Isabel Cutschó, de 77 años, una de las ancianas Xokleng, lleva en su rostro las marcas de la lucha de su pueblo. Las cicatrices de la histórica persecución –simbolizadas en la matanza a tiros y el filo del machete que usaban los bugreiros, como se les decía a los asesinos a sueldo de la época, que ganaban dinero del Estado por orejas mutiladas de los indígenas– marcan también los pies curtidos de Isabel. Vive en la aldea Sede, a 20 kilómetros del centro de la ciudad de José Boiteux, en Alto Vale do Itajaí, estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Sentada en un banco de madera, Isabel muestra algunas de las piezas artesanales que produce, como aretes, hebillas para el pelo, collares y pulseras de colores. Mientras, la anciana nos cuenta que no se acuerda de cuántas veces salió del Territorio Indígena Ibirama-Laklãnõ para participar en largas reuniones y ruidosas protestas en Brasilia o en Florianópolis, la capital de Santa Catarina. En 2021 bailó descalza en uno de los salones de la Corte Suprema, en Brasilia, en señal de protesta. «No es que queramos tierra, lo que queremos es que nos devuelvan nuestra tierra», corrige Isabel, casada con un excacique del clan Patté, con quien tuvo siete hijas y fue abuela de muchos nietos. Es con parte de su familia que estará nuevamente en la Capital Federal, a 1.700 kilómetros de distancia, para ver lo que los indígenas consideran el «juicio del siglo».

Como sus parientes, Isabel espera afligida el 7 de junio, cuando se reanudará el juicio en la Corte Suprema de un proceso que definirá el futuro del Territorio Indígena Ibirama-Laklãnõ. Este juicio definirá si se podrá aplicar en la demarcación de tierras del pueblo de Isabel, así como de los territorios indígenas de todo Brasil, el denominado «marco temporal», tesis que reduce los derechos de los pueblos originarios al determinar que solo pueden vivir en sus tierras ancestrales quienes las ocupaban en la fecha de promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988. Determinar un hito temporal para el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios ignora que muchos fueron expulsados de donde vivían por usurpadores de tierras o proyectos de Estado, o incluso obligados a huir para no morir.

La trayectoria de luchas del pueblo Xokleng atraviesa generaciones. Además de las cicatrices de Isabel, también se refleja en el abrazo de Sofhya Koziklã Teiê Priprá, de 5 años, a un árbol de canela sasafrás, nacido en el fondo de la Escuela Infantil y Primaria Vanhecu Patté, en la aldea Bugio. Esta especie ya fue abundante en la zona, pero desde principios de los años 90, por haber sido tan explotada por la construcción civil, entró en la lista oficial de Especies de la Flora Brasileña Amenazadas de Extinción. Además de su madera «noble», el sasafrás demostró otra cualidad que llamó la atención de las empresas madereras: su inmensa capacidad de producir el aceite esencial de safrol, utilizado en la elaboración de productos medicinales y cosméticos. El árbol da nombre a la Reserva Biológica Estatal do Sassafrás, creada en 1977, con un área de 5.229 hectáreas, divididas en dos terrenos en los municipios de Benedito Novo y Doutor Pedrinho.

La lucha por este territorio viene de la década de 1990. Los Xokleng siempre han defendido que la tierra era suya, pero en aquel momento los líderes no tenían muy claro cómo actuar. El caso en discusión en el Supremo, cuya sentencia se reanudará estos días, empezó en 2009 con una acción de reintegración interpuesta por la entonces Fundación del Medio Ambiente (Fatma), hoy Instituto Ambiental de Santa Catarina (IMA). El área reclamada por los Xokleng se superpone a la reserva y ya se había identificado como parte de la Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ. La línea de demarcación del territorio ya se había empezado a trazar, pero el estado de Santa Catarina presentó una solicitud de reintegración, por lo tanto, desde 2013, el proceso de delimitación quedó detenido.

En 2019, a partir de una audiencia pública de conciliación en la Corte, mediada por el magistrado Edson Fachin, las cosas parecían dirigirse hacia un entendimiento. Sin embargo, no hubo acuerdo. Ahora la votación está empatada con el voto contrario del ponente Fachin a los pedidos del gobierno de Santa Catarina y favorable del magistrado Kássio Nunes Marques, elegido por el ultraderechista Jair Bolsonaro cuando era presidente.

El abrazo de Sofhya al árbol, que tarda años en crecer y puede alcanzar una altura de 25 metros, conlleva una esperanza que va más allá de los límites territoriales de los Xokleng. Esto es así porque, en 2019, la Corte Suprema le dio al proceso el status de repercusión general, lo que significa que la decisión que se tome en este juicio servirá de guía para todas las instancias de la Justicia con respecto a la demarcación de tierras indígenas en Brasil.

