El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, se ha inventado una «controversia jurídica» para evitar que se lleve a cabo una evaluación responsable de los impactos ambientales y económicos de abrir un nuevo frente de exploración petrolífera frente a las costas de la Amazonia. Este es el objetivo del dictamen que solicitó a la Abogacía General del Estado, que lo divulgó el martes 22 de agosto. El ministro intenta conseguir en una «cámara de conciliación» la autorización para que la petrolera estatal Petrobras pueda explorar el bloque 59, en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas, pasando por encima del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), responsable de conceder la licencia. La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, condenó la maniobra: «No se puede utilizar la conciliación en cuestiones técnicas», dijo en el Senado el miércoles 23 de agosto.

El dictamen de la Abogacía del Estado analiza el argumento del Ibama y del ministerio de Marina Silva sobre la importancia de realizar una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria de todo el margen ecuatorial de Brasil —la costa que va desde el estado de Río Grande del Norte hasta Amapá— antes de que se abra allí una nueva frontera de exploración petrolífera. Esta evaluación es un instrumento de los ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía que permite estimar el impacto acumulativo de toda la cadena del combustible fósil en una zona ambientalmente sensible. Su uso se basa en los principios de responsabilidad y precaución.

En la actualidad, ya hay 41 bloques licitados en el margen ecuatorial, nueve de ellos en la desembocadura del Amazonas. La licencia para perforar un bloque podría sentar precedente para otros. El dictamen de la Abogacía del Estado afirma que la evaluación no es una condición previa para conceder una licencia, pero, de hecho, el Ibama y el Ministerio de Medio Ambiente nunca han dicho que lo fuera. Solo buscaban una solución técnica para que una decisión vital de política pública, que impacta en la mayor selva tropical del planeta, pudiera tomarse de manera informada, eliminando la «posibilidad de un salvoconducto hacia la incertidumbre», como decía el Ibama en el dictamen donde recomendó que se denegara la licencia de perforación. Al recurrir a la Abogacía del Estado, Silveira rechazó la vía técnica, maniobra en la que cuenta con el apoyo de otros sectores del gobierno, con el aparente respaldo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a principios de agosto dijo que Amapá podía «seguir soñando» con la explotación de petróleo frente a sus costas.

El proceso para obtener la licencia para perforar el bloque 59 comenzó hace 10 años y el Ibama en 2018 denegó las que se habían solicitaron para bloques cercanos. Esta demora tiene una razón de ser. Es una costa con gran abundancia de peces, con manglares —un ecosistema muy sensible a los vertidos de petróleo— y hogar de especies en peligro de extinción. Además, la dinámica de las corrientes marinas de la región, que son tres veces más fuertes que las de la costa del sureste de Brasil, se ha estudiado poco.

Debido a esta inseguridad, el Ibama planteó la posibilidad de que se llevara a cabo una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria para poder tomar una decisión responsable. En un dictamen emitido el 31 de enero, los técnicos del organismo afirmaron: «no disponemos de instrumentos jurídicos para justificar la recomendación de no expedir la licencia ambiental para perforaciones exploratorias hasta que se haya llevado a cabo una evaluación ambiental estratégica». Y añaden que, en su ausencia, «la manifestación favorable a la viabilidad ambiental de los proyectos de perforación exploratoria es frágil y no garantiza» que las siguientes fases de producción de petróleo «tengan garantizada su viabilidad ambiental».

No obstante, el dictamen de la Abogacía del Estado respalda la postura de Silveira al mencionar la supuesta «controversia jurídica» que el ministro plantea. El documento alega que, «en el plano fáctico», el Ibama ha condicionado la licencia a la realización de la evaluación ambiental. «No hay forma de afirmar que no esté, aunque sea indirectamente, «exigiendo» que se lleve a cabo la Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria como parte del proceso de concesión de la licencia», reza el dictamen de 22 páginas. En otras palabras, la Abogacía del Estado respalda a Silveira, porque trata el caso como si se redujera a un debate sobre la forma, y no sobre el contenido.

Tras el dictamen, el órgano que dirige Jorge Messias afirmó por medio de un comunicado que da por zanjado el asunto de la evaluación ambiental y solicitó que la Cámara de Mediación y Conciliación de la Administración Pública Federal abriera un proceso sobre los otros puntos que llevaron al Ibama a denegar la licencia: el impacto en las tierras indígenas de la región de Oiapoque y las incoherencias en el plan que presentó Petrobras para proteger la fauna en caso de vertido. La cámara es un órgano de la Abogacía General del Estado en el que se debaten los litigios dentro del gobierno, o entre este y terceros. No obstante, para que el proceso tenga lugar, todas las partes deben estar de acuerdo, y la ministra Marina Silva afirmó que seguirá resistiéndose: «No se pondría a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria en una ronda de conciliación para decidir, por decisión política y administrativa, si un medicamento es tóxico. Lo mismo ocurre con las decisiones del Ibama», dijo en el Senado.