Cómo el gobierno de Lula colaboró en la aprobación del PL de la Devastación

El ministro en funciones de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, se dirigió al Palacio de Planalto la tarde del 12 de mayo, un lunes. Lo habían convocado a una reunión con la ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann. Como la ministra Marina Silva estaba en un viaje oficial a China acompañando al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Capobianco, su secretario ejecutivo y mano derecha, esperaba contar con Hoffmann para resolver un problema importante.

Desde finales de abril, en el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático se sabía que el Senado había decidido acelerar la votación del Proyecto de Ley 2159/2021, conocido popularmente como PL de la Devastación por implosionar la estructura de concesión de licencias ambientales de Brasil. Por eso, Marina Silva pidió ayuda al coordinador político del gobierno, el ministro de la Casa Civil (especie de Ministerio de la Presidencia), Rui Costa, que le dijo que hablara con Gleisi Hoffmann. Nombrada para el cargo semanas antes, se le había incumbido la tarea de desbloquear la coordinación política del gobierno de Lula y construir una alianza para la reelección en 2026.

Capobianco cruzó la Explanada de los Ministerios armado de argumentos contra el proyecto de ley y acompañado de asesores preparados para presentar alternativas a sus peores artículos. Pero Hoffmann prefirió ocuparse solo de un asunto muy relevante para los ruralistas de la Amazonia: el embargo de áreas deforestadas que había llevado a cabo el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) unas semanas antes. En la acción se requisaron más de 70.000 hectáreas en las que había indicios de que se practicaban irregularidades y se bloqueó el acceso de los responsables a fondos públicos de financiamiento como el Plan Safra. Del total de hectáreas, más de 30.000 están en Pará. Disgustado, el gobernador del estado que acogerá la COP30, el conservador Helder Barbalho, se quejó al gobierno de Lula, de quien es aliado.

Cuando Capobianco encontró por fin un hueco para hablar del PL de la Devastación, Gleisi Hoffmann fue lacónica. Respondió que sus asesores ya hablarían de ello. Y la reunión se dio por terminada. Los técnicos que el auxiliar de Marina Silva llevó al Palacio de Planalto no pudieron ni siquiera entrar en el despacho de la ministra de Relaciones Institucionales ni hablar con su equipo. Pocos días después, el 21 de mayo, el proyecto se aprobó en el pleno del Senado por 54 votos a favor y 13 en contra.

Esta es la historia de cómo el gobierno de Lula se inhibió y ayudó a asestar el mayor golpe a la protección del medioambiente en Brasil en más de 40 años. Es incluso peor que la aprobación del nuevo Código Forestal en 2012.

El texto que la Cámara de los Diputados había aprobado en 2021 ya era malo. Con los cambios que incluyó el Senado, empeoró. Flexibiliza todas las etapas de la concesión de licencias ambientales, incluidos los estudios y el monitoreo de los impactos. Esto también se aplica a proyectos potencialmente dañinos, como las presas de relave que se rompieron en los crímenes ambientales de Mariana y Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. Los estados y los municipios adquieren el derecho a definir qué tipo de proyecto puede quedar exento de licencia, lo que, en la práctica, podría fomentar una disputa para ver quién ofrece las normas más laxas para atraer inversiones privadas.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, está afiliado al partido Unión Brasil, aliado clave del gobierno de Lula, y fue elegido por un estado de la Amazonia brasileña: Amapá. Es un estado rico en bosques conservados, pero pobre en indicadores sociales: tiene el tercer peor Índice de Desarrollo Humano del país, calculado por las Naciones Unidas.

Al político de Amapá se le iluminaron los ojos cuando Petrobras solicitó autorización para buscar petróleo a 160 kilómetros de la costa de la ciudad de Oiapoque, en la desembocadura del Río Amazonas. Cuando el Ibama le denegó la licencia a la petrolera estatal, en mayo de 2023, por el alto riesgo de que se produjera un accidente en una zona con fuertes corrientes y un ecosistema único, Alcolumbre puso en su punto de mira el área ambiental del gobierno brasileño. Cuando fue elegido presidente del Senado, en febrero de 2025, pasó a la acción.

