El gobierno quiere hacer explotar el Pedral de Lourenção, hogar de especies endémicas

Alice Oliveira, de 13 años, y Esthefany Leal, de 12, nacieron y viven en la comunidad Vila Praia Alta, a orillas del Río Tocantins, en el estado brasileño de Pará. Conocen cada pedazo del territorio. Saben que hay que estar atentos para lograr atrapar al Tucunaré, que suele permanecer en las lagunas que se forman entre los escollos. Aprendieron que la pesca sigue el ritmo de la luna y que el mejor lugar para plantar es en las zonas inundadas y fértiles que se forman cuando baja el Río.

También cuentan historias que escucharon de sus mayores, como la del Negro del Agua, una entidad que, dicen, vive en las profundidades del Pedral de Lourenção, un conjunto de formaciones rocosas en ese tramo del Río Tocantins. Es allí donde se les acerca a los pescadores y les pide pescado. Si no se lo dan, enojado, el Negro del Agua les volcará la embarcación. Alicia se entusiasma al hablar de la criatura, pero su voz pronto cambia de tono. Su entusiasmo se convierte en tristeza: “Si hacen este proyecto, tendrá que buscarse otro lugar para vivir. Si es que le queda tiempo”. Lo que le preocupa no es solo la historia de la entidad que narran sus antepasados, sino la amenaza concreta que se cierne sobre su casa, su pueblo, el Río y sus animales y, en última instancia, su propia existencia.

El pasado 26 de mayo, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Ibama, otorgó la licencia de instalación que autoriza al Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT), a iniciar la  “demolición” del Pedral de Lourenção, una obra que hará explotar las rocas para sacarlas del lugar, ensanchar y hacer más profundo el Río y permitir el paso de embarcaciones más grandes. Forma parte del proyecto de ampliación de la Hidrovía Tocantins-Araguaia, una ruta fluvial que pretende ampliar la capacidad de transporte de la soja que deforesta la Amazonia a través de los puertos de Pará, para que el producto pueda llegar con más facilidad a otros países.

La decisión del Ibama es controvertida. La primera licencia preliminar para el conjunto de obras de la hidrovía salió en 2022 y fue impugnada por el Ministerio Público Federal (MPF), que considera que todavía no se han evaluado completamente los impactos. El MPF, que ya había pedido la anulación de la licencia preliminar, ahora también rechaza la licencia de instalación porque entiende que viola una decisión judicial vigente. En respuesta a la primera acción del MPF, los tribunales no anularon la licencia preliminar, sino que prohibieron la concesión de licencias a otros tramos hasta que se cumplieran algunos requisitos ambientales (ver más abajo).

A lo largo de los últimos meses, SUMAÚMA recorrió el estado de Tocantins y visitó el Pedral de Lourenção. Escuchó historias de las múltiples vidas que habitan el Río y ahora ven su existencia amenazada.

En Vila Praia Alta, los niños aprenden que el pedral, este banco de escollos, hereda su nombre de un hombre muy valiente que vivió allí, llamado Lourenço. Dicen que murió ahogado mientras se bañaba en una de las cascadas. Lo llamaban Lourenção y así quedó en la memoria y en las palabras de las comunidades. Con el tiempo y la realización de los estudios técnicos en la zona, en los documentos oficiales se empezó a nombrar el lugar Pedral de Lourenço.

Por respeto a las comunidades entrevistadas para este reportaje, SUMAÚMA informa la ortografía adoptada por las autoridades, pero registra la forma como nombran el territorio quienes lo habitan: Pedral de Lourenção.

Para los Ribereños, hacer estallar el pedregal y ensanchar el Río significa la muerte de incontables vidas. “Si no hay pedral, no hay peces, ni Camarones, ni Tortugas, ni nada”, dice Alicia.

Erlan Moraes do Nascimento, de 30 años, coincide. Él lidera la Asociación de la Comunidad Ribereña Extractivista Vila Praia Alta y Pequeños Agricultores Familiares (Acrevpaf) y nació en la comunidad donde vive hasta la fecha. Su padre está allí desde hace más de seis décadas. Erlan es pescador y mantiene a su familia con lo que le da el Río Tocantins: pescado, tierra fértil, paz. “Una tranquilidad que no se puede explicar. Ya tuve la oportunidad de irme, incluso me incorporé al Ejército, viví nueve años en Marabá. Pero mi intención siempre fue volver”.

