Con suelos y paredes de mármol, sofás de cuero y una galería con los retratos de sus presidentes desde la época del Imperio, el Salón Blanco de la Corte Suprema es un lugar reservado a las solemnidades, pero los magistrados también lo utilizan para reunirse con los abogados de las partes interesadas de los casos que juzga como la más alta corte de Brasil. Hasta hace poco, la presencia de líderes indígenas en encuentros institucionales —y no en actos de protesta— en estos pomposos palacios creados en Brasilia para quienes ejercen el poder era improbable.

El juicio sobre el marco temporal (hito temporal en castellano) en la Corte Suprema, que terminó el 21 de septiembre con los últimos votos de los magistrados, ha demostrado que el movimiento indígena está organizado para participar en los ritos y liturgias que rodean a los tres poderes de la República y hoy ejerce una fuerte presión política. La presencia de indígenas en los despachos de la Corte —espacios que hace solo unos años frecuentaban, casi exclusivamente, abogados de empresas y grupos de presión poderosos— ha dejado de ser rara para convertirse en algo común.

El pasado 13 de septiembre, durante un receso, la presidenta del tribunal, Rosa Weber, recibió a una comitiva de 30 mujeres indígenas de Brasil y del extranjero que participaban en la tercera edición de la Marcha de Mujeres Indígenas en Brasilia, organizada por la Articulación Nacional de Mujeres Indígenas Guerreras de la Ancestralidad (ANMIGA). Al día siguiente, 14 de septiembre, otro grupo de líderes indígenas —Angela Kaingang, Isabel Tukano y Antonia Xokleng— aprovechó su estancia en Brasilia para hablar con dos juezas que trabajan en el gabinete del magistrado Dias Toffoli. El 29 de agosto, la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, estuvo en el gabinete del magistrado Cristiano Zanin junto con el secretario ejecutivo del ministerio. El 5 de septiembre, ambos visitaron al magistrado Dias Toffoli.

La gira de los líderes indígenas por el Poder Judicial brasileño está dando buenos resultados. Van siempre acompañados de abogados —muchos de los cuales también son indígenas— y presentan argumentos técnicos y fundamentados contra el marco temporal. Los pasados 20 y 21 de septiembre, el Supremo reanudó la fase final del «juicio del siglo», en opinión de los indígenas. Lo llamaban así porque su resultado sería fundamental para que los pueblos originarios tuvieran pleno acceso a la tierra, como determina la Constitución, y, por lo tanto, definía su futuro.

La tesis jurídica del marco temporal, que fue finalmente derrotada en el Supremo por 9 votos a 2, determinaba que solo tenían derecho a sus tierras los pueblos indígenas que las ocupaban en la fecha en que se promulgó la Constitución de 1988. Desconsideraba la persecución histórica a los pueblos originarios, los exterminios y el violento proceso de expulsión que sufrieron muchos, que comenzó con la llegada de los invasores europeos y se intensificó durante la dictadura empresarial y militar (1964-1985).

«Hoy existe una red de abogados indígenas que piensa y coordina estrategias de acción, y que ganó mucha fuerza durante el último gobierno [de Jair Bolsonaro], cuando los indígenas tuvieron que acudir a los tribunales porque había un Poder Ejecutivo devastador», observa la abogada Carolina Santana, que trabaja para el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Aislados y es autora de una tesis doctoral sobre el marco temporal. El trabajo de los abogados indígenas ha sido notable y decisivo desde el inicio del gobierno de Bolsonaro. En agosto de 2020, el movimiento presentó ante el Supremo el Argumento de Incumplimiento de Precepto Fundamental 709, exigiendo que el Estado brasileño cumpliera la Constitución y protegiera a las comunidades indígenas para contener el avance de la pandemia en sus territorios. En la acción, el movimiento también pidió la expulsión de los no indígenas de las Tierras Indígenas Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapo, Arariboia, Mundurucu y Trincheira Bacaja.

