Hubo un tiempo en que lo más peligroso del trabajo de Hugo Loss eran las agotadoras extensiones de selva y los hombres armados que hacían estallar los cauces de los ríos y derribaban árboles para obtener beneficios. Pero este analista de la más importante agencia brasileña para la protección del medio ambiente – el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, el IBAMA – recién se ha dado cuenta de que ser eficaz en su trabajo lo ha convertido en un objetivo, tanto si se desplaza en helicóptero por la Selva Amazónica como si lo hace por las calles de São Paulo.

Según un informe de la Policía Federal brasileña, Loss y más de una docena de funcionarios, periodistas, jueces y políticos fueron objeto de una extensa campaña de espionaje que llevó a cabo el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. La lista incluye a diputados, al exgobernador de São Paulo y a cuatro miembros de la Corte Suprema brasileña.

Según un documento que hizo público en julio, la Policía Federal está investigando a una «organización criminal» que habría vigilado ilegalmente las computadoras y los celulares de Loss y de los otros nombres mencionados con recursos de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).

El documento no contiene acusaciones directas contra Bolsonaro, pero afirma que la «estructura paralela de la ABIN» monitoreó a personas involucradas en la investigación de los miembros de la familia de Bolsonaro y que «causaban problemas» a su gobierno.

Bolsonaro, al que se le compara con el expresidente estadounidense Donald Trump por su personalidad populista de extrema derecha, ganó las elecciones presidenciales de Brasil en 2019 con la promesa de «desarrollar» la Selva Amazónica y la bancada conocida como BBB: biblia, bala y bife, el principal impulsor de la deforestación en Brasil. Esas políticas pusieron a Bolsonaro en desacuerdo con algunos de sus propios organismos gubernamentales, como el IBAMA, donde Loss trabaja desde 2013.

En el IBAMA, Loss ayudó a planificar y ejecutar operaciones de tipo militar destinadas a vigilar y desmantelar las vastas redes de madereros y mineros ilegales, cazadores furtivos, ladrones de tierras públicas —y, cada vez, más narcotraficantes— que impulsan la deforestación y los ataques y otros delitos contra Indígenas.

Al inicio del segundo año del mandato del ultraderechista, funcionarios clave del IBAMA fueron despedidos sumariamente o trasladados del campo a las oficinas. Loss fue transferido al estado de Minas Gerais y se le prohibió adentrarse en la selva.

Los cambios de personal y los despidos se consideraron en gran medida represalias. Loss había dirigido investigaciones que implicaban a altos funcionarios del gobierno de Bolsonaro, como su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, vinculado a una red de tráfico de madera amazónica que exportaba a Estados Unidos y Europa. Salles dimitió en 2021 y negó haber cometido irregularidades. Aún está siendo investigado.

Desde entonces, Loss ha vuelto a desempeñar una función operativa en el IBAMA. Su trabajo se ha intensificado con el sucesor de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo en 2023.

Sin embargo, aunque Lula prometió proteger los territorios Indígenas y reducir las tasas de deforestación, Loss afirma que el IBAMA y otros organismos no dan abasto para alcanzar esos objetivos, porque fueron desmantelados durante el gobierno de Bolsonaro y, más de un año y medio después del inicio del mandato de Lula, siguen sin haberse reconstruido.

A la vez, las redes criminales que florecieron cuando Bolsonaro estaba en el poder se han organizado y sofisticado: el año pasado, Brasil declaró una crisis humanitaria en el territorio Yanomami debido a una grave hambruna y a las enfermedades que sufrían los Indígenas (malaria, helmintiasis, de transmisión sexual) por falta de atención médica, todo agravado por las actividades ilegales de extracción de oro.

Loss conversó con Amazônia Latitude y Inside Climate News sobre la montaña rusa que han sido los últimos años y ofreció inestimables lecciones para los defensores de las instituciones democráticas en todo el mundo. La conversación, en portugués, ha sido ligeramente editada por su extensión y para ofrecer más claridad.

AMAZÔNIA LATITUDE Y INSIDE CLIMATE NEWS — Usted ha trabajado en el IBAMA tanto en el gobierno de Bolsonaro como en el de Lula. ¿Qué diferencias notó entre las dos administraciones?

HUGO LOSS — Durante el gobierno de Bolsonaro, tuvimos grandes dificultades para trabajar, porque padecimos persecuciones. No teníamos libertad para llevar a cabo las operaciones que había que hacer. Ahora, con Lula, es totalmente diferente. Ya no se persigue a los funcionarios. No se restringen abiertamente las operaciones de vigilancia y podemos trabajar sin trabas en ese sentido.

Sin embargo, existen otros problemas. El gobierno de Bolsonaro desmanteló y remodeló la estructura del IBAMA, reduciendo el número de funcionarios y la financiación, y esos cambios no se han revertido totalmente con Lula. Seguimos careciendo de recursos para aumentar o intensificar las operaciones de vigilancia. En la actualidad, un inspector del IBAMA cobra unos 885 dólares al mes. Estos agentes se ponen en situaciones peligrosas, pero no tienen un salario justo en comparación con el de la Policía Federal. Y desde antes de la llegada de Bolsonaro al poder no se ha convocado ninguna selección pública para ampliar la plantilla.