En la comunidad planta copoazú, yuca, maíz y piña. En verano cultiva en las áreas inundadas. “La tierra se pone buena porque el Río trae muchas cosas. Cuando el agua se va, es el momento de plantar. Lo aprendí de mi padre”.

A Erlan y sus vecinos, las noticias sobre la Hidrovía Tocantins-Araguaia les quita el sueño. “Las barcazas pasan por aquí cada dos por tres. El mes pasado, una de ellas quedó varada allá enfrente casi un mes, llena de soja. Se equivocaron de canal. Si eso ya pasa ahora, imagínate después”.

Erlan dice que, para quien conoce el lecho del Río desde niño, la propuesta de la hidrovía no tiene sentido: “En verano hay partes donde el Río no alcanza ni los 100 metros. Y es en estos lugares donde pescamos. Ahora dime: ¿cómo pueden decir que eso no nos afectará nada? Hablan de quitar las piedras. Pero las piedras también sostienen los bancos de arena. ¿Puedes imaginarte la magnitud del estrago?

La explosión del banco de escollos es una de las etapas que más se rechaza del proyecto de la hidrovía, pues pescadores, estudiosos y comunidades tradicionales consideran que este lugar es un santuario. El Departamento de Transportes reconoce formalmente solo a 11 comunidades como directamente afectadas. Pero, según dirigentes locales, al menos 23 de ellas viven de la pesca, el extractivismo y la agricultura de subsistencia en las áreas que serían impactadas.

Se considera que hacer explotar la formación rocosa es un paso estratégico para la Hidrovía Tocantins-Araguaia, un corredor logístico de cerca de 3.000 kilómetros de extensión que conectaría las ciudades de Barra do Garças, estado de Mato Grosso, o Peixe, en el estado de Tocantins, con el puerto de Vila do Conde, en Barcarena, cerca de Belém, estado de Pará. Hoy en día los ríos son navegables, pero no en todos los tramos, pues algunos no son lo suficientemente profundos. La explosión permitiría el paso ininterrumpido, incluso durante los meses más secos, de barcazas cargadas con granos y minerales.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

La obra abrirá un canal de 70 a 160 metros de ancho en el área del Pedral de Lourenço. La licencia del organismo ambiental, Ibama, menciona un tramo de 35 kilómetros de extensión que será dinamitado entre Tucuruí y Marabá, en Pará. El Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte, DNIT, habla de 43 kilómetros de rápidos.

Desde 2016, el proyecto de la Hidrovía Tocantins-Araguaia está incluido en el Programa de Alianzas de Inversión, creado por el gobierno del expresidente Michel Temer (2016-2019) para acelerar las concesiones al sector privado. Este programa le dio a la hidrovía el estatus de “prioridad nacional” y el proyecto siguió adelante.

El 11 de octubre de 2022, el Ibama otorgó la licencia preliminar nº 676/2022 al conjunto de las obras de la Hidrovía Tocantins-Araguaia, que incluye 49 condicionantes, según el Ministerio Público Federal (MPF), que también afirma que no se cumplió la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, un derecho garantizado por el Convenio 169 de la OIT. La consulta, según lo entienden los fiscales, tiene que hacerse en la etapa de planificación, antes de que se emita cualquier licencia. Pero no fue lo que pasó.

Asimismo, el MPF afirma que una decisión judicial reforzó la necesidad de que se cumplieran los condicionantes. Entre las exigencias que no se han cumplido se encuentran, según el MPF: estudios profundizados sobre la fauna acuática de la región; análisis de los impactos acumulados causados por la represa de Tucuruí; y la adopción de medidas concretas para mitigar los daños ecológicos y sociales del proyecto.

El Ministerio Público pidió la anulación de la licencia preliminar. Alegó una serie de irregularidades, como la falta de consulta a las comunidades tradicionales, la precariedad de la evaluación ambiental estratégica del conjunto de la hidrovía y los riesgos a la biodiversidad, especialmente a los peces. La región alberga especies que los Ribereños llaman peces de morada, como los Plecos, y que podrían dejar de existir si hicieran estallar esta morada.

