Bordeando el camino de tierra de Vila Socorro, a 20 minutos del distrito de Quatro Bocas, en Tomé-Açu, nordeste del estado de Pará, un muro de ladrillos sin revoque, con portón electrónico y vigilantes en la entrada, guarda a las familias Tembé de la comunidad Indígena Tenetehara I’ixing.

Guarda y aprisiona. “Así es como me siento: prisionera dentro de mi propia aldea”.

La parte delantera del territorio de la capitana Miriam Tembé se convirtió en un cautiverio amurallado y monitoreado por cámaras, situación impuesta por el cerco violento de la agroindustria de la palma aceitera que se instaló en las tierras de ocupación ancestral del Valle de Acará. Todavía no hay muros en la parte de atrás. Y quedan la Selva y los Arroyos.

“Para nosotros, el territorio es libertad. Es por lo que luchamos. Me vi obligada a levantar este muro”, lamenta la capitana de la aldea I’ixing, que también es presidenta de la Asociación Indígena Tembé del Valle de Acará. En diciembre de 2023, dentro de sus tierras, la líder indígena le afirmó a SUMAÚMA que la vigilaban. “La semana pasada había un dron acá en el portón, sobrevolando la casa. Es una persecución constante”.

Los Indígenas habían empezado a levantar el muro cuatro meses antes, en agosto, poco después de que hubieran disparado contra cuatro jóvenes Tembé. El Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Indígena Misionero (Cimi), la Comisión Pastoral de la Tierra y las asociaciones locales Indígenas y Quilombolas denunciaron públicamente a guardias de seguridad del Grupo Brasil BioFuels (BBF), un gigante del cultivo de palma, como responsable de los disparos. Un grupo de Indígenas los vio cuando disparaban. Tras los ataques se enviaron tropas de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública a la zona. La Policía Federal abrió una investigación, a pedido del Ministerio Público Federal, que transcurre de forma confidencial. El objetivo, dice el Ministerio Público, es “investigar la práctica de intento de homicidio doloso”, además de “otras conductas presuntamente criminales que se produjeron en el contexto del conflicto histórico entre el grupo Brasil BioFuels y los pueblos originarios de la región”. En abril de 2023, otro ataque, registrado en una denuncia policial, ya había dejado a tres Quilombolas heridos. Una vez más, la comunidad señaló a agentes armados de la empresa como responsables.

El Valle de Acará es un territorio que reúne a diversos pueblos de la Amazonia, ubicado entre los municipios de Acará, Bujaru, Concórdia do Pará, Tailândia y Tomé-Açu, bañados por los Ríos Acará, Acará-Mirim y Guamá. El docente Elielson Pereira da Silva, de la Universidad Federal Rural de la Amazonia, encontró registros de  una antigua ocupación de Indígenas Turiwara en el Alto Acará de 1775 y 1898. Los antepasados de Miriam Tembé viven en esta tierra desde al menos sus tatarabuelos, quienes vinieron de los alrededores del Río Gurupi. Quilombolas y Ribereños también viven y tienen historias plantadas en estas mismas tierras desde hace generaciones.

Sin embargo, en los años 70, ladrones de tierras públicas, los llamados grileiros, empezaron a ocupar la región y se apropiaron de las tierras. Después, vinieron las grandes empresas de palma, como Agropalma, que acumula tierras en esta parte de la Amazonia desde los años 80. De esta palma se extrae el aceite que se usa en la producción de alimentos, cosméticos y biocombustibles. En los últimos 20 años, el gobierno federal empezó a incentivar la producción de biodiesel, lo que provocó un aumento de las plantaciones en la zona. Era como si allí no hubiera comunidades tradicionales. Los pueblos fueron expulsados, divididos o apretujados en pedazos de los territorios. Parte de sus áreas quedaron infestadas de plantaciones de palma aceitera, que permanecen allí como intrusas. Algunas plantaciones terminaron superponiéndose a Tierras Indígenas y Quilombolas y el conflicto por la disputa de las tierras se intensificó. A partir de 2020, afirman los habitantes, la situación ha empeorado. Relacionan el aumento de los ataques con la expansión del grupo BBF en la región, que ese año le compró a Vale la empresa Biopalma, creada en 2007.

