Algunas haciendas ganaderas que abastecen a los tres mayores frigoríficos de Brasil —JBS, Marfrig y Minerva— han deforestado en menos de dos años una superficie del bioma Cerrado, la sabana brasileña, equivalente a tres veces la ciudad de Buenos Aires, según un informe inédito de la organización británica Global Witness, que SUMAÚMA ha analizado en exclusiva. El estudio también indica que la mayor parte de esta destrucción se produjo sin autorización. En 2023, el Cerrado superó a la Amazonia y volvió a ser el bioma más deforestado de Brasil, algo que no ocurría desde 2018. Ya se ha destruido la mitad de su cobertura forestal para dar lugar a pastos, cultivos —principalmente de soja, maíz y algodón— y ciudades.

Situado en la región Centro-Oeste de Brasil, el estado de Mato Grosso alberga el mayor rebaño bovino del país. En 2022 constaba de 34 millones de animales, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, es decir, nueve bueyes por cada habitante humano. También fue donde más bueyes y vacas se sacrificaron para comercializar su carne en 2022: unos 4,7 millones, es decir, el 16% de los casi 30 millones que fueron al matadero en todo Brasil. El número total de reses vacunas sacrificadas en el país aumentó un 7,5% con respecto a 2021.

El estado tiene una combinación única de biomas: el norte se encuentra en la Amazonia; el centro y sur, de igual tamaño, están en el Cerrado. Esta singularidad ha permitido a Global Witness comparar el impacto de la ganadería en cada uno. El resultado es espeluznante: la deforestación que han provocado los proveedores de los tres grandes frigoríficos en el Cerrado fue casi cinco veces mayor que en la parte amazónica del estado entre 2018 y 2019, período del estudio de la organización británica. Cada buey o vaca que JBS, Marfrig y Minerva compraban en Mato Grosso era potencialmente responsable de una media de 1.132 metros cuadrados de deforestación en el Cerrado, según la organización. En la parte amazónica, cada animal criado para el comercio de carne provocó la tala de una media de 85 metros cuadrados de selva.

Según la organización, las haciendas que suministran animales a JBS, Minerva y Marfrig deforestaron 59.890 hectáreas de selva en las partes de Mato Grosso situadas en la Amazonia y el Cerrado entre 2018 y 2019. La mayor parte —59.320 hectáreas— se taló sin autorización, afirma Global Witness. Los frigoríficos, sin embargo, no están de acuerdo con la metodología utilizada en el estudio (lea más abajo).

«La Amazonia tiene protecciones legales que el Cerrado no tiene. Por lo tanto, creemos que los hacendados que antes operaban en la Amazonia se están trasladando a zonas del Cerrado. Básicamente, están trasladando el problema», afirma Veronica Oakeshott, responsable de las campañas forestales de Global Witness, en una entrevista a SUMAÚMA. Oakeshott dirige la campaña para proteger los bosques que pueden frenar la catástrofe climática y trabaja para denunciar a las empresas y a los financiadores responsables de la destrucción, además de impulsar cambios legislativos que salven lo que queda de biodiversidad.

Mato Grosso es un ejemplo de cómo la legislación ambiental es más tolerante con la deforestación en el Cerrado. El estado exige que se conserve solo el 35% de la vegetación original en las propiedades rurales del bioma, mientras que en la Amazonia el porcentaje puede alcanzar el 80%. Global Witness destaca también que uno de cada tres bueyes comprados por JBS, Marfrig y Minerva a haciendas situadas en el Cerrado de Mato Grosso se crio en zonas que se deforestaron especialmente para hacer pastos para la ganadería; en el 99% de los casos, esta deforestación se realizó sin autorización. Gran parte de esta carne se exporta. En 2020, Brasil vendió a otros países casi el doble de carne de vacuno criado en pastos situados en el Cerrado, en comparación con la carne procedente de la Amazonia. El mayor comprador de bueyes sacrificados en el estado suele ser, de lejos, China, seguida de Egipto y Estados Unidos: para hacerse una idea, solo en 2022 las exportaciones generaron 2.600 millones de dólares.