Poco después de asumir el cargo, Alcolumbre se reunió con los senadores Confúcio Moura, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB) de Rondonia, y Tereza Cristina, del Progresistas (PP) de Mato Grosso do Sul. La orden era que llegaran a un consenso sobre el Proyecto de Ley 2159, que modifica el licenciamiento ambiental. Confúcio era el ponente del PL en la Comisión de Medio Ambiente; Tereza, en la de Agricultura y Reforma Agraria. Que un proyecto de ley se tramite simultáneamente en más de una comisión no es habitual. Fue una forma de acelerar el camino hacia el pleno.

Alineado con el gobierno de Lula, Confúcio había presentado en noviembre de 2023 un informe (un análisis del proyecto de ley, con sugerencias de cambios y ajustes) elaborado en colaboración con varios ministerios del gobierno, entre ellos el de Marina Silva. No era el texto que soñaba el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático ni los ecologistas, pero tampoco era el «todo vale» que exigían ruralistas, industrias, empresas mineras y constructoras de grandes obras de infraestructura. Por eso, no sería fácil aprobarlo en la Comisión de Medio Ambiente sin que el gobierno negociara con los senadores del Centrão, el bloque de partidos de derecha y centroderecha que apoyan a Lula a cambio de puestos en los ministerios. No se quiso negociar y el texto acabó archivado.

Tereza Cristina, por su parte, quería que el Senado ratificara el proyecto que había aprobado la Cámara de los Diputados en 2021, mucho peor para el medioambiente que el informe inicial de Confúcio Moura. Muy hábil políticamente, la senadora es la principal líder del Frente Parlamentario Agropecuario en la cámara alta. También fue la ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del extremista de derecha Jair Bolsonaro. Paciente, Tereza prefirió esperar a ver si Confúcio lograba aprobar su informe. Se quedó al acecho esperando que el panorama cambiara. Y, de hecho, cambió.

Una fuente que participó activamente en las negociaciones afirmó a SUMAÚMA, con la condición de no ser identificada, que el gobierno de Lula se esforzó mucho en 2023, el primer año del actual mandato, para elaborar un informe razonable para el Proyecto de Ley 2159. Con la intermediación activa del Ministerio de la Casa Civil, los asesores de Confúcio Moura, del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y de otras áreas del gobierno se reunieron periódicamente. Gracias a ello, el texto que presentó el senador de Rondonia salió a la luz a finales de 2023.

Pero en 2024 el proyecto salió de la lista de prioridades de la Casa Civil. El equipo de Marina Silva lo reclamaba, pero no obtenía respuestas del ministerio encargado de las relaciones políticas del gobierno y Confúcio respondía que tenía las manos «atadas». El propio senador lo confirmó en dos audiencias de la Comisión de Medio Ambiente. El 13 de mayo, recordó que el debate «contó con la participación inicial de la Casa Civil, que puso a disposición un equipo», pero que después «el gobierno se ausentó, desapareció». Una semana después, el 20 de mayo, volvió a tocar el tema: «De un tiempo a esta parte, [los representantes del gobierno] empezaron a ausentarse. Fueron seis meses, siete meses sin contacto. Entonces dije: ‘Tereza, vamos a tener que solucionarlo nosotros, porque está tardando demasiado’, nadie se pronunciaba».

El momento que esperaba Tereza Cristina había llegado.

Tras determinar que Confúcio Moura y Tereza Cristina debían conseguir un consenso, Davi Alcolumbre fue a por Fabiano Contarato, senador de Espírito Santo. Fue elegido por el partido Red de Sostenibilidad, de Marina Silva, pero se pasó al Partido de los Trabajadores (PT) en 2021 y siempre ha mostrado simpatía por la agenda ambiental. En 2025 se convirtió en presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

En la conversación con Alcolumbre, este lo convenció de que ya no podían esperar más: la comisión tenía que votar algún informe sobre el PL 2159. De lo contrario, le recordó, el presidente del Senado podía saltarse las comisiones y ordenar que el pleno votara el texto tal y como había llegado de la Cámara de los Diputados. El mensaje era claro: o el proyecto de ley avanzaba a las buenas o lo haría a las malas. Contarato dio su palabra de que lo sometería a votación.

