Advertencia: este reportaje contiene relatos de violencia sexual
Entre sollozos y lágrimas, al otro lado de la pantalla, una Indígena del pueblo Kokama, de 29 años, a la que nos referiremos aquí como K. para preservar su identidad, está sentada en una silla en el locutorio virtual del Centro de Detención de Mujeres de Manaos, Amazonas. Describe a SUMAÚMA la espeluznante historia de una mujer indígena condenada por asesinato, arrojada a una celda con reclusos hombres y sometida, al lado de su hijo recién nacido, a violencia sexual durante nueve meses por parte de los agentes del Estado que se suponía debían mantenerla a salvo.
K. mide aproximadamente 1 metro y 55 centímetros, y tiene el pelo largo y oscuro. Cursó solo la primaria. SUMAÚMA se encuentra en una sala del Juzgado de Santo Antônio do Içá, un municipio del estado brasileño de Amazonas fronterizo con Colombia, junto al abogado de K., Dacimar de Souza Carneiro, que hizo la videoconferencia con su teléfono celular con autorización de la prisión.
«Lo que pasé… Yo cometí un delito, pero estaba bajo su custodia… Lo que me hicieron nunca lo olvidaré. Sé que está lo de la curación, pero mi integridad humana… Creo que acabaron conmigo, ¿sabes? Hoy sé que no se me curará nada, nada me devolverá mi autoestima como mujer. Me sentí humillada con todo aquello y tuve que callarme… Cuando llegué a la ciudad de Manaos, no pude soportarlo más y conté todo lo que había pasado», dijo K. a SUMAÚMA a finales de junio de 2025.
El abogado habla con K.: la demanda busca una indemnización del Estado. Foto: Rubens Valente/SUMAÚMA
La historia de la Indígena en los calabozos del sistema policial y judicial comienza el 11 de noviembre de 2022. K. vivía con sus dos hijos pequeños y su madre en las afueras de Santo Antônio do Içá, una ciudad de unos 28.000 habitantes a orillas del Río Solimões, a unos 880 kilómetros en línea recta de Manaos, la capital de Amazonas. Según la Defensoría Pública del estado, K. estaba bajo arresto domiciliario mientras se la procesaba por su presunta participación en un homicidio que tuvo lugar la mañana del 31 de diciembre de 2018 en una casa del barrio Japiim I, en Manaos. En un crimen que entonces causó conmoción en la capital, dos mujeres asfixiaron hasta la muerte a una adolescente de 16 años. K. y una amiga fueron condenadas a 16 años y siete meses de prisión por un jurado de Manaos.
Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, hubo «una discusión entre las implicadas», momento en que la adolescente fue agredida con puñetazos, patadas y, finalmente, estrangulada. En la versión que presentó K. al Ministerio Público en su momento, las agresiones se produjeron porque la víctima consumía drogas cerca de su casa, lo que atraería la atención de la policía al domicilio.
El pasado mes de junio, K. declaró a SUMAÚMA que reconocía haber cometido un delito, pero también dijo que había sido coaccionada por el crimen organizado para que asumiera la autoría. Su amiga, que también fue condenada posteriormente, estaba, según contó K. al Ministerio Público, vinculada a la facción criminal Familia del Norte, que, conforme a la denuncia, «dirige el tráfico de drogas en esa zona».
En mayo de 2020, tras una petición de la Defensoría Pública, la jueza del 2.º Juzgado del Tribunal del Jurado de Manaos, Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo, sustituyó la prisión preventiva de K. por arresto domiciliario con ciertas condiciones: comparecencias mensuales en el juzgado, prohibición de salir de la ciudad y vigilancia electrónica. En agosto de 2022, se emitió una orden de detención contra la Indígena por una sentencia condenatoria que quedaría firme en febrero de 2023.
