Júnior Hekurari Yanomami habla despacio, como si las palabras lo hiriesen mientras le suben a la boca. «Había un niño de 2 años que tenía desnutrición, deshidratación, neumonía y malaria. Todo a la vez. Lo llevaron directamente a la UCI [en Boa Vista]», cuenta. «Un bebé de 1 año y 5 meses murió el domingo. Estaba muy enfermo, desnutrido y deshidratado. Íbamos a llevarlo [al médico] a primera hora, pero empezó a llover a las 4 de la mañana y no paró hasta las 2 de la tarde. El avión no podía volar. Murió a las 12:13», dice, con la precisión de quien no ha olvidado lo que vio. Las historias salen, una tras otra, como si se desahogara. Son testimonios de sus visitas al centro de salud de Surucucu, su aldea en de la Tierra Indígena Yanomami, donde el gobierno federal ha creado un grupo de trabajo médico para atender a las víctimas del genocidio que tiene lugar en el territorio demarcado. Los casos más graves son trasladados desde allí en avión a un hospital de Boa Vista. «La semana pasada murieron un padre y un hijo el mismo día. Todo el mundo está de luto todo el tiempo. Termina un ritual [funerario] y empieza otro», explica. «En una aldea murieron un padre, una hija, el líder y otro joven. Todos de malaria».

El grupo de trabajo de Surucucu está compuesto por médicos y enfermeros que atienden a varias aldeas de los alrededores. También se han reforzado los equipos sanitarios en algunos de los 68 puestos de salud del territorio Yanomami, donde hay más de 350 aldeas repartidas en una superficie de 9,6 millones de hectáreas. Cuando hay pacientes graves, las aeronaves de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) o de una empresa privada contratada recogen al enfermo en la aldea donde se encuentra. Pero a menudo los Yanomami no pueden comunicarse. Y recorren los senderos de la selva en busca de ayuda médica. «Llegó un anciano al que llevaron a cuestas durante 12 horas. Algunos caminan 2 o 3 días», cuenta Júnior. Los relatos recuerdan el final de una guerra, cuando cesan las bombas y las víctimas, heridas y conmocionadas, buscan desesperadamente la ayuda que por fin ha llegado. Pero esta guerra no ha terminado ni de lejos.

El escenario es el resultado de 4 años de gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, en los que se desmanteló la estructura sanitaria del territorio Yanomami. Los mineros, sin ningún impedimento y encima alentados por el propio presidente, expulsaron a los equipos médicos que atendían a varias aldeas sin que el gobierno reaccionara: hoy, 3 puestos de salud aún siguen cerrados. La minería ha destruido la zona donde los indígenas de muchas aldeas plantaban, cazaban y pescaban, provocando hambre y desnutrición grave. Los ríos de los que beben se han contaminado con los excrementos de los garimpeiros y les han empezado a provocar diarreas agudas. Los cuerpos debilitados se infectaron además con enfermedades que portaban los invasores, como la gripe y la malaria, que se agravan sin médicos ni medicinas. Y lo peor puede estar aún por llegar, que son los efectos a largo plazo del mercurio usado en la minería y en la salud de los indígenas.

Desde que se creó el grupo de trabajo en el territorio Yanomami, el 16 de enero, las aeronaves han trasladado 112 veces a indígenas en situación grave a Boa Vista. Y han volado 111 veces más para recoger enfermos en las aldeas y llevarlos a centros médicos dentro de la propia tierra indígena. Para hacerse una idea de la magnitud de esta operación, en todo 2021 se llevaron a cabo un total de 714 traslados de emergencia en el territorio Yanomami, un promedio de 60 al mes, según los datos que ha obtenido SUMAÚMA. «Estos días hemos observado al menos 10 traslados diarios o más. Hubo un día que se llevaron 23 niños con desnutrición al Hospital Municipal Infantil. En el momento de la visita al Hospital Municipal Infantil, de las 15 camas de la UCI, 6 estaban ocupadas por niños indígenas», describe un informe gubernamental. En la Casa de Salud Indígena (Casai) Yanomami de Boa Vista, donde se alojan los indígenas que reciben tratamiento, hay 281 Yanomami, la mayoría con desnutrición, neumonía o malaria. «Por desgracia, la situación es tan grave que nos hemos centrado en estas medidas urgentes y de emergencia. Tanto la Casai como el centro de Surucucu se han convertido en verdaderos campos de concentración», afirmó el Secretario de Salud Indígena, Ricardo Weibe Tapeba.

