La vida que se subasta junto con 172 bloques petrolíferos en el litoral brasileño

Veinte bloques de explotación de petróleo cercan completamente dos Tierras Indígenas, en el estado brasileño de Mato Grosso, cuyos límites ya fueron declarados y que esperan su demarcación. Otro bloque está a unos 220 kilómetros de la Reserva Biológica Atol das Rocas, en el litoral de Rio Grande do Norte. Este y otros 15 bloques están cercanos o superpuestos a la Cadena de Montes Submarinos de Fernando de Noronha, reconocida por la biodiversidad que alberga. Treinta y cuatro bloques del litoral del estado de Rio Grande do Sul están en una región de “alta productividad biológica y complejidad oceanográfica”, lo que la hace “esencial para la reproducción y alimentación de diversas especies de peces”, según un informe del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables.

Todo esto está incluido en la subasta que la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles programó para el 17 de junio.

Y también hay 47 bloques en la Cuenca de la Desembocadura del Amazonas, una región única de la costa de Brasil en cuanto a riqueza y sensibilidad ambiental, donde ninguna de las petroleras que adquirieron nueve áreas hace 12 años, en 2013, obtuvo licencia del organismo ambiental para hacer la perforación. Ahora, esto puede cambiar, después de que el presidente de la entidad, Rodrigo Agostinho, contrariando un dictamen de 29 técnicos, diera luz verde para que a Petrobras avance a la última etapa del licenciamiento del bloque 59, a 160 kilómetros de la costa de Oiapoque, en el estado de Amapá.

La inminencia de la emisión de la licencia para el bloque 59 debe desencadenar una avalancha de solicitudes para las 47 áreas en la desembocadura del Amazonas incluidas en la subasta de la agencia de petróleo. Otro factor que puede aumentar el interés de las empresas —12 han anunciado que harán ofertas y otras 31 están aptas para participar— es el ataque de Israel a Irán, que comenzó en la noche del 12 de junio (hora de Brasil, madrugada del 13 de junio en Irán). El precio internacional del petróleo, que este año estaba bajando, volvió a subir después de la agresión israelí.

En total, se ofrecerán 172 bloques, de los cuales 118, incluyendo los descritos al principio de este texto, están ubicados en regiones de “nuevas fronteras” petroleras, donde todavía no hay producción del combustible fósil. Pese a ello, ninguno pasó por una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria, un estudio socioambiental, previsto en una ordenanza federal de 2012, que tiene como objetivo determinar si es viable la instalación de una cadena petrolera en determinada región.

En el tercer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, la agencia nacional de petróleo ya había realizado una gran subasta petrolera en 2023. En esa época, se hicieron protestas y se interpusieron acciones judiciales. Pero ahora la reacción es mayor, cuando la oferta de áreas para explotación se produce cinco meses antes de la COP30 en Belém, la primera conferencia sobre el cambio climático que se realizará en la Amazonia. Un tema prioritario de la cumbre es cómo llevar a la práctica la decisión, adoptada en la COP28, de eliminar gradualmente los combustibles fósiles, responsables de más del 75% de las emisiones de gases que provocan el calentamiento global. Sin una rápida reducción en la quema de petróleo, gas y carbón, la temperatura promedio de la Tierra seguirá aumentando, con drásticas consecuencias para la vida en el planeta.

Además de líderes indígenas, ambientalistas y científicos, la oposición a la subasta incluye a la Federación Única de los Petroleros. La entidad sindical presentó una acción popular que pide la suspensión de la subasta, debido a la oferta de los 47 bloques de la Cuenca de la Desembocadura del Amazonas. “Además de que viola el interés público, la soberanía energética y el patrimonio nacional, la subasta se está convocando sin las mínimas garantías ambientales ni tampoco consulta a las comunidades tradicionales”, argumenta la federación sindical.

Por otro lado, el Ministerio Público Federal en Pará también presentó una demanda el 12 de junio contra la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles para impedir la subasta, también debido a la licitación de los bloques en la desembocadura del Amazonas. La acción pide una medida cautelar —es decir, una orden de urgencia—y que los tribunales condicionen la eventual concesión de estas áreas a cuatro medidas, entre ellas la realización de la Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria, de un estudio del impacto climático que generaría el petróleo y de una consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y tradicionales de la región. El Ministerio Público ya le había recomendado a la agencia de petróleo que suspendiera la subasta.

