A las 19:43 de un domingo de agosto, en la plaza principal de Melgaço, ciudad de 28.000 habitantes situada en la isla de Marajó, en el estado brasileño de Pará, el olor a palomitas de maíz y algodón de azúcar se mezcla con el humo de los tubos de escape de una concentración de motos organizada por uno de los candidatos a la alcaldía. Los niños interrumpen su partido de fútbol para contemplar la insólita escena. Entre bocinas, gritos y silbidos, el candidato Éder Vaz, del partido Unión Brasil, exsecretario de Educación del municipio, encabeza el desfile motorizado, balanceándose en la parte trasera de la única camioneta, repleta de simpatizantes. Se lanzan fuegos artificiales al cielo desde el descampado contiguo a la casa del alcalde, José Delcicley Viegas, conocido como Tica Viegas, un exmaderero de 37 años que hizo fortuna en ese trozo de selva y que intenta que Vaz salga elegido frente a su propio primo, Zé Viegas, del Movimiento Democrático Brasileño. Delante del edificio de tres plantas, que queda cerca de la plaza, un altavoz reverbera a todo volumen el número del partido, 44, en un jingle que se repite hasta la saciedad, animando a un grupo de promotores de campaña.

La campaña para las elecciones municipales de octubre había comenzado oficialmente dos días antes. Por la mañana, según un barquero que había prestado servicio a los políticos, los asesores de Vaz y algunos concejales que se presentaban a la reelección se habían gastado 20.000 reales (unos 3.600 dólares) en veinte lanchas con las que visitaron las aldeas Ribereñas alejadas del área urbana. Según el censo de 2010, por lo menos el 74% de los hogares de Melgaço son rurales y la mayoría se encuentran en las márgenes de Ríos y Arroyos.

Desde el puerto de la ciudad se podían ver las embarcaciones que salían y llegaban, cada una con hasta 12 pasajeros vestidos con la camiseta de Unión Brasil. Las banderitas del partido ondeaban a los lados de las lanchas. «Se han gastado 10.000 reales en jornales y 10.000 reales más en gasolina. En un solo día», contó el piloto. Ese domingo, casi todas las lanchas de la ciudad estaban alquiladas a políticos en campaña. Habían ido a llevar el almuerzo a votantes lejanos, personas que la mayor parte del año luchan por darle tres comidas al día a sus hijos. Tica Viegas, alcalde desde hace dos mandatos, asegura que el combustible lo pagaron sus simpatizantes. En su Instagram se pueden ver las mismas multitudes vestidas de azul en las aldeas Ribereñas. Estaban de fiesta donde todo suele estar en silencio.

El ambiente era de abundancia en el municipio con el peor índice de desarrollo humano de Brasil, donde unos meses antes una madre perdió a su bebé porque la «ambulancha» de la municipalidad se quedó sin gasolina durante el parto. Sin transporte, no pudieron llegar al hospital a tiempo. Aquella noche, la mujer estaba sentada a pocos metros de la concentración de motos, en la parroquia de San Miguel Arcángel, donde jóvenes, mayores y ancianos participaban en un bingo. Tuvieron que esforzarse para oír al locutor, que anunciaba los números sorteados en medio del barullo electoral. Probaban suerte con premios que iban desde termos a toallas de baño, pasando por bermudas, una batidora y una cocina. Todavía de luto, la mujer evitaba hablar de su hijo.

El combustible, abundante ese domingo de campaña, también falta a menudo para transportar a los 360 alumnos de la escuela primaria municipal Alfredo Lopes, a orillas del Río Soiaí, cuenta Regimero Moura, de 39 años, director del centro. «Este mes solo hemos tenido 12 días lectivos por este motivo», denuncia. En la región, según los educadores del municipio, algunos alumnos tardan 12 horas en ir y volver de la escuela. «El barco recoge [a los primeros alumnos] a las 6 de la mañana y llega a la escuela al mediodía. A la vuelta sucede lo mismo», afirma Ediele Lima, coordinadora de Cáritas en Melgaço y miembro del Consejo Municipal de los Derechos de Niños y Adolescentes. Tras el largo viaje, los niños aún deben someterse a condiciones degradantes en la institución, explica el director: «La municipalidad reformó la escuela en 2022, pero hicieron el tejado demasiado bajo y hace mucho calor durante las clases. No cumple la normativa del Ministerio [de Educación]».

​​A las 11:58 del mismo domingo, a orillas del Soiaí, a media hora en lancha del centro urbano de Melgaço, Rosenise Pantoja, de 31 años y madre de seis hijos, se queja de la comida escolar que ofrece la municipalidad. Cuenta que el arroz que se sirve a los niños en forma de papilla ya viene con gorgojos y barrenillos, pequeños escarabajos. Acompañada de galletas de agua y sal y jugo artificial, la comida escolar nunca sacia el hambre. «Muchas veces no hay», dice Rosenise. «Y a veces es terrible, apesta», afirma. Los niños juegan alrededor de su madre, que comparte el palafito de madera de tres habitaciones con su pareja, Junielson, sus hijos y dos hermanos. Un total de diez personas viven en la casa aislada, sin vecinos, junto al río. «El alcalde nunca ha estado aquí», dice Rosenise.

Un informe elaborado por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía en mayo de 2023 registra que, en Melgaço, «se han dado muchas situaciones en las que mujeres embarazadas han acabado perdiendo a sus bebés por no tener lancha o combustible» y que «hay muchos niños que van a la escuela con hambre y se encuentran que allí no hay comida, y cuando la hay, es insuficiente para sus necesidades nutricionales (medio vaso de jugo y tres galletas)».