En el límite de los municipios de Tomé-Açu, Acará y Tailândia hay tramos donde el desierto de palma aceitera —la tierra sin vida donde impera el monocultivo— parece no tener fin. Surgen interminables corredores de palmeras, con sus troncos marcados por cicatrices. El paisaje es tan repetitivo que es fácil perderse en medio de esas interminables hileras de palmeras aceiteras.

Entre estos caminos ocupados por las empresas, hay al menos ocho Tierras Indígenas Tembé y Turiwara y cuatro comunidades Quilombolas que luchan por la homologación o ampliación de sus territorios. Ante la desidia del Estado, ven cómo cada vez más las empresas de palma avanzan sobre la morada de sus antepasados y contaminan sus Ríos y Arroyos. En respuesta, algunas comunidades empezaron a hacer el proceso de recuperación de las áreas —cuando reocupan la tierra ancestral para presionar la decisión del gobierno sobre su titulación—. Las empresas de palma aceitera afirman que son las dueñas de la tierra y piden la reintegración de la posesión de las áreas ocupadas, pero no presentan a los organismos públicos la documentación suficiente que compruebe su titularidad.

En esta disputa, en los últimos 13 años asesinaron a cuatro Indígenas y a cinco Quilombolas, según un estudio realizado por la Asociación Brasileña de Antropología y actualizado por SUMAÚMA. El caso más reciente fue la ejecución del Indígena Turiwara Agnaldo da Silva, en noviembre de 2023, en el municipio de Tailândia, cuya investigación por parte de la Policía Federal se lleva a cabo confidencialmente.

Los dolores de muchas generaciones caben en las remadas del Quilombola Lucivaldo da Silva Tavares, de 55 años. Al salir del Río Acará y entrar en el estrecho Arroyo Turé, empieza a conducir la embarcación lentamente hacia el antiguo ingenio, donde trabajó su bisabuelo esclavizado. “Maestro, el dolor es grande. No te lo imaginas. Hay momentos en que hablamos y nos dan ganas de llorar. Por todo lo que ya hemos pasado en nuestro lugar…”

Está todo allí. En la vegetación, en el agua, en la memoria. El Quilombola se acuerda de un bosque de árboles de nueces amazónicas talado por ladrones de tierras, de los pistoleros que lo amenazaban y también a su hermano, de cuando quemaron la casa de su hijo y de sus familiares caídos en esta guerra. Uno de ellos era Nazildo dos Santos Brito, primo de Lucivaldo y líder de la Asociación de Habitantes y Agricultores Quilombolas del Alto Acará ( Amarqualta), ejecutado en una emboscada en 2018. “Que muera uno, mueran dos, mueran tres, no saldremos corriendo. Es nuestro. ¿Uno va a salir corriendo de su casa?”, pregunta.

El mapeo de las violencias contra las comunidades tradicionales por la guerra de la palma aceitera, que realizó la Asociación Brasileña de Antropología, señala, además de los asesinatos, otros hechos y agresiones que comenzaron en 2007. La lista es larga: persecución y represión por parte de guardias patrimoniales de las empresas y de la Policía Civil y Militar de Pará; intentos de criminalizar y difamar a Indígenas y Quilombolas, con más de 800 denuncias policiales realizadas por el grupo BBF; reintegraciones de posesión de tierras ocupadas y artilugios procesales que fueron otorgados por autoridades que no pueden actuar en casos de conflictos agrarios; fragilidad de la protección de los defensores de derechos humanos.

En agosto del año pasado, después de los disparos contra los Tembé, la Asociación Brasileña de Antropología les pidió a las autoridades federales y del estado de Pará que investigaran las actividades de las milicias en la zona y suspendieran las licencias de la vigilancia patrimonial armada de las empresas de palma aceitera, además del reconocimiento de los derechos territoriales de las poblaciones tradicionales.

Debido a los conflictos, el Consejo Nacional de Derechos Humanos le hizo una serie de recomendaciones al gobierno federal, al gobierno del estado de Pará, a organismos vinculados a la Justicia, a los bancos —entre los que se encuentra el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)— y al propio Grupo BBF. El documento recomendaba, entre otros puntos, que Brasil BioFuels cesara “inmediatamente el uso indiscriminado de armas letales por parte de sus fuerzas de seguridad privada”. Pedía, asimismo, la retirada de la autorización de funcionamiento de la empresa MTS Segurança —que suministraba servicios al productor de palma—, el cambio de las fuerzas policiales en Tomé-Açu y Acará y la suspensión de financiaciones y préstamos a la empresa.