El apetito humano por la carne de vacuno ha sido un factor decisivo en la devastación de la vegetación brasileña. «Dos tercios de las tierras deforestadas en los biomas Amazonia y Cerrado se han convertido en pastos para las reses bovinas, con lo que el sector ganadero brasileño es responsable de una quinta parte de todas las emisiones de carbono derivadas de la deforestación impulsada por las commodities en todos los trópicos», afirma un estudio de 2020 publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, la revista científica oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Así, «no es casualidad que Mato Grosso también tenga el segundo mayor nivel de pérdida de cobertura forestal de Brasil, según los datos más recientes de Global Forest Watch», subraya Global Witness. A la cabeza de esta clasificación se encuentra el estado de Pará, otro gran productor de bueyes y vacas para el consumo de carne.

La destrucción que promueven los proveedores de JBS, Marfrig y Minerva y que ha revelado Global Witness está financiada por los mayores bancos y fondos de inversión de Brasil y del mundo. Bradesco BBI, Santander, BTG Pactual, XP Investimentos, Itaú BBA, HSBC, Barclays —el banco británico conocido por patrocinar durante años la principal liga de fútbol de Inglaterra— y Merrill Lynch han endosado miles de millones de dólares en títulos que permiten a JBS, Marfrig y Minerva pedir dinero prestado en el mercado financiero para impulsar sus operaciones en Brasil.

Famosos fondos de inversión como BlackRock y Capital Group son accionistas del trío de empresas cárnicas.

«Los frigoríficos son grandes responsables de la deforestación. Los beneficios que obtienen con la carne que es fruto de la deforestación del Cerrado van a parar a bancos y financieras de todo el mundo, que deben asumir su responsabilidad en el proceso», exige Oakeshott.

En sus respuestas a SUMAÚMA y Global Witness, los frigoríficos, los bancos y los fondos de inversión han afirmado que están comprometidos con la sostenibilidad ambiental. Marfrig, JBS y Capital Group también han cuestionado las conclusiones de la investigación realizada por la organización británica. Por su parte, BlackRock ha asegurado que en 2023 «votó en contra o se abstuvo de apoyar una serie de propuestas de gestión en JBS, Marfrig y Minerva debido a preocupaciones relacionadas con la gobernación corporativa». El resumen de lo que han afirmado Minerva, Marfrig, JBS, Santander, HSBC, Barclays, BlackRock y Capital Group está al final de este reportaje.

Las conclusiones de Global Witness son el resultado de cruzar datos disponibles públicamente con otra información que las autoridades suelen mantener en secreto. Es el caso de las Guías de Tránsito Animal, o GTA, un documento necesario para transportar animales en Brasil. En teoría, el documento debe mostrar el origen del ganado y por dónde pasa. Sin embargo, al ser autodeclarativo, el fraude es frecuente. Por ejemplo: la GTA puede afirmar que los animales se criaron en una hacienda legalizada y sin deforestación ilegal, cuando en realidad pastaron casi toda su vida en una tierra indígena o en una unidad de conservación, lugares prohibidos, antes de ser llevados al matadero.

«La Guía de Tránsito Animal es el documento oficial para el transporte de animales en Brasil y contiene información esencial sobre la trazabilidad (origen, destino, finalidad, especie, vacunas, entre otros)», informa la página del gobierno federal. Debe cumplimentarla un veterinario y permite saber, entre otras cosas, quién vendió y quién compró los animales y dónde se criaron.

Global Witness obtuvo en internet datos sobre las Guías de Tránsito Animal emitidas en Mato Grosso entre enero de 2018 y julio de 2019. Los datos de las haciendas que vendieron reses a los tres mayores frigoríficos —JBS, Marfrig y Minerva— se buscaron en el Registro Ambiental Rural, una base de datos pública en la que los propietarios rurales registran información como la ubicación geográfica exacta de sus superficies.

La ubicación de cada hacienda se superpuso a los datos del sistema Terra Brasilis, del Instituto Nacional de Estudios Espaciales, que recopila información sobre la deforestación. Por último, Global Witness buscó un documento llamado, en Mato Grosso, Autorización de Deforestación. Se trata de una licencia necesaria para deforestar cualquier zona, pública o privada, en cualquier bioma. Al cruzar todos estos datos, descubrió que el 9,7% de las haciendas situadas en la Amazonia y el 42,8% de las que están en el Cerrado habían deforestado áreas forestales entre 2018 y 2019. Y, en ambos biomas, el 99% de la deforestación fue irregular, es decir, se llevó a cabo sin que se encontraran documentos de autorización expedidos por el gobierno estatal, afirma la organización británica.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

La investigación de Global Witness se restringe a los 18 meses entre 2018 y 2019 por una sencilla razón: es el período en que las GTA emitidas en Mato Grosso estuvieron disponibles al público. Desde entonces, los distintos gobiernos estatales y el federal han mantenido en secreto estos documentos. Es decir, en la práctica las autoridades perjudican la fiscalización no gubernamental de la deforestación provocada por la carne de vacuno brasileña.