La Kokama estuvo en arresto domiciliario hasta que, en noviembre o diciembre de 2022 —la documentación que ha analizado SUMAÚMA contiene fechas contradictorias—, una vecina llamó a la Policía Militar, según la Defensoría del Pueblo, «para intervenir ante una posible violencia doméstica perpetrada por la entonces pareja» de K. Pero cuando la Indígena llegó a la comisaría para hacer la denuncia, los agentes «identificaron la existencia de una orden de detención» emitida por el 2.º Juzgado. Su abogado declaró a SUMAÚMA que, hasta ese momento, K. ignoraba que la Justicia la buscaba, hasta el punto de que vivía normalmente en el domicilio de su madre, de 50 años, que sufre secuelas de un derrame cerebral.
En un oficio, la Defensoría relató la «falta de documentación relativa al acto de encarcelamiento», como la ausencia de una audiencia de custodia, lo que «dificulta sustancialmente la comprensión y el seguimiento detallado de la situación carcelaria» de la Indígena. El Juzgado Único de la comarca de Santo Antônio do Içá, por ejemplo, según la Defensoría, solo notificó la detención de K. al juez de Ejecución Penal de Manaos el 17 de mayo de 2023, pero la Indígena estaba bajo su custodia desde el 13 de diciembre de 2022 (aunque en otras partes del proceso se informa que K. fue detenida el 11 de noviembre del mismo año).
En Santo Antônio do Içá no hay cárcel, y mucho menos cárcel de mujeres. Todos los detenidos del municipio, hombres y mujeres, se ponían en el mismo espacio: los calabozos de la 53.ª Comisaría Interactiva de la Policía Civil. Según su abogado, la Indígena Kokama se pasaba casi todo el día en una celda con otros tres presos hombres y, algunas noches, los agentes le permitían dormir en otras partes de la comisaría, como los pasillos o la cocina.
Una fotografía tomada por el abogado Carneiro muestra a K. tendida en el suelo de la celda muy cerca de dos presos hombres. En la pared, alguien había pintado una versión del salmo bíblico 91, versículos 10-11, que habla de la protección divina contra las dificultades del mundo: «No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.»
en la comisaría: K. en la misma celda que los hombres. Imagen cedida por el abogado Dacimar Carneiro
Sin embargo, el estado de la Indígena en la comisaría era aún más grave: su segundo hijo había nacido el 19 de octubre de 2022. Por tanto, tenía que amamantar a un bebé de apenas uno o dos meses. Según K. y sus defensores, el niño permaneció al lado de su madre en la celda durante varios meses. Un oficio que la comisaría envió en diciembre de 2022 al juez de la comarca confirma que la «detenida […] se encuentra con su hijo de 1 mes». Además, el otro hijo de K. solo tenía diez años en el momento de su arresto.
La detención de K. en Santo Antônio do Içá se produjo en el último trimestre de 2022. Pocos meses después, en marzo de 2023, los primeros indicios de que algo muy grave le ocurría a la reclusa los dio el propio gestor interino de la comisaría, el investigador de la Policía Civil Valtemir Freire Rodrigues. En un oficio dirigido al Centro de Referencia de Asistencia Social del gobierno del estado de Amazonas en el municipio, Freire escribió con mayúscula en el asunto: «¡¡¡URGENTE!!!».
«Informo que la detenida [K.] se encuentra en la 53.ª DIP/SAI y necesita atención psicológica URGENTE. [Solicito] Que se envíe a un psicólogo, así como el informe en el que conste la atención dada anteriormente […], con urgencia.»
Un mes después, el 24 de abril de 2023, un informe médico emitido por la Unidad Básica de Salud Raimundo Tangoa, de Santo Antônio do Içá, afirmaba que K. padecía «ansiedad, depresión, acompañada de ataques de pánico». El 20 de julio, un examen médico determinó que K. tenía «dolor y aumento de volumen en la zona rectal desde hacía aproximadamente una semana, con dificultad para hacer las necesidades fisiológicas y sentarse», además de una «hemorroide/fisura». El examen indicó la necesidad de que «un cirujano realice una evaluación». Un día antes, cuando K. ya llevaba más de siete meses compartiendo celda con hombres, el juez de la comarca, Felipe Nogueira Cadengue de Lucena, había enviado un oficio al secretario ejecutivo adjunto de la Secretaría de Administración Penitenciaria, el mayor Wallasson de Almeida Lira de la Policía Militar, para solicitar el traslado inmediato de la Indígena a una penitenciaría en Manaos.
