Periodismo desde el centro del mundo

La COP-16 aseguró mayor participación Indígena, pero se postergaron las discusiones más polémicas vinculadas a finanzas. Foto: Felipe Werneck/MMA

Concita Sõpré habla con calma. Pronuncia letra por letra en portugués y espera con paciencia la traducción al inglés. Está sentada en una mesa sobre un escenario en el ruidoso salón donde jefes de Estado, representantes de organizaciones no gubernamentales y líderes populares de todo el mundo se dirigen a la prensa con la esperanza de que los escuchen. La caótica mezcla de voces que vienen del exterior invade la sala y a quienes están sentados más lejos les cuesta entender, pero ella tiene mucho que decirles a los oídos alejados: “Nosotros preservamos para los que vendrán. Para mis nietos, mis bisnietos. Por eso todavía existe la selva. Por eso todavía existen el agua limpia y los animales”, afirma. “¿Qué parte de lo que decimos el mundo todavía no entendió?”, indaga.

Concita ve de cerca que el tiempo de la vida no es el de la burocracia. Está en Cali, Colombia, para participar en eventos de la COP-16, la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, donde gobernantes de todo el mundo discuten cómo salvar la Naturaleza que sus propias sociedades han destruido.

Hace dos años, en la COP-15, en Canadá, las naciones hicieron un pacto que en su momento se celebró como ambicioso: el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Planeaban, hasta 2030, ampliar las áreas terrestres preservadas del planeta del 17% al 30% y las marítimas del 10% al 30%. También restaurarían el 30% de lo que ya se había devastado, para lo cual los países desarrollados aportarían 20.000 millones de dólares al año hasta 2025.

En 2022, los países tenían ocho años para completar el plan. Ahora les quedan seis. En esta COP-16, llamada entre bastidores “la COP de la implementación”, se suponía que iban a mostrar sus progresos y alinear los detalles de cómo lo cumplirían, pero apenas se movieron. La mayoría ni siquiera presentó un plan de acción para alcanzar las metas, como se había acordado hace dos años. Y hasta ahora se garantizó solo el 2% del dinero que los países desarrollados debían para la conservación. La COP de Cali logró ampliar la participación popular: tuvo un número récord de delegaciones y eventos paralelos, con comunidades Indígenas, afrodescendientes y organizaciones de la sociedad civil, quienes garantizaron las principales victorias en el texto final. Sin embargo, no avanzó en lo principal: garantizar los fondos para mantener la Selva en pie. Una oportunidad desperdiciada en el tramo del camino de Cali a Belém, el par de conferencias en los países amazónicos que incluye la COP sobre el Clima que tendrá lugar en el estado de Pará en 2025 y también conlleva grandes expectativas para la Selva.

Nunca se había perdido tanta vida como ahora y el 75% de la tierra ya fue alterada por la acción humana, según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), un grupo de más de 150 científicos. Reducir la devastación y dejar crecer a la Selva son dos frentes fundamentales para combatir la crisis climática. Los biomas de la Amazonia, el Pantanal y el Cerrado se están quemando. Las sequías transformaron decenas de ríos en desiertos. Inundaciones violentas arrasaron la ciudad de Porto Alegre hace algunos meses. Mientras se desarrollaba la COP-16, las inundaciones mataron a más de 200 personas en España.

Concita vive esta urgencia y por eso tiene prisa. Indígena del pueblo Gavião, pasó agosto y septiembre combatiendo el incendio que quemó más del 10% de su territorio, la Tierra Indígena Mãe Maria, en la Amazonia, estado de Pará. Además de las llamas, otras cuatro obras cruzan la zona donde vivían sus ancestros en “Paz con la Naturaleza”, tema de esta COP-16: una ferrovía, una autopista y dos redes de transmisión de energía (una para casas y otra para industrias). La deforestación eliminó el cinturón de árboles que reducía la fuerza del viento, que ahora derriba Castaños Amazónicos centenarios.

En la COP, Concita Sõpré habló sobre la urgencia de la protección de la Naturaleza. Este año, más del 10% de su territorio, en el estado de Pará, fue destruido por el fuego. Fotos: Talita Bedinelli y Alan Bordallo

Pero el mundo que se vive en las salas climatizadas de la COP no tiene el mismo pulso de urgencia. Durante las dos semanas del evento, los negociadores de los países dedicaron horas a pulir el documento de los acuerdos. Discutieron página por página. Palabra por palabra. Se examinaron hasta los puntos. Una coma mal puesta podría convertirse en un incidente diplomático y molestar a las empresas y compañías farmacéuticas que hacían su lobby del lado de afuera. Cuando un tema parecía avanzar, un país ponía un corchete en el texto —el signo de puntuación que marca una discrepancia en las COPs—. Como los acuerdos solo existen cuando hay consenso entre todas las naciones presentes, poner corchetes en un tema puede convertirse en una moneda de cambio para lograr el éxito en otro tema: “te doy esto si me das aquello”. Una tarde allí parecía tardar semanas. Nadie parecía tener ningún apuro.