Acompañada por sus colegas Edson Fachin y Luís Roberto Barroso, la presidenta del Supremo escuchó durante 15 minutos qué esperan las mujeres indígenas de la corte brasileña. En la marcha, cuyo lema era «Mujeres biomas en defensa de la biodiversidad a través de las raíces ancestrales», las indígenas protestaron sobre todo contra la tesis del marco temporal. Cristina Coc, indígena Maya que trabaja por la conservación del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en el sur de Belice, en Centroamérica, explicó a los magistrados las decisiones del Tribunal de Justicia del Caribe. En 2015, ese tribunal refrendó una serie de sentencias de tribunales inferiores que garantizaban la autodeterminación de los indígenas caribeños. Cristina elogió la Constitución brasileña por prohibir la minería en tierras indígenas.

A continuación, la indonesia Meiliana Yumi hizo un breve comentario —en su lengua materna, traducido al inglés por un intérprete y al portugués por miembros de la comitiva— sobre el impacto de la minería en los pueblos originarios de la isla de Sumatra. El gobierno de Indonesia permite la explotación en tierras indígenas, con resultados devastadores, según Meiliana, especialmente para las mujeres, que son víctimas de infecciones de transmisión sexual, tráfico y prostitución.

Fachin, que es el ponente del caso del marco temporal en el Supremo, recibió de Lucimara Patté un collar que hizo su padre en la Tierra Indígena Morro dos Cavalos. Lucimara explicó que era un gesto de agradecimiento por el voto del magistrado, que descartó la posibilidad de fijar un hito temporal para la demarcación de las tierras indígenas. El collar que obsequió a Fachin es un amuleto de protección. Los magistrados también recibieron de la antropóloga y activista Braulina Baniwa un relato de las violaciones que se cometen contra las mujeres indígenas.

El «juicio del siglo» tiene origen en una disputa entre el pueblo Xokleng, de Santa Catarina, y el gobierno de ese estado. La Reserva Biológica Estatal de Sasafrás se solapa con la Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ, ocupada por los Xokleng y una minoría de Kaingang y Guaraní. El gobierno de Santa Catarina emprendió acciones legales contra la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) para expulsar a los indígenas del área de conservación, y el caso llegó al Supremo. Rafael Modesto, abogado de los Xokleng y del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), afirma que, desde entonces, intenta concertar audiencias con todos los magistrados de la corte. De hecho, fue él quien acompañó a Angela Kaingang, Isabel Tukano y Antonia Xokleng al gabinete de Toffoli.

La idea, cuenta Modesto, era traer a los propios líderes indígenas para que explicaran a los magistrados su realidad y las implicaciones del juicio. «Fue muy importante que los magistrados escucharan a los indígenas. Nosotros [los abogados] estábamos allí más para discutir cuestiones técnicas», dice.

Según Modesto, representantes del Cimi, de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y del movimiento indígena han mantenido audiencias con todos los actuales magistrados del tribunal, a excepción de Alexandre de Moraes, conocido en Brasilia por ser más reservado. En todas las ocasiones, dice Modesto, la acogida de las autoridades fue «muy positiva», incluso en el caso de magistrados contrarios a sus tesis, como André Mendonça y Kassio Nunes Marques. Ambos, nombrados por Bolsonaro, votaron a favor del marco temporal.

En la conversación de una hora que mantuvieron con juezas del gabinete del magistrado Toffoli —que aún tiene que votar— Angela Kaingang, Isabel Tukano y Antonia Xokleng expusieron una lista de razones por las que el marco temporal es inconstitucional. También dejaron clara su preocupación por la indemnización previa como condición para las nuevas demarcaciones, una novedad planteada en el voto del magistrado Alexandre de Moraes. Por último, defendieron que los indígenas tuvieran el usufructo exclusivo de las tierras de ocupación tradicional, como ya determina la Constitución.

Una de las sesiones del juicio, que tuvo lugar el 31 de agosto, fue considerada un momento clave por los indígenas. El voto del magistrado recién nombrado Cristiano Zanin se consideraba una incógnita. Sin embargo, este desestimó no solo la tesis del marco temporal, sino también la propuesta de «indemnización previa» presente en el voto de Alexandre de Moraes, que, en la práctica, crea otra etapa compleja en el ya largo proceso de demarcación de tierras indígenas. Si los magistrados están a favor de las dos posturas de Zanin, el juicio será una victoria histórica para el movimiento indígena.