Sofhya Kozikla Pripra, de 5 años, abraza el árbol de canela sasafrás, especie que le dio nombre a la reserva creada en 1977. Foto: Daniel Conzi/Sumaúma

Los Laklãnõ/Xokleng viven en el noroeste de Santa Catarina, en el Alto Vale do Itajaí, adonde se llega por la transitada carretera BR-470. Se autodenominan «gente del sol». Para llegar a la tierra indígena, que se extiende por los cuatro municipios de José Boiteux, Doutor Pedrinho, Vitor Meireles e Itaiópolis, hay que desplazarse por caminos de tierra. El trazado se confunde: por momentos se está en tierra indígena, en otros en tierra no indígena con plantaciones de maíz, tabaco, árboles frutales. El tráfico de camiones que transportan troncos de pino es intenso.

Cerca de 486 familias de agricultores están en la zona de conflicto, pero no la invadieron. Compraron la tierra legalmente del Estado, con escrituras registradas en notarías, en proyectos estatales que ignoraban los derechos indígenas, que solo fueron totalmente reconocidos en la Constitución de 1988. Sin embargo, de este universo de familias, 150 no podrían probar ninguna legitimidad porque actuaron de mala fe al invadir la zona sabiendo que era territorio indígena y, por lo tanto, no tienen derecho a ninguna indemnización.

Los Xokleng son cerca de 2.300 personas que viven en nueve aldeas, cada una tiene su autonomía política y un cacique-presidente le da unidad a la comunidad. Los líderes son elegidos por voto directo y periódico. En una de las regiones más frías del país, las casas son de albañilería. Para vencer los caminos de tierra, la mayoría de las familias tiene auto. Además de los Xokleng, que son la gran mayoría, el territorio también alberga familias Guaraní y Kaingang, otros dos pueblos originarios que viven en Santa Catarina con una población estimada de 17.000 personas.

Por siglos, nómadas, cazadores y recolectores ocuparon los bosques que cubrían las laderas de las montañas, los valles costeros y los bordes de la meseta en el sur de Brasil. En ese pasado lejano, sufrieron al tener que competir con otros grupos indígenas por el dominio de los campos y bosques de pinos. Después, viviendo en las laderas de la meseta y los valles costeros, vieron como esas tierras fueron ocupadas poco a poco por no indígenas. Después de proclamada la «Independencia», Brasil empezó a favorecer la inmigración de europeos. En este proceso, los indígenas sufrieron las consecuencias de decisiones políticas y económicas ejecutadas con extrema violencia. «La saga de los Xokleng se confunde muchas veces con la historia de la inmigración en el sur del país, en particular en Santa Catarina, donde hubo un gran flujo de inmigrantes de origen alemán. En Alto Vale do Itajaí la colonización solo se concretó cuando se confinó a los indígenas en la reserva», escribió el doctor en antropología y docente de la Universidad Federal de Santa Catarina, Sílvio Coelho dos Santos (1938-2008), en Os Índios Xokleng – Memória Visual (editoriales UFSC y Univali, 1997).

La tensión que precede al juicio del marco temporal en la Corte Suprema afecta incluso a la comunidad escolar. La preocupación creció después de que circuló un video en el que aparecían líderes políticos y agricultores de la zona hablando de «baño de sangre» y «guerra civil» si los «capa negra» –los magistrados de la Corte Suprema–, solo atendieran los intereses de los indígenas. Narrado por el diputado federal Rafael Pezenti (MDB-RS), el video destaca la importancia de la «propiedad privada» y las escrituras otorgadas a quienes compraron tierras, en el que dice que es «muy malo cuando se tira a la basura la historia de la gente». El diputado en ningún momento menciona lo que se hizo con el pasado ancestral de los Xokleng ni su relación con la tierra algunos milenios anteriores a la relación de los inmigrantes europeos. Termina afirmando que si el Supremo comete esta injusticia (en contra del marco temporal), eso se va a corregir con «sangre derramada».

Para no sembrar el pánico, los líderes les pidieron a los indígenas que no compartieran el video. Aun así, muchos lo pudieron ver. Los maestros temen represalias y consideran anticipar las vacaciones, que estaban previstas para empezar el 15 de julio, al 5 de julio.