Se le recomendó al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública la creación de una oficina de crisis, con la participación de varios organismos públicos. En agosto de 2023, se llevó a cabo una reunión interministerial para definir acciones. El equipo del ministerio determinó la participación de varios organismos: la Policía Federal, la Abogacía General de la Nación, la Secretaría de Patrimonio Nacional, entre otros, en la investigación de situaciones de violencia contra Indígenas Tembé, Turiwara y Quilombolas de Nova Betel. Representantes del Departamento de Mediación de Conflictos del Ministerio de Desarrollo Agrario visitaron la región para negociar un diálogo entre las fuerzas de seguridad, el sistema de Justicia y los líderes. En noviembre, el caso fue incluido en la agenda de misiones de la Comisión Nacional de Enfrentamiento contra la Violencia en el Campo. Recientemente, en mayo, esta comisión estuvo en el Valle de Acará para escuchar testimonios de los pueblos afectados. El Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía no contestó los pedidos de información de SUMAÚMA sobre la visita de la comisión y las nuevas medidas sobre los conflictos.

Como los conflictos no cesaron, en junio de este año el Ministerio de Justicia autorizó un nuevo envío de la Fuerza de Seguridad Nacional a la zona. Los agentes estuvieron en el lugar hasta finales de agosto. “El apoyo de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en el Valle de Acará empezó en agosto de 2023, en respuesta a una solicitud de la Fiscalía de la República. La acción fue autorizada después de una manifestación de la Policía Federal y la aprobación del Gobierno del Estado de Pará, con el objetivo de garantizar la protección y la seguridad de los pueblos Indígenas Tembé y Turiwara, además de las comunidades Quilombolas de la región”, informó el Ministerio de Justicia en nota enviada a SUMAÚMA. El envío también tenía como objetivo “proteger a los empleados, contratados y tercerizados del grupo Brasil BioFuels (BBF) en los municipios de Tomé-Açu y Acará, debido al agravamiento de los conflictos territoriales en el nordeste de Pará, que son históricos, complejos y progresivos”.

Los conflictos que involucran a los Indígenas y Quilombolas de la región con el grupo Brasil BioFuels, la mayor empresa de aceite de palma de las Américas, son significativos. Un informe con datos de 2023 del Consejo Indigenista Misionero muestra que el 26% de los casos (5 de un total de 19) de violencia contra los Indígenas en Pará estaban relacionados con la guerra de la palma aceitera o con la participación directa de BBF. Los casos de violencia incluyen abuso de poder, amenazas, racismo, discriminación étnico-cultural e intentos de asesinato. Actualmente, 637 indígenas viven en los municipios de Tomé-Açu, Acará y Tailândia, todos en el estado de Pará, según datos del Censo de 2022, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Relatos de los pueblos tradicionales presentados al Consejo Nacional de Derechos Humanos también señalan abusos de la seguridad privada del Grupo BBF. El Ministerio Público de Pará, en abril de 2023, pidió la detención del director de seguridad, Walter Ferrari, y del propietario de Brasil BioFuels, Eduardo Schimmelpfeng Coelho, sospechosos de liderar una acción con características paramilitares en una comunidad rural de Acará, Vale do Bucaia, en octubre de 2021. En esa ocasión, 11 personas fueron atacadas al amanecer con patadas, porrazos y prácticas de tortura. Según el fiscal de justicia Emério Costa, en el conflicto por la posesión de la tierra, Ferrari y Coelho “ordenaron la demolición de las casas y construcciones de todos los miembros de la comunidad”. En junio de 2023, el juez Giordanno Grilo, del Juzgado de Acará, recibió la denuncia, no acató el pedido de detención porque entendía que se trataba de una medida excepcional y extrema, pero advirtió que se podría revisar la decisión ante cualquier hecho nuevo.