Una carta que firmaron la Comisión Justicia y Paz de Melgaço, Cáritas y la Pastoral de la Juventud, divulgada en marzo, informa que la situación del sistema educativo del municipio contribuye a que haya «una tasa de abandono escolar abrumadora y que [los niños y adolescentes] sean reclutados para el mundo de las drogas y la prostitución».

Según otro informe, este sobre transferencias a municipios, elaborado por la Cámara de los Diputados, Melgaço recibió 3,9 millones de reales (unos 710.000 dólares) del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación en 2023, de los cuales 1,7 millones (309.000 dólares) fueron para apoyar el transporte escolar y 1,2 millones (218.000 dólares) para la alimentación escolar en la enseñanza básica. Este año, hasta agosto, el municipio ha recibido 3,7 millones de reales (unos 675.000 dólares): 1,5 millones (273.000 dólares) para el transporte y 871.000 (158.000 dólares) para comidas escolares.

El alcalde niega que falte gasolina, transporte escolar o que haya problemas con la calidad de la comida, aunque admite que a veces los alimentos se retrasan por dificultades en el reparto. Pero en Marajó, un archipiélago que de vez en cuando se hace viral en las redes sociales por discursos incendiarios que denuncian la explotación sexual fantasiosa de niños y niñas, a los políticos no les interesa proteger a los menores fuera de internet. Prefieren convertirlos en propaganda política de un moralismo religioso que busca consolidar su poder en la región y tener una bandera que enarbolar ante los votantes conservadores del país. Con el falso discurso de ayudarlos, acaban estigmatizándolos y agrediéndolos de nuevo.

Situado a 249 kilómetros de Belém, o a 14 horas en catamarán, Melgaço es uno de los 17 municipios que componen la isla de Marajó. Está en el lado occidental del archipiélago, una de las zonas más aisladas de la Amazonia. Está formado por calles sucias de arena y restos de plástico, que desembocan en un paseo fluvial donde los únicos edificios nuevos son los de la municipalidad y la cámara legislativa municipal.

Desde el paseo sin árboles, la bahía de aguas turbias y amarronadas, que lleva el mismo nombre que el municipio, avanza entre caños, canales y arroyos, donde rara vez llega el Estado. Con el 80% de los habitantes (22.311) inscritos en el programa social Bolsa Familia —que recibieron 5,6 millones de reales (1 millón de dólares) de las arcas públicas en agosto, o un subsidio mensual medio de 821 reales (150 dólares)—, el municipio dio 8.042 votos (64%) a Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones de 2022, frente a los 3.857 (31%) que fueron para Jair Bolsonaro. Lula también ganó en los otros 16 municipios del archipiélago. Con 591.000 habitantes, la isla de Marajó cuenta con 438.319 electores aptos para votar, según el Tribunal Superior Electoral, el 7% de todo el electorado de Pará. No es de extrañar, afirma la investigadora Magali Cunha, del Instituto de Estudios de la Religión, que la derecha evangélica intente hacerse con los votos del Partido de los Trabajadores en la región.

Uno de los principales métodos, según Cunha, es invocar la indignación de los electores conservadores apelando al «imaginario religioso popular en torno a la sexualidad». «Estos temas de la sexualidad empezaron a explotarse mucho en la línea de la defensa de la familia, como denuncia de lo que la izquierda estaba haciendo en torno a la sexualidad. Los derechos feministas o LGBTQIAP+ serían una amenaza para la familia brasileña, para los niños. Por lo tanto, había que hacer frente a la izquierda», afirma la investigadora.

A través del colectivo Bereia, una agencia de verificación de hechos especializada en religión, Cunha siguió el caso de la cantante de góspel Aymeê Rocha, que se hizo viral en febrero tras presentar en un programa musical una canción que evocaba la explotación sexual en Marajó. «Allí hay mucho tráfico de órganos, es normal. Hay pedofilia a un nivel duro. Niños de apenas 5 años, cuando ven venir un barco con turistas, salen en una canoa, con 6, 7 años, y se prostituyen en el barco por 5 reales [1 dólar]», explicó Aymeê a los jueces del programa Dom Reality. La declaración se produjo después de que cantara los versos: «Mientras tanto en Marajó/João ha desaparecido/Esperando a los segadores de la gran cosecha/La Amazonia arde/Muere un niño/Los animales se van/Sobrecalentados por el ego de los hermanos/Un evangelio de fariseos». El asunto rápidamente adquirió relevancia en X, el antiguo Twitter, con más de 200.000 publicaciones en un solo día. Millones de seguidores de artistas e influencers entraron indignados en el debate y se hicieron eco de las palabras de Aymeê. «La organización en las redes quedó patente, la forma en que ganó proporción y se hizo viral. Todo fue muy rápido. En aquel momento, me pareció que era algo muy organizado», afirma Magali Cunha.

Algunos misioneros evangélicos aprovecharon el alboroto que suscitó el tema para lanzar una campaña de recaudación de fondos para combatir la violencia sexual en Marajó. Socio del Instituto Akachi, institución vinculada a la iglesia Zion Church y responsable del crowdfunding, Henrique Laino, de 32 años, se presentó como candidato a concejal en São Paulo en 2020. Empresarios millonarios como Ricardo Steinbruch, de la industria textil, y Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, gestor de capital, hicieron donaciones a la campaña de Laino. Sarah Hayashi, fundadora de Zion Church, que falleció en julio, era amiga de la pastora evangélica Damares Alves, senadora y exministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En Instagram, Zion Church asegura que desde 2019 ha prestado 2.600 servicios médicos en Marajó, incluyendo atención psicológica y dental, y ha distribuido cestas de alimentos, biblias y materiales para prevenir el abuso sexual infantil.