«La Comisaría Interactiva de Policía de esta comarca no dispone de instalaciones para alojar a mujeres y la interna lleva retenida de forma inapropiada desde diciembre de 2022. Hasta la fecha, no ha sido posible sacar a la interna y, en vista de la grave situación, pedimos a la Secretaría que adopte las medidas necesarias.»
La solicitud del juez llevó finalmente al gobierno del estado a trasladar a K. al Centro de Detención de Mujeres, situado en la carretera BR-174, cerca de la ciudad de Manaos. Al llegar, el 28 de agosto, K. denunció inmediatamente haber sido víctima de una serie de delitos sexuales en la comisaría de Içá. La última violación había tenido lugar solo siete días antes, el 21 de agosto de 2023. La dirección de la prisión ordenó que fuera trasladada a la Comisaría Especializada en Delitos contra la Mujer para registrar la denuncia. K. nombró como presuntos autores a cinco policías militares y a un agente de la Guardia Municipal de Içá. La denuncia se registró para investigar los delitos de violación de una persona vulnerable «o que, por cualquier otro motivo, no puede ofrecer resistencia», injurias y amenazas.
«[K.] Informa de que durante su detención fue obligada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad con los autores antes mencionados. Informa que fue violada repetidamente por los autores, que son policías y tenían su custodia. También recibía amenazas, para que no los denunciara, e insultos verbales como ‘puta’, etc.», dice la denuncia.
La ciudad de Santo Antônio do Içá engalanada para la fiesta patronal, el 13 de junio: K vivía en la periferia cuando fue detenida. Foto: Rubens Valente/SUMAÚMA
La comisaria Deborah Souza Ponce de Leão solicitó que la Indígena se sometiera a un examen pericial de conjunción carnal en el Instituto de Medicina Legal, que se llevó a cabo el 28 de agosto. El médico forense identificó una fisura en el ano y «equimosis violáceas en el tórax (mama derecha), abdomen y región cervical». La conclusión del examen fue inequívoca:
«Presencia de vestigios de conjunción carnal y de actos libidinosos diversos de conjunción carnal en el presente examen. […] En el momento de la evaluación pericial, el (la) examinado(a) presentaba lesión(es) compatible(s) con las producidas por instrumento o medio contundente y de cronología compatible con la relatada en el historial.»
A las preguntas de si «hubo conjunción carnal que pudiera estar relacionada con el delito en cuestión», si «hubo violencia en esa práctica» y si la examinada «por cualquier otro motivo, no pudo ofrecer resistencia», el perito médico respondió afirmativamente en las tres ocasiones.
Al día siguiente del examen, K. contó al personal de la enfermería de la prisión que los abusos sexuales le habían dejado intensas secuelas en el cuerpo. «La policía abusó de ella tanto por delante como por detrás. […] Dice que nunca antes había tenido estas cosas [dolores]. Informa que esto ocurrió de forma recurrente desde el 11/11/2022 hasta el 21/08/2023».
El 31 de agosto, K. describió a las enfermeras de la prisión momentos de «astenia [debilidad], mareos, falta de apetito, llanto, pérdida parcial de memoria», además de otros problemas. «Hoy refiere debilidad, astenia, estreñimiento, dificultad para comer, ducharse, sensación de miedo, miedo a no vivir, odontalgia [dolor de muelas], labilidad [inestabilidad] emocional».