El Instituto Internacional Arayara, que monitorea los riesgos ambientales, sociales y económicos de la explotación de combustibles fósiles, presentó cinco acciones civiles públicas pidiendo que retiren los 118 bloques de las “nuevas fronteras” petroleras. Esto incluye, además de la desembocadura del Río Amazonas, 21 áreas de la cuenca terrestre de Parecis, en los estados de Mato Grosso y Rondonia, 34 de la Cuenca de Pelotas, en Rio Grande do Sul, y 16 de la Cuenca Potiguar, en el litoral de Rio Grande do Norte y Ceará. En 2020, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Medio Ambiente autorizaron mediante una manifestación conjunta la oferta de 117 de estos bloques.

La vigencia de esta manifestación vence el 18 de junio, un día después de la subasta. Para el Instituto Arayara, esto configura una irregularidad jurídica, puesto que el proceso de licitación solo termina con la firma de los contratos de concesión, prevista para noviembre. Además, el instituto argumenta que la manifestación no contempla los requisitos de una ordenanza interministerial de 2022, que actualizó los criterios socioambientales obligatorios para la oferta de bloques petroleros.

Hasta la publicación de este reportaje no había decisiones judiciales sobre estas acciones.

A diferencia de la mayoría de quienes están en contra de la subasta, la Federación Única de los Petroleros no se opone a que se abran nuevos frentes de producción de combustibles fósiles, sino que propone que se considere el margen ecuatorial como una “área estratégica” y que la licitación de bloques se haga bajo el régimen de distribución, creado en 2010 para el presal. Es una decisión que tendría que tomar el Consejo Nacional de Política Energética, presidido por el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, del Partido Social Democrático.

En el régimen de distribución, Petrobras tiene prioridad en la subasta de las áreas y la tasa de royalties (regalías) que se pagan por el petróleo extraído es más alta que en el régimen de concesión, vigente en el margen ecuatorial. Además, en la distribución, gran parte del dinero recaudado por el Estado nacional se destina a un Fondo Social. Este fondo, a ejemplo de lo que Noruega acumuló con sus ingresos petroleros, tendría que ser una reserva de ahorro para la nación. En la práctica, nunca se usó de esa manera y, en el gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro, se gastó en el pago de la deuda pública. Las reglas del Fondo Social prevén que financie, entre otras, acciones “de mitigación y adaptación a los cambios climáticos y a sus efectos y de enfrentamiento de las consecuencias sociales y económicas de calamidades públicas”.

El Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, centro de estudios vinculado a la entidad sindical petrolera, publicó en mayo un documento que refuerza los argumentos de la acción judicial de los petroleros. El texto refuta indirectamente la alegación del gobierno de Lula da Silva y de los políticos de los estados de Amapá y Pará de que la explotación de petróleo en el margen ecuatorial —la costa que va de Amapá a Rio Grande do Norte— sería necesaria para superar la pobreza en la Amazonia y financiar la transición energética. El instituto argumenta que esto no se producirá dentro de las normas actuales.

El documento del centro de estudios de los petroleros propone la creación de regulaciones estrictas para la inversión de eventuales ingresos petroleros provenientes del margen ecuatorial, que se destinarían a la reforestación y el combate contra la deforestación. El texto también sugiere cambios en una medida provisional sobre el Fondo Social que el gobierno envió al Congreso en marzo de este año, con el fin de ampliar la participación de la sociedad en la definición de los usos del dinero y asegurar que se invierta en acciones en beneficio del clima. Asimismo, defiende la “garantía de la autonomía” del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables.

En los últimos años, Brasil se ha convertido en un importante exportador de petróleo crudo, producto que el año pasado lideró el valor de las ventas del país al exterior. Los ingresos petroleros, entre los que se incluyen la parte que el gobierno federal recibe de las ganancias de Petrobras, se han utilizado para tapar agujeros en las finanzas públicas, dada la resistencia del Congreso y de la élite económica a aumentar los impuestos a los más ricos. En la subasta, el gobierno de Lula da Silva pretende recaudar 444 millones de reales (79,8 millones de dólares) con los llamados “bonos de firma” que pagan las empresas que rematan bloques. La perspectiva de licenciar el bloque 59 tiende a hacer que este valor aumente.

La economista Ticiana Alvares, directora técnica del Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles y coautora del documento sobre el margen ecuatorial, critica esta situación. “Los intereses estratégicos del país se dejan un poco de lado cuando la única estrategia es cerrar las cuentas del año”, dice. Alvares enumera algunos puntos que considera fundamentales en el debate sobre la región: “¿Se va a explotar a cualquier costo un área súper sensible para exportar petróleo, para seguir importando equipos del exterior, sin generar empleos en Brasil, para que la Región Norte se convierta en un corredor de envío de riquezas al exterior? ¿Qué se hará con esta riqueza si se confirma? ¿Cómo podemos garantizar que la mano de obra realmente involucre a la región y que no sea toda del Sudeste o, peor aún, de fuera del país?”.

