COP30: la especulación con el alojamiento en Belém podría ser un delito, afirma un responsable del gobierno

Súmate a la cobertura completa de la COP30 suscribiéndote gratuitamente a la newsletter especial de SUMAÚMA

El secretario extraordinario de la COP30, Valter Correia da Silva, lidia a diario con uno de los aspectos más espinosos de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en la Amazonia: la falta de capacidad de Belém para acoger delegaciones de países y organizaciones. En una entrevista a SUMAÚMA, Correia da Silva afirma que la actual especulación con el precio del alojamiento en la capital del estado brasileño de Pará podría clasificarse como un delito contra la economía popular y que llevará al ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, a la ciudad para transmitir este mensaje a quienes alquilen habitaciones y propiedades durante el período de la conferencia, que tendrá lugar en noviembre de este año.

A la vez, el secretario insta a los países y las organizaciones a que lleven menos gente a las negociaciones que en las dos últimas conferencias sobre el clima, que tuvieron lugar en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Bakú (Azerbaiyán). «Lo ideal sería unas 30.000 [personas], que es el número que asistió a las COP anteriores a la de Dubái», apunta.

En 2023, en Dubái, cuya economía está cada vez más orientada a los eventos, el turismo de lujo y el mercado inmobiliario, la COP28 batió el récord de casi 100.000 inscripciones y 85.000 participantes. En la COP29 de Bakú, hubo unas 67.000 inscripciones y 54.000 participantes. La cifra empezó a aumentar considerablemente tras la COP26 de Glasgow (Escocia), que registró 39.500 acreditados, de los cuales 38.400 acudieron realmente a la conferencia. En una de las COP más decisivas, la de 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París contra el cambio climático en la capital francesa, hubo 30.300 participantes.

Valter Correia da Silva tiene experiencia en puestos de gestión en el gobierno federal y en municipalidades lideradas por el Partido de los Trabajadores. Como responsable de la Secretaría Extraordinaria de la COP30, creada a principios de 2024 en el seno de la Casa Civil, el Ministerio de la Presidencia brasileño, también tiene la tarea de entregar la estructura física de la conferencia, dividida en dos zonas: la Azul, donde solo pueden entrar las personas acreditadas para las negociaciones, y la Verde, a la que puede asistir cualquier interesado. Ambas se montarán, con un costo de 500 millones de reales (unos 88 millones de dólares), en el Parque de la Ciudad, en un terreno donde antes estaba el antiguo aeródromo de Belém. El espacio de la Zona Azul sigue estrictas especificaciones técnicas determinadas por la Convención del Clima.

Además, la Secretaría Extraordinaria, que cuenta con un equipo de 28 personas, se encarga de supervisar la ejecución de las obras que se llevan a cabo en Belém con dinero federal. Correia da Silva afirma que vela para que no se tale ningún árbol en esas obras. Dice ser consciente de la necesidad de preparar a las fuerzas policiales para las protestas y manifestaciones que tendrán lugar en la ciudad en la primera COP en cuatro años en un país democrático. «Garantizo que eso no sucederá», responde, cuando se le pregunta por el daño que la represión de los manifestantes podría hacer a la reputación de Brasil. «No puedo garantizarlo, obviamente, pero estamos trabajando mucho para que estas cosas no ocurran», corrige enseguida.

El secretario habló con SUMAÚMA el 13 de marzo en su despacho del Palacio de Planalto, en Brasilia. Lea los principales fragmentos de la entrevista:

SUMAÚMA: En la creación de los espacios de la COP30, ¿cómo se ha dado la distribución de tareas y el contacto con los representantes de la Convención del Clima?

VALTER CORREIA DA SILVA: Trabajamos estrechamente con la Convención.

¿Ellos tienen personal permanente en Brasilia?