Aunque las alarmas solo saltaron a finales de abril en el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, a principios de ese mes ya era público que la apisonadora había empezado a moverse. Un artículo publicado el 4 de abril por Agência Senado, el canal oficial de noticias de la cámara alta, era meridianamente claro: Confúcio Moura decía que Contarato le había pedido que «resolviera la cuestión en un plazo de 30 días». Semanas después, el 7 de mayo, Confúcio confirmaría la prisa en la sesión en la que se empezó a leer el informe que elaboraron él y Tereza Cristina. «Usted nos dio un plazo, que es hoy, y estamos cumpliendo el plazo, muy corto, para presentar este informe».

El informe, que fue del agrado de ruralistas, empresas mineras y constructoras, hería de muerte la protección al medioambiente. Solo entonces el líder del gobierno en el Senado, Jaques Wagner, del PT de Bahía, intervino para intentar aplazar la votación. «Creo que se trata de una cuestión muy delicada. Estamos a las puertas de la COP30. No pretendo aplazarlo, [sino] ganar al menos una semana más», afirmó. Consiguió dos. La votación del informe en las comisiones tendría lugar el 20 de mayo.

La fecha, sin embargo, era la misma en que Marina Silva había sido invitada a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente para hablar de las actividades de su ministerio. Para evitar el bochorno de oír a la ministra criticar un proyecto de ley que Contarato sabía que se aprobaría, el senador retiró la invitación. «Le agradecemos su amabilidad e interés, que son un honor para esta Comisión. Sin embargo, le informamos que, debido a la deliberación que consta en el orden del día de esa misma fecha, sobre el Proyecto de Ley de la Ley General de Licenciamiento Ambiental, será necesario reprogramar su comparecencia», reza el texto de la carta enviada. «Claro que iba a tratar esa cuestión [de los problemas del proyecto de ley] muy enfáticamente [si no se hubiera retirado la invitación]», diría Marina Silva unos días después, el 22 de mayo, al canal Globonews.

La forma como Contarato gestionó el asunto le valió las críticas de los auxiliares de Marina Silva y de los ecologistas. Quienes esperaban que, al darse cuenta de lo malo que era el informe, el senador decidiera aplazar la votación —que, en el peor de los casos, obligaría a Davi Alcolumbre a mostrarse abiertamente truculento, ignorando a las comisiones y sometiendo el texto directamente al pleno— se llevaron un chasco. «Entre cumplir la palabra que le había dado a Alcolumbre y mantener su coherencia política, optó por cumplir su palabra», declaró a SUMAÚMA un miembro del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, que pidió que no se le identificara.

El 19 de mayo, un día antes de que la Comisión de Medio Ambiente votara el informe de Confúcio y Tereza, Contarato aceptó recibir a un pequeño grupo de representantes de organizaciones ecologistas de la sociedad civil para un debate a puerta cerrada. SUMAÚMA habló con dos personas que asistieron a la reunión y dieron versiones idénticas: Contarato mostró «simpatía» por la agenda ecologista, se quejó de que estaba «bajo mucha presión» y no tenía «ningún tipo de orientación» del Palacio de Planalto; dijo que, como presidente de la comisión, tenía que ser «imparcial» y que no se retractaría de su compromiso de votar el texto.

«Argumentó que sería peor si el texto iba directamente al pleno», dijo uno de los participantes en la reunión. Al final, como sabemos, no sirvió de nada. «Contarato actuó con sinceridad, pero evaluó la situación solo y mal. Fue muy desafortunado».

SUMAÚMA se puso en contacto con el gabinete de prensa del senador Fabiano Contarato para solicitar una entrevista, que contestó que el senador respondería a las preguntas por escrito. En un comunicado, se justificó diciendo que el PL de la Devastación «estaba en trámite desde hacía décadas» y que «según el reglamento era posible que el texto aprobado en la Cámara [de los Diputados] se evaluara directamente en el pleno [del Senado], sin pasar por las comisiones».

