La amnistía más obscena se llama ‘hito temporal’

Más de cuatro décadas después de la histórica campaña por la amnistía de finales de los años 70, la cuestión ha vuelto a ocupar el centro del debate político brasileño. En sentido estrictamente jurídico, una amnistía es el perdón del Estado a personas que han cometido determinados delitos, principalmente de carácter político. En sentido histórico, la amnistía fue un gran vector en torno al cual, en las décadas de 1960 y 1970, se formó un amplio movimiento internacional por la libertad de los disidentes políticos encarcelados, torturados y ejecutados por regímenes autoritarios, los llamados “presos de conciencia“, expresión acuñada por el abogado británico Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional en 1961.

En el contexto brasileño, después de que el régimen militar aplicara el Acto Institucional n.º 5, más conocido como AI-5, que agudizó la represión política, la amnistía de presos y exiliados políticos se convirtió en uno de los principales frentes de resistencia contra la dictadura militar-empresarial (1964-1985) y dio lugar a la Ley de Amnistía en agosto de 1979, un hito histórico en el proceso de apertura democrática.

Implementada bajo la tutela de los militares para una “transición gradual y segura”, la ley incluía un peligroso contrabando: la amnistía de los delitos cometidos por el aparato represivo del Estado y sus agentes. Nacida de la reivindicación del regreso del Estado democrático de derecho, acabó funcionando como un instrumento para absolver los graves actos de violencia que se cometieron.

Tras el intento de otro golpe de Estado en Brasil, la amnistía y su significado histórico vuelven a ser objeto de discusión.

Por un lado, está el movimiento de fuerzas políticas de extrema derecha para indultar a los mentores y participantes en los actos golpistas del 8 de enero de 2023 con la aprobación del denominado Proyecto de Ley de la Amnistía. Actualizando el viejo discurso de “pacificar” el país que legitimó el perdón de los crímenes de la dictadura, en el horizonte de este movimiento está la absolución de la organización político-militar que conspiró para asesinar a un presidente elegido democráticamente e instaurar una nueva dictadura en Brasil.

Por otro lado, en efecto bumerán, la propuesta de esta segunda ley de amnistía ha reabierto el debate sobre la impunidad de los crímenes que cometieron agentes del Estado durante los 21 años de la dictadura militar-empresarial.

Tras años de reticencias, la Corte Suprema brasileña revisará la Ley de Amnistía de 1979 para analizar si cubre el indulto de graves violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada, la tortura y la ocultación de cadáver. Con repercusión general, la cuestión se juzgará a través del caso del diputado Rubens Paiva, asesinado por los militares en 1971. La historia es el tema de un libro que escribió su hijo, Marcelo Rubens Paiva, adaptado al cine en la aclamada película Aún estoy aquí, de Walter Salles, ganadora de varios premios, entre ellos el Oscar a la mejor película internacional.

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Menos atención mediática recibe otro campo en el que se debate y se juzga la amnistía para los crímenes cometidos por la dictadura. En este caso, sin embargo, la amnistía nunca se nombra como tal, sino que se presenta en forma de un debate técnico-jurídico que no tendría nada que ver con la violencia y las graves violaciones de los derechos humanos que perpetró la dictadura. Se trata de la Ley 14.701/2023, la llamada Ley del Hito Temporal.

Según la “tesis del hito temporal”, los pueblos Indígenas solo tendrían derecho a las tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988, fecha en que se promulgó la Constitución brasileña. Pero resulta que la mayoría de los pueblos originarios que reclaman tierras que no ocupaban en aquel momento se vieron obligados a abandonarlas con mucha violencia.

Como muestra el informe de la Comisión Nacional de la Verdad, en el contexto de los planes nacionales de desarrollo aplicados por el régimen militar, innumerables comunidades Indígenas fueron trasladadas y desalojadas a la fuerza por agentes del Estado para poder utilizar sus tierras para proyectos de colonización y obras de infraestructura.

Es el caso de los Parakanã, en el estado de Pará, que fueron desplazados por la entonces Fundación Nacional del Indio —la principal organización indigenista brasileña, rebautizada en 2023 como Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai)— al menos cinco veces entre 1971 y 1977 debido a la construcción del complejo de infraestructuras del Proyecto Gran Carajás.

El estudio Memória da Terra, publicado por el Ministerio Público Federal en 2020, demuestra que los Xavante de Marãiwatsédé fueron víctimas de ataques sistemáticos para que abandonaran sus aldeas, que culminaron con la deportación de todo el grupo por parte de la Fuerza Aérea Brasileña en 1966.  Tras una planificación detallada, registrada en mapas e informes que borraban la presencia Indígena, la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú, en el estado de Paraná, se llevó a cabo mediante la expulsión y el traslado forzoso de innumerables tekoha Avá-Guaraní. 

Las expulsiones, los desalojos y los traslados forzosos afectaron a varios pueblos Indígenas durante la dictadura militar-empresarial, como los Krenak, los Guaraní-Kaiowá, los Nambikwara, los Kinja, los Tapayuna, los Avá-Canoeiro y muchos otros, por lo que la Comisión Nacional de la Verdad concluyó que hubo una verdadera “política de expulsión de los indios de sus territorios ejecutada por el Estado brasileño”.