No, pero hacemos reuniones diarias con ellos. Para cada frente de trabajo hay personal especializado de la Convención del Clima que lo discute con mi equipo. Por ejemplo, la seguridad. Hay un área específica, que ni siquiera es de la Convención del Clima, sino de otro sector de seguridad [de las Naciones Unidas], con la que hablamos sobre qué se hará en la entrada, las salidas [de los lugares donde se celebrará la conferencia], los puntos importantes [de la ciudad] que hay que cubrir. Asimismo, personas concretas de mi equipo y de la Convención están debatiendo todo lo necesario en materia de tecnología. Hay un documento que nos han entregado, que es el Acuerdo con el País Anfitrión, conocido por sus siglas en inglés HCA, cuyos anexos tienen una demanda ya organizada para cada uno de estos frentes, el equipamiento, todo lo que se necesita.

¿Quién paga estos equipamientos? ¿Brasil?

Siempre los paga el país sede. Estamos contratando las empresas que montarán la estructura típica de las COP, que son la Zona Azul y la Zona Verde. Por ejemplo, en las salas plenarias [donde se reúnen las delegaciones de todos los países], hay especificaciones sobre cuántos asientos, el tipo de asiento, la iluminación, el número de micrófonos, el aire acondicionado, etc. Vamos a montar las estructuras y todo lo de dentro. Todo se está contratando ahora.

¿El plano de la Zona Azul está listo?

Estamos afinando los detalles con la Convención del Clima. Estamos haciendo pequeños ajustes y, en cuanto lo tengamos listo, haremos la difusión de una parte. No del plano completo, por motivos de seguridad. Tendremos jefes de Estado, ministros… La ONU se encarga de la seguridad en la Zona Azul, pero nosotros tenemos que proporcionar policías, contratar seguridad privada. En el resto de la ciudad, la seguridad es responsabilidad del país anfitrión. La cumbre [de jefes de Estado y de gobierno] se ha adelantado a los días 6 y 7 de noviembre para que la COP pueda centrarse un poco más en este debate, que luego sirve de referencia y guía a los negociadores, pero también para quitar presión a la ciudad. Estadísticamente, cuando la cumbre se celebra conjuntamente [con la inauguración de la conferencia], el pico [de asistentes] sube demasiado. Después baja a una media menos compleja desde el punto de vista de plazas hoteleras y de infraestructura.

Las zonas Azul y Verde incluyen pabellones para países, organizaciones y empresas. El alquiler de estos espacios es una fuente de ingresos para el país anfitrión, ¿no?

Se venden los espacios y parte de lo recaudado ayuda a pagar la estructura. No cubre la totalidad, solo una parte. Obviamente, no puede ser una venta que imposibilite la participación de los países pequeños. Tiene que ser un valor accesible para todos.

Se espera que la sociedad brasileña participe mucho, y no todo el mundo podrá entrar en la Zona Azul. ¿Hay algún plan especial para la Zona Verde, para que parezca menos una feria de exposiciones, como ha ocurrido en anteriores COP, e incorpore más debates sobre los temas que se negocian?

Estamos discutiendo esta curaduría con la presidencia de la COP. Por supuesto, nos afecta directamente, porque tenemos que proporcionar las estructuras. Pero ahora mismo estamos muy centrados en la Zona Azul, que es la más compleja.

Será la primera COP en un país democrático en cuatro años. Se esperan muchas manifestaciones fuera del espacio controlado de la Zona Azul. Sabemos que la Policía Militar brasileña no sabe cómo manejar las protestas callejeras. ¿Cómo piensan garantizar la seguridad de los manifestantes?

Colaboramos muy estrechamente tanto con el gobierno del estado [de Pará] como con la municipalidad y hemos hablado de este tema, de cómo concienciar [a las fuerzas de seguridad]. La Secretaría de Seguridad Pública ha colaborado en la elaboración del plan de seguridad, y no es difícil sensibilizar a la gente ni tener un comando que realmente trate a las personas con dignidad.

La imagen de Brasil también está en juego. Si la policía golpea a los manifestantes…

Garantizo que eso no sucederá. No puedo garantizarlo, obviamente, pero estamos trabajando mucho para que estas cosas no ocurran.