‘Entré en choque, en pánico’
Poco después de hacer la denuncia policial, el 1 de septiembre de 2023, K. fue llevada ante la presencia del defensor público Roger Moreira de Queiroz, de la Defensoría Pública Especializada en Derechos Humanos, Personas con Discapacidad y Grupos Socialmente Vulnerables del Estado. Le acompañaban dos asesores jurídicos y la psicóloga de la prisión de Manaos. K. se abrió y, por primera vez, habló de forma extensa y detallada sobre sus nueve meses y 17 días en la comisaría de Içá.
K. comenzó explicando que, en noviembre de 2022, desconocía que hubiera una orden de detención contra ella. Explicó que solo la detuvieron después de pedir ayuda a una vecina para defenderse de su entonces pareja, «que la estaba agrediendo». Decidió ir a comisaría para pedir «una medida cautelar» contra ese hombre. Pero cuando el comisario comprobó sus documentos personales, le informó de que «la Justicia la estaba buscando». Y la arrestaron.
La Indígena explicó que compartía celda con presos hombres y que su bebé recién nacido «dormía en la celda». Y que en el transcurso de más de nueve meses no recibió ninguna «asistencia médica, psicológica, social o jurídica» y que la única ayuda vino de su madre, que la visitaba una vez a la semana, los viernes. K. afirmó que los policías le dijeron que ella no era responsabilidad suya y que «solo la sacarían de la celda cuando estuviera muerta». En una ocasión, relató la Indígena, el juez local visitó el calabozo y comentó que «ella no era su detenida y [que] tenían que sacarla de ahí». K. realizaba algunas tareas en la comisaría, como limpiar los aseos, desherbar el terreno y fregar los platos.
Según K., los delitos sexuales comenzaron «en cuanto fue detenida». Un sargento de la Policía Militar entró en la celda «con un fuerte olor a bebida» y se tumbó a su lado. Ella le preguntó qué hacía allí: acababa de dar el pecho a su bebé y quería dormir. El policía le habría dicho «no vas a dormir» y le empezó a «tocar las partes íntimas».
«El policía le dijo: ‘Vas a coger conmigo, aquí las cosas funcionan así, tienes que cooperar’. Su hijo recién nacido estaba al lado de la declarante, en el colchón», aparece en la declaración de la detenida a la Defensoría.
En una conversación con SUMAÚMA el pasado mes de junio, K. explicó: «El sargento vino a la celda […] y me dijo que debía colaborar con ellos, que estaba bajo su custodia y que en ese momento tendría que ceder. Se tumbó a mi lado y empezó a realizar varios actos conmigo, con mi bebé al lado. En aquel momento, entré en choque, en pánico. Prácticamente me estaba recuperando del parto, estaba dando el pecho. No conseguí reaccionar en ese momento, no sabía qué hacer. Me amenazaron, estaban borrachos».
En su declaración ante la Defensoría, K. dijo que otros cinco policías militares y un guardia civil también participaron en las violaciones durante las semanas y meses siguientes.
«Durante el tiempo que estuvo en la comisaría sufrió abusos; [los policías y el guardia civil] mantuvieron relaciones sexuales con la declarante; los policías decían que la declarante tenía que colaborar con ellos, porque la declarante estaba ‘en sus manos’; era sexo vaginal, sexo anal, todo. […] Durante los abusos, los policías la obligaron a beber alcohol. […] Los abusos se producían por la noche, todas las noches».
K. contó que los crímenes se producían «en todas partes de la comisaría, en la celda, en la sala donde guardaban las armas». La Indígena contó a SUMAÚMA que también fue violada en la cocina: los policías tenían las llaves de las instalaciones y por eso «hacían lo que querían». Según K., los hombres presos sabían de los abusos contra las detenidas, pero no los denunciaban por miedo y «porque los torturaban»: «[La Indígena] quiere que los policías ‘paguen’ por lo que le hicieron a la declarante; los policías son unos monstruos; nunca olvidará lo que le hicieron a la declarante», destacó el documento. K. explicó a SUMAÚMA que los policías «hicieron todo tipo de barbaridades que puedas imaginarte».