No tardaron en recordarse en internet los discursos que Damares pronunció sobre Marajó cuando era ministra, acompañados de contenidos falsos, como un vídeo que muestra a niños de Uzbekistán como si estuvieran en el archipiélago. «Tenemos imágenes de niños nuestros, brasileños, de 4 años, 3 años, que, cuando cruzan las fronteras, secuestradas, les arrancan los dientes para que no puedan morder durante el sexo oral», dijo Damares durante un culto en la Asamblea de Dios de Goiânia en octubre de 2022, cuando aún era ministra. «Descubrimos que estos niños comen comida pastosa para que tengan el intestino libre para el sexo anal», añadió. Más tarde se supo que Damares se había inspirado en mentiras contadas en foros de internet como 4Chan, que utilizan extremistas de derechas que creen en teorías conspirativas, según las cuales unos pedófilos satánicos dominan parte del mundo.

Por estas declaraciones de Damares, el Ministerio Público Federal pidió, tanto a ella como al Estado, una indemnización de 5 millones de reales (911.000 dólares) por las mentiras sobre la población. La senadora fue acusada de difundir «información prejuiciosa y sensacionalista sobre la población de Marajó, desconectada de la realidad y sin ninguna base probatoria», según un pasaje de la Acción Civil Pública. Los fiscales buscaron otros discursos de Damares y descubrieron que al menos en otras dos ocasiones, en 2019 y 2022, había mentido sobre Marajó. Aunque el proceso tiene más de 5.000 páginas, los abogados de Damares aún no han podido demostrar que lo que dijo era verdad.

«Es una estrategia que Damares utiliza desde hace muchos años, desde que daba charlas en iglesias. Ella la inauguró», dice Magali Cunha. «Marajó entra en el discurso de Damares precisamente en esta táctica de trabajar con el imaginario, pero, a la vez, trayendo ejemplos alejados de la realidad de la gente. Solía hablar mucho de Europa, mencionaba un folleto sobre masturbación que se distribuía en Suecia. Con la Amazonia hace lo mismo. Con Marajó, esa supuesta isla de salvajes, ese lugar lejano que la gente desconoce, apela a la indignación para provocar que se haga algo». Y ese algo suele ser votar a la extrema derecha.

La apelación religiosa a las cuestiones sobre la sexualidad también tiene una dimensión relacionada con la educación, según la investigadora. La extrema derecha predica que la izquierda «erotiza» a los niños: el kit gay (un falso folleto que se estaría distribuyendo en las escuelas para estimular el sexo homosexual entre los niños, una campaña creada para arremeter contra la propuesta de un programa educativo del gobierno que pretendía prevenir la homofobia); el biberón en forma de pene (alegación de que Fernando Haddad, candidato a la campaña presidencial de 2018 y exministro de Educación, los habría repartido en las guarderías); el baile de funk en la escuela (alegación de que se permite que los alumnos bailen este tipo de música que estimula el acto sexual). «Este discurso se adoptó cuando la extrema derecha todavía estaba tomando forma en Brasil e hizo que Bolsonaro saliera elegido en 2018. Hoy sirve para mantener el bolsonarismo», afirma la investigadora.

Damares declaró, a través de un mensaje, que durante años leyó libros, reportajes, denuncias y querellas sobre casos de explotación sexual en Marajó y que, en 2019, «ya no aguantando solo leer, mirar y escuchar, fue hasta allí para hacer frente al tema con políticas públicas». «¿Cómo quieren que lo pruebe? ¿Quieren que busque vídeos? ¿Fotos? ¿Cuerpos? ¿Es mi obligación? ¿Tengo que probar todas las denuncias que me llegan? ¡No! Tengo que enviarlas a quien tiene la obligación de investigarlas», añadió.

El discurso sobre la explotación sexual de niños y adolescentes en Marajó no es nuevo. Una Comisión Parlamentaria investigó durante tres años, de 2008 a 2010, los delitos sexuales en el archipiélago y se convirtió en un asunto nacional. Como resultado, se creó el delito de estupro de persona vulnerable, cuando las víctimas son menores de 14 años o tienen alguna discapacidad. Encabezadas por el obispo emérito de Marajó, monseñor José Luis Azcona Hermoso, que a sus 84 años se encuentra hospitalizado en Belém, las denuncias demostraron que algunas niñas se prostituían a cambio de comida. Algunas en los transbordadores del Río Tajapuru, cerca de Melgaço, que llevan a hombres de Belém a Macapá, y de allí a la Zona Franca de Manaos.

De hecho, en Marajó ha habido y hay delitos sexuales. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, en 2022 (no hay datos de 2023) hubo 273 casos de estupro de personas vulnerables en el archipiélago, o 49 por cada 100.000 habitantes. Un número elevado, pero no muy diferente de lo que ocurre en otras partes de Brasil. En Pará, por ejemplo, hubo 3.732 estupros de personas vulnerables en el mismo año (46 por cada 100.000 habitantes). Y en Roraima, en 2022, hubo 95 por cada 100.000 habitantes. Pero los votantes de Damares ni siquiera mencionan a esos niños. Ninguna de las cinco ciudades brasileñas con los mayores índices de estupro de personas vulnerables se encuentra en el archipiélago de Marajó.