Y aquí cabe un paréntesis: días antes de que el Ibama emitiera la licencia de instalación del banco de escollos, el Senado aprobó el proyecto de ley que crea la Ley General de Licenciamiento Ambiental, PL 2159/2021, que se hizo conocido como PL de la Devastación. Si se aprueba en la Cámara, liberará definitivamente obras como la del Río Tocantins en un proyecto de licenciamiento ultrarrápido. Si el PL de la Devastación ya estuviera en vigor, las piedras que sostienen este tramo del Río Tocantins podrían haber dejado de existir hace años.

El 4 de julio de 2024, el Departamento de Infraestructura de Transporte avanzó, solicitando la licencia de instalación solo para el tramo del Pedral de Lourenço. El Ministerio Público protesta porque dice que no se cumplen los condicionantes. “Los condicionantes no son burocracia. Son herramientas para proteger vidas humanas y no humanas”, afirma el fiscal de la República Rafael Martins, coautor de la acción civil pública que pide la anulación de la licencia preliminar. Él y su colega fiscal Felício Pontes Júnior sostienen que permitir que las obras continúen sin cumplir esas obligaciones es una violación de la legislación ambiental.

El 5 de febrero de 2025, el juez José Airton de Aguiar Portela, del 9º Juzgado Federal de Pará, dictó una decisión que mantiene la licencia preliminar, pero prohíbe la emisión de nuevas licencias relativas a otros tramos de la hidrovía hasta que se consulte a los Indígenas, Quilombolas y Ribereños y se los incluya en los programas de compensación, monitoreo pesquero y social.

Ahora el Ministerio Público (MPF) analiza alternativas jurídicas para dar continuidad a la acción que reclama la suspensión de la licencia preliminar y, en consecuencia, de la posterior licencia de instalación. Este último martes 10, en una audiencia de conciliación realizada en el marco de la acción interpuesta por el MPF, se acordó la realización de una inspección judicial técnica en la región del Pedral de Lourenço, en fecha a definir.

Los fiscales también advierten sobre una práctica cada vez más común en los grandes emprendimientos: la fragmentación del licenciamiento ambiental. Presentan el proyecto en partes y los emprendedores van obteniendo licencias parciales, mientras que el conjunto de los daños nunca se evalúa por completo. Según el MPF, esta estrategia contiene una irregularidad original, pues fragmenta los impactos como si no existiera correlación entre ellos. En el caso de la hidrovía, esto significa seguir adelante con la detonación de las rocas y las excavaciones antes incluso de comprender lo que podría desaparecer si se llevan a cabo. Así, la evaluación integral de los impactos ambientales y sociales se ve comprometida.

Consultado por SUMAÚMA, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte desvinculó las obras del Pedregal de Lourenção del conjunto de la hidrovía: “El DNIT no dirige el licenciamiento de la Hidrovía Araguaia-Tocantins junto al Ibama. El licenciamiento ambiental en curso se refiere a las obras de Dragado y Demolición en la Vía Navegable del Río Tocantins, en el tramo específico entre Marabá y Baião, en el estado de Pará”.

El DNIT también afirma que ha cumplido los condicionantes de la licencia preliminar. “Es crucial entender que en esta etapa el DNIT cumplió todos los condicionantes de la Licencia Preliminar directamente relacionados con las obras de demolición”, dice el texto enviado a SUMAÚMA.

El organismo sostiene que solo 11 de las 23 comunidades de la región están en el área de influencia directa de la obra: “Algunas de las 23 comunidades mencionadas por los líderes locales están ubicadas en el Lago de Tucuruí, donde no habrá intervención directa de las obras”. La nota, sin embargo, ignora el carácter interdependiente y sistémico del Río y las formas de vida que dependen de él. Tampoco reconoce que la pesca artesanal, la reproducción de los peces y la forma de vida de los Ribereños dependen precisamente de los escollos que se van a demoler.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

Contactado por SUMAÚMA el 15 de mayo, el organismo ambiental, Ibama, contestó el 22 afirmando que había recibido un comunicado del DNIT en el que declaraba el cumplimiento de los condicionantes, pero aun así le pidió información complementaria. Según el Ibama, el proceso decisorio estaba en marcha. El instituto ambiental reforzó que la licencia de instalación se destina exclusivamente a la demolición del Pedral de Lourenço, desconsiderando el proyecto de la Hidrovía Tocantins-Araguaia: “La información presentada indica que el proyecto en el tramo bajo licenciamiento puede operar independientemente del licenciamiento de otros tramos. En el Ibama no hay información de que habrá una extensión del proyecto”.

