Ya ha salido la noticia: la Unión Europea (UE) ahora tiene una ley que contribuirá a detener la deforestación en el mundo. La UE ha aprobado un reglamento (con efecto directo en sus Estados miembros) para luchar contra la deforestación y la degradación forestal a escala mundial, impulsadas por el consumo de la UE. Debemos proteger la selva amazónica y otros bosques del planeta, como los de Indonesia y la cuenca del Congo, para evitar que la UE los siga depredando.

La huella forestal de la UE ha aumentado en los últimos años. Solo en 2021, el bloque contribuyó en un 16% a la deforestación mundial, lo que lo convierte en el primer deforestador del planeta. Hace tiempo que debería haberse hecho algo. El texto de la nueva normativa es una primicia mundial y, a pesar de sus lagunas, muestra que la UE está determinada a dejar de destruir ecosistemas para su propio consumo y a liderar este movimiento a nivel planetario.

Las medidas que se aplicarán afectan sobre todo a los Estados miembros y a los comerciantes y operadores de productos relacionados con la deforestación. Las empresas de la UE y las que introduzcan productos en el mercado europeo, o los exporten, tendrán que actuar con la diligencia debida. Más concretamente, estas empresas tendrán que demostrar que los siguientes productos que comercializan no se han producido en tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020: madera, ganado, soja, cacao, café, aceite de palma y sus derivados (excepto el biodiésel), caucho, carbón vegetal o papel impreso. El biodiésel y el maíz podrían añadirse a la lista dentro de dos años, tras haberse evaluado su impacto. Por desgracia, faltan algunos productos: tendremos que seguir luchando para que el aguacate, entre otros, también se incluya. Mientras escribo estas palabras, pienso en los colombianos que luchan en su territorio para que no se destruya la selva para plantar aguacates que se consumirán en la UE…

Pues bien, la UE ha decidido ceñirse a la definición de bosque de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que lamentablemente omite «otras tierras boscosas» (en las que se incluirían los ecosistemas del Cerrado brasileño y el Pantanal argentino, que la definición de la FAO solo cubre parcialmente) y «otros ecosistemas», lo que habría permitido proteger los manglares. Pero el Parlamento Europeo ha exigido que se revise la normativa y la UE podría ampliar las obligaciones actuales a estos otros ecosistemas forestales en los próximos dos años. Aunque no hemos conseguido abarcar toda la vegetación y territorios, hemos logrado prohibir que las empresas comercialicen productos que propician la degradación de los bosques, es decir, que causan «cambios estructurales en la cobertura forestal, ya sea convirtiendo un bosque primario o regenerado de manera natural en un bosque de plantación o en otras tierras boscosas, o convirtiendo un bosque primario en un bosque plantado». La inclusión de «bosque degradado» ha sido una gran victoria, ya que las empresas podrían haber evitado la definición de bosque de la FAO y las correspondientes obligaciones dejando intacta un 10% de la cobertura arbórea y destruyendo el resto… Hay que subrayar que las emisiones de gas carbónico vinculadas a la degradación forestal se contabilizan igual que las que provienen de la deforestación pura.

Para aplicar la nueva normativa, la Comisión Europea tendrá que clasificar a los países en función del riesgo que presenten de producir productos vinculados a la deforestación y degradación. El nivel de obligaciones y de controles dependerá de tres categorías: países de riesgo bajo, estándar y alto, con controles del 1%, 3% y 9%, respectivamente. Si, durante esos controles, los Estados miembros sorprenden a las empresas incumpliendo la diligencia debida, se aplicarán sanciones, que incluyen multas de hasta el 4% del volumen de negocios anual en la UE, la privación de subvenciones públicas o la denegación del acceso al mercado de la UE. Las empresas deberán facilitar a las autoridades competentes la información pertinente sobre las tierras agrícolas donde se hayan cultivado las materias primas, con ayuda de una metodología de «geolocalización» mediante polígonos, herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN.

Los operadores financieros, incluidos bancos y aseguradoras, no se encuentran entre los que están obligados a seguir el reglamento de la UE. Es una lástima, teniendo en cuenta que los bancos europeos obtuvieron más de 400 millones de euros de beneficios procedentes de actividades vinculadas a la deforestación entre 2016 y 2020. Pero esta lucha crucial no ha terminado, ya que en un plazo de dos años la UE tendrá que presentar una evaluación de los impactos y la viabilidad.

El acceso a la justicia no es una cualidad innata de la UE, por lo que hemos tenido que ser muy precisos para garantizar que las personas físicas o jurídicas afectadas puedan recurrir al Derecho europeo. No obstante, el reglamento apenas aborda los impactos de la deforestación en los derechos humanos. Solo insiste en el consentimiento libre, previo e informado y en el respeto de los acuerdos internacionales si los países han integrado esas normas en sus legislaciones nacionales. Pero, como ya hemos visto en las demandas que se han presentado en Francia contra Casino y BNP Paribas por haber violado la diligencia debida, las ONG y los defensores de los derechos humanos podrán dar la voz de alarma y presentar querellas en los casos en que se incumplan gravemente las obligaciones.

Este reglamento de la UE pretende proteger la biodiversidad, mantener un clima estable y garantizar el agua dulce. Los políticos Verdes del planeta tendremos que colaborar estrechamente con expertos y ONG para garantizar que se respetan las nuevas obligaciones y evaluar si son suficientes para proteger los bosques y los derechos de las personas. Es una misión de todos. Un pequeño matiz: el reglamento entrará en vigor dentro de 18 meses, lo que da tiempo a los Estados miembros y las empresas, pero también a nosotros, protectores y guardianes de los bosques, a que estemos preparados. Los próximos pasos son: reconocer los derechos de los bosques, condenar el ecocidio y conseguir un acuerdo mundial sobre la biodiversidad.