Desde marzo, el colectivo Bereia no ha rastreado ningún movimiento relevante en las redes sociales en lo tocante a las mentiras sobre Marajó, afirma Cunha. No fue por falta de esfuerzo de los políticos bolsonaristas.

El 6 de junio, tres parlamentarios que apoyan al expresidente —el senador Zequinha Marinho (Podemos) y los diputados Silvia Waiãpi y Delegado Caveira (Partido Liberal)— estuvieron en Melgaço para una «audiencia pública» destinada a «investigar los casos denunciados de delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes en la isla de Marajó», según la solicitud presentada en la Cámara. En realidad, se trataba de una maniobra externa de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que los políticos pudieran explotar casos reales de violencia sexual de forma sensacionalista y distribuir el dinero de las enmiendas presupuestarias dedicadas al proyecto. «Yo organicé el acto», declaró a SUMAÚMA el alcalde Tica Viegas. En las redes sociales, se define con la frase: «Un hombre protegido por Dios, el Señor es mi roca y mi fortaleza».

En el evento, el senador Zequinha Marinho entregó al alcalde un cheque simbólico de medio millón de reales (91.000 dólares) y otro de un millón de reales (182.000 dólares) al pastor de la Asamblea de Dios de Melgaço, Elvis Ribeiro. SUMAÚMA le preguntó por qué había dado los cheques, pero hasta el cierre de este reportaje Marinho no había respondido.

«¿Este es el de Base?», preguntó Zequinha Marinho a un asesor durante el acto, con un micrófono en una mano y un papel en la otra. El senador aparece en un video, al que SUMAÚMA tuvo acceso, grabado durante el encuentro: «Base Humanitaria [de la Asamblea de Dios], ¿no es así? Formando mujeres. ¿Dónde están las mujeres aquí, en el auditorio? ¡Levanten la mano! A las mujeres les gusta aprender a ganar dinero, ¿verdad?», dice Marinho. «También me gustaría entregarle a usted [pastor Elvis Ribeiro], igual que les entregué a los demás, una carta por valor de un millón de reales, para que el centro… la base de acción comunitaria pueda desarrollar estas acciones de formación de mujeres aquí, en Melgaço, para que puedan tener un mínimo de autonomía financiera, ganando dinero», concluye. A continuación, el político le da el cheque al pastor.

El alcalde Viegas dijo que tendrá que devolver el dinero que recibió la municipalidad: «Era una enmienda presupuestaria para el MAC [atención sanitaria de casos de mediana y alta complejidad]», explicó. Melgaço no tiene centros de salud que presten este tipo de atención. «Probablemente irá a otro municipio», afirmó.

«Según nuestro análisis, esta audiencia pública no fue más que una reafirmación de la alianza política entre el alcalde y determinadas iglesias evangélicas», explica Ediele Lima, coordinadora de Cáritas en Melgaço.

El pastor Elvis Ribeiro es aliado de Samuel Câmara, presidente de la Convención de la Asamblea de Dios en Brasil, una de las ramas de la Asamblea de Dios, que reúne a 12 de los 42 millones de evangélicos que hay en el país, según el último cálculo realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en 2010. En 2023, la iglesia construyó en Melgaço la enorme «base humanitaria y templo», como se lee en la fachada, que recibió financiación de Zequinha Marinho. El centro atiende a evangélicos con actividades de asistencia social. Una vez al mes, el pastor viene desde Belém para distribuir cestas de alimentos en los palafitos de la periferia de Melgaço, según los vecinos que hablaron con SUMAÚMA.

Samuel es hermano del diputado federal bolsonarista Silas Câmara, miembro del partido Republicanos y presidente del Frente Parlamentario Evangélico en el Congreso Nacional, que reúne a 213 de los 513 diputados y 26 de los 81 senadores. También forma parte de la familia, propietaria de la red de radio y televisión Boas Novas, Dan Câmara, otro hermano. Excomandante de la Policía Militar y diputado estatal por Amazonas, fue uno de los condenados en el «escándalo de los chupasangre», una trama que desvió dinero de enmiendas presupuestarias para comprar ambulancias en 2006.

La ofensiva de la extrema derecha evangélica en Marajó también incluyó, en el mismo mes de la audiencia en Melgaço, una visita del magistrado «terriblemente evangélico» del Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.

Mendonça declaró que estaba realizando un «viaje misionero y evangelizador». «Melgaço tiene uno de los peores índices de desarrollo humano de Brasil y la iglesia Asamblea de Dios ha adoptado la ciudad para tratar de transformar la realidad social y económica de su gente», afirmó el magistrado. «Cuando estuve allí, vi la pobreza y la negligencia del Estado brasileño con una población necesitada y sin perspectivas. Estuve con madres que me dijeron que su sueño es que un día haya pediatra en la ciudad. Visité casas que la Iglesia construyó y entregó gratuitamente a la población. Conocí a familias que, gracias a estas viviendas, pudieron utilizar un retrete en su propia casa por primera vez en la vida. Acompañé a médicos, psicólogos y otros profesionales sanitarios de la Iglesia que se desplazaron hasta la ciudad y, en pocos días, atendieron a más de mil personas».

En otro frente, en la Asamblea Legislativa de Pará, diputados como Rogério Barra, del Partido Liberal, hijo del candidato bolsonarista a la alcaldía de Belém, Éder Mauro, intentan crear otra comisión parlamentaria de investigación sobre la violencia sexual en Marajó, para que el tema vuelva a ser el centro de atención.