O casi nadie.

Viviana Figueroa es una Indígena Omaguaca, de Argentina. Es coordinadora técnica global del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB, en su sigla en inglés), el organismo reconocido por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) como representante oficial de los Indígenas y las comunidades tradicionales en las negociaciones. La COP sobre la biodiversidad, que se realiza cada dos años, es el espacio en el que las naciones discuten y deciden cómo implementar el convenio, acordado en 1992 y celebrado como bastante progresista porque entiende en su texto que no se puede discutir la Naturaleza sin la participación activa de los Indígenas. Por eso se creó el FIIB, un grupo de trabajo en el que Indígenas y comunidades locales discuten y evalúan si el convenio está siguiendo su camino correctamente. El grupo se pronuncia en las negociaciones, pero no decide nada directamente.

Viviana se sienta a la mesa con representantes de las naciones. Está atenta a las comas y los corchetes. Y a la política de las entrelíneas.

Al cuarto día, llama desde un rincón, en voz baja, a Lakpa Nuri Sherpa, Indígena de Nepal, copresidente del FIIB. Le pide que programe una charla paralela con los representantes de un país específico. La nación, que Viviana no puede mencionar públicamente por razones diplomáticas, estaba trabando la negociación y nadie entendía por qué. Los Indígenas iniciaron un movimiento importante en esta COP-16. Propusieron que su grupo obtuviera más estatus. Que se convirtiera, en la jerga diplomática, en un “organismo subsidiario”, un grupo oficial que subsidia y asiste en todos los puntos del tratado. En la práctica, tendrían más visibilidad y poder para llevar el punto de vista de las comunidades tradicionales a los documentos oficiales. También tendrían más ayuda técnica. Y pasarían a la historia como el primer organismo subsidiario Indígena en las convenciones de la ONU, la primera incidencia popular directa en las decisiones de los países.

“La biodiversidad está en nuestras tierras y territorios y cualquier decisión que tome el convenio nos impacta positiva o negativamente. Preferimos que las decisiones que surjan sean una herramienta para reconocer los conocimientos de los pueblos Indígenas, promover su participación en los procesos de toma de decisiones, establecer procesos que apoyen lo que hacen los pueblos Indígenas, que es conservar la biodiversidad”, explica Viviana.

Viviana Figueroa es del foro Indígena que discute con las naciones la implementación del acuerdo desde el punto de vista de los pueblos tradicionales. Foto: Nathalia Angarita/SUMAÚMA

Además del organismo subsidiario, los Indígenas tenían otras expectativas para esta COP-16. Una era garantizar que las empresas que lucran con las plantas extraídas de la Selva —la información que se obtiene de las secuencias genéticas digitales de los organismos vivos (DSI, en su sigla en inglés)— paguen por ello, y que parte de ese valor compense a los pueblos tradicionales, de donde muchas veces salen los conocimientos milenarios que originan los remedios y los cosméticos. También querían que una parte del fondo acordado en la COP-15, esos 20.000 millones de dólares anuales de los países desarrollados, fuera transferido a las comunidades Indígenas sin la intermediación de los gobiernos, que a menudo tienen prioridades distintas a las de quienes viven en los territorios.

Ty’e Parakanã, líder en la Tierra Indígena Apyterewa, acudió a la COP-16 para compartir su opinión sobre cómo deberían gastarse los fondos. Salió de su territorio-casa en la Amazonia, en el estado de Pará, donde el calor se refresca en el Río. Primero lo llevaron en auto, luego se subió a un autobús y voló en cuatro aviones para participar en algunos de los eventos paralelos al programa oficial, que fueron cientos, y decirle a quien quisiera escucharlo que quienes destruyeron tienen que pagar. “Quien financió al hacendado para destruir nuestro territorio tiene que ayudarnos a reforestarlo, porque a nosotros solo nos dejó destrucción”, dice. “Nuestro territorio ya no tiene árboles, solo hay pastizales”.

Ty’e tiene 37 años. Pero solo vivió en “Paz con la Naturaleza” hasta los 7.