Preocupa especialmente la situación del alumnado de educación infantil, que sale de los límites de la tierra indígena. Todos los días, a partir de las 6 de la mañana, el autobús con los estudiantes recorre el camino que pasa por una zona de agricultores en conflicto. Con la invasión y los asesinatos de cuatro niños en una guardería en Blumenau el 5 de abril, se reforzó la seguridad en las escuelas públicas del estado. Este es el caso de la Escuela Indígena de Educación Básica Laklãnõ, aldea Pliplatõl, donde se turnan los vigilantes y se pusieron conos en la entrada principal. Nadie entra sin ser identificado.

Aun así, los educadores indígenas tienen miedo. «Nuestra lucha no es contra los agricultores, que también son víctimas del Estado que les vendió tierras que no le pertenecían, pero sabemos que en situaciones así los niños siempre son los más vulnerables», dice la vicecacica Jussara Reis dos Santos, de 37 años, hija de madre xokleng y de un descendiente de inmigrante europeo.

Entre las mujeres, especialmente, la preocupación es más grande. Asustadas, algunas pidieron que no se las identificara. «En el campo todo el mundo tiene un arma en casa. Siempre enfrentamos prejuicios por nuestras condiciones de vida, pero la relación con los vecinos era normal», cuenta una Xokleng. «Con el marco temporal se agravó y las madres tenemos miedo porque hay muchos registros [de armas] de cazadores (Coleccionistas, Tiradores Deportivos y Cazadores, los CAC)». Lo que dice refleja el miedo de las mujeres a las consecuencias del gobierno de Bolsonaro, que incentivó el porte de armas en todo Brasil.

Clase de artesanía en la Escuela Indígena Aldeia Bugio, en Dr. Pedrinho. Foto: Daniel Conzi/Sumaúma

Por lo menos 150 Xokleng van a seguir la votación en Brasilia. Un cuarto autobús debe partir de Florianópolis con estudiantes indígenas de la Universidad Federal de Santa Catarina. En las aldeas es grande el deseo de participar en este momento histórico. Tanto es así que cada uno de los nueve caciques tuvo que indicar a quienes formarán parte de la comitiva. Según Tucum Gakran, cacique-presidente, se considera cierta incertidumbre en cuanto a lo que sucederá el 7 de junio. «No se puede dejar a la comunidad desprotegida y eso podría pasar si la votación se alarga algunos días. Enviamos una carta al Ministerio Público Federal y al Ministerio de los Pueblos Indígenas pidiendo el envío de policías federales», explica Ticum, que es residente de la aldea Coqueiro. Sobre la anticipación de las vacaciones escolares, el cacique dijo que la idea no debe avanzar, pues habría que reenviar una solicitud formal a la Secretaría del Estado de Educación. «El gobierno de Santa Catarina no está de nuestro lado. Además de la acción que dio origen al marco temporal, el actual gobernador, Jorginho Mello (PL), está ejerciendo una fuerte presión en Brasilia en contra de la causa Xokleng. Tenemos docentes contratados por licitación y tememos que ellos también sufran algún tipo de persecución», prevé Tucum.

El abogado Rafael Modesto dos Santos trabaja en defensa del pueblo Xokleng. El argumento central que defiende es que la tesis del marco temporal es inconstitucional. Según Santos, el estado de Santa Catarina comete un error al defender solo un lado de la historia. «El estado de Santa Catarina defiende los derechos de los ruralistas, cuando en realidad no debería defender los derechos de nadie. Elige un lado, así como en el siglo pasado contrataba sicarios para cazar, ahuyentar y matar a los indígenas», afirma. «En este contexto de expulsión violenta marcado por cacerías humanas, la titulación de estas tierras indígenas se hace en beneficio de terceros, en perjuicio del patrimonio público del Estado, pues se trata de un usufructo exclusivo de los indígenas».

La acción de los bugreiros (asesinos de indígenas a sueldo), defiende el abogado, es una mancha en la historia brasileña que el estado tendría que reconocer, tanto el Estado brasileño como un todo, como el estado de Santa Catarina, que en el pasado fue el responsable de pagarles a los cazadores de indios. En este caso, sostiene, lo mínimo que se podría hacer para reparar esa violencia histórica sería la devolución de la totalidad del territorio a los Xokleng.

El defensor habla de reparación pecuniaria –un derecho imprescriptible que no se pierde con el tiempo–, que puede discutirse en el Poder Judicial y hay que pedir a la Comisión de Amnistía del gobierno federal. «De momento esperamos que la devolución del territorio sea un mecanismo de reparación, pero queda claro que esto no interfiere en una posible discusión sobre el derecho a la reparación por las violencias cometidas por nuestras instituciones, especialmente el Estado de Santa Catarina, contra quienes fueron cazados y asesinadas bajo el yugo de la extrema violencia».