¿Estará la Fuerza Nacional, la Policía Federal? 

Estará el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras y la Policía Militar. Ya hemos elaborado un plan con una matriz de responsabilidades para cada cuerpo. También estará la Agencia Brasileña de Inteligencia y el Gabinete de Seguridad Institucional. Porque está la seguridad de los presidentes, la ciberseguridad, la seguridad aérea y la marítima. Ahora estamos elaborando un plan táctico-operativo para cada una de estas fuerzas. Hemos creado grupos de trabajo colectivos para trazar todos los puntos críticos y determinar quién es responsable de cada uno de los frentes. Eso está muy avanzado. Belém será la región más segura de Sudamérica.

En cuanto al alojamiento, los propios países participantes han expresado su preocupación por la ubicación y el costo. ¿Cuándo se lanzará la plataforma oficial con los alojamientos recomendados? ¿Ha notado algún movimiento de especulación con el precio de los alquileres y los hoteles?

Sobre esta especulación que está teniendo lugar en Belém… El año pasado empezamos a trabajar con los hoteles y los propietarios que alquilan inmuebles a través de [plataformas como] Airbnb y Booking. Primero, para que los hoteles pudieran cualificarse. Hicimos una reunión específica con el Ministerio de Turismo y todos los bancos públicos: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Estado do Pará, Banco da Amazônia y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. El objetivo era poner a disposición recursos del Fondo General de Turismo, a un tipo de interés muy subvencionado, para la cualificación y modernización de los hoteles y otros sectores, como los restaurantes. Ya se han contratado créditos por el valor de unos 300 millones de reales (52,6 millones de dólares) con el Fondo.

No sé en qué momento se les ocurrió a estas personas que podrían ganar una cantidad astronómica de dinero con un evento como este. Pero no están alquilando como pensaban. Alguien les ha vendido algo que no es real, les ha vendido unos huevos de oro que no existen. En breve iré a Belém, solo estoy esperando la confirmación del ministro de Justicia [Ricardo Lewandowski], para hablar con toda la red [hotelera], con toda la gente que está poniendo sus casas en las plataformas, para concienciarlos. Primero, que el país depende de que este gran evento, sobre el que recaerá la atención del mundo, tenga una buena acogida, entre otros motivos por el simbolismo de tener lugar en la Amazonia. Esperamos alrededor de 130, 150 jefes de Estado. Debemos ser conscientes de que, para el futuro de Belém do Pará, de la región amazónica y del propio Brasil, es importante que la gente se sienta bienvenida, cómoda y sienta que está pagando un precio justo. Eso no significa que no se pueda ofrecer un precio de evento, que en general es más alto que el precio que se paga normalmente. Pero lo que se está pidiendo es hasta incomprensible. Así que queremos concienciar de la importancia del turismo a medio y largo plazo para toda la región amazónica, y esto [de la especulación] lo estropea bastante. En segundo lugar, queremos establecer restricciones legales. Hay leyes en el país que prohíben [este tipo de especulación], hay delitos contra la economía popular que deben conocer.

¿Podría haber algún tipo de regulación, un índice de precios?

Un índice no. Pero queremos mostrar lo que es soportable y lo que no por ley, cuánto se considera normal y cuánto es desorbitado y empieza a considerarse delito, que entonces habría que investigar. Pero ese no es el objetivo, lo que queremos es concienciarlos, hacerles entender que no van a poder alquilar sus viviendas de esta manera, y que están siendo engañados por gente que no sé quiénes son, pero están siendo engañados, bien por la iniciativa privada de algunos tipos de inmobiliarias, bien por algunos cursos que están haciendo, que están vendiendo algo impracticable. Pero necesitan saberlo, necesitan tener la información.

¿La presencia del ministro de Justicia en este encuentro es precisamente para decir que la especulación puede ser un delito contra la economía popular?