Es una actitud explicada en diversos documentos, como, por ejemplo, una nota técnica fechada en abril de 2019 —al inicio del gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro— del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento:

«Este Ministerio entiende que, en su individualidad, tanto los datos de registro como las GTA contienen información de carácter personal, por lo que no son de interés colectivo o general. Se trata de información eminentemente pertinente a la actividad de Defensa Sanitaria Animal, que proporciona la trazabilidad de los rebaños y el control del tránsito, y es fundamental en el proceso de toma de decisiones relativas a las políticas públicas de defensa agropecuaria, pero no está destinada al público en general. También deben considerarse los posibles impactos en el mercado agropecuario», sostiene el documento, firmado por Bruno de Oliveira Cotta, un veterinario que es funcionario de carrera y que coordina —aún— el área de Tránsito y Cuarentena Animal del ministerio.

Bolsonaro no es presidente de Brasil desde enero de 2023, pero Cotta sigue en el mismo cargo y la posición del Ministerio de Agricultura no ha cambiado. La cartera la dirige, por invitación de Lula, Carlos Fávaro, un terrateniente de la soja afiliado al Partido Social Democrático y senador por Mato Grosso. El ministerio informó a SUMAÚMA, a través de su oficina de prensa, que «mantiene la posición de que la GTA no es un documento público, ya que contiene información de carácter personal. Sin embargo, el asunto se está analizando jurídicamente, por lo que, de momento, no es posible definir si el documento podría ser público».

La medida está siendo objeto de varias acciones del Ministerio Público Federal. «Nuestra posición es que las GTA son datos públicos. No hay razón para mantener estos documentos en secreto», alega a SUMAÚMA el fiscal Daniel Azeredo, autor del Acuerdo de Ajuste de Conducta que, desde 2009, obliga a los frigoríficos que operan en el estado de Pará a auditar los datos sobre el origen de los animales que sacrifican.

El acuerdo evolucionó y dio lugar, años después, al protocolo Boi na Linha, actualmente coordinado en colaboración con el Instituto de Gestión y Certificación Forestal y Agrícola. La Asociación Brasileña de Exportadores de Carne no se adhirió formalmente al protocolo hasta mediados de 2023, aunque algunos de sus miembros —como JBS, Marfrig y Minerva— ya formaban parte de él.

El Ministerio Público Federal también es autor de demandas civiles que piden, en la Justicia Federal de 12 estados brasileños, que los datos de las GTA se vuelvan públicos. En Mato Grosso, el Ministerio Público recomienda desde 2019 que el Instituto de Defensa Agropecuaria (Indea) haga pública la información contenida en las GTA emitidas en el estado, incluyendo la identificación de los compradores y vendedores de ganado. Al ser ignorada, la recomendación dio lugar a una demanda civil, que se presentó en noviembre de 2023. Al igual que las otras demandas que ha presentado el Ministerio Público, la de Mato Grosso todavía no tiene sentencia.

SUMAÚMA preguntó al Indea sobre la falta de transparencia de las GTA. Uno de los coordinadores del organismo, João Néspoli, informó, por medio de la oficina de prensa, que las guías se publican, pero omitiendo cierta información, como el nombre, el Número de Identificación Fiscal y la ubicación de los compradores y vendedores. En la práctica, los datos públicos resultan inútiles para quienes quieren rastrear la relación entre la ganadería y la deforestación, como hizo Global Witness. El Indea se ampara en la Ley General de Protección de Datos Personales para justificar las omisiones.

El fiscal Azeredo, sin embargo, no cree que la transparencia de las GTA vaya a eliminar la relación entre la industria cárnica y la deforestación. Las guías solo permiten saber qué hacienda es el proveedor final, o directo, de un frigorífico. «Pero esta hacienda suele comprar ganado a varias otras para revenderlo al frigorífico. Son lo que llamamos proveedores indirectos», explica. Por eso, el fiscal es partidario de que se implante en Brasil un sistema en el que cada animal pueda rastrearse vía satélite desde su nacimiento gracias a un chip fijado a la oreja.