El Ministerio Público lo refuta. Dice que el hecho de que la licencia solo considere el impacto de las obras sobre la formación rocosa, no del conjunto de la hidrovía, pone de manifiesto que están ignorando a las comunidades en el proceso, así como el hecho de que “el objetivo final del emprendimiento es la implantación de la Hidrovía Araguaia-Tocantins”.

Respecto al número de comunidades potencialmente impactadas, el Ibama afirmó que no existe una solicitud formal “de ampliación del área de influencia para incluir otras comunidades”. En cuanto a la consulta a las comunidades afectadas, el organismo destacó la realización de cinco audiencias públicas, alegando que sabe que son distintas a las consultas libres, previas e informadas que exige la OIT. Y, aunque dijo que está dispuesto a colaborar para cumplir la recomendación de la OIT, resaltó que no es rol del órgano licenciador —en este caso, el propio Ibama— garantizar que esas consultas se realicen.

El proyecto de la Hidrovía Tocantins-Araguaia no es obra de un solo gobierno. Se gesta desde hace más de tres décadas, que abarcan administraciones de diferentes partidos.

El primer intento de sacar la hidrovía del papel fue en la década de 1990, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. El proyecto volvió a la agenda durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores y ganó nuevo impulso en el gobierno de Dilma Rousseff, también de ese partido. Durante el gobierno de Michel Temer, el entonces ministro de la Integración Nacional, Helder Barbalho (del partido conservador Movimiento Democrático Brasileño), firmó el contrato para los estudios y proyectos de demolición del Pedral de Lourenço.

En abril de 2023, Barbalho, ya como gobernador del estado de Pará, defendió la hidrovía durante un evento con empresarios en Marabá y reforzó la ofensiva en el gobierno federal. El gobierno federal debe destinar cerca de 180 millones de dólares, a través del Nuevo PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento), para viabilizar la demolición del banco de escollos.

El 26 de mayo de 2025, el gobernador celebró la licencia del Ibama en sus redes sociales. “Quiero festejar este momento. Acabo de hablar con el ministro de Transportes Renan Filho y en los próximos días estaremos juntos en Itupiranga, en toda esta región, para firmar la orden de servicio para iniciar las obras de retirada de las piedras de la región de Lourenção y garantizar que el río pueda ser navegable con barcazas, con embarcaciones, para que la producción pueda usar nuestros ríos”.

El Ministerio de Puertos y Aeropuertos, en nota a SUMAÚMA, dijo que la hidrovía sigue siendo una prioridad y que “refuerza su compromiso con la legislación ambiental vigente, asegurando que todas las etapas del emprendimiento sigan los trámites legales y técnicos, con diálogo constante con los órganos de control y fiscalización”. Para el ministerio, la hidrovía es una alternativa de transporte “más sostenible, de menor costo y menor impacto ambiental” y el modo con más potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el Ministerio, también permitiría reducir costos y aliviar la infraestructura de las carreteras.

La profesora Cristiane Vieira da Cunha, de la Facultad de Educación del Campo de la Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará (Unifesspa), conoce de cerca el territorio del banco de escollos. Coordina, en al menos diez comunidades de la región, proyectos de monitoreo de pesca y manejo de quelonios, nombre científico de las Tortugas, Quélidos y Morrocoyes, entre los que se encuentran la Charapa Arrau y la Taricaya.

Las familias viven de la pesca artesanal, el extractivismo y la agricultura de subsistencia, actividades que, a juicio de la profesora, ni siquiera se consideraron en los estudios técnicos que respaldaron el licenciamiento de la obra. “El canal de navegación previsto se superpone exactamente a las zonas de pesca y las playas de desove de quelonios”, explica Cristiane. “Aun así, no hay ningún estudio in loco sobre la fauna acuática. Las referencias que se han usado son secundarias. La experiencia de los pescadores, de las mujeres que manejan los nidos, todo fue ignorado”.

Entre 2017 y 2020, el monitoreo registró 4.977 salidas de pesca y casi 200 toneladas de peces capturados en las regiones que ahora están en riesgo. Durante este período, los ingresos directos generados para las familias superaron los cerca de 130.000 dólares. En los datos recopilados por la investigación, comunidades como Vila Tauiry, Santo Antonino, Cajazeiras, Pimenteira y Praia Alta sobresalen tanto por el volumen de pescado como por los recursos que generaron. Pero el monitoreo de la pesca en estas comunidades está fuera del radar oficial.