Hace 30 años vio cómo saqueaban su tierra, cómo tiraban abajo los árboles en los que jugaba y cómo contaminaban el Río en el que se bañaba. Su territorio se convirtió en pastizal y el área donde estaban los Castaños Amazónicos fue reemplazada por el monocultivo de cacao. La Tierra Indígena Apyterewa se convirtió en la más deforestada de Brasil. Allí, además de los parientes humanos de Ty’e, viven cerca de 140 especies de mamíferos, 121 de árboles, 473 de aves, 75 de anfibios y 139 de reptiles, según los datos de una plataforma creada por el proyecto piloto de un nuevo Centro de Ecología Tropical, incubado en el Instituto Serrapilheira, que todavía no es pública.

Ty’e tuvo que dejar su aldea cuando el gobierno federal inició una operación para expulsar a los invasores el año pasado. Era la única salida segura. Las casas, incluida la suya, terminaron incendiadas por venganza. Una Guerra contra la Naturaleza financiada por bancos y fondos de inversión, según lo señaló un informe de la organización Global Witness publicado en septiembre de este año.

Ty’e Parakanã fue a la COP a explicar que quien financió la destrucción de su territorio tiene que pagar para reforestarlo. Fotos: Anderson Coelho y Christina Noriega/SUMAÚMA

La economía que destruye la biodiversidad sigue creciendo cada año, incluso con los esfuerzos de las convenciones de la ONU, señala un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, divulgado en la COP sobre el clima del año pasado. Según el estudio, todos los años se invierten globalmente cerca de 7 billones de dólares, de los sectores público y privado, en actividades que impactan negativamente sobre la Naturaleza, lo que equivale al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Mucha gente se beneficia de la destrucción, por eso las discusiones son tan demoradas. La COP no es solo lo que sucede dentro de la COP. Muchas veces hay que prestar atención al entorno para intentar entender las presiones que mandan en los corchetes desde el lado de adentro. Mucha gente quiere seguir lucrando, ahora también con la reconstrucción.

En el piso 15 de un hotel cinco estrellas en San Antonio, un barrio exclusivo de Cali, un grupo de gente que lucía ropa formal miraba una pantalla que anunciaba un panel, también paralelo al programa oficial. En un lado de la diapositiva, el título en inglés: Opportunities blossom: How business can profit from natures revival (en traducción libre, “Las oportunidades florecen: cómo las empresas pueden beneficiarse del renacimiento de la Naturaleza”). Del otro lado, la imagen de un simpático Tití Cabeciblanco, un mono de selvas tropicales, habitante de los árboles altos que cada vez son más escasos debido a la deforestación.

Otra diapositiva les daba a los participantes esta recomendación: “¿Cómo empezar por la Naturaleza? 1. Identificar los frutos más fáciles de recoger en cualquier sector [‘frutos’ aquí como metáfora]; 2. Encontrar el mayor impacto; 3. Reconsiderar las soluciones existentes; 4. Aplicar nuevas tecnologías y prácticas”. Entre los ponentes, la directora de Sostenibilidad y Estrategia de Bayer, Natacha Santos. En enero de este año, Bayer, que compró el gigante de los agrotóxicos Monsanto en 2018, fue condenada por más de cuatro veces en Estados Unidos a indemnizar a los agricultores que desarrollaron cáncer debido al uso del herbicida de la empresa denominado Roundup. La base del pesticida es el glifosato, que fue señalado en un estudio de las universidades de princeton, FGV e Insper como responsable de la muerte de 503 niños por año en los cultivos de soja en el Sur y el Centro-Oeste de Brasil, cuenta un reportaje de la BBC; Bayer le afirmó al vehículo de comunicación que el estudio no es confiable y dice que la seguridad de sus productos es la máxima prioridad de la compañía. También niega que el glifosato sea cancerígeno.

En el evento de Cali, Natasha fue invitada para hablar de innovación. Contó sobre semillas resistentes al clima, como los tomates que podrán crecer en el desierto. Interrogada por una persona del público sobre si había algún plan para eliminar el glifosato del portafolio de la empresa, tan perjudicial para el medio ambiente, contestó que no. «Todavía vemos la necesidad de químicos en la agricultura durante la próxima década porque hay plagas que no se pueden controlar de ninguna otra manera», dijo.