Además de las disputas en Territorios Indígenas, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) reconoce casos de superposición de haciendas de palma aceitera entre las tierras reclamadas por el grupo BBF y los territorios Quilombolas de Amarqualta y Nova Betel. “El estudio territorial realizado por técnicos del Incra en la zona identificó que las superposiciones se producen principalmente en terrenos públicos federales y tierras públicas sin destino específico en el estado de Pará”, informó el organismo. El Incra también señaló que se notificó a los ocupantes y que los documentos presentados se encuentran en análisis. El grupo BBF, provocado por la Defensoría Agraria del Tribunal de Justicia de Pará, en 2022, no presentó la documentación de la cadena de dominio de la tierra, es decir, la lista de los propietarios del inmueble rural desde su origen.

El Instituto de Tierras de Pará también admite la superposición de tierras entre territorios tradicionales Quilombolas y áreas de las empresas de palma aceitera. Los conflictos, informó el Instituto en nota a SUMAÚMA, fueron tramitados en el Tribunal Agrario de Castanhal. Según el instituto territorial de Pará, esta situación paralizó “el proceso de titulación, ya que el Instituto también depende de las soluciones judiciales para orientar sus acciones administrativas”. Hoy el proceso se tramita en la Justicia Federal por el hecho de que involucra derechos Indígenas y Quilombolas en una reintegración de posesión.

Consultada sobre la recomendación del Consejo Nacional de Derechos Humanos de cancelar Catastros Ambientales Rurales superpuestos a comunidades tradicionales en la región de Acará, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad le contestó a SUMAÚMA de manera genérica, citando la suspensión de 5.746 catastros en Tierras Indígenas del estado, además de 192 catastros superpuestos a territorios Quilombolas. Los datos no incluyen solo las haciendas de palma y son señales flagrantes de robo de tierras públicas en la zona.

Las decisiones judiciales de 2018 ya lo han señalado. La Corte de Pará, en dos instancias, reconoció como falsos y nulos los registros inmobiliarios de dos áreas ocupadas por Agropalma en Acará, las haciendas Roda de Fogo y Castanheira. La empresa afirma que todas sus tierras “fueron adquiridas de buena fe de sus legítimos propietarios y poseedores, incluso con la confirmación de la documentación de los órganos competentes en el momento de la adquisición”. En una nota enviada a SUMAÚMA, la empresa también dice que “nunca fue condenada por robo de tierras públicas”, pero admite que, “lamentablemente, décadas después de la compra, se encontraron errores notariales que comprometieron la documentación territorial de algunos inmuebles”. Agropalma dice que buscó la regularización de las haciendas, ya que pagó el valor de mercado por las áreas y creía que la documentación era idónea.

La guerra de la palma aceitera también ha provocado fisuras y conflictos entre los pueblos tradicionales. En la madrugada del 30 de diciembre de 2023, la capitana Miriam sufrió un atentado dentro de su propia aldea. La comunidad I’ixing fue invadida por pistoleros e Indígenas de los alrededores, quienes, según la Asociación Indígena Tembé del Valle de Acará, querían robar frutos de la palma en el área de la aldea para vender. Los disparos alcanzaron la casa del territorio y el parabrisas del auto, del lado del pasajero, donde suele sentarse Miriam. Quince minutos antes de los disparos, la capitana se había trasladado de la casa a la sede de la aldea I’ixing. Diez días antes había denunciado a las autoridades las invasiones de pistoleros e Indígenas de otras comunidades a la tierra I’ixing. Les comunicó, incluso, que había llegado a su conocimiento un complot para asesinarla.

Durante dos años, el Estado ignoró la solicitud de que Miriam Tembé, de 41 años de vida, 25 de los cuales en la lucha por la garantía de los derechos de su pueblo, fuera incluida en programas de protección a defensores de los derechos humanos. La capitana, constantemente amenazada, solo logró que la incluyeran en el Programa de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH) de Pará el 7 de agosto de este año, tras insistentes pedidos del Ministerio Público Federal.

El cultivo de la palma intenta socavar las relaciones entre parientes, pero solo uniendo fuerzas las comunidades tradicionales de la región pueden seguir existiendo. Sin nadie que los protegiera de las amenazas e invasiones a sus tierras, los pueblos formaron una alianza de resistencia, el Movimiento IRQ: I de Indígenas, R de Ribereños, Q de Quilombolas. Esta unión se empezó a articular de manera embrionaria en 2015 contra los impactos de Biopalma. A partir de 2022, una comisión IRQ empezó a actuar por los intereses colectivos.