«He tenido varios tipos de crisis. […] Son cinco policías, a todos los recuerdo todos los días en mi cabeza, todos los días, cuando me voy a dormir y cuando me despierto, nunca olvidaré lo que me hicieron», dijo la Indígena, rompiendo a llorar de nuevo.
Reproducción del informe del examen forense realizado por el Instituto de Medicina Legal de Amazonas: el documento atestigua violencia sexual contra K
‘Siento que ya no voy a ser normal’
En la conversación que mantuvo con SUMAÚMA por videoconferencia en junio, K. contó que no denunció el incidente a las autoridades mientras estaba en la cárcel de Içá porque temía represalias contra ella y su familia. «Me amenazaron con hacer algo contra mi familia, tengo una hermana, mi madre, mis hijos. Tuve que mudarme aquí, a Manaos. […] Mi familia…, tengo miedo […] He visto muchos casos de gente como yo que tiene el valor de denunciar, y algunos acaban muriendo. Nunca se hace justicia como es debido».
Solo cuando llegó a la prisión de mujeres de Manaos, en agosto de 2023, se sintió lo suficientemente segura como para pedir ayuda a la policía y a la Defensoría del Pueblo.
K. contó a SUMAÚMA que empezó a tener varios problemas de salud. «Lo que me pasó… Sé que cometí un delito, pero esto no podía haberme pasado, lo que me hicieron. Hoy en día soy una persona depresiva, vivo medicada, mis emociones, mi integridad femenina… No soy la misma […]. Lo que me hicieron se me quedará grabado para siempre en la cabeza, en mis emociones. Hoy no puedo dormir, a veces tengo crisis».
Una serie de exámenes y documentos, a los que SUMAÚMA ha tenido acceso, confirman las secuelas físicas y los problemas de salud de K. El 10 de septiembre, nueve días después de su declaración ante la Defensoría, la enfermería de la cárcel de mujeres informó que K. tenía «mareos, dolor pélvico desde hace cuatro días y fiebre». El 11 de septiembre, la Indígena acudió a la enfermería «llorando, con pensamientos suicidas», por lo que fue derivada a valoración psiquiátrica. Sintió más dolor pélvico. El 10 de octubre, entró en la enfermería en silla de ruedas, relatando «desmayos y vómitos». En el transcurso de dos meses, siguió refiriendo mareos, insomnio y dolor abdominal y anal. Durante los dos meses siguientes, tuvo episodios de sangrado.
El 17 de noviembre, tras atender a K., la psicóloga de la Maternidad Municipal Dr. Moura Tapajóz, donde la Indígena se había sometido a algunas pruebas, comunicó a la enfermera del Centro de Detención de Mujeres que K. «necesita un seguimiento semanal con la psicóloga de la unidad, ya que está teniendo alucinaciones y pensamientos suicidas».
La comisaría de policía civil de Santo Antônio do Içá, tras su renovación y pintura: «Era una mazmorra», afirma el comisario. Foto: Rubens Valente/SUMAÚMA
Nueve mil dólares tras meses de barbarie
Tras las revelaciones de K. en la cárcel de Manaos, su abogado desde noviembre de 2024, Dacimar Carneiro, decidió presentar una demanda por daños morales contra el gobierno del estado de Amazonas. También solicitó que el gobierno fuera obligado a proporcionar «atención psicológica y psiquiátrica especializada, a cargo de profesionales de su elección [de K.], en una institución pública o privada». Carneiro pidió una indemnización de 500.000 reales (unos 90.000 dólares). Escribió al juez del proceso:
«La demandante [K.] no solo sufrió violencia sexual, sino que fue reducida a la condición de esclava sexual durante un período prolongado. Las cicatrices físicas y psicológicas de ese período la acompañarán para siempre. Además, la violación de su dignidad como mujer y madre y la exposición de su hijo recién nacido a la violencia agravan aún más los hechos.»