Las empresas discuten las oportunidades para ‘lucrar con la Naturaleza’ en un panel con una representante de Bayer (tercera a la izq.). Foto: Talita Bedinelli/SUMAÚMA

El panel fue uno de los 26 eventos organizados en Cali durante los días de la COP-16 por el TNFD, o Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, que traducido al español sería algo como “el grupo de trabajo para la divulgación financiera relacionada con la naturaleza”. En su página web, el grupo explica: “La sociedad, los negocios y las finanzas dependen de los activos de la naturaleza y de los servicios que suministran. La aceleración de la pérdida de la naturaleza globalmente está erosionando la capacidad de la naturaleza para suministrar estos servicios vitales. Tomar medidas para conservar y restaurar la naturaleza es ahora una prioridad global crítica”. La “Naturaleza”, que citan cuatro veces en este breve párrafo, es una fuente de ganancias que ahora se puede agotar. Por eso hay que actuar. Es el capitalismo siendo capitalismo: crea el problema y se beneficia de la solución.

El Marco de Kunming-Montreal firmado en la COP-15 trae 23 metas de acción a los países. La número 15 se dirige a los negocios. Alienta a que las naciones signatarias del acuerdo tomen “medidas legales, administrativas o políticas” para garantizar que grandes empresas e instituciones financieras monitoreen, evalúen y divulguen de manera transparente sus riesgos. La idea es reducir progresivamente los impactos negativos de los negocios sobre la biodiversidad, explica la norma.

Puede que en algún momento los países tengan que implementarla y se lo exigirán a las empresas y a los bancos, los mismos que hoy ayudan a destruir áreas como la de Ty’e. El indicador adoptado oficialmente por la convención de la ONU para evaluar este cumplimiento en la COP-15 fue el del TNFD, el grupo de trabajo para la divulgación financiera relacionada con la Naturaleza. Un año después, las ONG afirman que la métrica elegida falla porque no les exige a las empresas, por ejemplo, que revelen informaciones importantes, como los procesos que enfrentan ante los tribunales por violaciones ambientales. “La línea de base del TNFD es relatar cómo la Naturaleza impacta sobre el negocio, no cómo el negocio impacta sobre la Naturaleza”, afirma Shona Hawkes de Rainforest Action Network. Cuando nos comunicamos por correo electrónico, TNFD no contestó nuestro pedido de comentarios.

Más de 500 negocios ya han adoptado la iniciativa. Entre ellos, la compañía minera Vale, responsable de dos represas que se rompieron en Minas Gerais, destruyendo ríos y ciudades y matando personas, árboles y animales, y que se apoderó de 24.000 hectáreas de tierras públicas en Carajás, en el estado de Pará, para construir el mayor proyecto de mineral de hierro del mundo, aunque Vale niega que las áreas sean públicas.

En 2015, el rompimiento de la represa de una empresa de Vale, en Mariana, provocó la mayor catástrofe ambiental de Brasil. Foto: Gustavo Basso/NurPhoto vía AFP

Letícia Guimarães, analista de Vale para “soluciones basadas en la Naturaleza”, era una de las conferenciantes del primer evento del grupo de trabajo en Cali, en ese mismo salón del hotel cinco estrellas. La esperaba una protesta. “Para nosotros es muy difícil vivir dentro de nuestro territorio sin agua. Porque el 5 de noviembre de 2015 se produjo uno de los mayores crímenes en el estado de Minas Gerais (…) que mató kilómetros de Río de agua dulce, especies de peces. Nos quitó toda nuestra forma de contacto espiritual con el agua”, afirmó Shirley Krenak, una de las manifestantes, frente a la platea de empresarios, en alusión al rompimiento de la represa en la ciudad de Mariana.

“Nosotros, los pueblos Indígenas, no estamos en contra del progreso. Estamos en contra del progreso que mata, que destruye la biodiversidad. Y por mucho que ustedes se reúnan aquí para buscar soluciones económicas dentro del sistema capitalista, estas soluciones no son buenas. Están matando personas y matando la biodiversidad”, añadió. “No existe el fin del mundo. Existe el fin de la humanidad”, advirtió.

En 2019, una nueva catástrofe, esta vez en Brumadinho. En la COP-16, Vale enfrentó la protesta de Shirley Krenak. Fotos: Talita Bedinelli y Michael Dantas/SUMAÚMA

Carrera final

En vísperas del plenario final de la COP-16, nadie sabía muy bien cuál iba a ser el legado de esas dos semanas de discusión. Los grandes temas estaban trabados por los corchetes, incluyendo una propuesta de Brasil y Colombia para agregar a los afrodescendientes al grupo de los “pueblos Indígenas y comunidades locales”. Una forma de reconocer el papel de los hijos y nietos de personas esclavizadas por la colonización en la conservación de la Naturaleza. Pero a la Unión Europea, el hogar de los colonizadores, le pareció oportuno corchetear. Fue acusada de intentar usar el párrafo como moneda de cambio.