El gobierno de Lula nos exige grandes operaciones, especialmente para proteger territorios Indígenas como los de los Yanomami, los Kayapó, los Mundurukú y los Apyterewa, y para reducir la tasa de deforestación. Esas exigencias no existían con Bolsonaro. Pero ahora sí, y la estructura de IBAMA no ha cambiado y no podemos satisfacer estas demandas crecientes.

No tenemos personal ni recursos suficientes para mantener simultáneamente dos operaciones a gran escala para expulsar a intrusos de Tierras Indígenas. Si un equipo se retira, los delincuentes vuelven. Así que, en cada territorio Indígena donde se realiza una operación, hay que mantener equipos que contengan cualquier nuevo intento de invasión.

¿Cómo han cambiado en la última década las actividades de los madereros, mineros, narcotraficantes y otros grupos criminales en la Amazonia? 

La Amazonia cambió mucho tras la llegada de Bolsonaro al poder. Los grupos delictivos se fortalecieron y se organizaron, y ese legado todavía perdura. Tenemos una mayor presencia de armas.

Durante el gobierno de Bolsonaro, los madereros y los mineros ilegales se organizaron en cooperativas, en asociaciones, y lograron elegir concejales y alcaldes en pequeñas ciudades. Incluso consiguieron elegir senadores y diputados, personas que defienden sus intereses en las esferas centrales del poder.

Incluso sin Bolsonaro en la presidencia, hay un poderoso grupo de políticos que defienden la lógica de que no hay necesidad de que exista el IBAMA ni la agencia indigenista de Brasil. El mayor reto que tenemos es superar esta lógica. Hoy no estamos siendo perseguidos directamente ni enfrentamos represalias como con Bolsonaro. Pero dista mucho de ser una situación ideal. Y no sé cómo se va a resolver.

La criminalidad en la Amazonia se está volviendo cada vez más sofisticada, se está ramificando, está creciendo en estructura. Nuestros organismos gubernamentales no están a la altura de ese crecimiento porque no se han reconstruido desde que Bolsonaro los desmanteló.

En julio de 2024, la Policía Federal de Brasil publicó un informe en el que denunciaba que, durante el mandato de Bolsonaro, los servicios de inteligencia llevaron a cabo operaciones para espiar y acosar a periodistas, jueces y otros funcionarios, incluido a usted. ¿Ha leído el informe?  

Solo he tenido acceso a las partes que se han hecho públicas. No he tenido acceso al informe completo. Forma parte de una investigación policial y es confidencial.

Su nombre se menciona varias veces en la versión pública del informe como una persona a la que el gobierno de Bolsonaro vigiló en 2020 y 2021. ¿Cómo reaccionó usted cuando lo vio?

Ya sospechaba que me estaban vigilando. Mi celular, por ejemplo, se estropeó porque se sobrecalentó. Vi movimientos extraños delante de mi casa, con personas y vehículos sospechosos. Nunca imaginé que formara parte de una operación tan grande.

Estoy muy preocupado por lo que sucederá si Bolsonaro o sus aliados ganan las próximas elecciones. No sé qué haré. Debería planear algún tipo de protección, porque estoy seguro de que volveré a estar en la mira. Pienso constantemente en ello, en mi familia, en lo que haré.

El informe de la Policía Federal da a entender que usted estaba siendo vigilado por su trabajo en el IBAMA, de protección del medio ambiente y de los Indígenas. Otras personas mencionadas en el informe son jueces, políticos y periodistas. ¿Por qué cree que se eligió a estos grupos de personas? 

Creo que existe una conexión entre estas personas. Todos desempeñamos un papel en la defensa de la democracia. Los periodistas tienen la misión de proporcionar a la sociedad información real y neutral, que le aporta más autonomía a la hora de tomar decisiones, pensar y formar opiniones.

En el caso de los funcionarios de carrera del IBAMA, como combatimos los delitos contra el medio ambiente, impedimos que entidades privadas roben recursos naturales que deberían pertenecer a la colectividad. Esta apropiación privada de un recurso colectivo es antidemocrática.

El medio ambiente y sus recursos naturales están en el centro del debate sobre la preservación de la democracia, porque los gobiernos antidemocráticos utilizan el oro y la madera extraídos ilegalmente de la Amazonia para perpetuar su poder.

Cuando fue destituido de su cargo en el IBAMA, en 2020, se divulgó que había sido despedido como represalia por desmantelar operaciones extractivas ilegales en las que estaban implicados funcionarios del gobierno. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? 

En 2020, formé parte de una operación en el territorio Indígena Apyterewa para destruir toda la actividad minera que había allí. Y después estuve en territorio Indígena Yanomami, donde incautamos varios aviones y helicópteros que pertenecían a los dueños de minas ilegales.