«El helicóptero sanitario no para. Va desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde buscando gente. Caben 5 personas, pero el piloto ve la situación y carga la aeronave hasta el límite [de peso]. Como los Yanomami están muy delgados, caben más», dice Júnior, desde su pequeño despacho en el Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI) Yanomami, en la capital de Roraima. Presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena (Condisi) Yanomami, órgano de la sociedad civil que supervisa el trabajo del gobierno en materia de salud indígena, Júnior gritó durante años sobre la grave situación de su pueblo a oídos que fingían no oír.

De ese despacho salieron las primeras fotos de niños y ancianos en los huesos que se publicaron, junto a otras que obtuvo SUMAÚMA, en el reportaje que reveló la muerte de 570 niños Yanomami menores de 5 años durante el gobierno de Bolsonaro por falta de atención médica. «Las amenazas [de los garimpeiros] han aumentado mucho después de todo esto», relató el pasado martes. Sentado en una silla, Júnior mantenía el brazo estirado mientras un pincel con tinta de fruta lo recorría, llenándolo de largas rayas negras. Al lado, círculos precisos ayudaban a formar, poco a poco, su nuevo manto de protección espiritual. En su pequeño despacho, lo están pintando con los grafismos de su pueblo. Y se conecta a través de la tinta a la sabiduría de sus antepasados para ahuyentar el mal lanzado en su dirección. «Necesitamos mucha protección», afirma.

El gobierno federal llegó al territorio Yanomami el 16 de enero para evaluar la situación, tras la muerte de varios niños en diciembre. Al principio, se trataba de una misión exploratoria, que tenía como objetivo visitar algunas aldeas con el apoyo de Júnior, para evaluar la situación sanitaria en la región de Surucucu, cuenta un médico que participó en la acción y prefiere permanecer en el anonimato. «Era una misión exploratoria, pero acabamos asumiendo varias funciones de asistencia por necesidad. Y puedo decirte claramente que al menos 3 o 4 niños habrían muerto si no hubiéramos llegado». Tras la publicación del reportaje de SUMAÚMA el 20 de enero, las imágenes de los Yanomami desnutridos y la información de los 570 niños muertos se hicieron virales en las redes sociales. Al día siguiente, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se desplazó hasta Boa Vista para conversar con los líderes Yanomami. El Ministerio de Salud publicó una ordenanza declarando la emergencia de salud pública en el territorio y creó el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES), un equipo multidisciplinar que ahora funciona dentro del DSEI, en un despacho a pocos pasos del de Júnior. La FAB, poco activa en el territorio en los últimos años, ha instalado un hospital de campaña en la Casai.

El pasado lunes 6 de febrero se inició una operación para sacar a los garimpeiros del territorio Yanomami, coordinada por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), dos organismos que el gobierno de Bolsonaro debilitó e impidió que actuaran estratégicamente contra la minería. En los dos primeros días de la operación se destruyeron un helicóptero, un avión y un tractor, así como 2 armas, 3 embarcaciones y unos 5.000 litros de combustible. Los dos organismos también establecieron una base de control en el río Uraricoera, una de las rutas que utilizan los delincuentes para entrar en territorio indígena, para impedir el flujo de suministros para los mineros. Además de gasolina y gasóleo, las lanchas transportaban cerca de una tonelada de alimentos, congeladores, generadores y antenas de internet. Se incautaron todos los suministros, que se utilizarán para abastecer la base de control», declaró el Ibama en un comunicado. La incautación demuestra que los intentan resistir en el territorio, a pesar del mayor control gubernamental en la zona.

Las acciones contra los garimpeiros también preocupan por las reacciones de los delincuentes. A principios de este mes, el gobierno creó una Zona de Exclusión Aérea para impedir el tránsito de garimpeiros y suministros a los campamentos mineros dentro del territorio Yanomami. Se prohibió volar a los aviones no autorizados, lo que sembró el pánico entre los infractores, que temían que la FAB los derribara si los descubría. Con esto, los pocos aviones que se atrevían a volar ilegalmente, siempre bajo para intentar evadir los radares de control del gobierno, empezaron a cobrar a quienes querían abandonar el territorio rapidamente más de 15.000 reales (casi 3.000 dólares) por persona. En una pista minera, hombres y mujeres se quejaban a los responsables del precio del vuelo. Protestaban de que no podían salir con esos precios tan inflados. Algunos vídeos de garimpeiros y mujeres que trabajan en los campamentos mineros han empezado a difundirse en internet. En ellos aparecen grandes grupos adentrándose en la selva para iniciar caminatas que duran semanas. Otros abandonan la tierra indígena en barcas hasta un puerto clandestino situado en una zona remota, donde tienen que pagar más de 300 reales (57 dólares) para llegar a la ciudad.

