«Si no me quieres vender la tierra, no pasa nada, tu viuda me la venderá más barata». Muchos ribereños y muchos colonos —campesinos migrantes que se asentaron en los márgenes de las carreteras que rajaron la Amazonia en la década de 1970— han oído esta frase en boca del forastero o del «hacendado» vecino que quiere aumentar sus pastos. Así es como actúa una figura conocida por casi todos en la Amazonia: el grileiro.

Pero ¿qué es un grileiro? ¿Es solo el que presiona y amenaza a los más débiles para arrebatarles sus tierras? ¿O es el que va a regiones lejanas a «cortar tierras» para sí, una expresión común en las áreas rurales de la Amazonia para vallar terrenos?

De hecho, el grileiro es un personaje muy antiguo en la historia de Brasil. Gran parte de lo que el país es hoy —y especialmente la forma perversa en que tanta tierra se concentra en manos de unos pocos— es el resultado del robo de tierras públicas, o grilagem en portugués. Este texto es un intento de presentar este proceso para comprender mejor los efectos de este crimen en la Amazonia.

La palabra grilagem procede de una antigua práctica de falsificación de documentos. El falsificador ponía los documentos falsos en una caja con grillos. Los excrementos de los insectos oxidaban rápidamente el papel, que cobraba el tono amarillento y herrumbroso que naturalmente tardaría décadas y siglos en adquirir. Tener esta apariencia de antigüedad era importante para que el documento falsificado pasara por auténtico y pudiera utilizarse para robar tierras.

En la Amazonia, este crimen se lleva a cabo con tierras públicas, y más concretamente, con «tierras públicas no destinadas». Es decir, aquellas áreas que no han recibido un destino: no se han convertido en un asentamiento de reforma agraria, una unidad de conservación, una tierra indígena u otras formas de ocupación.

La profesora Eliane Moreira, fiscal del estado de Pará, explica que la Constitución Federal brasileña determina un orden de prioridad para el destino de estas tierras. La primera prioridad serían tierras indígenas, seguidas de tierras quilombolas (descendientes de africanos esclavizados que se refugiaron en centros de resistencia) y otras comunidades tradicionales. Después vendrían el interés ambiental y la reforma agraria. Sin embargo, la fiscal denuncia que los propios gobiernos están invirtiendo este orden y priorizando las propiedades privadas individuales, que solo podrían existir si no hubiera interés social o ambiental en la zona.

En la Amazonia, el robo de tierras públicas se produce a dos niveles: uno sobre el terreno y otro sobre el papel. En el primer caso, es cuando se toma materialmente el área. El grileiro tiene que expulsar al ocupante original de la tierra, por lo que sus sicarios «limpian» el lugar de sus legítimos ocupantes. Además, derriban la selva para consolidar la apropiación. Es entonces cuando se producen amenazas y otras formas de violencia. Pero también cuando hay resistencia de los múltiples movimientos sociales del campo: indígenas, quilombolas, campesinos y otras comunidades tradicionales.

El segundo nivel es sobre el papel: por medio de fraudes en las oficinas de registro de la propiedad o en los organismos de regulación de tierras, la tierra se segrega del patrimonio público y se traslada al patrimonio privado del grileiro. La violencia (e incluyo aquí la deforestación como una variante) es el principal instrumento para hacerse con tierras públicas.

Cuando este mercado sucio de tierras se sacude, la violencia, como mecanismo de grilagem, aumenta. Y la segregación de tierras del patrimonio público no siempre se produce falsificando documentos (como los que se meten en la caja con grillos). De hecho, la mayor parte de la apropiación ilícita se concreta precisamente a través de políticas públicas que «perdonan» y amnistían el crimen.

Pero ¿qué documentos quieren conseguir los grileiros? La «historia» de cualquier inmueble tiene que empezar con un acto del Estado, en el que la tierra deja de ser pública y se enajena a un particular. En Brasil, esto se denomina segregación de una tierra del patrimonio público: la propiedad se transfiere del gobierno federal, estatal o municipal a una persona. Este acto de enajenación de un inmueble público es precisamente el momento más frecuente en la práctica de grilagem. Sin embargo, el término que se originó como referencia a la falsificación de documentos no tardó en generalizarse y referirse a diversas formas de apropiarse de tierras ajenas.

¿Sería grilagem el caso de un colono que ocupa, sin ningún documento ni autorización de un organismo oficial, un terreno público no destinado lo suficientemente grande como para sustentar a su familia, teniendo allí su trabajo y su vivienda? ¡No!

La ley es clara al decir que la ocupación de tierra pública solo es legítima si la lleva a cabo alguien que la vuelve productiva con su trabajo y el de su familia, y que ejerce la residencia permanente y el cultivo efectivo. El tamaño de estas tierras no debe ser superior a 100 hectáreas en la Amazonia. Y, por supuesto, siempre que la zona no sea un territorio tradicionalmente ocupado por indígenas o comunidades tradicionales, o no sea una unidad de conservación.

Entonces, el grileiro se «disfraza» de colono. Hace un mapa de la zona que considera suya, que suele ser inmensa, y la divide en parcelas. Para cada una, el grileiro nombra a un ocupante diferente. Son los famosos testaferros, personas que prestan su nombre o que a veces ni siquiera saben que están siendo utilizadas.

El grileiro monta procesos separados, como si cada parcela la ocupara un colono en los términos expuestos anteriormente, en cuyo caso la ocupación sería legítima. Para cada testaferro, se presenta una solicitud al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), pidiendo que la parcela se regularice y sea reconocida como propiedad del testaferro. Una vez tituladas las tierras, el grileiro transfiere todas las parcelas a su propio nombre. Así funcionaba hasta 2009.