La Operación Akuanduba, que implicó a [el exministro de Medio Ambiente] Ricardo Salles, consiguió detener la exportación de cientos de cargas de madera a varios países sin la autorización del IBAMA. Mi equipo en el IBAMA estaba planeando una operación para investigarlo, y entonces me despidieron. Nuestra operación nunca se llevó a cabo. Pero la Policía Federal encontró pruebas de conversaciones entre Salles y madereros ilegales.

Tras mi despido, el 30 de abril de 2020, estuve 414 días «en la nevera». Me prohibieron ir a la Amazonia. También me destituyeron de otros cargos que ocupaba en la Dirección de Políticas de Protección y Reparación de los Derechos Humanos y la Junta de Licencias Ambientales de Brasil. Pedí que, en lugar de despedirme, me trasladaran a Mato Grosso; mi petición fue denegada. Pedí que me trasladaran a Pará; mi petición fue denegada. Lo intenté con otras partes de la Amazonia y no funcionó.

Solo conseguí que me trasladaran a Minas Gerais. Cuando llegué, el superintendente me ayudó a salir de esa nevera. Me dijo: «Lo que sabemos es que no puedes ir a la Amazonia. Puedes llevar a cabo operaciones aquí, pero no puedes ir a la Amazonia».

Volví a la Amazonia cuando la Corte Suprema de Brasil destituyó al entonces presidente del IBAMA, Eduardo Bim; al director de protección medioambiental, Olímpio Magalhães; y al coordinador de las operaciones de vigilancia, Leslie Tavares. Eso fue en mayo de 2021. Y fue entonces cuando me empezaron a monitorear de nuevo.

¿Ha pensado en dejar su trabajo en el IBAMA por miedo a sufrir más represalias?

No, no por miedo. Dejar este trabajo sería como si un alpinista dejara de escalar montañas.

Mi trabajo consiste en crear y ejecutar operaciones de vigilancia en la Amazonia. Así que pongo todo de mi parte: estudio el terreno, el territorio, hablo con la gente. Para trabajar en la Amazonia, no sirve de nada leer libros sobre la Amazonia. Hay que conocer el terreno.

Y debes tener contacto con la gente. Debes ser consciente de la situación en la que te encuentras. Estos conocimientos solo se adquieren tras años de trabajo en el IBAMA. Así que no me imagino haciendo otra cosa.

Me gustaría, en el futuro, formar a los pueblos Indígenas, intentar transferirles estos conocimientos para que ellos mismos puedan proteger sus territorios.

¿Cuál es la situación actual de las actividades ilegales en la Amazonia?

Creo que los delincuentes están mucho más organizados e interconectados con los canales oficiales del poder, incluidos los gobiernos federal, estatal y municipal. Para combatirlos, Brasil necesita reforzar sus instituciones públicas y su independencia. Es necesario reforzar la democracia en general.

Esto implica no solo más recursos, como comprar más helicópteros, sino ampliar la plantilla y desarrollar medidas defensivas contra los grupos criminales que intentan penetrar en el gobierno. Las instituciones públicas deben poder realizar un trabajo estrictamente técnico y centrado en hacer cumplir la ley.

Dadas las revelaciones del informe de julio de la Policía Federal, ¿está tomando alguna medida para protegerse de la vigilancia?

Siempre estamos alerta. Antes de saber que me vigilaban, siempre me fijaba en la gente sospechosa. Mantengo mis redes sociales en privado y no publico nada para protegerme.

¿Cómo ve actualmente la minería ilegal y la deforestación en la Amazonia?  

Las organizaciones criminales se han asociado con la actividad minera en Brasil. Esto es relativamente nuevo. Actualizar la normativa a esa realidad puede ayudar a combatirla. En el caso de la extracción ilegal de oro, urge controlar la venta y el comercio de la maquinaria pesada y los equipos que utilizan.

Otra cosa importante es que solo los funcionarios de carrera puedan dirigir organismos como el IBAMA. Eso protege la institución. Pero tal como está ahora, cualquiera puede llegar a ser presidente del IBAMA. Si es un funcionario de carrera, habrá pasado por una formación, por un proceso de selección y se habrá adaptado a la cultura institucional. Si cualquier brasileño puede ser presidente de un órgano técnico como el IBAMA, entonces solo se pondrá en ese puesto a individuos que sirvan a intereses políticos.

¿Qué espera del gobierno de Lula en los próximos dos años? 

Así como el gobierno de Bolsonaro dejó un legado, Lula también dejará un legado y éste debe ser bueno: uno que proteja el medio ambiente por mucho tiempo.

Hoy en día, tenemos la capacidad de llevar a cabo operaciones de vigilancia en algunos territorios Indígenas, pero no de estar en todos los sitios donde necesitamos estar. Y no veo nada en marcha dentro del IBAMA para asegurar que estas operaciones continúen aunque Bolsonaro o un aliado suyo vuelva al poder. Por lo tanto, hay que crear formas de control y de supervisión que perduren, independientemente de quién esté en el poder.

La protección de la Amazonia no se sostendrá solo con operaciones de vigilancia como las que hacemos hoy. Se necesita un aparato jurídico más sólido, con instituciones más sólidas.

Debemos tener la capacidad de llevar a cabo operaciones a largo plazo que no se desechen al cabo de dos años por un cambio político.