Según el abogado, «la violencia de los agentes del Estado» empeora la situación. «El Estado tiene el deber de proteger, no de oprimir y violentar. La negligencia y la omisión de los agentes estatales en la protección de la demandante y de su hijo constituyen un fallo muy grave del sistema penitenciario».
En una decisión tomada el 20 de febrero, la jueza Etelvina Lobo Braga, del 3.º Juzgado de la Hacienda Pública de Manaos, ordenó al gobierno del estado que enviara a K. «al Centro de Salud Mental de Amazonas para que se le realicen las pruebas necesarias y se le prescriba la medicación, debiendo el estado garantizar su tratamiento». En principio, dictaminó que «no es razonable imponer» al gobierno la obligación de correr con los gastos de la atención psicológica y psiquiátrica con profesionales de la elección de K. La jueza también determinó que se citara al gobierno para que se pronunciara durante el proceso.
El pasado mes de abril, la Fiscalía General del Estado de Amazonas, representada por Thelcyanne de Carvalho Nunes Dias, presentó una contestación a la demanda en la que proponía una cifra para llegar a un acuerdo y poner fin a la querella por daños morales. El gobierno ofreció pagar 23 salarios mínimos, el equivalente a 35.000 reales (unos 6.200 dólares). La Fiscalía calificó los 500.000 reales (unos 90.000 dólares) solicitados por la defensa de K. como «una cantidad exorbitante», ya que no estaría «en armonía con los principios de proporcionalidad y razonabilidad». Citó cuatro casos de violación cometidos por agentes públicos en otras partes del país, en los que la indemnización concedida por los tribunales osciló entre 40.000 y 50.000 reales (entre 7.000 y 9.000 dólares, aproximadamente):
«Por todo lo expuesto hasta ahora, con apoyo doctrinal y jurisprudencial, no puede arbitrarse una indemnización por daños morales en una cuantía irreal y superior a la habitualmente estipulada por los tribunales para casos similares al presente.»
En cuanto a la solicitud de tratamiento médico específico, la Fiscalía argumentó que la petición de K. «no se sostiene» y que debe ser tratada en el sistema público de salud, ya que el estado de Amazonas «cuenta con unidades de referencia en salud mental, con estructuras de atención ambulatoria y hospitalaria, y la posibilidad de hacer derivaciones y seguimientos periódicos».
La contestación de la Fiscalía no aborda directamente las denuncias de K., no informa si el gobierno ha tomado alguna medida para investigar el asunto ni si se ha impuesto alguna sanción a los policías acusados, solo se limita a presentar una salida para cerrar el proceso de indemnización. Pero sugiere que, si se llegara a un acuerdo, se podría reconocer que ha habido un daño moral contra la Indígena e incluso sería ventajoso para ella, ya que todo se resolvería más rápido que si esperaran lo que suele durar un proceso de indemnización.
En respuesta a la contestación, la defensa de K. ofreció una contrapropuesta y aceptó reducir la cantidad de 500.000 reales (unos 90.000 dólares) a 350.000 reales (unos 63.000 dólares): «Aunque ninguna cantidad puede borrar lo ocurrido, la indemnización es una forma de ofrecer a la demandante y a su hijo acceso a un tratamiento médico adecuado, apoyo psicológico y una vida más digna, lo que les permitirá rehacer sus vidas y superar los traumas sufridos».
Según el abogado, la Fiscalía del estado de Amazonas ha vuelto a presentar una propuesta de acuerdo, esta vez de 50.000 reales (unos 9.000 dólares), que se también se rechazará:
«La cantidad roza el ridículo, por no decir otra cosa. Cincuenta mil reales ni siquiera cubren el tratamiento médico. La chica tiene problemas serios. Está tomando mucha medicación para mantener el control emocional. Sufre depresión en un grado alarmante. Los servicios sociales de la prisión nos han dicho que la situación es cada vez peor. La Fiscalía considera que debe ser atendida por el sistema público de salud. Pero ella necesita especialistas dedicados integralmente a su caso, tanto en lo que respecta a sus problemas físicos como a su estado mental. El Estado se ha equivocado en todo. Tiene atención médica, pero no es suficiente. Hay que hacerle un seguimiento más de cerca. Corre riesgo de muerte, tanto por la denuncia como por querer quitarse la vida.»