La capitana Adelina Maciel Tembé, madre de Miriam, preside el Movimiento IRQ. Adelina fue la primera mujer en romper el ciclo de caciques hombres en el Valle de Acará, es una señora menuda de 68 años y la principal líder de la Aldea Cuxiú Mirim, en la Tierra Indígena Tembé. La capitana Adelina le pasó la borduna, un arma Indígena de madera, a su hija para que siga sus pasos en la defensa de su pueblo al frente de la otra aldea, I’ixing, en un área recuperada por los indígenas.

“Nuestras comunidades tuvieron más conciencia de que los problemas son comunes y empezaron a unirse para protegerse. En este proceso de acercamiento, hubo aprendizaje, se compartieron los dolores”, cuenta el Quilombola Josias Dias dos Santos, Jota, de la comunidad Turé III, presidente de la Asociación de Habitantes y Agricultores Quilombolas del Alto Acará (Amarqualta), que también es vicepresidente del Movimiento IRQ. “Trabajando juntos nos fortalecemos. Y podemos aprender los unos de los otros porque hay un intercambio de saberes”.

Según Jota, hay representantes de al menos 15 comunidades con participación continua en el Movimiento IRQ. En algunas luchas se suman otros territorios, llegando a 25 comunidades. El objetivo de la alianza es unir fuerzas para protegernos, buscar derechos y exigir políticas públicas. “Es un movimiento por el territorio y la vida”, dice el Quilombola. Los Indígenas, Ribereños y Quilombolas del movimiento IRQ no usan armas de fuego, sino bordunas y lanzas de madera. Los parientes armados, insiste en enfatizar el líder Quilombola, “no representan al movimiento IRQ”. Las acciones y rumbos del movimiento se definen en reuniones quincenales.

Josias es un hombre delgado de 36 años, que desde los 22 lucha por su pueblo. Además de la sangre Quilombola, tiene ascendencia Indígena, de los Turiwara. Forma parte del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas desde 2022, cuando denunció al asesino de Nazildo dos Santos Brito, expresidente de la Asociación de Amarqualta, y pasó a tener su propia vida amenazada. Aun así, no considera que esté protegido. “Tengo prohibido ir a Quatro Bocas. No puedo tomarme un helado en la plaza. Si salgo tiene que ser en un auto que no sea el mío, tiene que haber otro auto con guerreros acompañándome. Es como si fuera un fugitivo”.

Después del atentado contra Miriam a fines de 2023, el Movimiento IRQ señaló a los Indígenas Paratê y Marquês Tembé, líderes de la Tierra Indígena Turé Mariquita, vinculados a la Asociación Indígena Tembé de Tomé-Açu (AITTA), como los responsables del ataque a I’ixing. El movimiento sugiere que hay indicios de que Brasil BioFuels financiaba al grupo, prometiéndoles que les compraría los frutos robados. El 29 de enero, los dos indígenas sospechosos de estar involucrados en el atentado contra la capitana fueron arrestados por la Policía Federal. Los están investigando, entre otros crímenes, por intento de homicidio, asociación criminal, milicia privada y portación ilegal de arma de fuego. El abogado Jorde Tembé, que actúa en la defensa de Paratê y Marquês, le dijo a SUMAÚMA que no hay pruebas concretas sobre la participación de los Indígenas en los casos en los que se los acusa. Jorde piensa que el objetivo de las detenciones masivas de Indígenas es desmantelar el movimiento de las comunidades tradicionales y marginar a los líderes. El abogado también dijo que el conflicto interno no se habría producido si el Estado cumpliera sus responsabilidades, avanzando en el proceso de demarcación de las tierras.

“El veneno del capital ha erosionado las acciones colectivas y ha puesto en riesgo la lucha de los pueblos y comunidades tradicionales de esta región. Es una red de relaciones que involucra a otros agentes políticos y económicos”, evalúa el profesor Elielson Pereira da Silva.

