacciona: “No son 100% de derecha. Macarrão era del Partido de los Trabajadores. Juscelino nunca participó en la coordinación de las campañas de Bolsonaro aquí. Yo sí, y en las dos”.

Por lo tanto, en octubre, hay dos favoritos para ganar la disputa por la alcaldía de Novo Progresso entre 2025 y 2028. Uno es el candidato a la reelección que defiende y posiblemente tenga vínculos con la invasión de tierras, que tendrá el apoyo de Helder Barbalho.  En la oposición se encuentran candidatos sospechosos de estar involucrados con la minería ilegal y apoyados por uno de los aliados más radicales de Jair Bolsonaro en el Senado. El Partido de los Trabajadores, a su vez, busca acomodarse bajo la candidatura de Gelson Dill y confirmó al presidente municipal de la fórmula, Aldecir Nardino, natural de Rio Grande do Sul y que dice haber sido el primer ocupante del área donde hoy está la Selva Jamanxim, en 1979. El Movimiento Democrático Brasileño se resiste. “Ya hace tres mandatos que no logramos que se elija un concejal nuestro. Me cuesta incluso reunir a 12 candidatos”, dice Nardino. Es decir: aunque el Partido de los Trabajadores defienda la reducción de la unidad de conservación, su apoyo no es deseable.

Primer alcalde de la historia de Novo Progresso y hasta la fecha considerado su líder político más influyente, Neri Prazeres, del Movimiento Democrático Brasileño, es cercano a la familia Barbalho y garante de la candidatura de Dill. Director del Sindicato de Productores Rurales de Novo Progresso y consejero de la Federación de Agricultura y Ganadería de Pará, es también uno de los agentes de la presión de la pequeña ciudad sobre Belém y Brasilia y está en contra de la Selva Jamanxim. Un domingo de junio publicó en una red social un discurso de 2017 del senador Jader Barbalho, padre del gobernador Helder, a favor de la medida provisional de Temer.

SUMAÚMA les pidió entrevista a Zequinha Marinho, Juscelino Rodrigues y Macarrão. Ninguno de ellos aceptó. Pero el presidente municipal de Podemos, el concejal Chico Sousa, concedió una entrevista. Natural de Ceará, que emigró a la región para probar suerte en la minería, dice que ya fue elector de Lula y de Dilma Rousseff. Se convirtió en un acérrimo partidario de Bolsonaro “por culpa de los ladrones” del Partido de los Trabajadores. Un ejemplar de “Tchau, querida: O Diário do Impeachment” [Adiós querida, diario del impeachment], escrito por Eduardo Cunha, ex diputado federal y verdugo de la presidenta, ahora en el minúsculo Partido de la Renovación Democrática (PRD), adorna su escritorio.

Sousa jura que ya no está metido en la minería y que nunca estuvo involucrado con el robo de tierras ni la agropecuaria. Y tiene una versión curiosa sobre el regreso de la inspección ambiental a partir de 2023. “Lula está muy enojado con nosotros, porque aquí en toda la región pusieron carteles diciendo que es un bandido. Y por eso él dijo: nadie se va a dedicar a la minería ilegal, nadie va a talar árboles”, argumenta. Su visión sobre la cuestión de la Selva Jamanxim es una muestra emblemática del pensamiento que impera en la región: “Debido a la presión internacional, crearon reservas encima de donde ya había propiedades. Nuestro pueblo brasileño es muy tranquilo, muy quieto, muy acomodado, muy pasivo. Si esto hubiera sido en otro país, ya habría habido una guerra civil allí, ya habrían muerto muchos agentes del gobierno, ya habrían muerto muchos civiles”.

Hay pocos hombres tan admirados en Novo Progresso como Ezequiel Antônio Castanha. Originario de São Paulo, llegó a la región pobre y hoy es dueño de los dos únicos grandes supermercados de la ciudad, donde se lo considera un “emprendedor”, un tipo con el coraje de hacer lo que hay que hacer —en este caso deforestar y poner a la venta tierras públicas a disposición—. Por eso fue arrestado en 2015, acusado de liderar un grupo clasificado por los investigadores como la mayor organización criminal especializada en robo de tierras y crímenes ambientales en la región de Novo Progresso. Llevaba seis meses prófugo, desde que la Policía Federal lanzó una operación denominada simbólicamente “Castanheira”.

Se puede medir el prestigio de Castanha en su región cuando, menos de un mes después de ser arrestado, se descubrió que su celda en Itaituba contaba con aparatos de gimnasia, cafetera, frigobar, una notebook con conexión a internet y una impresora, todo con conocimiento y connivencia de la administración de la prisión. Procesado por el Ministerio Público Federal, el ladrón de tierras y propietario de un supermercado fue condenado a dos años de prisión por “degradación forestal en tierras de dominio público sin autorización del organismo competente”, pero el Tribunal Federal de Pará lo condenó solo a pagar multas y a cumplir penas que restringían su derecho a la libertad. Los fiscales apelaron y el caso espera decisión en el Tribunal Regional Federal, en Brasilia.

Mientras tanto, Castanha se mueve y trabaja libremente en Novo Progresso. A última hora de la tarde del miércoles 5 de junio, SUMAÚMA fue a buscarlo a uno de sus supermercados. Después de esperar algunos minutos, apareció. Corpulento y de cerca de 1,90 metros de altura, Castanha es un hombre cordial, de voz suave y elocuente. Se negó a grabar una entrevista, pero habló durante algunos minutos, de pie en la puerta de la tienda. Tiempo suficiente para atacar a Marina Silva: “Ella no es ministra de Brasil, trabaja como si fuera ministra de Europa”. Luego defendió a los ladrones de tierras de la Selva Jamanxim: “Cuando hicieron la reserva, ya había gente allí. Mientras no haya un documento seguirán deforestando. Pero la izquierda no quiere documentar a nadie”.

La conversación estaba llegando a su fin cuando Castanha dio a entender que sueña con el mismo presidente que los banqueros que visten ropa de marcas de lujo, andan en scooter y beben cafés especiales y vinos caros en la Avenida Faria Lima, el corazón financiero de São Paulo. “Me gusta la derecha, pero soy partidario de Tarcísio, no de Bolsonaro. Ni Bolsonaro ni Lula; ni siquiera puedo creer que estos tipos hayan sido presidentes. Pero Tarcísio, la mente de este tipo… Tarcísio es distinto, ¿sabes?” Dicho esto, se despidió, se subió a una camioneta plateada con su esposa y tomó la BR-163.