Esta “política de expulsión” se llevó a cabo mediante un aparato de violencia y represión estatal que, en muchos aspectos, fue incluso más brutal que los dispositivos clandestinos de tortura que utilizó la dictadura para eliminar a disidentes políticos como Rubens Paiva en los centros urbanos.

El llamado Informe Figueiredo, de 1967, que investigó las prácticas del desaparecido Servicio de Protección a los Indios (SPI), documenta casos de palizas, abusos sexuales, secuestro de niños, ejecuciones extrajudiciales, esclavitud colectiva y uso generalizado de la tortura por parte de agentes del Estado en los puestos del SPI.

Con acusaciones internacionales de genocidio, el gobierno militar se vio presionado a abolir el SPI y a crear la Funai en diciembre de 1967. A pesar de las promesas de reforma, tras el endurecimiento de la represión con la implantación del AI-5 en 1968, la Funai adoptó una política indigenista agresiva y militarizada, en línea con la Doctrina de Seguridad Nacional.

Entre los casos emblemáticos de esa política indigenista se encuentran la creación del Reformatorio de Krenak en 1969, un campo de concentración penal donde líderes Indígenas disidentes de diferentes pueblos y regiones del país fueron encarcelados, torturados y ocasionalmente desaparecidos.

Otro ejemplo notorio son las operaciones que llevaron a cabo la Funai y el Ejército para desalojar a los Kinja de la región de la hidroeléctrica de Balbina y de la carretera BR-174, al norte de Manaos. Como si se tratara de una auténtica campaña militar contra insurgentes, los Kinja fueron víctimas de sucesivos desplazamientos forzosos y masacres, algunos mediante métodos bélicos como bombardeos aéreos, que provocaron el casi exterminio de la población Indígena.

Durante la dictadura, la política indigenista adquirió a menudo un carácter etnocida y genocida. En paralelo, la Funai se transformó en una extensión del Servicio Nacional de Información: con recurrentes acusaciones internacionales de graves violaciones de los derechos humanos, los militares vigilaban y perseguían constantemente al movimiento Indígena, a sus líderes y a las organizaciones civiles que los apoyaban.

Estas graves violaciones de los derechos humanos contra los pueblos Indígenas están estrechamente relacionadas con el proceso de despojo de sus tierras ancestrales durante la dictadura militar-empresarial.

Al fijar la fecha de 1988 para la reivindicación de las Tierras Indígenas, la “tesis del hito temporal” ignora —mejor dicho, borra— el hecho de que la no ocupación Indígena de estas áreas en ese momento fue fruto de un violento proceso de invasiones y desplazamientos forzosos resultantes de políticas del Estado.

Por lo tanto, la Ley del Hito Temporal no es solo una amenaza a la integridad de los territorios Indígenas. Es también una forma de borrar de la historia los actos de violencia y las graves violaciones de los derechos humanos que cometió el Estado brasileño.

Es una forma de conceder otra gran amnistía a los crímenes que perpetró la dictadura, negando a los pueblos el derecho a la verdad, la memoria y la justicia.

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Al parecer, además de cautivar a los jueces de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, la película Aún estoy aquí también ha inducido a la Corte Suprema brasileña a reabrir el caso Rubens Paiva y revisar la Ley de Amnistía. Iluminando la sombra de un nuevo golpe de Estado que cubrió el país, el éxito del largometraje ha estimulado una reflexión pública sobre la impunidad de la dictadura y sus consecuencias en el presente.

Siguiendo esta línea, el Supremo debería inspirarse en la historia de Aún estoy aquí para revisar también el caso de los Pueblos Indígenas, confrontando la Ley del Hito Temporal con su derecho a ser reconocidos como víctimas políticas de la dictadura militar-empresarial.

A lo largo de su carrera como activista de los derechos humanos, Eunice Paiva se convirtió en una gran militante de las causas indígenas, actuando directamente en defensa de sus territorios. Consideraba ambas luchas una misma cosa, pues veía paralelismos entre el asesinato de opositores políticos y la expropiación de Tierras Indígenas.

A través de los ojos de Eunice, el cuerpo de Rubens Paiva aparece como el de miles de Indígenas desaparecidos y ejecutados por la dictadura. Según la Comisión Nacional de la Verdad, al menos 8.300 Indígenas fueron asesinados como consecuencia de políticas de Estado, una cifra muy subestimada, según la propia Comisión.

Como grupo demográfico y cultural más afectado por la dictadura, los Indígenas siguen siendo invisibilizados como víctimas políticas. Esos cuerpos y sus historias, como la de Rubens Paiva, no pueden seguir desaparecidos, tanto de las narrativas de la dictadura como del sistema de justicia sobre sus crímenes.

Saldar las cuentas con uno de los períodos más violentos de la historia reciente de Brasil significa no solo hacer justicia a los “presos de conciencia” que fueron torturados y desaparecidos en centros urbanos, sino también aplicar una política de reparación para los pueblos originarios que incluya, fundamentalmente, la restitución de sus tierras.

Al revisar la amnistía concedida a los torturadores de Rubens Paiva y de otros disidentes políticos, el Supremo, los grandes medios de comunicación y la sociedad brasileña en general no pueden permitir otra amnistía a los crímenes de la dictadura, esta vez camuflada bajo la “tesis del hito temporal”.