El 20 de mayo, antes de someter el texto a votación en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Contarato pronunció un breve discurso. «Tenemos que comprender la gravedad, la complejidad de este proyecto de ley. Hago un llamamiento a mis colegas para que tengan la serenidad, la soberanía y el equilibrio necesarios para entender cuáles son los puntos positivos y cuáles los negativos». Tampoco sirvió de nada. El informe conjunto de Confúcio Moura y Tereza Cristina fue aprobado al final de la mañana en una votación simbólica, es decir, cuando ni siquiera hay que contar los votos, porque ya existe un acuerdo previo. Por la tarde, se aprobaría con la misma facilidad en la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria.

En el intervalo entre sesiones, Tereza Cristina y otros senadores se dirigieron al Lago Sur de Brasilia, el lujoso barrio donde se encuentra la mansión del Instituto Pensar Agropecuária, que acoge las reuniones del Frente Parlamentario Agropecuario. El almuerzo que suele servirse los martes contó con invitados especiales. Además de las organizaciones habituales del sector rural, Davi Bomtempo, superintendente de medioambiente de la Confederación Nacional de la Industria, y el ministro de Agricultura y Ganadería de Lula, Carlos Fávaro, estuvieron allí para defender la aprobación del proyecto de ley. «Hemos trabajado mucho en este proyecto. Será un hito en el desarrollo del país, generará innumerables oportunidades para Brasil», afirmó el ministro.

El mismo día, la bancada ruralista hizo público un documento. Firmado por 98 organizaciones empresariales, defendía la aprobación inmediata del PL de la Devastación. La apisonadora estaba lista para pasar por el pleno del Senado.

El miércoles 21 de mayo fue un día especialmente ajetreado en el Congreso Nacional. Alcaldes de todo el país, reunidos en Brasilia para su marcha anual, aprovecharon la jornada para recorrer los despachos de diputados y senadores. Preocupados por atender a sus bases electorales, los parlamentarios tardaron en llegar al pleno. Pero Davi Alcolumbre tenía prisa.

Cuando a las 16:37 sonó el timbre que señalaba el inicio de la votación, el presidente del Senado pidió a los líderes de las bancadas y a los asesores que comunicaran a los senadores y las senadoras que debían acudir al pleno. «Tenemos un asunto muy importante: el licenciamiento ambiental». A lo largo de la sesión, y dado el retraso en la llegada de los parlamentarios, la orden se repitió varias veces.

Tereza Cristina comenzó a leer el informe a las 18:24. Tendría «todo el tiempo que sea necesario» para «desmentir las mentiras» sobre el proyecto de ley, le aseguró Alcolumbre. «Quiero dar las gracias al presidente Davi, que ha asumido la tarea de no posponer más este asunto», dijo la senadora. A continuación, aceptó una serie de enmiendas de última hora al texto, incluida una de Alcolumbre que crea una evaluación política, del gobierno federal, para las licencias ambientales de «proyectos estratégicos», que permitiría, por ejemplo, el licenciamiento en un tiempo récord de actividades de prospección de petróleo en la cuenca de la desembocadura del Amazonas en Amapá, el estado de Alcolumbre.

La senadora terminó de leer el informe a las 19:10. A continuación, una serie de senadores hablaron a favor del proyecto y en contra de Marina Silva. Gente como el oficialista Omar Aziz, del Partido Social Democrático de Amazonas (PSD): «La Amazonia no es del mundo, es brasileña. […] Porque hay radicales, personas que están al servicio de conglomerados, de cuestiones internacionales, y no de los brasileños. El gobierno también tiene la culpa, por colocar a personas equivocadas en lugares estratégicos. Los que saben lo que es vivir en la Amazonia son los que viven allí, no los que se presentan a las elecciones por São Paulo».

La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático nació en la selva amazónica. Hija de una familia Ribereña de caucheros del estado de Acre, luchó contra la deforestación junto al sindicalista y activista ambiental Chico Mendes, asesinado en 1988 por defender a los trabajadores de la selva. Marina Silva solo aprendió a leer y escribir a los 16 años, en un programa público de alfabetización, cuando se trasladó a Rio Branco en busca de tratamiento médico. Trabajando como empleada del hogar, completó la enseñanza secundaria en cursos para adultos y luego aprobó el examen de acceso al grado de historia de la Universidad Federal de Acre. Allí, en 1980, ayudó a fundar el Partido de los Trabajadores, por el que fue concejala, diputada, senadora y ministra de Medio Ambiente de 2003 a 2008. Abandonó el PT, se afilió al Partido Socialista Brasileño y más tarde fundó Red de Sostenibilidad, partido por el que ahora es diputada federal por São Paulo.