«Llevamos varios años defendiendo que es una medida necesaria para luchar contra la deforestación», afirma. Sin embargo, como no hay legislación que obligue a adoptar este sistema, el Ministerio Público tiene las manos atadas: no puede pedir a la Justicia que aplique una ley que no existe. «Depende de una decisión del gobierno, del Ministerio de Agricultura, pero también de los gobiernos de los estados, de las propias empresas, de los supermercados. Mucha gente puede liderar este proceso». SUMAÚMA también preguntó al Ministerio de Agricultura si hay algún estudio o proyecto en marcha para que la aplicación de chips en las orejas del ganado y el seguimiento por satélite de los animales, en tiempo real, sea obligatoria. El organismo no respondió.

Al ser cuestionado sobre las conclusiones de Global Witness en Mato Grosso, el Ministerio de Agricultura declaró que «no puede emitir una posición oficial sobre el estudio citado, ya que el ministerio no ha tenido acceso al documento completo». También afirmó que «el control y la fiscalización de las zonas deforestadas, independientemente de la actividad económica que se desarrolle en ellas, es responsabilidad del Ibama [Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables]».

El Ibama, por su parte, comentó la respuesta del ministerio a petición de SUMAÚMA, afirmando que «fiscaliza la cadena de producción asociada a la deforestación ilegal, como la ganadería, […] y ha llevado a cabo operaciones […] de control en los frigoríficos que compran ganado procedente de zonas embargadas». La nota añade que «la mayor parte de la deforestación ilegal en el estado de Mato Grosso está sujeta a la competencia primaria de fiscalización y control del gobierno del estado. Sin embargo, el Ibama también desempeña un papel activo en este proceso».

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso, por su parte, afirmó que «se manifestará después de conocer el contenido completo de la investigación de Global Witness». No obstante, afirmó «que actúa con firmeza y tolerancia cero en la lucha contra la deforestación ilegal y los delitos ambientales, implementando la Operación Amazonia, fiscalizando mediante imágenes por satélite, poniendo multas, realizando embargos y confiscando la maquinaria de los infractores».

Sin embargo, Veronica Oakeshott, de Global Witness, no considera que la falta de chips rastreables por satélite sea un obstáculo para la transparencia. Y exige a los frigoríficos que actúen para que haya verdadera transparencia en las GTA. «Hasta China [el principal comprador de la carne de Mato Grosso] está cada vez más interesada en esto. Todavía no hace las exigencias que, por ejemplo, la Unión Europea implementará a partir de diciembre de 2024 y, a corto plazo, puede ser un mercado para la carne que es fruto de la deforestación. Pero, a largo plazo, sospecho que eso cambiará, a medida que el gobierno chino se mueva y redefina sus exigencias».

Los datos recogidos por Global Witness en Mato Grosso son síntoma de un problema mayor: el Cerrado es el bioma más devastado por el avance de la agroindustria en Brasil. Además del ganado para producción de carne, los monocultivos a gran escala, como la soja, el maíz y el algodón, producen sucesivos récords de deforestación. En noviembre de 2023, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático reveló que el Cerrado brasileño perdió la impresionante cifra de 11.000 kilómetros cuadrados de vegetación entre agosto de 2022 y julio de 2023. Es una superficie que equivale a casi toda el Área Metropolitana de Buenos Aires, conformada por 40 municipios.

Puede parecer poco, dados los casi 2 millones de kilómetros cuadrados por los que se extiende el Cerrado —un 25% del territorio brasileño— en los estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Tocantins, Minas Gerais, Bahía, Maranhão, Piauí, Rondonia, Paraná, São Paulo y el Distrito Federal. Pero más de la mitad de esta superficie ya ha sido deforestada, resultado de un proceso que comenzó en la década de 1970, cuando la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) introdujo el uso de caliza para aumentar la fertilidad de un suelo que antes se consideraba «pobre». La noticia inició una carrera por tierras en el Cerrado. El bioma es crucial para la seguridad hídrica de una parte considerable de Sudamérica. Ocho de las 12 regiones hidrográficas de Brasil —como los ríos Araguaia, São Francisco y Paraná— nacen en el Cerrado, justamente conocido como la «cuna de las aguas».

Un estudio científico finalizado en 2022 y presentado en la penúltima edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, celebrada en Egipto, reveló que los ríos del Cerrado perdieron el 15,4% de su caudal entre 1985 y 2022. Las causas son la deforestación promovida por la agroindustria y el cambio climático. La situación va a empeorar: en 2050 se habrá perdido un tercio (34%) del caudal de los ríos si no se revierte la devastación, afirma el estudio, coordinado por el geógrafo Yuri Salmona, doctor en Ciencias Forestales por la Universidad de Brasilia.