En Melgaço, a principios de agosto, un culto evangélico celebrado frente a la casa del alcalde, en plena acera, selló el apoyo de la Asamblea de Dios a la candidatura de Éder Vaz, de Unión Brasil. En el municipio, según el censo de 2010, hay 8.910 evangélicos —7.177 de los cuales pertenecen a la Asamblea de Dios— y 14.730 católicos. Los datos sobre religión del censo de 2022 deberían publicarse el año que viene.

La campaña de Éder Vaz (izquierda) incluyó un culto evangélico frente a la casa del actual alcalde de Melgaço, Tica Viegas (derecha). Foto: reproducción de Instagram

Rosenise, la madre de seis hijos que apenas tienen almuerzo escolar, había comido pollo, azaí y harina de mandioca frita con los niños. En el suelo de madera, el frigobar está abierto, apagado. Dentro, solo hay un plato de harina de mandioca y una botella de plástico vacía. A veces la comida es solo azaí, cuenta. A veces mata un pato. Beneficiaria del subsidio del Bolsa Familia, recibe 1.700 reales (310 dólares) al mes. Cuando cobra, puede comprar carne. «Es más difícil en invierno, no hay tanto azaí. Si no fuera por la ayuda del gobierno, pasaríamos hambre», dice. Recientemente operada de un quiste, Rosenise cuenta lo difícil que fue conseguir medicamentos. «En los hospitales nunca hay, siempre tenemos que comprarlos». Ella y su familia beben agua del río. No tienen ducha ni alcantarillado. También se bañan en el Soiaí. Son miembros de la Asamblea de Dios Alianza Eterna, una pequeña iglesia evangélica Ribereña, y asisten a los cultos con frecuencia. «Ayudan solo rezando», dice Osias, hermano de Rosenise. Mira hacia el río. Una enorme balsa pasa cargada de troncos. «Viene del interior de Portel. Viene mucha madera de allí», afirma nuestro barquero. «La mayoría es clandestina».

A pocos minutos en lancha, José Maria de Lima, de 49 años y padre de dos mujeres adultas, que vive a orillas del Río Constantino, se mancha las manos cosechando azaí. Vende el cubo de 14 kilos, recogidos a lo largo de dos días de trabajo, por 38 reales (7 dólares). Nacido en el caño de Buiuçu, comparte un pequeño palafito con sus hijas, yernos y nietos. Son seis. Lima tiene unos ingresos mensuales de 1.000 reales (182 dólares): 600 (109 dólares) procedentes del Bolsa Familia y el resto del azaí. «Hay días en que no podemos permitirnos comprar comida», dice. «Entonces solo comemos azaí». Lima cuenta que antes vivía en un lugar remoto, allí mismo, en Marajó, donde la gente, sin tener qué comer, cenaba sal: «Allí solo se oía el croar de las ranas. Se comían un kilo de sal, eso era la cena. Se bebían el azaí, untaban la cuchara de sal y se la comían».

Cuando consiguió un rifle, cazaba Pacas, Ciervos, Perezosos, Caimanes. Ahora, ni eso, no solo porque tuvo que vender el arma para conseguir más dinero, sino también porque los animales han desaparecido. De vez en cuando, Lima ve un Manatí desde la ventana comiendo Canaranas, una especie de planta, en los barrancos del río. También ve luces en el cielo, dice. «Una lucecita roja que se mueve». Para él, es una señal de Dios. Evangélico, sufre dolor crónico en un brazo, donde en el pasado le mordió un caimán. «Algunas noches no puedo dormir de dolor», cuenta. En el otro brazo tiene una enorme cicatriz de un machetazo que se dio cortando palmitos. Tiene las manos llenas de cicatrices, típicas de quien trabaja. «La madera ayudaba mucho, pero hoy ya no hay. Andiroba. Hernandia. Epená. Es raro encontrar».

En Breves, una ciudad de 107.000 habitantes conocida popularmente como «la capital de Marajó», había una empresa maderera en la que trabajaban 5.000 personas, cuenta Zairo Benjó, profesor de una escuela pública de Pará y especialista en estudios culturales y políticas públicas por la Universidad Federal de Amapá. Vecino de Breves desde hace 30 años, Benjó es un marajoara emblemático: nieto de Indígenas, descendiente de esclavizados y de judíos sefardíes que llegaron a la isla en el siglo XIX. «Aquí, la moneda que circulaba era el dólar. Había una exportadora de madera estadounidense, la gente hablaba inglés en los años 90», recuerda. Por eso las calles están hechas de serrín de las madereras del pasado, que arrancaron los árboles de la Amazonia, y de semillas de azaí, que se utilizan a montones para rellenar las llanuras aluviales en la periferia del municipio.

Después del ciclo del caucho vinieron el del arroz y el de la madera. Mucho antes, algunos exploradores portugueses habían navegado hasta Marajó, como Duarte Pacheco Pereira en 1498. Otros europeos se habían cruzado con mujeres Indígenas armadas con flechas envenenadas, las Indígenas marajoaras. «Cacicazgos grandes, poderosos y complejos habían existido a lo largo de grandes tramos del Río Amazonas», escribió el antropólogo estadounidense Robert Carneiro. Más tarde, Melgaço se originó en la aldea Guarycuru, la última frontera de los portugueses en el norte. En 1758, se convirtió en pueblo. En 1961, en ciudad. Llegaron los motores de barco, el transporte a contracorriente. Los bancos, los organismos estatales. La electricidad. Las leyendas fueron desapareciendo y ahora apenas se habla del Delfín rosado, un hombre vestido de blanco que se convierte en animal y preña a las mujeres que entran en el agua al anochecer. Ni sobre la hechicera que silba cuando no hay nada alrededor. No queda nada del ñengatú ni de ninguna de las otras lenguas Indígenas que se hablaban allí. Al final, llegaron los contratos públicos. Hoy son el empleo público y el programa Bolsa Familia los que impulsan la economía.

