La violencia en Ecuador creció de manera dramática en 2023. Este crecimiento va de la mano con la presencia de los grupos de delincuencia organizada (GDO) en el país, bandas criminales ligadas al tráfico de drogas, que han ampliado su “negocio” gracias a la minería ilegal. Así, desde 2020, estos grupos han conseguido más dinero y lavar activos.

Una minería ilegal —junto al tráfico de armas, de explosivos, de municiones y de personas— que afecta a provincias amazónicas como Napo y Orellana; no solo por el aumento de la violencia o de las amenazas —por las que poblados amazónicas han terminado por aceptar la presencia de los narcos—, sino por la contaminación que la minería genera.

“En temas de seguridad, la provincia de Napo tiene ya acciones y actividades delincuenciales de grupos de delincuencia organizada, que están operando hace años (…). Se han tomado nuestra provincia, Sucumbíos y Orellana”, dice Sandra Rueda, asambleísta por Napo, quien conoce mucho de lo que sucede al haber sido —entre 2019 y 2021— delegada de la Defensoría del Pueblo en la zona.

Para varios consultados para esta nota, existe una deuda histórica muy grande del Estado hacia la Amazonía. Esto a pesar de que ahí se encuentran los campos petroleros que sostienen al país.

Los grupos de delincuencia organizada —que existen en 21 de las 24 provincias del Ecuador— no solo han ingresado para hacer de la minería ilegal una fuente adicional de ingresos. También lo han hecho para movilizar la economía de poblados amazónicos, entregando créditos y asociándose con personas de las distintas localidades, para lavar sus activos. La violencia que se vive en las ciudades grandes también se vive en las provincias amazónicas.

¿El resultado? 2023 fue uno de los años más violentos para los ecuatorianos, con un número de homicidios intencionales de 8009, entre enero y diciembre. Un aumento del 66% con relación a 2022.

Es decir, aproximadamente cada hora, una persona fue asesinada por violencia ligada a grupos narcodelictivos.

Por eso, el decreto presidencial de estado de excepción del 8 de enero de 2024, firmado por Daniel Noboa, se convirtió en un punto de inflexión. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han salido a las calles y han entrado a prisiones, consideradas como los cuarteles de mando de los grupos de delincuencia organizada, para enfrentar a estos grupos.

Algo que desde organizaciones de defensa de derechos humanos se ha mirado con preocupación. Tanto el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, como el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles han estado vigilantes desde el primer día, exigiendo que militares y policías no se excedan con los detenidos.

Pero esta es solo una parte de la acción de las Fuerzas Armadas ante los grupos de delincuencia organizada. Hay resultados a la vista: hasta la terminación de este reportaje se han realizado 118 mil operativos, con 9473 detenidos —241 por terrorismo, una definición que les ha dado el Estado—, 160 acciones en contra de grupos acusados de terroristas y hay 8 sospechosos de terrorismo abatidos. Esto ha tenido su reflejo político: Daniel Noboa mantiene una popularidad del 80%, de acuerdo a la empresa Comunicaliza.

Desde el aire parecen lunares de tierra que interrumpen el amplio tejido verde de la Amazonía ecuatoriana. Esos parches grises, negros y cafés contienen espacios cuadrados que han sido tomados por el agua. Líquido en el que echan mercurio para “limpiar” el oro y separarlo de las piedras. Ese oro es entregado a las personas que llegan a los distintos “ranchitos” —como se conoce a esos campamentos— a recolectar los gramos obtenidos.

De acuerdo a un informe realizado por el Ministerio del Interior, durante el gobierno de Guillermo Lasso —llamado Estrategia Nacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 2023-2030— se sabe que existen bandas criminales en las provincias de Sucumbíos —Los Choneros, Tiguerones y Los Lobos—; Morona Santiago y Pastaza —Los Choneros— y Napo, que tomada por Los Lobos, agrupación ligada a la banda mexicana Jalisco Nueva Generación. Si bien en la provincia de Orellana se ha descubierto actividad minera ilegal, no se sabe qué agrupación se encuentra o no en el territorio.

¿Qué realizan en esas provincias? Tráfico de drogas, minería ilegal, tráfico de armas, así como lavado de activos siendo parte de los negocios en la Amazonía.