El paisaje del Cerrado se caracteriza por árboles de tallos y ramas torcidos, imponentes mesetas —como Diamantina en Bahía o Veadeiros en Goiás— y alberga más de 2.500 especies de animales vertebrados, como el lobo de crin, y más de 11.000 especies de plantas. Un paisaje que está cediendo espacio rápidamente a la monotonía de los grandes latifundios productores de monocultivos como la soja —en algunos estados, plantada hasta el borde del asfalto de las carreteras— o los pastos, que aniquilan la biodiversidad local.

Los 1.132 metros cuadrados de deforestación que, según Global Witness, causa cada buey o vaca que JBS, Marfrig y Minerva compran en el Cerrado de Mato Grosso, por ejemplo, pueden ser el hogar de casi cien lagartos y miles de termitas —insectos fundamentales para mantener la vida silvestre en el bioma—, según cálculos de Reuber Albuquerque Brandão, profesor del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Brasilia y coordinador del Laboratorio de Fauna y Unidades de Conservación de la institución.

«Una de las principales características del Cerrado es la gran diversidad de especies entre una localidad y otra. Mil metros cuadrados pueden ser el hábitat de 80 lagartos de hasta diez especies, por ejemplo. Y contener de cuatro a cinco termiteros grandes. Es simplemente imposible contar cuántas termitas viven en ellos, pero cada termitero puede mover unas 4 toneladas de tierra al año, además de cobijar serpientes, roedores, lagartos, anfibios y cientos de invertebrados oportunistas», afirma. Para su doctorado, Brandão investigó el modo de vida de los lagartos en las islas que formó el lago de la central hidroeléctrica de Serra da Mesa, que desde 1998 embalsa el río Tocantins en Minaçu, al norte de Goiás.

«Si esos mil metros cuadrados son una zona inundable, puede haber hasta 20 especies de anfibios», prosigue el profesor Brandão. «Eliminar la flora de mil metros cuadrados de un área inundable estacionalmente, que es lo que ocurre cuando se quiere formar pastos en el Cerrado, significa la extinción del ambiente reproductivo de unas 20 especies de anfibios, que pueden alcanzar fácilmente los 200 individuos durante los períodos de reproducción».

En mil metros cuadrados del Cerrado de Mato Grosso también se pueden encontrar 150 árboles de al menos 25 especies, calcula la ingeniera forestal Renata Françoso, profesora de la Universidad Federal de Lavras, en Minas Gerais. Toda esta vida —lagartos, anfibios, termiteros, árboles, así como hongos, hierbas y otras especies animales— se destruye para hacerle sitio a un único buey destinado a generar beneficios para los grandes frigoríficos, según el estudio de Global Witness.

El artículo 225, que abre el capítulo de la Constitución dedicado al medio ambiente, estipula que «todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, que es un bien de uso común de las personas y esencial para una calidad de vida saludable, imponiéndose al poder público y a la colectividad el deber de defenderlo y conservarlo para las generaciones presentes y futuras». El cuarto párrafo del artículo especifica que «la Selva Amazónica, la Selva Atlántica, la Serra do Mar, el Pantanal de Mato Grosso y la Zona Costera son patrimonio nacional». El Cerrado, ya entonces blanco de la codicia de la agroindustria, no aparece ni una sola vez en el texto constitucional.

La falta de atención del poder público explica que la deforestación del Cerrado sea cinco veces más rápida que en la Amazonia. En 2019, Jair Bolsonaro extinguió, a golpe de decreto, el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación y los Incendios en el Cerrado, que había sido creado en 2010. A finales de noviembre de 2023, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, lo relanzó.

«La naturaleza no está asimilando lo que hemos legislado hasta ahora para el Cerrado», dijo Silva el pasado septiembre durante el acto que abrió la consulta pública para el plan de prevención. En la presentación del plan, en noviembre, el Ministerio de Medio Ambiente informó que la expansión agrícola y la especulación del suelo están entre las principales causas de la destrucción del bioma, poco protegido por la legislación: más de la mitad de la deforestación de 11.000 kilómetros cuadrados registrada entre agosto de 2022 y julio de 2023 está autorizada por los gobiernos estatales o se encuentra dentro de los parámetros aceptados por el Código Forestal.

Con la nueva fase del plan, el ministerio pretende repetir el éxito del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonia Legal, que se lanzó en 2004 y consiguió reducir la devastación de la Amazonia Legal en un 83% hasta 2012. Queda por ver si aún estamos a tiempo.