Instalado en Jardim Tropical, un barrio de la periferia de Breves construido sobre el serrín, Domingos de Oliveira, de 66 años, perdió a su hijo menor, Thiago, de 4, cuando se ahogó en el Río Parauaú. El niño había ido a bañarse al río porque no había agua en la casa. Entonces Domingos construyó con sus propias manos un sistema de distribución que extrae agua del río para 350 familias. «Lo hice para no tener que volver a ver a nadie ir a buscar agua al río», dice. Vive junto a un gigantesco depósito de agua vacío, sin usar, una obra pública que ya dura 11 años y ha costado al menos 30 millones de reales (5,5 millones de dólares).

Mientras tanto, en el arroyo Panema, en el otro extremo de la ciudad, la partera Maria Ferreira, de 81 años, hambrienta, se dispone a cortar la leña que servirá para calentar el agua del arroyo que lleva tres días decantando en vasijas, en el exterior del palafito. Tras la decantación, hierve el agua. A continuación, añade unas gotas de hipoclorito de sodio, un purificador que utilizan mucho quienes sacian la sed en los ríos de la Amazonia. Aquella tarde, Maria no iba a almorzar. No tenía dinero para comprar comida para ese día. Su última comida había sido el almuerzo del día anterior, una sopa que había hecho «con unos huesos que me dieron, muy condimentada, con esta pasta que me dio el cura».

A pocos kilómetros, en Bagre, mientras anochecía a orillas de otro arroyo, unos niños que, como ella, no habían comido en todo el día empezaron a pedirle comida a su madre, una muchacha evangélica que no tenía qué darles. «Ella les dijo que rezaran, que Dios les traería comida al día siguiente», cuenta Iranilda Ferreira, de la Pastoral de la Infancia de Bagre.

Un estudio del Instituto de Investigación de la Reputación de la Imagen, de FSB Holding, mostró que, en Brasil, los candidatos que se presentan con identidades religiosas pasaron de 2.215 en el año 2000 a 7.206 en 2024. En la isla de Marajó, los templos evangélicos empezaron a brotar por todo el paisaje. Luce Mara Lobato, asistente social y coordinadora de la Comisión Justicia y Paz de Breves, señaló: «Hay muchos. Demasiados. Uno en cada esquina. Ha sido rápido, empezó en las elecciones de 2018. Desde entonces, se ha disparado [el número de iglesias evangélicas]». Cuando se navega de Breves a Melgaço por ríos como el Parauaú o los arroyos, se ven decenas de pequeñas iglesias de madera, una cada 100 metros, casi todas evangélicas. Salpican los márgenes, algunas coloridas, otras en reforma.

Según la asistente social, los religiosos están presentes en hospitales, en grupos de WhatsApp que organizan visitas a enfermos y en excursiones río adentro, en las que prometen exorcizar el demonio de los alcohólicos. En el informe que elaboró el programa Ciudadanía Marajó, del gobierno federal, consta que «se denunció que algunos misioneros de iglesias neopentecostales de Melgaço interferían en los consejos de vacunación, lo que perjudicaría especialmente la cobertura de vacunación de niños y adolescentes».

Antes de su lanzamiento, Ciudadanía Marajó se llamaba Abrace Marajó, un programa creado por la exministra Damares y sustituido por el gobierno de Lula. «Abrace Marajó tenía aquí un brazo religioso, que eran las iglesias pentecostales, la Asamblea de Dios. Los designados para coordinar el programa en Marajó eran todos pastores», explica el profesor Zairo Benjó, antiguo evangélico pentecostal. «Aquí cada iglesia presenta a un concejal a las elecciones municipales. Es la teología de la dominación [una estrategia para extender las iglesias evangélicas]. Si Marajó es del Señor Jesús, el concejal tiene que ser pastor», dice. Magali Cunha, investigadora del Instituto de Estudios de la Religión, está de acuerdo: «Son intereses que van mucho más allá de la religión, son personales, políticos y financieros de grupos que instrumentalizan la religión, que ven la religión como una corporación», explica. Esta entrada con enmiendas presupuestarias, con cheques, con objetivos electorales, responde a la instrumentalización de la religión con fines políticos, económicos y financieros.

Recientemente, según la investigadora, algunos políticos de la extrema derecha evangélica, entre ellos la ex primera dama Michelle Bolsonaro, han empezado a hablar con más frecuencia de proteger a las mujeres de la violencia, en una lógica según la cual «proteger la familia tradicional significa proteger a las mujeres». «Son los políticos quienes priorizan esto, con la vista puesta en el voto femenino, sin profundizar en las estructuras, predicando el castigo del agresor. En las iglesias, la cuestión de proteger a las mujeres no es prioritaria. Al contrario. En las iglesias prevalece el discurso del perdón a toda costa, del «hay que aguantar», de que la mujer tiene que aguantar, no puede nunca disolver el matrimonio», dice Cunha. «Los pentecostales tradicionales, como la Asamblea de Dios, son iglesias muy arraigadas en la tradición de lo masculino, del pastor». Para la investigadora, aunque los políticos evangélicos abrazan la idea de proteger a las mujeres, acaban alimentando el monstruo que dicen aborrecer. «Esta cultura machista refuerza la violencia, porque la violencia no es solo física, se manifiesta de forma simbólica», afirma.