Estos grupos son también el reemplazo para un Estado que ha dejado de hacer inversiones en lo público. Ecuador viene de un gobierno —el de Guillermo Lasso— que en 2023 debía invertir 1.871 millones de dólares; pero solo invirtió 779,3 millones de dólares hasta septiembre del año pasado. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, encargado de la seguridad, solo invirtió 31 millones de dólares de los 75 que debía invertir, aproximadamente el 41% del presupuesto.

Gracias a la ausencia del Estado, los grupos de delincuencia organizada llenan ese vacío y generan fuentes de dinero que vienen con su carga de violencia y contaminación. Esta contaminación por mercurio es un problema mayúsculo en la zona, pues este metal es lanzado a los afluentes amazónicos o se filtra en los ríos una vez que la tierra lo absorbe. Y estos ríos abastecen a ciudades y pueblos indígenas de la Amazonía.

Entre 2019 y 2021, la asambleísta Sandra Rueda, con el apoyo de colectivos como Napo ama la vida y Federación de Organizaciones Indígenas del Napo, se ha dedicado a denunciar la contaminación por la minería en la provincia. “Los espacios verdes significan mucho. Y no solo por la naturaleza y la biodiversidad, sino también por los recursos hídricos que son importantes para nosotros—dice la asambleísta—. Hablo de las personas que están en el sector rural, de las comunidades y las nacionalidades, porque el agua que usan viene de las fuentes hídricas y es por esto que nos mantenemos en una pelea y denuncia constante. Porque no solo están afectando a la naturaleza y al suelo [con la minería], tampoco han respetado el no intervenir zonas donde hay habitantes”. De acuerdo a la Constitución, no se puede intervenir en zonas habitadas por comunidades indígenas, previo una consulta.

Rueda cuenta que la minería —legal e ilegal— ya incide en zonas urbanas de Napo, y que existen registros de las afectaciones a los barrios de la capital de la provincia. “Ya no es solo un asunto de la selva (…) la afectación está ligada a zonas urbanas y pobladas”, dice.

¿Qué hizo que, además de la ausencia del Estado en estos espacios, que estos grupos criminales aumentaran su actividad en estas provincias? Una fuente cercana a las dinámicas legales en la zona —y que no quiso revelar su nombre por un tema de seguridad— lo explica: “La minería ilegal es una actividad que permite ganancias rápidas a todos, sin control del Estado (…) literalmente es trabajo que se convierte en dinero de inmediato y es una dinámica atractiva para muchas personas”.

Los adultos y jóvenes que, cobijados por la mafia del narcotráfico, se dedican a minar, venden el oro a 45 dólares por gramo. Quienes lo compran —miembros de la delincuencia organizada y que han invertido dinero para cavar pozos, crear piscinas y generar la infraestructura ilegal— saben que el valor de ese gramo es mayor en el mercado: 65 dólares, en promedio.

Para una fuente que estudia la situación, “la gente se dedica a la minería y trabaja como loca 15 días, sin descanso, para ganar de 2 a 3 mil dólares, que es un montón de plata en la Amazonía”. Esa cantidad de dinero, según la fuente, se distribuye en un ciclo que eterniza la pobreza, porque la marginalidad sigue estando ahí. Para el narco, este círculo de pobreza es necesario para el negocio. Ante actividades que pudieran tener algún tipo de rechazo ético, como pueden ser el tráfico de armas o el de madera, la minería ilegal genera menos resistencia, dice la fuente.

Los primeros registros de este tipo de minería son de inicios del siglo 21, cuando ocurría pero en una escala mínima. A partir de 2015, esta forma de explotación a cielo abierto repuntó. Sin embargo, con el confinamiento por la pandemia del covid-19, en 2020, la situación empeoró.

Según el Informe de caracterización del crimen organizado, presentado a mediados de 2023 por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el incremento de la presencia de agrupaciones criminales de México y carteles colombianos, se empezó a dar desde 2019. Antes, Ecuador ya era parte del mercado, con pandillas locales enfocadas en el transporte de la droga hacia Centroamérica. Pero las disputas de poder acabaron con este sistema.

Agrupaciones delictivas como Los Lobos, junto a otros dos grupos delincuenciales llamados Los Tiguerones y Los Chone Killers, trabajaban bajo las órdenes de Los Choneros. Si bien había violencia, esta no afectaba directamente a la ciudadanía.