Vamos a intentar concienciarlos, pero también llevar ese mensaje. Como Estado brasileño, tenemos la obligación de hacerlo. No podemos dejarlo pasar sin que las autoridades competentes lo digan claramente. No basta con que yo vaya allí y lo diga. El Ministerio de Justicia dispone de estructuras como la Secretaría Nacional del Consumidor. Tiene que ser la mayor autoridad en la materia quien haga esta advertencia. Estamos obligados por ley, por competencia, por determinación legislativa, a hacerlo. Así que nada mejor que el ministro de Estado vaya y lo diga. En lugar de enviar inspectores, en lugar de enviar auditores, queremos dialogar.

Todo el mundo está preocupado por el alojamiento, pero el tema de las delegaciones de los países es especialmente preocupante. ¿Qué les dice, que esperen un poco?

Hay algunas cosas que quería transmitir como mensaje. La primera es que Belém ya acoge muy bien a la gente, es un pueblo muy cariñoso, receptivo, tiene una gastronomía maravillosa, tiene zonas turísticas maravillosas, y dejar una buena impresión es muy importante. La segunda es que las delegaciones que vienen no van a celebrar nada, no van a un espectáculo. La conferencia es un asunto muy serio.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, dice que quiere una conferencia sobria…

Es un trabajo muy arduo, una negociación difícil. Necesitamos que los países más pobres estén presentes, sin duda alguna, porque son los que ejercen la presión, los que hacen de contrapeso. Con solo los países más ricos, las cosas se complican un poco más. Por eso es importante que garanticemos la presencia de delegaciones de todo el mundo en el debate. No es una fiesta, es un evento fundamental para el futuro del planeta, nuestro futuro. En los últimos diez años, hemos tenido las temperaturas medias más altas de la historia. La gente tiene que darse cuenta de que, si la conferencia de Belém fracasa, la tendencia a que la humanidad fracase es muy grande. Por eso tenemos que garantizar el alojamiento de todas las delegaciones que van [a Belém] a participar en esta negociación. Lo que todos tenemos que entender, empresarios, propietarios de inmuebles, es que tenemos que ofrecer a estas personas unas condiciones adecuadas para que puedan hacer bien su trabajo, descansadas, bien alimentadas y con tranquilidad.

Incluso la sociedad civil. Es importante que toda la sociedad participe en el proceso, pero de forma organizada para que contribuya a la negociación, para que se pueda ejercer la presión necesaria para que las cosas sucedan. Y, para ello, lo que importa no es el número de personas que vayan, sino la calidad de las delegaciones.

 Eso va a ser un poco difícil…

Es un gran desafío en el que todos estamos trabajando, estamos en contacto con las organizaciones sociales todo el tiempo, nosotros y la Secretaría General de la Presidencia.

Pero no se puede levantar un muro. En Brasil hay gente que no participará necesariamente en las negociaciones, pero quiere estar en Belém…

La sociedad civil, el empresariado, ayudan mucho en el debate, aportan mucho. Solo tenemos que extraer lo más esencial de esta contribución. En Brasil se aprecia la participación social. Solo tenemos que organizarla de tal manera que ayude a obtener buenos resultados.

¿Brasil tiene previsto enviar un equipo a Bonn, Alemania, en junio, cuando se celebre la reunión de mitad de año de la Convención del Clima, para ayudar a las delegaciones de los países a encontrar alojamiento?

Vamos a ir, pero ya hemos hablado con las embajadas, hablo con ellas todos los días. Vamos a hacer una reunión entre finales de mes y principios de abril en el Ministerio de Relaciones Exteriores con todas las embajadas para responder a las preguntas sobre el alojamiento y la infraestructura de seguridad para los jefes de Estado. Estamos recomendando enviar delegaciones reducidas, de tamaño suficiente para el debate, con personas que sean negociadores, las personas necesarias. No más que eso. La ciudad de Belém tiene un límite, al igual que otras ciudades de Sudamérica o Brasil. Estamos ampliando mucho los límites de Belém, pero sigue teniendo un límite. Así que transmitimos este mensaje a quienes acuden a nosotros: «Traigan el número [de personas] necesario, no más que eso».