Pero la cosa no se detuvo ahí. Otro en pronunciar un discurso fue el bolsonarista Marcos Rogério, del Partido Liberal de Rondonia: «No se puede frenar Brasil en nombre de una ideología. Es imposible vivir sin dañar de alguna forma el medioambiente». Pero quien mejor resumió lo que estaba en juego fue otro bolsonarista, Luis Carlos Heinze, del PP de Río Grande del Sur: «Nuestra agricultura lo agradece, nuestra minería lo agradece, nuestro petróleo lo agradece, nuestras carreteras, autopistas, ferrocarriles, hidrovías, puertos y aeropuertos lo agradecen.» Los tres estaban en bandos opuestos en la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Pandemia de Covid-19: los dos últimos estaban entre los principales defensores de las medidas que tomó Jair Bolsonaro durante la mayor pandemia en un siglo. Aziz presidió la comisión, que recomendó acusar al extremista de derecha de cometer un crimen contra la humanidad. Ahora están juntos contra el medioambiente.

No fue hasta casi cuatro horas después del inicio de la sesión, a las 20:15 horas, cuando se alzó una voz en contra del proyecto: la de Fabiano Contarato. «Senadora Tereza, el padre Julio Lancellotti dice algo que me llega a lo más hondo: ‘Yo no lucho para ganar. Ya sé que voy a perder. Lucho para ser fiel hasta el final'». Contarato defendió su postura en la Comisión de Medio Ambiente: «No puedo, por preciosismo o capricho, dejar de debatir y poner en el orden del día proyectos que considero importantes para la nación, aunque vaya a perder esa votación». A continuación, pidió a Tereza Cristina que retirara del texto que se votaría el artículo que permite la posibilidad de autoconcederse licencias en proyectos con «potencial contaminante medio». No se le hizo caso.

Aparte de él, solo Leila Barros, del Partido Democrático Laborista (PDT) del Distrito Federal, pidió la palabra para hablar en contra del proyecto de ley. Instó a que se siguiera discutiendo: «Este debate no está maduro, aunque lleve 20 años [en trámite]. Los 20 años se los ha pasado en un cajón», defendió. Al igual que Contarato, fue ignorada.

La votación finalizó a las 21:28. El resultado: 54 senadores votaron a favor y solo 13 votaron en contra. Ocho de los votos contrarios procedieron del PT, la bancada votó unánimemente contra el proyecto de ley. Randolfe Rodrigues, líder del gobierno en el Congreso, optó por abandonar la sesión para evitar votar. «[Él] estaba aquí hace un momento y me pidió que dijera que iba a votar en contra del informe», dijo Alcolumbre. Como él, Randolfe es senador por Amapá y rompió con Marina Silva para defender las prospecciones de petróleo frente a la costa de la Amazonia.

Jaques Wagner, líder del gobierno en el Senado, tampoco se encontraba en el pleno en el momento de la votación, a pesar de haber votado, a distancia, en contra del proyecto. Así que le tocó a Leila Barros, que es la vicelíder, anunciar que la bancada que apoya a Lula podía votar lo que quisiera. Una vez finalizada la votación, Barros, al darse cuenta de que el ambiente no estaba para intentar anular los peores puntos del informe en votaciones separadas, capituló. «Retiro la propuesta», anunció por el micrófono. Fue aplaudida por el pleno.

“He peleado la buena batalla”, se resignó.

Según el periódico O Globo, la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, se había reunido con senadores de partidos aliados —MDB, Unión Brasil, PSD, PSB y PDT— la víspera de la votación, pero no les había pedido que se opusieran al PL de la Devastación. A SUMAÚMA, un asesor de la ministra desmintió la información: Hoffmann les había advertido que el gobierno estaba en contra del texto. «Quieren responsabilizar a la ministra de una decisión que tomaron los senadores», declaró.