Los hallazgos de Global Witness en la cadena de suministro de los tres gigantes brasileños de la carne en Mato Grosso plantean una pregunta inevitable: ¿el mundo puede seguir comiendo tanta carne? En 2016, el sector agropecuario emitió el 33% de los gases de efecto invernadero en Brasil, responsables del calentamiento global, según la Cuarta Comunicación Nacional de Brasil a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un documento elaborado en 2020, es decir, durante el gobierno de Bolsonaro. Y nada menos que el 19% de esas emisiones se deben al metano que bueyes, vacas y otros rumiantes producen de forma natural durante la digestión.

Brasil tiene actualmente uno de los mayores rebaños bovinos del mundo: en 2022 contaba con más de 234 millones de bueyes y vacas, un número superior al de habitantes humanos del país. «La demanda crece día a día: en los últimos 50 años, la producción de carne se ha más que triplicado. El mundo produce hoy más de 340 millones de toneladas al año», presume la página del Instituto de la Carne de Mato Grosso, un organismo vinculado al gobierno del estado y creado con «la misión de promover la carne de vacuno de Mato Grosso».

Es algo que cuesta caro al medio ambiente del país. Los datos más recientes del Sistema de Estimación de Emisiones y Absorciones de Gases de Efecto Invernadero, divulgados a finales de noviembre de 2023 por la organización no gubernamental brasileña Observatorio del Clima, revelan que la actividad agropecuaria aumentó un 3% sus emisiones de carbono en 2022, en comparación con 2021. Fue el segundo año consecutivo con un aumento superior al 3%, algo que no ocurría desde 2004 y se explica por el crecimiento del rebaño bovino brasileño. «A pesar de la caída del consumo de fertilizantes, que redujo las emisiones en la agricultura, tuvimos este aumento de la ganadería, que hizo subir a todo el sector», afirma Gabriel Quintana, del Instituto de Gestión y Certificación Forestal y Agrícola. El sector agropecuario fue responsable del 27% de las emisiones brutas totales de Brasil en 2022, lo que lo convierte en el segundo mayor emisor del país. El primero es lo que el Sistema de Estimación de Emisiones y Absorciones de Gases de Efecto Invernadero clasifica como «Cambio de uso del suelo y de la selva», cuya principal causa es la deforestación, y que representa el 48% de las emisiones de Brasil. Es decir: el sector agropecuario y la deforestación, dos actividades estrechamente vinculadas, son responsables del 75% de los 2.300 millones de toneladas brutas de gases de efecto invernadero que se emitieron en 2022 en territorio brasileño.

Pero hay un último eslabón en la cadena: el consumidor, que debe recordar que el bife o la hamburguesa que pone en el plato puede estar causando la deforestación. En 2022, los frigoríficos colocaron en el mercado brasileño el equivalente a 28 kilos de carne bovina por habitante del país, una cifra que ya alcanzó casi 43 kilos al año en 2006. Somos uno de los países que más comen buey y vaca, pero estamos por detrás de, entre otros, Estados Unidos (37 kilos en el mercado por habitante en 2020) y Argentina (47 kilos por habitante, también en 2020), donde las parrilladas forman parte de la cultura local. En el Reino Unido, donde tiene su sede Global Witness, el consumo medio por habitante en 2020 fue de 18 kilos de carne de vacuno.

«Creo que la gente siempre querrá comer carne. Y nosotros no queremos impedir que se coma carne de vacuno», afirma Veronica Oakeshott, de Global Witness. «Pero es totalmente insostenible que en todo el mundo se coma tanta carne de vacuno como en el Reino Unido y Estados Unidos. Todos debemos pensar en comer menos carne de vacuno y, en última instancia, es una elección personal de cada uno. Pero es ecológicamente insostenible, y mucho, tener una dieta rica en carne».

SUMAÚMA cuestionó a JBS sobre los resultados del estudio de Global Witness, a lo que el frigorífico respondió que «el análisis [de la organización británica] ignora los términos del protocolo Boi na Linha, que sigue todo el sector ganadero». De esta forma, dice JBS, Global Witness llega a «conclusiones engañosas al clasificar como «no conforme» cualquier propiedad con más de 6,27 hectáreas sin cobertura vegetal, no necesariamente continua». Por último, afirma que «todas las compras» en las que se basa el informe eran regulares y cumplían «los criterios socioambientales en el momento de la transacción». En otra respuesta, más larga y en inglés, JBS asegura a la organización británica que «en su base de datos de proveedores solo identificó 482 de las 611 haciendas evaluadas por Global Witness».