Desde 2017, las familias colaboran en un proyecto de manejo comunitario de quelonios que, desde Marabá hasta el lago Tucuruí, ha garantizado la devolución de más de 218.000 crías de Charapas Arrau y Taricayas al Río, donde estarán protegidas de depredadores humanos y naturales.

Estarían protegidas. Las playas donde desovan estas especies también se verán afectadas por las obras de demolición.

En esta formación rocosa vive un pececito de cuerpo alargado, de unos 18 centímetros de largo y un color que varía de tonos dorados, amarillentos a verde metálico. Sus grandes ojos vigilan atentamente su entorno, mientras su boca, que se dirige hacia abajo, cumple su rutina de remover granos de arena y pequeñas piedras en busca de alimento. Su nombre científico, Retroculus lapidifer, nos informa sobre uno de sus hábitos: lapidifer significa “portador de piedras”, una referencia al raro comportamiento de construir con piedritas los nidos donde cuidan a sus crías. La especie es endémica de la cuenca Tocantins-Araguaia, es decir, no existe en ninguna otra región del mundo, y depende de ambientes bien oxigenados, con flujo constante de agua y fondo rocoso.

El investigador Alberto Akama, profesor del Museo Emílio Goeldi, en Belém (Pará), explica que algunos peces dependen exclusivamente de las zonas más profundas y rocosas del Río Tocantins para sobrevivir. Es el caso del Manguruyú, un pez que vive entre las piedras; del Bagre de Cola Roja, que busca refugio entre las rocas; y de los Plecos gigantes, como los Acanthicus hystrix y los Pseudacanthicus, que puede alcanzar casi 1 metro y viven exclusivamente debajo de los 15 metros de profundidad. Se trata de especies que los Ribereños llaman Peces de Morada, que viven en el pedregal.

Estos animales no migran, no salen a la superficie y no tienen otro hogar posible: si explotan las rocas, van a desaparecer. Son especies invisibles para quien nunca se ha sumergido allí, pero que sustentan la complejidad del ecosistema del Río Tocantins. “Estos peces no tienen cómo ir a ningún otro lugar”, afirma Akama. “Si quitas estas piedras, simplemente desaparecen. Son especies que nadie ve, pero que están allí desde hace miles de años”. Algunas de estas especies ni siquiera han sido catalogadas y corren el riesgo de desaparecer incluso antes de que sepamos sus nombres.

El profesor ve con preocupación la concesión de la licencia. “No ofrece ninguna garantía para las especies que viven allí. Las medidas de mitigación son frágiles, casi simbólicas, y aun así no se sabe si realmente se van a implementar. Las acciones de monitoreo propuestas están muy por debajo de lo necesario. Tendríamos, por ejemplo, que hacer un seguimiento en tiempo real de lo que sucede con la fauna durante las explosiones de rocas. Pero ni siquiera se consideró”.

Akama también refuerza algo que ya ha advertido el Ministerio Público, la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades. “No entraré en los méritos legales, pero hablando con los habitantes es evidente que el proceso tuvo fallas. Y hay un detalle técnico del que poca gente habla: el DNIT ahora afirma que ya no es una hidrovía, sino una ‘vía navegable’. Esto lo cambia todo. [Una hidrovía, según la definición de la propia Agencia Nacional de Transportes Fluviales, requiere embarcaciones estandarizadas, señalización y control.] En una vía navegable no hay control: pueden pasar todas las embarcaciones que quieran, cuando quieran. Y nadie sabe cómo van a funcionar. Nadie se hace cargo de esto. Esta licencia es prematura. Estuvo mal pensada. Y honestamente no parece haber sido emitida con la intención de preservar el medio ambiente ni a las especies que están en riesgo”.

Para el DNIT, el Pedral de Lourenço es un cuello de botella que hay que dinamitar. Para la agroindustria, es una oportunidad de transformar el Río en una carretera. Pero para quienes viven allí, el Pedral de Lourenção significa refugio, sustento y hogar. Es el lugar de las Charapas Arrau, los Peces de Morada, los niños que aprenden a pescar, los ancianos que cuentan leyendas y la propia historia del Negro del Agua, todo forma parte de una misma red de vida. Hacer volar el pedregal es rasgar este tejido para siempre.