En 2024, el partido de Bolsonaro (Partido Liberal) desarchivó en el Senado un proyecto de ley que, en la práctica, pone fin al régimen de distribución. El texto acaba con la prioridad de Petrobras y permite la subasta de áreas del presal bajo el régimen de concesión. El 10 de junio, la Comisión de Servicios de Infraestructura de la Cámara aprobó un dictamen favorable al proyecto, elaborado por su presidente, el bolsonarista Marcos Rogério, el senador del Partido Liberal por el estado de Rondonia que lideró la sesión de ofensas hacia la ministra Marina Silva el 27 de mayo, cortándole el micrófono y diciéndole “póngase en su sitio”. La propuesta de ley todavía va a ser examinada por otras comisiones antes de llegar al plenario.

El biólogo Vinicius Nora es gerente de Océanos y Clima del Instituto Arayara y participó en los estudios que fundamentan las acciones contra la subasta. Destaca que, en el pasado, ya vio “buenos discursos sobre el régimen de distribución, pero no buenas prácticas”. La prioridad de Nora es evitar que se abran nuevos frentes petroleros en Brasil, pero cree que tiene sentido discutir propuestas como la de la Federación Única de los Petroleros, que apunta medidas para compensar y reducir los daños causados por la actividad. “Si los 47 bloques de la desembocadura del Amazonas entran en subasta y se venden, pronto se ofrecerán más áreas. El paisaje empezará a cambiar a una velocidad inmensa. Y tendremos que hablar del siguiente paso”, dice el biólogo.

En todo el margen ecuatorial, donde se encuentra la mayor área continua de manglares de Brasil, hay 34 bloques ya concedidos para perforación. De ellos, 20 tienen sus contratos suspendidos, la mayoría porque las empresas no han comprobado que serían capaces de contener derrames de petróleo sin causar daños ambientales.

La Cuenca Potiguar es la única de las cinco de ese litoral donde ya se realiza extracción de petróleo. Sin embargo, hasta el momento, esta producción no incluye la zona de alto mar sobre la cadena de montes submarinos de Fernando de Noronha, parte de un sistema de arrecifes que alimenta la vida marina. La agencia nacional de petróleo ofreció los bloques que hay en este lugar en 2021 y 2023, pero no hubo compradores. A principios de este año, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático pidió que se excluyeran de la subasta del día 17, pero el Ministerio de Minas y Energía negó el pedido, como revela el periódico Folha de S. Paulo.

Vinicius Nora, del Instituto Arayara, explica la importancia ambiental de la zona. “Todo esto es una cadena de arrecifes de coral muy rica”, dice, señalando el mapa del Monitor de la Amazonia Libre de Petróleo y Gas, una plataforma online de la organización. “Todos estos montes, también el de Ceará, son bancos de rodolitos [algas calcáreas conocidas como ‘rocas vivas’]. En los arrecifes de aguas poco profundas del Nordeste hay una gran pérdida de estas especies debido al blanqueamiento provocado por el calentamiento global. Estos arrecifes tienen una correlación directa con el ambiente más profundo, más preservado, que produce larvas de coral”, continúa Nora. “Es algo integrado, y lo que están haciendo es crear barreras en el camino, porque la industria petrolera es mucho más que lo que hay en el cuadradito de cada bloque”.

En la Cuenca de Parecis, donde los bloques que van a subastar se superponen al área de influencia de Tierras Indígenas, hay varias centrales termoeléctricas, la mayoría de ellas alimentadas por petróleo. Muchas pertenecen a empresas de la agroindustria, como Marfrig. La producción de los campos, si se encuentra gas y/o petróleo, debe abastecer estas plantas, que están entre las fuentes de electricidad más contaminantes. La Cuenca de Parecis es una de las regiones de Brasil donde existen los llamados “recursos no convencionales”, como el gas y el petróleo que se deben extraer mediante fracturación hidráulica, una técnica altamente contaminante y consumidora de agua que nunca se ha usado en Brasil.

En la Cuenca de Pelotas, por otro lado, se adjudicaron 44 bloques en la subasta de la agencia petrolera de 2023, pero todavía no hay perforaciones. Uno de los argumentos del Instituto Arayara para excluir la costa de Rio Grande do Sul de la oferta del 17 de junio es el posible daño a la pesca, que incluye la de pescadores artesanales instalados en la Laguna de los Patos, la más grande de Sudamérica. “Cada elemento del paisaje de la industria petrolera —una plataforma, un remolcador, un gasoducto— significa una restricción a la pesca”, enfatiza Nora, recordando que los grandes buques tienen prioridad de navegación. “Por eso, antes de la subasta tiene que haber una consulta, una explicación completa del proyecto. No se trata de subastar y echarle la responsabilidad al licenciamiento”.