Según el análisis del abogado, la aprobación del marco temporal implicaría «un daño cultural enorme para el país». Además, los grupos de indígenas que están viviendo en el margen de los caminos, a los costados de las carreteras, en campamentos improvisados o en fondos de haciendas porque tuvieron sus tierras invadidas, serían expulsados y naturalmente forzados a disputar espacio en los suburbios de las ciudades.

Cuando le preguntamos si entiende que esto podría resultar en un fenómeno similar a lo que pasó cuando se firmó la Ley Áurea (13 de mayo de 1888), el abogado es asertivo: «Así como el “fin de la esclavitud” empujó a las poblaciones pobres y sin condiciones de subsistencia hacia los suburbios de las ciudades, una votación a favor del marco temporal condenará a los indígenas a una situación muy similar».

Esto no es lo que piensa el abogado Márcio Vicari, fiscal general del estado de Santa Catarina. Hasta su nombramiento, el 2 de enero, seguía de lejos la tesis sobre el marco temporal. El 15 de mayo Vicari participó en una audiencia pública en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina. «El gobierno del estado se dedica a defender a los agricultores de Santa Catarina», aseguró. El encuentro fue propuesto por el presidente de la Asamblea, el diputado Mauro de Nadal (MDB). En el encuentro participaron cinco diputados y nueve representantes de entidades vinculadas a federaciones de agricultura o empresariales. Todos expresaron su apoyo a mantener el marco temporal.

El fiscal general refuta el argumento de la parcialidad del estado. «La defensa de los pueblos indígenas la hace Funai, el Ministerio Público Federal. El estado [Santa Catarina] que hoy represento está defendiendo sus propios intereses, así como los del Instituto del Medio Ambiente (IMA), que es una autarquía regional, y desde el inicio del proceso tiene esta posición», alega. «No se trata de una posición a favor de A o B, sino de defender un área de protección ambiental, la Reserva do Sassafrás».

La trayectoria de los pueblos originarios de Brasil está marcada por sangre. Entre los muchos pueblos víctimas de exterminio y masacres, los Xokleng están entre los que han sufrido más atrocidades. En 1956 la demarcación de su territorio fue realizada por el Servicio de Protección Indígena (SPI), pero se hizo con solo 14 mil hectáreas, no las 37 mil hectáreas que ya habían sido reconocidas por el gobierno del estado de Santa Catarina, allá por 1914. El objetivo era obvio: mientras que los Xokleng quedaban restringidos a un espacio más pequeño, se «vendía» el resto de las tierras a empresas y colonos que pasaron a registrarlas en las notarías. Por lo tanto, fue una situación de conflicto generada por el mismo poder público.

Casi 100 años después, el pueblo Xokleng todavía espera la aprobación de las 23 mil hectáreas restantes. En la década de 1970, bajo la dictadura militar que oprimió a Brasil de 1964 a 1985, el gobierno federal decidió construir un dique, Barragem Norte, hoy municipio de José Boiteux. El dique, obra para contener las aguas de los ríos, ocupaba el 15% de las 14 mil hectáreas que se le habían garantizado a la etnia, reduciendo todavía más la tierra de los Xokleng. La estructura más grande de su tipo en el país fue construida para evitar inundaciones en los municipios del Vale do Itajaí.

La construcción echó a la gente de sus casas, ignoró la existencia de los Xokleng e inundó gran parte del territorio indígena. Los impactos negativos para los Xokleng fueron varios, afectó el cultivo de alimentos, la convivencia familiar y la educación. Al impedir el flujo de agua desde el río Hercílio, el dique castigó a la comunidad con sucesivas inundaciones. Los líderes familiares decidieron, por lo tanto, buscar otros espacios para poder vivir, alejándose de la convivencia con sus parientes. En este contexto, muchos indígenas migraron a las áreas urbanas, volviéndose pobres en los suburbios de las ciudades de Santa Catarina.

Brazílio Priprá, de 65 años, vive en la parte alta de la aldea Palmeira. Sin nunca haber sido elegido cacique, el exempleado de la antigua Funai es uno de los mayores conocedores de la realidad Xokleng. Hace por lo menos 36 años que sigue el ir y venir de su pueblo en busca del reconocimiento definitivo de su territorio ancestral. En la casa rodeada de árboles frutales y araucarias, especie típica de las regiones frías y que produce la semilla del piñón, guarda un documento que considera sagrado: un decreto del entonces gobernador del Estado de Santa Catarina, Bulcão Vianna, con fecha del 3 de abril de 1926, que incluye el área actualmente en disputa dentro del territorio Xokleng. «Los agricultores que compraron la tierra lo saben, los madereros lo saben y el Estado lo sabe: estas tierras son de los Xokleng. El Estado, que vendió el área a las empresas y estas a los agricultores, tiene que indemnizar a las familias», afirma.