Los Choneros, agrupación criminal que apareció a finales del siglo 20 en Chone, una ciudad de la provincia de Manabí, empezó con delitos como extorsión, robo y asaltos. Para 1998 utilizaban el puerto de Manta, en Manabí, para enviar drogas a México y Estados Unidos, y eran los líderes indiscutibles del trayecto. Fue a través de una guerra entre agrupaciones, que duró casi 20 años, que Los Choneros consiguieron tener el poder y dirigir al resto de bandas del país, estableciendo los nexos con grupos de narcotraficantes de México.

La supuesta paz se acabó el 28 de diciembre de 2020. En un centro comercial de la ciudad costera de Manta, en Manabí, fue asesinado Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros. Esto significó que las bandas más pequeñas quisieron tener su protagonismo.

No existe manera de cuantificar en este momento el monto económico que reciben estas agrupaciones delictivas por la minería ilegal en la Amazonía. Lo que sí se sabe es que el gobierno de Daniel Noboa —a través de su ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega— ha dicho que el país necesita 1306 millones de dólares adicionales para seguir combatiendo a estos grupos. Un dinero que Ecuador no tiene.

Para una fuente ligada a la protección de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía —quien también pidió el anonimato—, lo que sucede en la frontera norte amazónica no se puede entender sin su componente histórico. Las bandas que surgieron en Colombia, de carácter reivindicativo y político, terminaron abrazando la violencia delincuencial. Además entraban y salían de Ecuador, así que sus estructuras y modelos crecieron por aquí. “Esto tiene una historia que data de los últimos 50 años”, dice.

Hay algo más. Son miles las hectáreas que la minería ilegal le ha ganado a la Amazonía ecuatoriana. De acuerdo con el Monitoring of the Andean Amazon Project, la experiencia ecuatoriana ligada a la minería ilegal de oro, y a la agricultura y a las plantaciones de aceite de palma —aunque estas últimas en menor escala—, solo representa el 1,6% de la pérdida total de hectáreas de toda la Amazonía, según Eco Ciencia. Sin embargo, la deforestación amazónica en Ecuador es la más alta de la región.

Solo entre 2021 y 2022, el aumento de la deforestación en la Amazonía de Ecuador fue de un 80%. Desde 2017 hasta febrero de 2023, la Amazonía ecuatoriana había perdido 1.660 hectáreas selváticas, lo que equivale a casi cinco veces el tamaño del Central Park de Nueva York. En provincias como Sucumbíos, Pastaza, Orellana y Napo se utiliza maquinaria pesada para remover la tierra y dejar al descubierto el oro en los centenares de campamentos que existen. Son tantos campamentos que hay hasta en parques nacionales, espacios que, de acuerdo a la Constitución, son zonas protegidas. Solo en el Parque Nacional Podocarpus —entre las provincias de Zamora Chinchipe y Loja—, se descubrieron 222 campamentos mineros, que afectaron a 25 hectáreas del parque, en 2023. Salvo en espacios de explotación petrolera —para precautelar las instalaciones—, la intervención estatal ha sido mínima.

Hay información importante que tiene el Estado sobre la situación amazónica y agrupaciones delictivas. De acuerdo con la comparecencia de la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo Peña, ante la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, el 17 de enero de 2024, solo con un ejemplo se puede notar la magnitud económica de la minería ilegal.

Lo que sucede con el río Jatunyacu, que cruza a la comunidad de Yutzupino, en la provincia de Napo, es la evidencia. El Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, estimó que de acuerdo con el área deforestada en esta zona, la minería ilegal consiguió, en 2023, ventas por 60’183.000 de dólares (por casi 1 millón de gramos de oro que se ha extraído).

Por partida doble, combatir la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana significaría enfrentar una de las fuentes de financiamiento del narcotráfico y reducir la contaminación. Eso exige una mayor presencia del Estado o el trabajo en conjunto de los países que comparten territorio amazónico, algo que fue parte del discurso del actual presidente, Daniel Noboa, durante la campaña, en el debate presidencial frente a Luisa González, candidata del movimiento del expresidente Rafael Correa. Noboa confirmó que habría cero tolerancia contra la minería ilegal. Además, aseguró que “necesitamos cooperación internacional para controlar a los nómadas ilegales, y rastreo satelital con Colombia y Perú. Es importante tener un control fronterizo para que no escapen los mineros ilegales”.

Entre 2022 y 2023, en el gobierno de Guillermo Lasso, se realizaron centenares de operativos en contra de la minería ilegal a nivel nacional. Fueron un total de 413 en todo el país, incluyendo los realizados en provincias amazónicas como Pastaza, Zamora Chinchipe, Orellana y Napo.