La tensión ha aumentado en el territorio Yanomami. El viernes pasado, en la región de Homoxi, una de las más afectadas por la minería, algunos garimpeiros dispararon a 3 jóvenes indígenas. Uno de ellos, herido en el estómago, fue trasladado al hospital de Boa Vista. Otro murió allí mismo. La Policía Federal abrió una investigación y analizó la zona, pero no facilitó detalles a la prensa. Según Júnior, no se llevaron el cuerpo del joven muerto porque su madre no lo autorizó. Quería que se quedara en la aldea para el ritual funerario. En otra comunidad, también el viernes, algunos hombres Yanomami se encontraron a garimpeiros en la selva. Se produjo un tiroteo y murieron dos Yanomami y un minero, según la información que recibió Júnior. Pero el lugar donde se produjeron los hechos se encuentra en medio de la selva y de momento no se ha podido llegar hasta los cadáveres.

El personal de salud que trabaja en puestos cercanos a las zonas mineras también manifiesta su preocupación. Los equipos que trabajan con indígenas aislados en el territorio temen que los delincuentes intenten refugiarse o excavar otros yacimientos en las zonas más remotas, donde viven grupos que no tienen ningún contacto con no indígenas y ni inmunidad a las enfermedades que transmiten los garimpeiros. También se teme que los mineros ataquen con sus armas a estos indígenas en un eventual encuentro en la selva, provocando una masacre. Una base de la Funai que protege la zona de los grupos aislados tiene empleados que también están vulnerables a una posible invasión masiva de delincuentes armados.

Ante el aumento de la tensión, el pasado lunes el gobierno dio marcha atrás y volvió a abrir parcialmente el espacio aéreo. Creó 3 corredores de vuelo para «permitir la salida coordinada y espontánea por vía aérea de los no indígenas de las zonas de minería ilegal». Estos corredores estarán operativos hasta el lunes 13 de febrero. En la práctica, el gobierno ha dado a los delincuentes una semana para escapar. Posiblemente se quedarán dos tipos de garimpeiros: los que han sido abandonados, muchos de ellos en una situación análoga a la esclavitud, el extremo más débil de la cadena minera, y los que están preparados para enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado, probablemente más armados y vinculados al crimen organizado que opera en la región.

«Nos preocupa perjudicar a personas inocentes. En los yacimientos hay gente que trabaja allí para mantenerse. Hay mujeres, niños y hombres que trabajan para ganarse la vida», declaró el ministro de Defensa, José Mucio Monteiro, en una rueda de prensa celebrada en Boa Vista el pasado miércoles. Un periodista le preguntó si, de hecho, consideraba que los garimpeiros ilegales eran «inocentes», y el ministro afirmó que «no puede juzgarlo». «Primero haremos un análisis», dijo. «Cuando llegue el momento, les corresponderá a la Policía Federal y a la Justicia determinar quiénes son los culpables, quiénes serán castigados», afirmó. Sin embargo, no supo precisar cuándo conseguirán retirar a todos los mineros de la zona.

La operación abre otro flanco de preocupación. Hay regiones donde la minería ha invadido la zona de las aldeas y ha reclutado a jóvenes para que se dediquen a actividades delictivas. También hizo que las aldeas dependieran de los alimentos que intercambiaban por mano de obra. Se teme que la salida desordenada de los invasores desequilibre aún más a estas comunidades. «La determinación es sacar a los mineros no indígenas del territorio Yanomami, y, a continuación, proporcionar herramientas a los indígenas para que puedan volver a producir sus propios alimentos dentro del territorio», explicó a SUMAÚMA la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, en una visita a Boa Vista. «Inicialmente, está la asistencia de emergencia con canastas de alimentos para las familias indígenas, incluso para las que ya están involucradas [en la minería], porque no están allí por opción, sino porque no la tienen. El plan de expulsión prevé este cuidado con los indígenas que están en los alrededores o incluso dentro de los campamentos mineros porque no tenían otra salida», añadió. 

La ministra sobrevoló la zona el pasado domingo y las imágenes le parecieron «estremecedoras». «El territorio está tomado por la minería, por la destrucción. Todos los ríos están contaminados con mercurio o incluso con agua sucia y fangosa, debido a la manipulación de las máquinas mineras, lo que hace que sea imposible beber el agua. Los Yanomami no tienen agua para beber», afirma. «Es realmente muy triste ver hasta dónde ha llegado esta destrucción del medio ambiente y esta crisis nutricional de la población. Creo que solo lo entendemos cuando lo vemos con nuestros propios ojos. Las noticias no consiguen mostrar la realidad. Hace falta un trabajo intenso y a largo plazo para acabar con esta destrucción».