En 2009, la vida del grileiro se volvió más fácil. El gobierno de Lula publicó la Medida Provisional 458, que se convirtió en la Ley 11.952/2009, y creó el Programa Tierra Legal. Anunciado como un instrumento en beneficio de los pequeños y de la «cuestión social», en realidad legalizó el robo de tierras públicas en los estados amazónicos. Básicamente, esta ley —y las que le siguieron— eliminó requisitos, por lo que a los grileiros les pasó a resultar más fácil utilizar docenas de testaferros para conseguir los documentos de los terrenos apropiados ilegalmente. Y los grandes beneficiarios de estas facilidades fueron unos pocos grileiros, que concentraron muchas tierras.

Aunque los minifundios y las pequeñas posesiones de hasta 400 hectáreas representaban el 80% de todas las solicitudes de regularización, ocupaban el 11,5% de la superficie que regularizar. En cambio, las medianas y grandes propiedades, que solo representaban el 20% del total de propiedades que solicitaban la regularización, ocupaban el 88,5% de la superficie que regularizar. Las ocupaciones campesinas de menos de 100 hectáreas que cumplían ciertos requisitos ya tenían garantías legales, a diferencia de la invasión de tierras mayores, consideradas totalmente ilegales.

La amnistía para este crimen se repitió y profundizó en los gobiernos siguientes. En 2016, el entonces presidente Michel Temer publicó la Medida Provisional 759, que luego se convirtió en la Ley 13.465/2017. La norma amplió cuatro años el período de amnistía: antes era necesario demostrar que el terreno había estado ocupado desde 2004; con la nueva ley, la ocupación se flexibiliza, pudiendo ser desde 2008 (y, en algunos casos, desde 2011). También aumentó de 1.500 a 2.500 hectáreas el tamaño de las zonas que podían regularizarse en la Amazonia Legal.

Dos años después, en 2019, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, se presentó la Medida Provisional 910, que pretendía ampliar a todo el país la posibilidad de regularizar tierras de hasta de 2.500 hectáreas y que el procedimiento fuera autodeclarativo —con lo cual no se inspeccionarían las áreas de hasta 1.500 hectáreas—, aumentando significativamente las facilidades dadas a los grileiros.

La medida no se votó en el Congreso y caducó, pero su contenido se trasladó parcialmente al Proyecto de Ley 2.633/2020. También se propuso el Proyecto de Ley 510/2021, muy similar al anterior. Estos cambios consagran la «legitimidad» del «hecho consumado» y fomentan nuevas invasiones de tierras públicas con la expectativa de que pronto se regularizarán, dando lugar a un ciclo perverso de destrucción ambiental y delincuencia.

Cuanto más fácil se lo ponen las leyes a los grileiros para obtener los documentos de las tierras que han expoliado, más vale la pena invertir en los mecanismos de apropiación sobre el terreno: la violencia y la deforestación.

Otro cambio que modernizó los protocolos para robar tierras públicas fue la creación del Registro Ambiental Rural, un registro público electrónico creado en 2012 para concentrar la información ambiental de las propiedades y posesiones rurales en una base de datos para el monitoreo ambiental. La inscripción en el Registro Ambiental Rural es obligatoria en todo Brasil y autodeclarativa, o sea, el primer registro se realiza íntegramente a partir de una declaración del ocupante del terreno. Pero no cualquiera puede hacer esa declaración, porque son necesarios conocimientos técnicos para cumplimentar la documentación y utilizar sistemas de proyección cartográfica de los inmuebles: hay que tener recursos para pagar a un técnico que la ejecute y la firme.

En la Tierra Indígena Ituna/Itatá, en Pará, por ejemplo, donde hay indígenas en aislamiento voluntario, casi toda el área está cubierta por terrenos inscritos en el Registro Ambiental Rural, aunque allí no pueda haber propiedad privada. Las inscripciones indican la intención de los grileiros de apropiarse de las tierras.

Según la fiscal Eliane Moreira, el Registro Ambiental Rural no se concibió como un mecanismo de regulación de tierras y siempre se ha basado en la existencia de una propiedad o posesión válida. «Sin embargo, en la práctica esta suposición se ha dejado de lado y el Registro se ha ido convirtiendo en un instrumento para robar tierras públicas», afirma.

Un ejemplo de cómo utilizan los grileiros el Registro —y la parcelación de los terrenos, el uso de testaferros y los programas de regularización de tierras— se encuentra en un anuncio de 2016 de una hacienda de 100.000 hectáreas en el municipio de Jacareacanga, en Pará. El vendedor, a través del portal de clasificados OLX, anuncia sin pudor la posesión de un terreno público 40 veces mayor que el límite constitucional para adquirir tierras federales sin autorización del Congreso: «Es una zona de posesión tranquila y pacífica y se está realizando la Geo [georreferenciación] para luego hacer la inscripción en el Registro Ambiental Rural, solicitar el título definitivo y la consiguiente escritura definitiva. Se está desmembrando en áreas de hasta 1.500 hectáreas para el [Programa] Tierra Legal».

Públicamente, se asume que una inmensa tierra pública robada se dividirá en fracciones más pequeñas, del tamaño límite para entrar en el Programa Tierra Legal de regularización de títulos de pequeños poseedores. Y cabe señalar que, una vez más, el Registro Ambiental Rural se considera una etapa del proceso de titulación fraudulenta de tierras.

Los instrumentos legítimos y legalmente establecidos, como la recaudación de impuestos, los registros de la propiedad y el propio Registro Ambiental Rural, cuando pueden utilizarse con tierras robadas, confieren al delito un barniz de legalidad.