El caso está ahora a la espera de una sentencia definitiva de la Justicia, que no se había producido al cierre de este reportaje.
Vista aérea de Santo Antônio do Içá: en la confluencia de los ríos Içá y Amazonas, la ciudad forma parte de las rutas ilegales del tráfico de oro y drogas. Foto: Michael Dantas/SUMAÚMA
La antigua ‘mazmorra’
A finales de junio, SUMAÚMA visitó la comisaría de Santo Antônio do Içá donde K. estuvo recluida más de nueve meses. El actual comisario de la Policía Civil y también responsable de la gestión de las instalaciones, Ubiratan Farias, dijo que se había enterado extraoficialmente de la denuncia de la Indígena, pero no podía comentar el caso porque llegó a la unidad después de que la hubieran trasladado a Manaos. Según el comisario, la Policía Militar de Amazonas abrió una investigación oficial en octubre de 2023, que «hizo toda la parte de escuchar a la gente». Sin embargo, no supo decir si ya había un resultado, ya que no se lo habían comunicado.
De hecho, la ordenanza del nombramiento del comisario para el cargo en Içá data de diciembre de 2023 y este llegó al municipio en enero de 2024, cinco meses después de que K. hubiera sido trasladada a la capital de Amazonas, en agosto de 2023.
Farias explicó a SUMAÚMA que, desde entonces, la comisaría y los calabozos han experimentado importantes mejoras y reconoció que encontró el lugar en pésimas condiciones cuando asumió el cargo. Al mostrarle fotos de los calabozos antes de su llegada, el comisario admitió que «era una mazmorra»: el aspecto general del edificio era de abandono, había goteras y pintura desconchada en las paredes. Ese escenario ha cambiado, según Farias. Explicó que había recibido el apoyo de residentes y empresas de Içá y de organismos públicos para llevar a cabo amplias reformas y «reinagurar» la comisaría en septiembre de 2024. Ahora la unidad está pintada, tiene 14 cámaras de vigilancia y los reclusos han recibido un uniforme estándar. En el momento de la «reinaguración», el comisario grabó un vídeo que colgó en Instagram, en el que contaba:
«Cuando llegamos aquí, vimos que la unidad estaba en un estado deplorable. Estaba destartalada y tenía poco equipamiento. Pero con nosotros, con nuestro trabajo, con la gestión del comisario, los investigadores y los secretarios, iniciamos un proceso de reestructuración. Pedimos el apoyo de la población, que todos se unieran, y buscamos recursos del municipio y del estado para poder trabajar y mejorar esta unidad. Y esta unidad no solo funciona como unidad policial, es híbrida: también recoge presos como si fuera una penitenciaría».
El comisario también afirmó que se esfuerza por «tratar y combatir la delincuencia de la forma más adecuada y humana posible». Farias dijo a SUMAÚMA que no solo Içá, sino otros tres municipios de la región del Río Solimões históricamente no tienen una cárcel integrada en el sistema penitenciario, por lo que las comisarías acaban funcionando como prisiones improvisadas. Mencionó que las comisarías albergan una media de 20 presos en Içá, 20 en Tonantins, 40 en São Paulo de Olivença y 60 en Benjamin Constant. Para atender a toda esta región, solo hay una prisión, situada en Tabatinga. Juntos, los cuatro municipios tienen unos 118.000 habitantes.
La entrada a las celdas y a la cocina: la comisaría de Santo Antônio do Içá. Foto: Rubens Valente/SUMAÚMA
SUMAÚMA buscó fuentes para contrastar la información ofrecida por la policía sobre la situación actual en la comisaría de Içá. Claudineia de Oliveira Silva, funcionaria del Ministerio Público en la ciudad y miembro del Consejo Comunitario de Ejecución Penal, confirmó que ha habido mejoras en el edificio desde el año pasado, pero sigue existiendo el problema crónico del hacinamiento.