A las 20:19 horas de un lunes bochornoso de agosto, unos niños correteaban por los pasillos de la Asamblea de Dios de Breves. Era día de culto. En el piso de arriba, la música que salía del teclado se extendía por la enorme sala, adornada con luces LED y ocho aparatos de aire acondicionado. Había al menos 500 personas entre el público. La unidad pertenece a la Convención Interestatal de Ministros e Iglesias Evangélicas Asamblea de Dios en Pará, de la que el senador Zequinha Marinho es miembro y pastor. «Jesús dijo: Así perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial», grita un pastor desde el púlpito. Una señora con los ojos cerrados exclama: «¡Aleluya!». Un niño de cuatro años, que vestía un traje en miniatura, me mira con el brazo extendido y me dice: «Que la paz del Señor esté contigo». Los hombres están a un lado, las mujeres al otro. El pastor que dirige el culto se disculpa: el presidente de la Asamblea de Dios de Breves, el pastor Marcone Oliveira, no puede venir porque ha tenido que volar a Brasilia, donde asistirá a una reunión en el Congreso Nacional.

En Marajó, «proteger a la familia» a veces significa preservar el silencio, lo que invariablemente acaba en traumas y tragedias, según quienes trabajan en primera línea de la asistencia en la región. «La gente omite [el acoso sexual por parte de pastores] porque tiene miedo de manchar la imagen de la iglesia, del pastor», dice Iranilda Ferreira, de la Pastoral de la Infancia de Bagre, otra localidad del archipiélago de Marajó. Este año se presenta a vicealcaldesa del municipio por el partido Ciudadanía. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, el 65,1% de las violaciones de menores de 14 años en Brasil tienen lugar dentro de casa, cometidas por un miembro de la familia. En Marajó no es diferente. El riesgo para los niños y adolescentes no se encuentra tanto en la trata con fines sexuales que se inventa Damares, sino en el propio hogar, en la familia que defienden los evangélicos como ella.

A 29 kilómetros del culto, en Melgaço, donde el 29% de los bebés nacidos vivos en 2023 eran hijos de madres de hasta 19 años, llora M.C., de 34. «Monstruosidad» es la palabra que utiliza para describir su pasado. Vecina del barrio Tucumã —donde hay yacimientos arqueológicos con cerámicas de la época de los cacicazgos amazónicos, sepultados por casas y basura—, cuenta que durante años su padre, su abuelo y sus cuñados violaron y abusaron habitualmente de sus hermanas, de sus sobrinas. De ella. A orillas del Río Anapu, en el interior de Melgaço, no había ningún lugar al que acudir en busca de ayuda. Su madre había sufrido la misma violencia y su marido, alcohólico y agresivo, la hacía callar. «Somos cinco hermanas, todas sufrimos abusos. El dolor que siento es enorme. Vi como hacían daño a mis hermanas y yo era una niña y no podía hacer nada. Tengo pesadillas», cuenta M.C. A los 12 años, consiguió escaparse de casa. «Para [evitar] someterme a ser una hembra de mi padre, preferí buscar a alguien que pudiera mantenerme». Conoció a un hombre 30 años mayor que ella. Hoy siguen viviendo juntos con 14 niños y adultos. Son primas, hermanas, hijas y sobrinas de M.C., muchas de las cuales fueron fruto de los abusos. Muchas también los sufrieron. Nueve tienen una enfermedad genética rara llamada xantomatosis cerebrotendinosa, que forma nódulos de grasa por todo el cuerpo.

«No sé decir quién es el padre de quién. Solo sé que una tuvo una hija con su abuelo, su padre y su primo. La otra con un tío, un hermano…», dice M.C. «Ningún niño se registró con el nombre del padre, porque ninguno sabe quién es su padre». Cuenta que la familia era muy pobre, dormían siempre todos juntos en hamacas en una casita de 20 metros cuadrados, aislada, lo que facilitaba las violaciones. «Mi padre mantenía a mis hermanas como si fueran suyas», dice M.C. «Mi abuelo parecía un abuelo normal, pero luego descubrí… El monstruo está ahí, disfrazado de abuelo». Según los médicos, cuenta, las relaciones sexuales intrafamiliares aumentan el riesgo de desarrollar anomalías genéticas en la familia.

Algunos nacieron ciegos, con cataratas congénitas, y solo pudieron ver a partir de 2017, cuando se operaron. Su sobrina Leticia, de 18 años, pesa solo 15 kilos a causa de la xantomatosis. Sus primas E. y J. tienen nódulos en los talones. M. L. y A. F., nódulos en el cerebro, útero, corazón e hígado. «Tienen diarrea crónica, retraso en el desarrollo mental, hay que darles medicación continuamente. Si no, se ponen agresivas», dice M.C. Cada mes, hace un trayecto en barco de 14 horas para hacer el seguimiento de los tratamientos médicos en Belém. Sus dos primas, E., de 40 años, y J., de 30, están en fase terminal. «Tienden la ropa, ordenan la casa, pero no entienden lo que significa», explica M.C. Dice que existe un medicamento que podría prevenir los nódulos, pero que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil aún no lo ha aprobado. Maria recorre a los tribunales.

A causa de los traumas de su familia, dice, de sus seis hermanos varones, uno se suicidó a los 19 años. El otro es adicto al crack. Un tercero está en la cárcel. M.C. sostiene un bebé en brazos, fruto de la última violación en la familia. A principios de año, un albañil que contrató para construir una cisterna llegó un día antes y, cuando no había nadie en casa, violó a una de las primas de M.C., que tiene una discapacidad.