Viviana y el foro Indígena, el FIIB, también estaban angustiados por un bloqueo en la aprobación del organismo subsidiario Indígena. Organizaron una protesta para presionar a los países; algunos argumentan que el nuevo organismo aumentaría los costos.

La activista brasileña Txai Suruí era detenida, agredida y llevada a una pequeña sala por policías del evento por decidir realizar un acto pidiendo la demarcación de Tierras Indígenas, la forma más lógica de preservación. Ella no tenía autorización, pues allí solo se puede protestar con autorización. La ministra Marina Silva tuvo que intervenir para que la COP le pidiera disculpas y liberara a Txai.

Txai Suruí fue detenida después de hacer un acto sin autorización, en el que pedía la demarcación de Tierras Indígenas; la ministra Marina Silva tuvo que intervenir. Foto: Felipe Werneck/MMA

Shirley Krenak participaba en el tercer acto para recordar que empresas como Vale deben ser responsabilizadas por sus crímenes, que no pueden esconderse en los informes de sostenibilidad.

Las empresas farmacéuticas ganaban la lucha contra la obligatoriedad de donar parte de las ganancias que obtienen de la Selva.

Los países desarrollados se peleaban con las naciones en desarrollo porque no querían crear un nuevo fondo para depositar los 20.000 millones de dólares que debían; las naciones del Sur Global, especialmente las africanas, se quejan de que el Global Biodiversity Framework Fund (GBFF), que gestiona el fondo actual, privilegia las voces de los países más ricos.

Mientras del lado de afuera los ánimos se exaltaban, dentro de las salas de negociación se produjo un choque: la COP-16 se dirigía hacia el fracaso y había que, finalmente, acelerar los pasos. Los países aumentaban las charlas paralelas, cedían a las monedas de cambio de los corchetes, hacían la vista gorda ante palabras dudosas que apaciguaban a las compañías farmacéuticas. Y finalmente algo se puso en movimiento. Hizo falta otra madrugada entera de trabajo y una última sesión plenaria de 12 horas, que terminó a las 9 de la mañana del día siguiente por falta de quórum suficiente, para que se pudiera hacer algún progreso.

Los Indígenas lograron las principales victorias: se aprobó el nuevo organismo subsidiario. También se creó el “Fondo de Cali”, donde las industrias que usan la genética de la Naturaleza para remedios y cosméticos pueden depositar una parte de sus ganancias; la mitad de este valor se destinará a los Indígenas y las comunidades locales, pero el depósito de las empresas será voluntario. Los afrodescendientes también fueron incluidos en el texto.

Sin embargo, el impasse entre los países del Norte y del Sur Global bloqueó la creación del nuevo fondo para la biodiversidad pedido por los países en desarrollo. Esta discusión tendrá que avanzar en un encuentro entre las Cop, en 2025, en Tailandia. O en la COP-17, en Armenia. O en la COP-18, en otra parte del mundo. Encuentros que se suman a las COP sobre el clima —la de este año en Azerbaiyán y la del año que viene en Belém— donde se esperan más horas de discusión en el mundo de los corchetes.

Seguramente el mundo real estará todavía más caliente e inestable.

Concita regresó a casa, donde teme enfrentarse a las llamas otra vez. Ty’ê, en ese momento, reconstruye su nueva aldea junto a su comunidad, con la esperanza de que los invasores que venden ganado a las multinacionales no la vuelvan a incendiar. Shirley volvió a su Río asesinado. ¿Hasta cuándo tendrán que poner sus cuerpos en la defensa de la biodiversidad?

Necesitan que la humanidad finalmente elija escucharlos. Todavía hay tiempo, pero puede que pronto sea demasiado tarde.

La falta de urgencia de las COP contrasta con la emergencia del mundo real. Hay que actuar rápido para proteger a las Selvas. Foto: Pablo Albarenga/SUMAÚMA

La cobertura de SUMAÚMA en la COP-16 es una alianza con la organización internacional Global Witness (@global_witness), que se dedica desde 1993 a investigar, exponer y crear campañas contra los abusos ambientales y de derechos humanos en todo el mundo.


Reportaje y texto: Talita Bedinelli
Edición: Jonathan Watts
Edición de fotografía: Lela Beltrão
Chequeo de informaciones: Plínio Lopes
Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza
Traducción al español: Julieta Sueldo Boedo
Traducción al inglés: Sarah J. Johnson
Montaje de página y finalización: Natália Chagas
Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi
Editora jefa: Talita Bedinelli
Directora editorial: Eliane Brum

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