Solo en estas dos últimas provincias, las incautaciones muestran la magnitud de lo que sucede. En 2022, en el sector de Yutzupino, en Napo, el Estado decomisó 148 excavadoras, 97 motores de succión, 17 cucharas de excavadoras, 3 dragas y 41 tanques de reservorio de líquidos, cada uno con una capacidad de mil litros. En una serie de operativos en Orellana y Napo en mayo de 2023, llamada Manatí, las fuerzas del orden ecuatorianas también incautaron decenas de excavadores, motores de succión y destruyeron varios campamentos.

Justamente en 2023, queda claro que la región amazónica está en su peor momento. De acuerdo al Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), la deforestación en los espacios amazónicos de Brasil, Bolivia, Perú y Colombia es grave. Además, un estudio de InSight Crime y el Instituto Igarapé, de agosto de 2023, dice que la presencia de grupos criminales en zonas amazónicas entre Colombia, Perú, Brasil y Venezuela, repercute en el aumento de delitos de minería ilegal y tráfico de madera.

Según ese estudio, en Colombia y Venezuela la delincuencia organizada —que incluye a grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC— cobra impuestos a las actividades mineras y a los negocios que han aparecido alrededor de la zona de explotación de oro. En el caso de Brasil, la pandilla más poderosa, el Primer Comando de la Capital —Primeiro Comando da Capital, PCC— está ya entrando a esta forma de comercio, con presencia en el territorio Yanomami, en la frontera de Brasil con Venezuela.

El estudio coloca a las comunidades indígenas como la primera línea de defensa en contra de este tipo de minería, a pesar de las amenazas y ataques. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las comunidades han debido ceder. También hay comunidades indígenas en las que estos grupos no han conseguido ingresar, principalmente por su organización.

En Ecuador se podría hablar de la comunidad Sarayaku, que se ha defendido de las presiones de la industria petrolera y maderera, con mucho éxito. Para una fuente consultada, que prefirió el anonimato, es poco probable que estos grupos ingresen allí. “El blindaje que existe en Sarayaku es el control territorial que ejerce la misma autoridad”, dice. En 2020, en época de pandemia, la autoridad de Sarayaku impidió la entrada de los madereros. “No nos pueden dividir y no lo vamos a permitir”, dice la fuente.

La minería ilegal es tan fuerte que incluso empresas que tienen concesiones mineras legales hacen denuncias para que el Estado las proteja. Porque la minería ilegal se aprovecha de terrenos en concesiones legales para ingresar maquinaria. Esto ha pasado por ejemplo en Napo, con la empresa minera china Terraearth Resources.

Para Sandra Rueda, asambleísta por la provincia de Napo, se trata solo de sumar uno más uno. Cuando se han hecho públicos enfrentamientos en prisiones de Ecuador, la cárcel de Archidona, en Napo, también ha sido parte de estos actos violentos. “En temas de seguridad, la provincia de Napo tiene ya acciones y actividades delincuenciales de grupos de delincuencia organizada, que están operando hace años (…) Se han tomado nuestra provincia, Sucumbíos y Orellana”, dice la asambleísta.

Ella, en su calidad de asambleísta y como parte de sus acciones de fiscalización, centradas en recopilar datos sobre la contaminación hídrica de la zona, conoció de una amenaza que estos grupos hicieron en contra del representante de Terraearth Resources, “hace tres meses, no más”. El funcionario habría salido del país por la amenaza.

Por parte de Daniel Noboa, uno de sus gestos más claros para combatir la minería ilegal fue proponer en las preguntas que quiso incluir en la consulta popular que auspicia, una relacionada con el tema. La pregunta, sobre declarar como zonas de interés nacional a ciertos espacios dedicados a la minería, con la posibilidad de evaluar las concesiones mineras en el país, no fue bien recibida por el gremio de empresas mineras.

Sin embargo, la Corte Constitucional —que debía comprobar la validez constitucional de las preguntas propuestas por Noboa— anunció el 26 de enero pasado que la pregunta sobre la minería ilegal no pasaba la revisión. Por ende, no irá a consulta.

Por otro lado, en la Asamblea Nacional se trabaja en leyes ligadas a la seguridad— y a la protección de la Amazonía— como parte de este combate a la delincuencia organizada. De esa forma se esperaría mermar el financiamiento que los grupos delincuenciales organizados reciben a través de la minería ilegal y, con ello, reducir el impacto medioambiental en la Amazonía ecuatoriana.