No obstante, un documento elaborado por el liderazgo del gobierno en el Senado sobre el texto, al que SUMAÚMA ha tenido acceso, dice otra cosa. A pesar de señalar problemas en el proyecto de ley, establecía una posición «favorable al texto, con cambios y ajustes». Los cambios y ajustes nunca se hicieron.

«El área política del gobierno se ha lavado las manos», lamenta el politólogo Marcos Woortmann, director adjunto del Instituto Democracia y Sostenibilidad, una organización socioambiental fundada en 2009 con la idea de que el desarrollo sostenible solo puede alcanzarse con una amplia participación política de la sociedad. «Están echando el medioambiente a los leones y reforzando así la oposición al propio gobierno. Los que ganan con el desmantelamiento del licenciamiento ambiental no estarán con Lula en 2026, estarán con la extrema derecha. El gobierno está debilitando hasta la muerte una bandera que genera mucha repercusión y le da legitimidad internacional, que dialoga con sectores de la clase media que no son de izquierdas, pero que votaron a Lula en defensa de la democracia y que también estaban preocupados por lo que Bolsonaro podría hacerle al medioambiente».

SUMAÚMA envió una lista de preguntas a Davi Alcolumbre. En lugar de contestarlas, su gabinete de prensa optó por enviar una copia del discurso que el senador leyó nada más aprobarse el PL de la Devastación. «Hoy me acostaré con la sensación de deber cumplido», declaró desde la mesa de la presidencia del Senado. «Muchos prefieren ver a Brasil paralizado, con más de 5.000 obras bloqueadas, rehenes de la burocracia y de posiciones ideológicas que no ven la realidad de quienes necesitan puentes, carreteras, energía e infraestructuras para vivir con dignidad», soltó, en una crítica poco sutil a Marina Silva. Pero la conservación del medioambiente está lejos de lo que políticos como Alcolumbre definen como «ideología». Al contrario: es crucial para controlar la emergencia climática y para la supervivencia humana. El gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, con el que SUMAÚMA entró en contacto desde el día 23 para que comentara lo que había sucedido entre bastidores durante la tramitación del proyecto, no había respondido en el momento de finalizar este reportaje.

El nombre de Luciano Zica es el primero que aparece entre los autores del Proyecto de Ley 2159. Era miembro del PT y líder de la bancada ecologista cuando él y varios de sus colegas presentaron, en 2004, un proyecto de ley que definía normas para garantizar la protección del medioambiente frente al impacto que causan las grandes obras. Antiguo petrolero de la región de Campinas, la mayor ciudad del interior de São Paulo, Zica es, en cierto modo, un ecologista accidental. «Me hice ecologista para pagar por los pecados que cometimos debido a la falta de una política medioambiental cuando yo era operador de una refinería», declaró a SUMAÚMA. Trabajaba en la planta de Paulínia, la mayor del país, cerca de Campinas y propiedad de Petrobras. «Era un pago por el pasivo ambiental», explicó.

A lo largo de los años, el texto de Zica fue capturado y canibalizado por políticos vinculados a grandes constructoras, industrias, empresas mineras y a la poderosa bancada ruralista. Fue un exdiputado del Frente Parlamentario Agropecuario, el bolsonarista Neri Geller, del PP de Mato Grosso, quien dio la forma final al texto que en 2021 aprobó la Cámara de los Diputados. Un minucioso reportaje del periodista Roberto Kaz, publicado por la revista piauí en agosto de 2021, detalla la metamorfosis del texto que hoy Zica no reconoce como suyo.

«De lo que propuse, solo han conservado algunos puntos y comas», bromeó. «Es muy cruel hacerme aparecer como autor de una propuesta tan absurda. Me avergüenza ser el primer firmante. Eso no es lo que propusimos. Si hubiera sabido que se iba a considerar en la coyuntura actual, nunca lo habría presentado», se lamentó. Zica dejó de ser diputado en 2007. Poco después abandonó el PT, molesto por lo que consideraba una falta de apoyo en las elecciones a la alcaldía de Campinas. Zica ayudó a Marina Silva a organizar y fundar la Red de Sostenibilidad, el actual partido de la ministra, pero nunca se afilió. «Pero sigo militando y votando a la izquierda».