Por lo que respecta a Marfrig, en un comunicado afirmó a SUMAÚMA que Global Witness le envió «solo documentos del Registro Ambiental Rural de propiedades que tenían algún tipo de pasivo ambiental, especialmente deforestación». Al analizarlos «a la luz del [programa] Prodes Amazonia Legal, instrumento legal y oficial para determinar la deforestación en la región, Marfrig demuestra y corrobora que cumple el 100% de los criterios de su política de compra con deforestación cero y que honra plenamente sus demás compromisos». Según la empresa, nueve de las haciendas que denuncia Global Witness «no están registradas en las bases de datos de Marfrig». De las haciendas restantes, 214 no tenían registros de deforestación en el Prodes, siete habían registrado deforestación con polígonos inferiores a 6,25 hectáreas (permitido por el protocolo Boi na Linha) y 16 fueron bloqueadas posteriormente. Por eso, según Marfrig, «las acusaciones [de Global Witness] son infundadas». La empresa dice también «que no adquiere animales de áreas deforestadas, unidades de conservación, tierras indígenas, territorios quilombolas, áreas embargadas y propiedades que figuren en la lista negra de trabajo análogo a la esclavitud», además de cumplir el protocolo Boi na Linha.

Global Witness explica que su metodología considera que se ha producido deforestación en cualquier hacienda en la que los satélites hayan identificado polígonos sin cobertura vegetal cuya superficie combinada sea superior a 6,27 hectáreas. El protocolo Boi na Linha solo considera que hay deforestación cuando cada polígono analizado tiene una superficie individual superior a 6,25 hectáreas, ya que sigue la metodología del programa Prodes: a pesar de poder identificar la eliminación de vegetación en superficies a partir de 1 hectárea, el sistema solo considera que hay deforestación cuando la superficie continua es superior a 6,25 hectáreas. Esto significa, por ejemplo, que una hacienda que tenga más de un polígono deforestado, cada uno de 4 hectáreas, pero en lugares diferentes, Boi na Linha no la considerará deforestadora, aunque se hayan destruido 8 hectáreas en total.

Global Witness cree que este parámetro no recoge con exactitud toda la deforestación en las cadenas de suministro ganaderas. «Reconocemos que utilizamos un proceso metodológico un poco más riguroso que el Ministerio Público para identificar pequeños casos de deforestación en haciendas ganaderas, pero creemos que la diferencia que esto supone para nuestras conclusiones generales es mínima. Esta es la única pequeña diferencia en nuestro enfoque con respecto al del Ministerio Público, y creemos que hace que nuestro trabajo sea más sólido», dice el texto.

«Las pruebas que Global Witness ha identificado indican que la diligencia debida de las cadenas de suministro falla. Global Witness no sugiere que JBS, Marfrig o Minerva hayan autorizado u ordenado la deforestación de ningún terreno en ninguna de las haciendas o ranchos que les suministran animales. Sin embargo, las empresas pueden influir en el cambio de prácticas en esos lugares y frenar la deforestación ilegal», afirma la organización.

Minerva Foods no cuestiona ni aborda las conclusiones del informe de Global Witness en las respuestas que envió a SUMAÚMA y a la organización británica. En su lugar, enumera lo que considera acciones de «compromiso con la sostenibilidad». Minerva afirma haber sido «pionera en la implementación del monitoreo geoespacial en el 100% de sus proveedores directos en todos los biomas de Brasil en los que opera (Amazonia, Cerrado, Pantanal, Caatinga y Selva Atlántica) en 2020». «Esto significa que no hay deforestación ilegal, uso de mano de obra análoga a la esclava o trabajo infantil, superposición de áreas protegidas o embargos ambientales en la cadena productiva de Minerva Foods», y que los auditores externos que contrata indicaron que la empresa cumplió la normativa «al 100% en las transacciones realizadas entre enero y diciembre de 2021» en Mato Grosso. Cabe recordar que los datos del estudio de Global Witness son de 2018 y 2019.