El 3 de enero de 2024, al acudir a la comisaría de Quatro Bocas para denunciar las invasiones y amenazas, Miriam Tembé fue sorprendida. En un giro, acabó detenida por acusaciones de coacción y fraude procesal en una trama paralela: la muerte de su hermano, Manuel Tembé. El hecho se produjo en octubre de 2023 y el hijo de la capitana, Ítalo Maciel, fue considerado sospechoso de haber cometido el homicidio. El hermano de la líder Indígena murió después de una noche de juerga en un bar, en circunstancias que todavía no están claras y que se están investigando. Miriam, que nunca había sido citada a declarar sobre el caso, fue llevada al Centro de Recuperación Femenino, en Ananindeua, región metropolitana de Belém.

Después de que el Tribunal de Tomé-Açu negara el acceso al auto de prisión preventiva, el Ministerio Público Federal presentó un recurso de amparo ante el Tribunal de Justicia de Pará para obtener los documentos que justificaran la detención de Miriam. La capitana del territorio I’ixing fue liberada el 26 de enero, pero el tribunal de Tomé-Açu le prohibió retomar su rol de líder en la aldea. El 19 de marzo, provocado por el Ministerio Público Federal, el tribunal de Pará consideró inadecuado que le quitaran las funciones de capitana a Miriam y revocó la decisión del juez del distrito.

Cuando Miriam fue arrestada, integrantes del IRQ se dirigieron a I’ixing para impedir que los invasores dominaran las tierras. El 4 de enero de este año se produjo un nuevo ataque a tiros dentro de la aldea contra cuatro Quilombolas que protegían el territorio, en el que una de las víctimas fue un adolescente.

Contactado por SUMAÚMA en marzo, el Grupo Brasil BioFuels dijo, a través de su oficina de prensa, que no se manifestaría sobre los conflictos de tierras en el Valle de Acará y los recientes atentados. SUMAÚMA envió un correo electrónico a la empresa con algunas preguntas, pero no contestaron ninguna. En un nuevo abordaje, en septiembre, la empresa tampoco contestó el correo electrónico ni el mensaje de WhatsApp.

El gobierno de Pará alega que se están organizando “nuevas medidas”, en diálogo con los Indígenas y Quilombolas de la región, para construir soluciones en las áreas de conflicto. En nota enviada a SUMAÚMA, el gobierno del estado de Pará informa que integra la oficina de crisis creada por el Ministerio de Justicia el año pasado para discutir la guerra de la palma aceitera. El gobierno de Pará no contestó los pedidos de SUMAÚMA sobre una actualización de las visitas a la región y sus últimas acciones. Según la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Pará, “el cambio de comandos de las policías Civil y Militar en el municipio se produjo de acuerdo con la alternancia natural dentro de las instituciones”. Este cambio era también una recomendación del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) afirma que no hay ninguna financiación ni préstamo en curso para BBF y que, basándose en las recomendaciones del Consejo Nacional de Derechos Humanos y tras análisis internos, “el grupo está impedido de realizar operaciones (directas o indirectas) con el banco”.

La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) informó a SUMAÚMA que las demandas de los Indígenas por territorio están en análisis.

“¡Viva Belém, la capital de la Amazonia, la capital de las discusiones sobre el cambio climático! ¡Viva el pueblo de la selva! ¡Viva el pueblo de Pará!” Entre aplausos, el gobernador de Pará, Helder Barbalho (Movimiento Democrático Brasileño), terminó en Belém, en agosto de 2023, su discurso de apertura de los Diálogos Amazónicos, evento que precedió a la Cumbre de la Amazonia con la presencia de jefes de Estado. El mismo día, a unos 200 kilómetros de distancia, en el territorio de la Aldea Bananal, le dispararon en la ingle a Kauã Tembé, de 19 años. Las comunidades, movimientos sociales e Indígenas, además del Consejo Nacional de Derechos Humanos, afirman que el ataque fue realizado por guardias de seguridad de Brasil BioFuels —el Grupo BBF disputa la posesión de la tierra—. Kauã fue trasladado a la capital y operado. El caso está siendo investigado, confirmó el Ministerio Público Federal, y además se tramita de forma confidencial. SUMAÚMA intentó hablar con Kauã, pero no obtuvo respuesta.