Zica cree que el gobierno de Lula no ha hecho ningún esfuerzo para detener el PL de la Devastación. «En la actual coyuntura política, el gobierno es rehén del Congreso», justificó. «Hemos perdido el Parlamento como espacio para formular propuestas de interés público y colectivo. Se ha convertido en un espacio solo para intereses corporativos, para intereses económicos». Por este motivo, Zica lleva fuera de la política desde 2010. En cuanto a Neri Geller, llegó a trabajar en el tercer gobierno de Lula —era secretario de Política Agrícola en el Ministerio de Agricultura y Ganadería—, pero fue despedido en junio de 2024 por sospechas de irregularidades en las subastas para comprar arroz.

Geller había llegado al gobierno de Lula de la mano de Carlos Fávaro. Pero el ministro de Agricultura y Ganadería no fue el único miembro de la cúpula que defendió el proyecto de ley que hiere de muerte la protección del medioambiente. «Defiendo este texto», declaró el ministro de Transportes, Renan Filho, al diario O Globo. El ministro es hijo del senador Renan Calheiros, del MDB de Alagoas, uno de los principales líderes del Centrão. Unas semanas antes, como recordó el periódico, Marcos Cavalcanti, secretario del Programa de Alianzas e Inversiones del gobierno federal, que trabajó con el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, en el gobierno de Bahía, había dicho en un acto público que la «posición del gobierno es totalmente favorable a la llamada Ley de Licenciamiento Ambiental», considerada «una de las acciones estructurantes del PAC». El Programa de Aceleración del Crecimiento, creado por el PT en 2007, ha legado al país obras como la Central Hidroeléctrica de Belo Monte y ha sido reeditado en el mandato actual. En el Palacio de Planalto creen que las grandes obras les allanarán el camino a la reelección.

A última hora de la mañana del martes 27 de mayo, Marina Silva acudió por primera vez al Senado tras la aprobación del PL de la Devastación. Tenía que comparecer a una invitación de la Comisión de Infraestructuras, que en la práctica fue una trampa. Fortalecidos por la victoria aplastante de la semana anterior, los senadores ni siquiera se molestaron en mantener el decoro parlamentario.

La ministra fue el blanco de frases machistas y misóginas del presidente de la comisión, el bolsonarista Marcos Rogério: «Póngase en su sitio», le gritó el senador, que durante varios momentos le cortó el micrófono a Marina Silva, impidiéndole defenderse. La ministra diría más tarde: «Mi sitio está en la defensa de la democracia, mi sitio está en la defensa del medioambiente, de la lucha contra la desigualdad, del desarrollo sostenible, de la protección de la biodiversidad, de los proyectos de infraestructuras que son necesarios para el país. […] Lo que no puede ser es que alguien piense que, porque soy mujer, soy negra, vengo de un entorno humilde, puede decirme quién soy e incluso decirme que me ponga en mi sitio. Mi sitio es aquel en el que deberían estar todas las mujeres».

Marina Silva también fue atacada por el oficialista Omar Aziz, que votó a favor del PL de la Devastación y celebró su aprobación, pero trazó un tortuoso razonamiento según el cual Marina era la culpable de que se aprobara el texto, como si este fuera una venganza del Parlamento por su presencia en el gobierno. Cuando otro de los senadores bolsonaristas de la Amazonia, Plínio Valério, del Partido de la Social Democracia Brasileña de Amazonas, dijo que «respetaba a la mujer, pero no a la ministra», ella exigió una disculpa. El político, que ya había dicho que quería ahorcar a Marina, se negó y ella abandonó la sesión.

Jaques Wagner, líder del gobierno en el Senado, estuvo presente durante gran parte de la sesión, pero no estaba cuando Valério realizó los ataques que llevaron a la ministra a levantarse y marcharse. Le correspondió a un colega del PT, Rogério Carvalho, de Sergipe, y a Eliziane Gama, elegida por el PSD de Maranhão, defender a la ministra.