Consultado por medio de su oficina de prensa sobre las acciones judiciales contra la subasta, el Ministerio de Minas y Energía afirmó que solo se pronunciaría en el proceso. La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles dijo que no haría comentarios sobre las demandas. Sin embargo, afirmó que todas las licitaciones de áreas de explotación de petróleo y gas siguen las “directrices del Consejo Nacional de Política Energética” y “toman en cuenta los objetivos de seguridad energética del país, el desarrollo tecnológico y la responsabilidad socioambiental”. La agencia también defendió que todos los bloques que se van a ofertar el día 17 “están respaldados por manifestaciones conjuntas vigentes” de los ministerios de Minas y Energía y de Medio Ambiente, sin mencionar el hecho de que la manifestación para 117 bloques vence el día 18. Además, la agencia recordó que los bloques subastados todavía tendrán que pasar por el licenciamiento ambiental: los que están en el mar los licencia la agencia ambiental y los terrestres, el gobierno de los estados.

En la práctica, como afirmó Nora, una vez otorgada un área de explotación, toda la presión de las empresas y los políticos termina recayendo sobre los organismos ambientales y las comunidades afectadas.

Flavio Lontro es el coordinador general de la Comisión Nacional para el Fortalecimiento de las Reservas Extractivistas y los Pueblos Extractivistas Costeros Marinos. Pescador, vive en el Área de Protección Ambiental de Guapi-Mirim, en el fondo de la Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, que en 2000 fue alcanzada por un derrame de 1,3 millones de litros de petróleo provocado por la ruptura de un ducto de Petrobras. En ese momento, los pescadores se movilizaron para limpiar los manglares afectados. En 2015, otro escape, en una terminal de Transpetro, subsidiaria de Petrobras, derramó 25.000 litros estimados de petróleo en las bahías de Ilha Grande y Sepetiba.

Lontro, sin embargo, que trabaja en el litoral del Sudeste, donde se concentra la producción petrolera brasileña —y donde se ofrecerán en subasta 54 bloques—, enfatiza los accidentes menores y más frecuentes, que ni siquiera se difunden en las noticias, pero que tienen un efecto acumulativo sobre el mar y los manglares. Según la agencia de petróleo, en 2024 hubo 1.091 accidentes en la explotación de petróleo en Brasil, de los cuales 731 se produjeron en el mar y 360 en tierra. Un estudio de la Agência Brasil mostró que ocasionaron el derrame de 52.910 litros de petróleo, 8.630 litros de fluidos sintéticos de perforación, 23.100 litros de aditivos de esos fluidos y 21.590 litros de fluidos de perforación a base de agua.

“Por muy cuidadosa que sea la empresa en la explotación, puede producirse cualquier accidente”, dice el coordinador general de la confederación. “Esto genera cierto estrés porque las cosas no son tan seguras como dicen. Pequeños escapes terminan produciéndose todo el tiempo. Y esto termina en las playas y ensucia los equipos de pesca. Hay derrames en los ductos que transportan el petróleo a la refinería, hay derrames ship-to-ship [cuando el petróleo se traslada de una embarcación a otra]”.

Flavio Lontro lamenta que la presión política para acelerar el licenciamiento del bloque 59 haya llevado al aplazamiento de los planes de creación de cuatro reservas extractivistas marinas en la costa del estado de Amapá. Estas reservas son una antigua reivindicación de los pescadores artesanales del estado y se estaban negociando con el Ministerio de Medio Ambiente desde 2005. Su objetivo es proteger las zonas de pesca artesanal de la penetración de barcos pesqueros industriales. Fue sobre estas reservas que Marina Silva fue invitada a hablar en el Senado el día en que fue agredida.

“El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad canceló las audiencias públicas, hacia el final del proceso de declaración de estas reservas, porque empezaron a surgir rumores de que ya no se podría explotar petróleo”, dice Lontro. “Podría dificultar [la explotación], pero es obvio que tenemos que dialogar, tenemos que llegar a consensos sobre las cosas. Estamos hablando de seguridad alimentaria”, resalta.

El pescador y líder extractivista insiste en que estas comunidades tienen que estar en las mesas de toma de decisiones sobre la explotación de petróleo. “Estamos hablando de ciudadanía”, subraya Lontro. “Lo que pasa es que deciden hacer las cosas como quieren”, dice, refiriéndose a las compañías petroleras. “No estamos representados para indicar la mejor manera de hacerlo, la que tenga el menor impacto sobre el medio ambiente y, obviamente, las comunidades pesqueras”.

Lontro también le hace un pedido al gobierno de Lula da Silva: “Es un gobierno que elegimos. Y ahora, de cierto modo, no nos está escuchando tanto como debería”.