A Kauã Tembé, de 19 años, le dispararon el año pasado en un conflicto con guardas de seguridad del Grupo Brasil BioFuels. Foto: Reproducción internet

El entonces presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos y actual vicepresidente, el defensor público federal André Carneiro Leão, estaba en Belém. Dada la gravedad del caso, se dirigió a Tomé-Açu. Líderes Indígenas, Quilombolas y Ribereños esperaban la llegada de la delegación del consejo cuando tres parientes más fueron heridos en el centro del grupo BBF, a plena luz del día, mientras protestaban por el ataque a Kauã. Según los relatos de la empresa en los medios, los Indígenas habían invadido y destrozado el centro. Daiane Tembé recibió tiros en el cuello y la mandíbula; a Erlane Tembé le dispararon en el muslo y el hombro; Felipe Tembé tomó un disparo en la espalda.

Felipe fue llevado al hospital. Antes de que los médicos terminaran de atenderlo, la Policía Civil trasladó al Indígena a la comisaría para que hiciera su declaración. Camino a la comisaría, la Policía Militar de Pará los abordó, interceptó el vehículo de la Policía Civil en el que estaba Felipe y ordenó su detención, acusándolo de depredación del patrimonio de la empresa, y lo llevó esposado al municipio de Castanhal. “Fue arrestado de forma abusiva, ilegal, porque no había nada que justificara su detención in fraganti. Por eso, también decidimos actuar frente a esta violencia policial contra este Indígena”, relata el vicepresidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

El Movimiento IRQ se dirigió a la comisaría de Quatro Bocas, donde hubo una manifestación por la libertad de Felipe. El joven Tembé fue liberado al final de ese mismo día y regresó a la comunidad.

Para los tres Indígenas víctimas del ataque de agosto, las consecuencias se prolongaron en el tiempo. En noviembre de 2023, Daiane Tembé se sometió a dos cirugías para que le hicieran un injerto en la cara. “Hoy no amanecí muy bien. Me duele, está hinchado”, le dijo a SUMAÚMA, vía mensaje de audio, nueve días después de la operación.

El entonces presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos se reunió con el secretario de Seguridad Pública y Defensa Social de Pará, Ualame Machado, aún en agosto de 2023. Fuentes consultadas por SUMAÚMA confirman que las dos partes —el gobierno federal y el gobierno del estado— estuvieron de acuerdo sobre la creciente violencia contra los pueblos tradicionales desde la llegada del Grupo BBF a la región. El defensor André Carneiro Leão le pidió a la presidenta de la Fundación de los Pueblos Indígenas, Joenia Wapichana, que acelerara el análisis de las solicitudes de demarcación y ampliación de los territorios indígenas en esta conflictiva región. Joenia se comprometió a dar una respuesta.

En mayo de 2010, en el último año de su segundo mandato en la Presidencia de la República, Luiz Inácio Lula da Silva estuvo en Tomé-Açu para lanzar el Programa de Producción Sostenible de Palma Aceitera. “Lo que estamos haciendo aquí es el comienzo de una revolución en esta región. Le pido a Dios estar vivo dentro de unos siete u ocho años, para poder volver aquí, para que podamos ver lo que pasó”. Lo que sucedió desde entonces fue una intensificación de los conflictos agrarios, agravados por la política de no demarcación de tierras y violación de los derechos humanos bajo la gestión del extremista de derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), como recuerda un informe de la organización Global Witness.

Según el profesor Elielson Pereira da Silva, el proyecto de cultivo de la palma aceitera en Pará defendía tres argumentos: “Que esta era una región económicamente estancada y por eso requería inversión externa; que era una región ambientalmente degradada y los responsables de la degradación eran los pueblos; y que era una región socialmente empobrecida”. Esta combinación de lo económico, lo ambiental y lo social intenta legitimar el proyecto desarrollista de la palma, explica el profesor.

La propaganda verde de la operación agroindustrial ensalza la recuperación de áreas degradadas y la producción de combustible con biomasa, pero, para quienes viven en los territorios, quedan rastros de balas y destrucción. “No se puede hablar de sostenibilidad cuando se derrama la sangre de los pueblos Indígenas”, afirma el defensor público federal André Carneiro Leão. En agosto de 2023, el Consejo Nacional de Derechos Humanos recomendó la suspensión del Sello Biocombustible Social otorgado al Grupo BBF, que certifica la inclusión de agricultores familiares en el mercado del biodiesel. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, responsable de la emisión del sello, informó a SUMAÚMA que le cancelaron el Sello Biocombustible Social a la empresa AmazonBio, del Grupo Brasil BioCombustibles (BBF). El primer contacto de SUMAÚMA se realizó el 5 de febrero. El aviso de cancelación del sello solo se publicó en el Boletín Oficial el 5 de marzo de 2024.