Al salir, Marina Silva se lamentó ante los periodistas: «Es mi deber defender los recursos naturales de Brasil, pasar del ‘no se puede’ al ‘cómo se puede’ de la forma correcta. Volver a los tiempos de [la hidroeléctrica de] Balbina, del [polígono industrial de] Cubatão, cuando las cosas se hacían sin preocuparse por el medioambiente, no es mi decisión». La reacción a los ataques en las redes sociales fue tal que los políticos que se habían inhibido ante el PL de la Devastación se vieron obligados a salir en defensa de Marina Silva. Gleisi Hoffmann divulgó una breve nota pública, en la que calificó de «inaceptable» el comportamiento de Marcos Rogério y Plínio Valério, manifestó su «repudio a los agresores» y la «total solidaridad del gobierno del presidente Lula» con Marina Silva. Randolfe Rodrigues subió al púlpito del Senado para defender a la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Más tarde, en una entrevista concedida al canal Globonews, la ministra expresó su gratitud a Lula. «El presidente me llamó [tras los ataques en el Senado], me dijo: ‘Hiciste lo correcto al no tolerar la falta de respeto’. Y, para ser justos, te digo: todo lo que he podido hacer aquí ha sido con el apoyo directo de Lula. Me siento respaldada por el presidente. Pero somos un gobierno formado por un frente amplio, y entiendo la necesidad de nuestros socios, y quiero que las personas también formen el frente amplio que yo represento, el de la agenda socioambiental de Brasil».

La declaración de Marina Silva puede leerse como un reconocimiento al presidente por el apoyo a programas como el de alcanzar la deforestación cero. Pero también como una admisión de que, si el presidente no toma medidas, la agenda medioambiental y climática está asfixiada dentro del propio gobierno. En el caso del PL de la Devastación, Lula no hizo nada para detener la apisonadora.

Pocos días antes de la sesión de ofensas públicas a Marina Silva, Davi Alcolumbre cruzó la Plaza de los Tres Poderes para ser homenajeado en el imponente edificio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, junto al Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo). El 23 de mayo, dos días después de la implosión del licenciamiento ambiental en Brasil, de la que es el «principal organizador», según la Agência Senado, Alcolumbre recibió de manos del magistrado Ricardo Lewandowski la Medalla de la Orden del Mérito, en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción, «por los relevantes servicios prestados al conjunto de la sociedad brasileña».

En política, las cosas rara vez suceden por casualidad.

SUMAÚMA entró en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático el 23 de mayo en relación con el PL de la Devastación. Envió una lista de preguntas y habló con el gabinete de prensa. Sin embargo, el ministerio no envió una nota hasta más de una hora después de la publicación de este reportaje. 

A continuación, publicamos la respuesta completa:

El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA) aclara que la información descrita representa hechos aislados que carecen de la debida contextualización, situación que podría llevar a interpretaciones distorsionadas de la coordinación interministerial en relación con el Proyecto de Ley (PL) 2159/2021. El nuevo informe sobre la propuesta fue presentado por el senador Confúcio Moura a la Comisión de Medio Ambiente del Senado (CMA) el 7 de mayo, muy cerca de la fecha en que se sometería a votación.

La reunión celebrada el 12 de mayo entre el ministro interino del MMA, la ministra interina de la Casa Civil y la ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales (SRI) estaba programada para tratar otros temas relacionados con la agenda ambiental. En esa ocasión, la SRI designó al equipo técnico encargado de analizar el PL 2159/2021, con el que el MMA comenzó a dialogar intensamente. Cabe señalar que el 13 de mayo, el día siguiente a la reunión entre el MMA, la SRI y la Casa Civil, la CMA aceptó una solicitud de revisión colectiva del proyecto.

El MMA mantiene un diálogo constante con la Casa Civil y la SRI sobre el PL 2159/2021 y otras cuestiones ambientales, de acuerdo con las directrices del gobierno federal. El trabajo del MMA tiene como base el análisis técnico cualificado y la defensa de los principios constitucionales que rigen la política ambiental brasileña. Por lo tanto, la afirmación de que se impidió al MMA expresar su opinión o participar en las discusiones relacionadas con el proyecto de ley no procede.

 SUMAÚMA nunca ha sugerido que se impidiera al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático participar en la negociación del PL de la Devastación, como puede leerse en el texto publicado.