«Llevamos nuestra tesis al magistrado Zanin, y parece que la ha entendido muy bien», afirma el abogado Rafael Modesto. En su voto, Zanin prevé que quienes ocuparon las tierras de buena fe puedan recibir eventualmente una indemnización del gobierno central o de los estados, según el caso, pero sin que ello interrumpa el proceso de demarcación. Para Modesto, su voto es «totalmente satisfactorio», valoración que comparte la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, que publicó fotos de su visita al gabinete de Zanin en sus redes sociales. Para la ministra, la propuesta de Zanin «no impide la continuación y apertura de nuevos procesos de demarcación».

La articulación de Sonia Guajajara contra el marco temporal también es intensa. Recientemente se reunió con Rosa Weber y, según sus asesores, busca un «diálogo constante» con otras autoridades para «exponer la importancia» de la agenda indígena y la «amenaza» que representa el marco temporal y el Proyecto de Ley 2.903, que se tramita en el Senado.

En el plenario del Supremo, decenas de líderes indígenas, entre ellos un nutrido contingente del pueblo Xokleng, han asistido a todas las sesiones recientes del juicio. El cacique Raoni Metuktire, principal referencia del movimiento indígena en Brasil, estuvo presente en las sesiones de junio y agosto de este año, de principio a fin, a pesar de tener más de 90 años. Quienes no consiguen entrar en la Corte siguen la votación en el exterior a través de una pantalla gigante.

«Es sumamente importante subrayar que se trata del juicio del siglo. Los pueblos indígenas esperan esta decisión para que se reanude la demarcación de las tierras indígenas», resumió Dinamam Tuxá, uno de los coordinadores de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). Los indígenas tienen prisa. «Tenemos una muy buena expectativa de que el juicio no se vuelva a paralizar ni haya otra solicitud de revisar los autos», comentó Kleber Karipuna, coordinador ejecutivo de la Apib, en la sesión que tuvo lugar a finales de agosto.

Para Rafael Modesto, la movilización popular, combinada con la articulación institucional, está siendo fundamental en el juicio del marco temporal y en el debate sobre otras cuestiones de interés para los pueblos originarios. Según el abogado, 2015 fue un año crucial para reforzar esta estrategia. En menos de seis meses, el Supremo anuló las ordenanzas que demarcaban tres tierras indígenas. Estos contratiempos demostraron que los indígenas necesitaban una estrategia combinada en las calles y en los gabinetes.

Aunque el juicio del marco temporal da fe de la fuerza del movimiento indígena, el racismo contra los pueblos originarios dista mucho de ser un fenómeno del pasado y sigue presente en las más altas esferas del poder.

La presencia de Raoni y de decenas de otros líderes indígenas en el pleno no cohibió al magistrado Gilmar Mendes, que, al inicio de la sesión, interrumpió el voto de Mendonça con un largo discurso abarrotado de prejuicios contra los pueblos indígenas. Afirmó que los indígenas de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en el estado de Roraima, empezaron a «recoger basura en Boa Vista» tras la expulsión de los invasores que plantaban arroz en la región. Mendes también defendió la legalización de la minería en tierras demarcadas y acusó al cacique Babau, líder Tupinambá de Bahía, de no ser indígena.

El discurso del magistrado causó malestar entre todos los presentes, pero para Alcebias Constantino Sapará, vicecoordinador de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coaib), el dolor fue personal. «Soy de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, y por eso ese discurso me molestó mucho. Conozco la realidad de mi pueblo. Dijo que los indígenas fueron al vertedero, que después de que los arroceros se marcharan todo el mundo se moría de hambre. Nada de esto está ocurriendo», criticó. «¿Por qué no viene a ver nuestra realidad? Nuestros líderes lo recibirán bien».

Alcebias dice que espera que el magistrado del Supremo se retracte. Pero que quienes viven en palacios de mármol vayan a visitar la tierra indígena y vean «la realidad» es algo que aún parece muy lejano.