Entre 2025 y 2026, el Grupo Brasil BioFuels, junto con Vibra Energia, anteriormente BR Distribuidora, promete producir del aceite de palma combustible de aviación —hoy uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero— sostenible y diésel verde. “BBF está apostando en la ecologización del discurso, que incluye la descarbonización y la bioeconomía, y la intensificación de la represión, creyendo en una alianza política con el gobierno del estado [de Pará]”, evalúa Elielson.

Milton Steagall, presidente de BBF, publicó un artículo en el periódico Correio Brasiliense, en septiembre del año pasado, sobre la COP-30, que se realizará en Belém, y la bioeconomía en la Amazonia. En el texto, el ejecutivo compara la palma aceitera con las reservas de petróleo debajo de la capa de sal: “Nuestro país tiene el potencial de ser líder mundial en la producción de aceite de palma. Suelo decir que tenemos un verdadero ‘presal verde’ en nuestro país que todavía está por explotar”.

Sin embargo, para las comunidades del Valle de Acará, la producción de la palma aceitera es insustentable. Todos los días sienten que el aire y el suelo están envenenados por los pesticidas que rocían sobre los cultivos. Hace diez años, todavía en la época de Biopalma, el Ministerio Público Federal presentó una demanda que pedía un informe científico para medir los impactos de los pesticidas sobre el medio ambiente y la salud de las familias Tembé en Tomé-Açu. Después de idas y vueltas, en 2022 el Tribunal Regional Federal de la Primera Región aceptó la solicitud. El Ministerio Público Federal todavía está esperando los resultados del informe. Las comunidades también sienten y denuncian la contaminación de las aguas de los ríos por la tiborna, el residuo fétido que generan las industrias que trituran el fruto de la palma. “Y nos la bebemos, ¿porque de dónde vas a beber si no de allí?”, plantea el Quilombola Lucivaldo da Silva Tavares.

La capitana I’ixing tenía 6 años cuando se declaró la Tierra Indígena Tembé en 1989. Miriam recuerda que todavía existía una Selva inmensa, aguas abundantes, abundancia y riqueza. Luego vino la ocupación de madereros y hacendados a los alrededores, y vinieron las empresas de palma. Ahora, con ladrillos y argamasa los pueblos lanzan un grito por protección. Pero cuando los muros se levantan, algo del territorio y de su gente se pierde.

Mientras Miriam almorzaba y hablaba con SUMAÚMA, Messias, de 10 años, rondaba la mesa atento a la jarra de azaí. Más temprano, esa mañana de domingo de invierno, el pequeño Tembé, hijo de Miriam, quería ir a pescar al Arroyo. Solo, no hubo como. “No me animo a dejarlo ir a mi hijo dentro de mi propio territorio. Antes íbamos a pescar, nos subíamos a una canoa, íbamos al Río, íbamos al Arroyo. Nuestros padres y nuestros hermanos salían a cazar y sabíamos que regresarían sanos y salvos. Ya no lo podemos hacer porque también nos están cazando”. A principios de este mes, en una nueva conversación con SUMAÚMA, vía videoconferencia, Miriam se desconectó repentinamente. Nos contó después que tuvo que abandonar la sala virtual porque se escucharon disparos en la comunidad Indígena Tenetehara I’ixing.

Las vidas cazadas y deforestadas que resisten, enseña el Quilombola Jota, llevan la “braveza de una capoeira”, la vegetación que renace después de la tala o la quemada de la Selva. “Somos naturaleza. Si talas un área, si la quemas, la vegetación que surge es distinta. Ya no te da sombra, es solo vegetación brava. Son yuyos, juncia. Tiene espinas. Es un mecanismo de defensa de la naturaleza. Si entras a una Selva vas por debajo de los árboles grandes. Pero te quiero ver entrar a una capoeira, a esa vegetación nueva de yuyos, de uno, dos años”. “Somos naturaleza y cuando nos provocan, reaccionamos”. El Movimiento IRQ es esto: Indígenas, Ribereños y Quilombolas del Valle de Acará convirtiéndose en capoeira.