En marzo de 2025, un informe de inspección del Consejo Comunitario encontró a 20 reclusos metidos en dos celdas, cuando la capacidad máxima es de cuatro por celda. Los colchones estaban «en un terrible estado de deterioro» y las mantas las proporcionaban las familias. La alimentación se evaluó como «buena», con cinco comidas al día. Los reclusos no manifestaron ninguna queja. Los recreos al aire libre ocurrían de tres a cuatro veces por semana. El edificio de la comisaría, según el informe, se encontraba en un «excelente estado de conservación».
«La iluminación de la unidad es regular y hay luz natural y artificial dentro y fuera de las celdas. En las celdas hay ventanas de ventilación en la parte superior de la pared, que permiten la entrada de luz natural», dice el texto.
El informe no hace referencia a la presencia de mujeres en marzo, ni explica dónde se las coloca cuando ingresan en la unidad. Según Silva, a veces se les permite a las reclusas pasar la noche en otras partes de la comisaría fuera de las celdas, como la cocina. El Consejo no recibió oficialmente las denuncias de K., porque las presentó después de haber salido de la comisaría de Içá. Según el abogado Dacimar Carneiro, tras la denuncia de K., las reclusas han sido mantenidas en arresto domiciliario por orden judicial para evitar la mezcla de hombres y mujeres.
La Policía Militar no se manifiesta
El martes 8 de julio SUMAÚMA entró en contacto con la Policía Militar de Amazonas, que no respondió a una serie de preguntas, entre ellas si los policías implicados en el crimen contra K. habían sido despedidos y/o castigados. También contactó con la Secretaría de Seguridad Pública de Amazonas, que tampoco respondió.
El 11 de julio, SUMAÚMA se puso en contacto con el Ministerio Público de Amazonas, que no proporcionó ninguna aclaración. El día 15, sin embargo, el organismo alegó que aún estaba recabando información sobre el asunto, ya que se habían producido cambios en la fiscalía responsable, y que contestaría a las preguntas lo antes posible. SUMAÚMA averiguó que, en un dictamen firmado el 4 de octubre de 2023, el fiscal Marcelo Augusto Silva de Almeida solicitó al juez del Juzgado de Ejecuciones Penales de Manaos, entre otras medidas, «que las autoridades competentes investiguen los posibles crímenes cometidos contra la interna [K.] en la 53.ª Comisaría de Policía de la Comarca de Santo Antônio de Içá y envíe los resultados de la investigación a las autoridades competentes». El Ministerio Público no explicó qué se había hecho tras la petición del fiscal.
En una entrevista concedida a SUMAÚMA en junio, la Indígena K. afirmó que busca que los agentes del Estado que la violaron rindan cuentas: «Quiero justicia porque acabaron con mi integridad. Siento que ya no voy a ser normal. Eso me va a afectar siempre. Sé que estoy enferma tanto emocional como psicológicamente. No hay nada que pueda [hacerme] volver [a la normalidad], a no ser mis hijos».
El Río Amazonas visto desde el puerto de Santo Antônio do Içá: ruta del narcotráfico, la ciudad está cerca de la frontera de Brasil con Colombia y Perú. Foto: Michael Dantas/SUMAÚMA
Edición: Fernanda da Escóssia
Edición de arte: Cacao Sousa
Edición de fotografía: : Lela Beltrão
Chequeo de informaciones: Plínio Lopes
Revisión jurídica: Eloísa Machado de Almeida
Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza
Traducción al castellano: Meritxell Almarza
Traducción al inglés: Diane Whitty y Maria Jacqueline Evans
Montaje de página y finalización: Natália Chagas
Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi
Editora jefa: Talita Bedinelli
Directora editorial: Eliane Brum