¿Tiene un número total en mente? En Dubái hubo 85.000 participantes y en Bakú, 54.000.

Estamos trabajando con entre 30.000 y 50.000 personas como máximo, pero lo ideal sería unas 30.000, que es el número que asistió a las COP anteriores a la de Dubái. Me refiero al número de personas que están presentes y recogen su credencial, no al total de inscritos [que siempre es un poco más alto].

¿Cuándo estará lista la plataforma de alojamiento?

Estamos haciendo un esfuerzo para intentar que esté a principios de abril. Vamos a poner una plataforma oficial del gobierno y de la ONU. Si [los sectores que ofrecen alojamiento] quieren hacerlo bien, que se inscriban en la plataforma, pero que lo hagan de forma equilibrada. No vamos a pedirles que pongan los precios normales. En ningún gran evento la red hotelera se comporta igual, es la oferta y la demanda. Pero hay límites, y para eso existen las leyes, para que las cosas se mantengan dentro del sentido común y el equilibrio.

El gobierno federal está invirtiendo 4.700 millones de reales (829 millones de dólares), muchas obras las financia el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Se critica que se están talando árboles, que las obras en los barrios ricos son mejores que en los barrios pobres y se teme que las obras de saneamiento no se terminen a tiempo. ¿Cómo se está gestionando todo esto?

¿Qué tipo de recursos se utilizan en Belém? Tenemos el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que está financiando, con unos 3.000 millones de reales [529 millones de dólares]; tenemos Itaipú Binacional, que es un recurso del gobierno federal que no tiene contrapartida, es una inversión directa de unos 1.300 millones de reales [229 millones de dólares]; y hay recursos directos de los Presupuestos del Estado para algunas obras. Y también hay algunas contrapartidas del gobierno del estado de Pará.

La empresa minera Vale también ha entrado, ¿no?

La zona donde se está construyendo el Parque de la Ciudad era un antiguo aeródromo que el gobierno federal cedió al gobierno de Pará. Este, por su parte, exigió a Vale que invirtiera en compensaciones ambientales. Son unos 1.000 millones de reales [176 millones de dólares] más o menos para construir ese parque, donde levantaremos toda la estructura de la COP. Es dinero que pertenece a Pará y que se está invirtiendo en el parque, en una estructura que pertenecía al gobierno federal y que fue cedida para este fin. Hay asociaciones de todo tipo. Como se trata de una inversión muy grande del gobierno federal, tenemos puntos de control de todas las obras con el propio gobernador [Helder Barbalho] y con el alcalde de la ciudad [Igor Normando]. Lo hacemos todos los meses. Vemos la situación de cada una de las obras, y no se están talando árboles. En una COP eso sería absurdo. Estos reportajes que están saliendo ahora…

La BBC ha publicado un reportaje sobre la tala de árboles para construir una carretera…

No tiene que ver con la COP. En todo lo que se está haciendo para la COP, estamos supervisando las licencias ambientales. Hubo un lugar donde no se podía pasar en medio de un parque, la propia municipalidad se negó y encontró una alternativa. Y todas las obras que se han empezado se terminarán. No hay una sola obra que haya empezado que no esté previsto que se termine a tiempo para la COP. En cuanto a la tala de árboles, si está habiendo no lo sé. Me enteré de que se estaba construyendo esa carretera ayer o anteayer, pero no tiene nada que ver con el financiamiento o el dinero del gobierno federal. Quizás es otro proyecto que desconozco.

Es un poco difícil contener la apropiación de la marca COP. Ya han anunciado conciertos, hasta el enfoque del gobernador Helder Barbalho en las redes sociales tiene un tono festivo. ¿Cómo afrontarlo?

Que la gente hable en nombre de la COP es inevitable: está el helado de la COP, la pizza de la COP. En eso no veo ningún problema. Ahora, el uso del logotipo de la COP será muy limitado. No se puede hacer un mal uso, habrá un control bastante riguroso, porque implica a toda la ONU.