El martes 29 de julio, el gobierno del estado de Amazonas llegó a un acuerdo para indemnizar con 300.000 reales (unos 54.000 dólares) a la Indígena del pueblo Kokama que denunció haber sido violada por policías en los calabozos de la comisaría de Santo Antônio do Içá. Como reveló un reportaje exclusivo de SUMAÚMA publicado el 18 de julio, la Indígena —a la que aquí llamaremos K. para preservar su identidad— contó que durante nueve meses y 17 días fue violada por policías al lado de su hijo recién nacido.
Hasta abril de este año, el gobierno le ofrecía a K. solo 35.000 reales (unos 6.200 dólares) en concepto de indemnización por daños morales —después aumentó a 50.000 reales (9.000 dólares)—, mientras que la cantidad que solicitaba su defensa era de 500.000 reales (90.000 dólares). Pero dos semanas después de la publicación del reportaje, el gobierno le ofrece 300.000 reales (unos 53.000 dólares) y una casa para ella y su familia, que recibió amenazas tras la denuncia y decidió mudarse de Santo Antônio do Içá.
También tras la publicación del reportaje de SUMAÚMA, cuatro policías militares y un guardia civil fueron detenidos. Además, por decisión del juez de Ejecuciones Penales de Manaos, ahora K. podrá cumplir su pena —había sido condenada a 16 años y siete meses de prisión por ser coautora del asesinato de una adolescente— en semilibertad. Este régimen está recogido en el Estatuto del Indígena (Ley n.º 6001/1973) y permite que la pena se cumpla en el lugar donde funcione la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas más cercano al domicilio de la Indígena.
Con la conclusión del acuerdo, que han firmado la Indígena (acompañada a distancia por su abogado, Dacimar de Souza Carneiro) y representantes del gobierno de Amazonas, del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, la acción de indemnización se ha declarado extinguida «con resolución de fondo». La audiencia de conciliación fue presidida por la jueza Etelvina Lobo Braga, del 3.º Juzgado de la Hacienda Pública de Manaos.
Además de los 300.000 reales (54.000 dólares) —la solicitud del abono a la administración pública entrará en una cola de pagos que puede tardar dos o tres años en cumplirse, según la estimación de la defensa—, el gobierno de Amazonas se ha comprometido a pagar a la familia un salario mínimo (266 dólares) mensual durante un año, para que pueda instalarse en una nueva ciudad, que no se ha revelado por razones de seguridad.
En la vista, el abogado de Carneiro comunicó al juez que tanto K. como su familia «no pueden permanecer en Santo Antônio do Içá, ya que temen por su integridad física». En nombre del gobierno, los fiscales Giordano Bruno Costa da Cruz y Leonardo de Borborema Blasch declararon que «el Estado está obligado a seguir proporcionando tratamiento psicológico a la demandante [Indígena], preferiblemente con la misma profesional que ya la atiende».
Carneiro dijo a SUMAÚMA que el resultado del proceso debería servir para reflexionar sobre las condiciones de los calabozos y las prisiones en el interior del estado de Amazonas. «Aunque se haya resuelto la demanda que pretendía condenar al Estado por no garantizar la seguridad y la dignidad de los presos, la urgencia de exigir la creación de mecanismos de protección, la reestructuración completa de las prisiones y comisarías, y la garantía de derechos humanos y condiciones de trabajo dignas para el personal y los presos —especialmente las mujeres— sigue siendo un desafío impostergable y crucial», afirmó el abogado.
El miércoles 30 de julio, los colectivos Entre Ellas Defensoras de Derechos Humanos y Frente Estatal por la Excarcelación de Amazonas divulgaron un comunicado público firmado por 126 organizaciones no gubernamentales de Amazonas y de varios otros estados. La nota afirma que en Amazonas, además de seis prisiones en la capital y siete en el interior, hay 53 comisarías y un batallón de la Policía Militar donde cumplen condena más de 2.000 personas. De todas estas instituciones, sin embargo, «solo una está dedicada legalmente al cumplimiento de pena de mujeres cis». En julio, había 40 mujeres «recluidas en prisiones del interior».
«No entendemos cómo es posible que una mujer que ha sido violada todos los días durante nueve meses por agentes de policía dentro de un espacio de confinamiento pueda recuperar su dignidad y ser atendida en su salud física y mental en otro espacio de confinamiento y, lo que es peor, administrado por policías militares y penitenciarios varones», dice el comunicado público.
«Si leemos bien las palabras de la Indígena Kokama, transmitidas con mucha valentía a un periodista, las sucesivas violaciones forman parte de un conjunto más amplio de violencia y violaciones que han generado una enfermedad física, psicológica y espiritual cuyas marcas serán difíciles de borrar en vida. Junto a su bebé, fue sometida a un intento de borrar su existencia, de reducirlos a una situación de absoluta indignidad, que incluye la ausencia de medios y redes de defensa y protección.»
Reportaje y texto: Rubens Valente
Edición: Fernanda da Escóssia
Edición de arte: Cacao Sousa
Edición de fotografía: : Lela Beltrão
Chequeo de informaciones: Plínio Lopes
Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza
Traducción al castellano: Meritxell Almarza
Traducción al inglés: Diane Whitty
Montaje de página y finalización: Natália Chagas
Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi
Editora jefa: Talita Bedinelli
Directora editorial: Eliane Brum