El banco Itaú, que endosó los títulos que emitió Minerva Foods en 2017, afirmó a SUMAÚMA en un comunicado que «entiende que la trazabilidad en la cadena cárnica trae una serie de beneficios no solo para la cuestión ambiental, en lo que respecta a la deforestación, sino también para la cuestión social y la seguridad alimentaria». El texto dice que «el banco no hace comentarios sobre clientes específicos, [pero] refuerza que está comprometido con el desarrollo de una cadena cárnica más fuerte y sostenible», para lo que realiza evaluaciones de riesgo ambiental y social antes de conceder créditos a los productores rurales y se adhiere al protocolo de la Federación Brasileña de Bancos, Febraban, que establece normas que tienen el propósito de poner fin a la deforestación ilegal en la Amazonia, incluso en la cadena de producción de carne, para 2025.

El Santander, que endosó los títulos que emitió Marfrig en 2019, envió una nota a SUMAÚMA en la que «aclara que la financiación a la agroindustria, incluidos los frigoríficos, se realiza en cumplimiento de la normativa aplicable y con base en las mejores prácticas socioambientales». «En especial, las emisiones de títulos de deuda también están sujetas a las normas locales e internacionales del mercado de capitales y al escrutinio de los inversores», prosigue el texto. Por último, el Santander afirma que es «miembro del comité de silvicultura y agroindustria de Febraban, que en marzo de 2023 aprobó un protocolo que establece normas para gestionar el riesgo de deforestación ilegal en la cadena de la carne de vacuno […] y exige a los clientes que procesan carne de vacuno en frigoríficos de la región de la Amazonia Legal brasileña que pongan fin a la deforestación ilegal para diciembre de 2025».

Por lo que respecta al Bradesco, el banco que endosó los títulos que emitieron Marfrig y Minerva Foods entre 2017 y 2019, cuando SUMAÚMA entró en contacto para que se pronunciara sobre la deforestación en la cadena de producción de los dos frigoríficos, respondió que no haría comentarios. En cuanto a BTG Pactual, suscriptor de los títulos de Marfrig, SUMAÚMA entró en contacto a través de su asesoría de comunicación, coordinada por la agencia de relaciones públicas FSB, una de las mayores de Brasil. Las preguntas se recibieron, pero no se respondieron. El banco XP, otro suscriptor de los títulos de Marfrig, también fue contactado a través de su asesoría, la agencia Fato Relevante, pero nunca respondió a las preguntas que SUMAÚMA le hizo por correo electrónico y teléfono.

HSBC, que ha avalado los títulos Marfrig y Minerva, comienza su respuesta a Global Witness afirmando que «entiende las preocupaciones ambientales relacionadas con los frigoríficos» y que «no desea financiar impactos inaceptables en este sector que tiene un potencial alto riesgo». A pesar de ello, prosigue el banco, «nuestro compromiso con la confidencialidad de los clientes nos impide hablar de casos o empresas concretas. […] El nombre de HSBC aparece en los registros de acciones de las empresas por diversas razones, entre ellas cuando actuamos como representante o depositario de nuestros clientes. […] Nos comprometemos con las empresas, a veces en colaboración con otros inversores, planteando cuestiones como el riesgo de deforestación», declara HSBC.

El banco británico Barclays, suscriptor de los títulos de JBS, notificó a Global Witness de que no haría comentarios sobre el informe por motivos de confidencialidad en su relación con sus clientes. Dijo, no obstante, que tiene «requisitos estrictos que se aplican a todas las empresas que participan directamente en la producción o procesamiento de carne de vacuno en países con un alto riesgo de deforestación en Sudamérica», que «incluyen la prohibición de prestar servicios financieros a las empresas que producen o procesan carne de vacuno procedente de zonas deforestadas de la Amazonia y exigen que estas empresas estén comprometidas a tener cadenas de suministro de carne de vacuno de Sudamérica totalmente trazables y libres de deforestación para finales de 2025».

BlackRock informó que era un «accionista minoritario de JBS, Marfrig y Minerva en nombre de los clientes» del fondo. «Cuando consideramos que las empresas no han avanzado lo suficiente en cuestiones relevantes que agreguen valor financiero a largo plazo, expresamos nuestra preocupación a los clientes que nos han autorizado a votar en su nombre. En 2023, BlackRock votó en contra o se abstuvo de apoyar una serie de propuestas de gestión en JBS, Marfrig y Minerva debido a preocupaciones relacionadas con la gobernación corporativa», añadió.

Capital Group declaró a Global Witness que «colabora periódicamente con los equipos directivos de las empresas en las que invertimos, incluida JBS, en diversas cuestiones». Añadió que el informe elaborado por la organización británica contiene «cifras que contradicen las divulgaciones de la empresa», por lo que sugirió que se pusiera en contacto directamente con JBS.