A finales de mayo, poco antes de que los parlamentarios bolsonaristas visitaran Melgaço, otra hermana de M.C. llegó desde Portel, donde vive, y le entregó a su bebé. Luego se marchó en silencio. La niña lloraba. «Ve a prepararle un baño, debe de tener calor», le pidió Maria a una de sus hermanas. Luego se dispuso a quitarle el pañal. «Cuando lo vi…», recuerda. Su cuñado había violado a un bebé de 4 meses, su propia hija. Otra hija, de 7 años, también venía siendo violada por su padre y su abuelo, cuenta M.C., ambos alcohólicos. En el examen forense, el médico anotó: «Lactante de 4 meses, zona vaginal enrojecida con presencia de irritación». El hombre está siendo investigado, pero no ha sido detenido porque la madre de las niñas decidió no denunciarlo. Sigue viviendo con el agresor, que de vez en cuando publica fotos en las redes sociales con la hija de 7 años en una hamaca.

Otra hermana de M.C. vino un día y le dijo: «M.C., ve a buscar a mi hija, la ha desgarrado», cuenta. Inmediatamente, M.C. tomó una lancha para ir a casa de su hermana. Cuando llegó, preguntó por la niña. Los dos abusadores estaban presentes, uno tumbado en la hamaca. La madre de M.C, con voz débil, se asomó a la puerta: «Hija mía, llévala al hospital, llévatela». «Mamá, no me lo puedo creer, ¿has dejado que les vuelva a pasar esto a las niñas?». Ella respondió: «Hija mía, no soy yo. No soy yo. Llévatelas, que me voy a morir en esta situación».

Los casos se registraron en el Consejo Tutelar del municipio, que llamó a la policía y al Ministerio Público del estado. Pero, en la historia de M.C., hasta la fecha no se ha arrestado a ningún violador.

En marzo, otro delito sexual sacudió a M.C. V., una vecina de 14 años, fue encontrada muerta en un pozo a pocos metros de distancia. El crimen conmocionó a la ciudad. La niña solía ir a ver a M.C: «¿Me dejas vivir contigo?», le decía. «Hija mía, no puedo», recuerda. «Un día seré bailarina».

La semana de la violación del bebé de 4 meses, uno de los abogados de Zequinha Marinho, que acompañaba a la comitiva del senador en la ciudad, fue en busca de M.C. en Melgaço. Quería denunciar el caso. Hizo un video de M.C. contando su historia. También acudió al Consejo Tutelar de Melgaço, un edificio decrépito situado en una de las polvorientas calles de la ciudad, para pedir informes. Tras exponer el caso en las redes sociales, no volvió a aparecer.

Mientras el senador distribuía el dinero de las enmiendas presupuestarias a los pastores en un acto destinado a combatir la violencia sexual infantil, los consejeros tutelares de la ciudad trabajaban en computadoras de 15 años de antigüedad, una de las cuales está siempre abierta sobre el escritorio, sin la tapa que protege el interior, porque el funcionario del Consejo sabe que tendrá que arreglarla en cualquier momento. El yeso de las paredes se cae a pedazos. Cuatro despachos están inutilizables debido a la suciedad y el moho. No tienen asistencia técnica y, en el baño, no hay cisterna. Debido a la falta de una estructura adecuada, los consejeros ni siquiera pueden alimentar el Sistema de Información para la Infancia y Adolescencia. Una madre entra por la puerta, preocupada. Ha venido a denunciar que una amiga de su hija, de 13 años, se la había llevado a Breves para prostituirse. Unos tipos las habían reclutado y les habían pagado el billete, de 25 reales (4,5 dólares). Pero la señal wifi no funciona para que el consejero Adimilson Chaves pueda comunicarse con el Consejo Tutelar del municipio vecino por WhatsApp.

«No tenemos lancha, esa es nuestra mayor dificultad», dice. «No hacemos nuestro trabajo porque no tenemos apoyo. Sabemos de casos de explotación sexual en clubes nocturnos, pero no podemos investigarlos porque no tenemos transporte». Según Adimilson, cuando algún organismo les presta una lancha, no tienen gasolina. Y viceversa. El gobierno federal prometió entregar lanchas a Melgaço, pero aún no lo ha hecho. Otras ciudades han recibido embarcaciones reubicadas de la central hidroeléctrica de Itaipú, pero todavía no están operativas, se encuentran en fase de «autorización documental», según el gobierno federal. El Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía declaró a SUMAÚMA que el municipio de Melgaço recibirá la lancha en 2025.

Frente al edificio del Consejo Tutelar hay un auto nuevo, que envió el gobierno de Pará, que lleva cuatro días con el depósito vacío. El combustible es responsabilidad de la municipalidad. Para trabajar, los consejeros utilizan sus propias motos. «Pedimos mantenimiento y nos ignoran», dice Cicléa Guimarães, también consejera tutelar del municipio. SUMAÚMA entró en contacto con la Secretaría de Asistencia Social de Melgaço, que declinó hacer comentarios sobre los problemas del Consejo Tutelar.

A pesar de todo el ruido, Marajó, vitrina de la política de extrema derecha que explota la imagen de niñas y niños vulnerables, sigue —y posiblemente seguirá— sin proteger a sus menores.

Mientras Cicléa habla, se oyen los fuegos artificiales de la campaña electoral a través de la ventana. A pesar de todo el ruido, Marajó, vitrina de la política de extrema derecha que explota la imagen de niñas y niños vulnerables, sigue —y posiblemente seguirá— sin proteger a sus menores.