Aunque no haya experimentado directamente las atrocidades del pasado, se emociona cuando habla de lo que escuchó de sus mayores. Uno de los episodios más tristes se produjo en agosto de 1904: se tiraban niños hacia arriba y se los clavaba con un puñal. Ese día el Estado asesinó a 244 indígenas. El episodio fue relatado en el ya extinto periódico Novidades, de Blumenau: «Los enemigos no perdonaron ninguna vida. Después de haber empezado su trabajo con balas, lo terminaron con cuchillos. Tampoco los conmovían los gemidos y gritos de los niños que se aferraban a los cuerpos postrados de sus madres. Fueron todos masacrados».

Priprá creció escuchando historias como esa. «Lloro ante estas atrocidades. Soy nieto de personas que ayudaron a sacar a la comunidad del monte , a hacer contacto (con no indígenas). Han pasado más de 100 años, pero para un pueblo eso es ayer».

Y estos recuerdos de tanta violencia todavía hoy asolan a las aldeas. «La acción del marco temporal nos dejó a todos ansiosos. Nuestra gente carga un trauma que nació allá lejos, cuando nuestros antepasados casi fueron exterminados», explica Priprá.

Esa memoria, observa el profesor de matemática Abraão Kovi Patté, graduado en Profesorado Indígena Intercultural del Sur de la Mata Atlántica por la Universidad Federal de Santa Catarina, la revivo siempre que estoy en la ciudad de Ibirama, a 30 kilómetros de José Boiteux y camino hacia la reserva indígena. «En la rotonda de la avenida principal, el monumento al centenario de la ciudad nos muestra cuánto prejuicio está arraigado culturalmente en la zona», señala. El educador se refiere a la plazoleta de piedra con esculturas de bronce en honor a los grupos fundadores de la ciudad. «Los inmigrantes, representados en las figuras del agricultor, pionero y obrero, de pie, imponentes, mientras que la imagen del indígena en menor tamaño, en posición inferior frente a los demás».

A pesar de esto, la presencia de los indígenas en el «Valle Europeo», como dicen en Santa Catarina, es fuerte. Cuando fue fundado, el lugar se llamaba colonia Harônia, pero le cambiaron el nombre a Dalbergia. En 1943 pasó a llamarse Ibirama, que en lengua indígena significa «Tierra de la Abundancia».

Rosinei Pedroso, de 47 años, Rose, es la cocinera de un campamento que está en el margen de la carretera que limita con la antigua sede de la Reserva Biológica Estatal do Sassafrás. La mujer indígena Kaingang está casada con el Xokleng Ndili Kopakã, quien, junto con otros hombres, trabajan cortando pinos en los bosques de la zona. Ya hace casi siete años que vive con hijas y nietos en una tienda de lona. Vivir cerca de tierras en conflicto le cobra un precio alto: ya le pasó algunas veces que sus ollas, vajilla y ropa fueran arrojadas al suelo. Al menos una de esas ocasiones habrían sido policías. «Ya no le tengo miedo a nada. No creo estar haciendo nada malo aparte de luchar. Quiero quedarme aquí hasta que me coma la tierra», cuenta Rose, mientras se calienta alrededor de la cocina a leña tomando mate.

Durante 10 años, Natan Cuzon Crendo, de 33 años, fue operador de máquinas en una de las mayores fabricantes de productos de cama, mesa y baño en el centro textil de Vale do Itajaí. Como la mayoría de los jóvenes, se fue a buscar trabajo. Pero volvió a la aldea Bugio, donde vive con su esposa, que está embarazada de su segundo hijo. Cuenta que lo conmovió un sentimiento común a otros que se fueron y regresaron. «No puedo dejar morir el legado de mis ancestros: acompañé a mi mamá acampada en Barragem Norte, una obra que solo le hizo daño a nuestro pueblo, donde ella enfermó y murió. Mi hijo tiene 1 año y cada vez que lo tengo en mis brazos me viene a la mente el sufrimiento de nuestro pueblo».

Bugio, a diferencia de las demás aldeas de la TI Ibirama-Laklãnõ, queda a mil metros por encima del nivel del mar. Natan usa esta condición geográfica como una comparación con los retos de un Xokleng: «Solo Dios puede empujarme hacia abajo».

Así como Natan desea que su hijo conozca la historia de sus antepasados, la juventud Xokleng ya se decidió por un levantamiento. Además de su fuerte presencia en las redes sociales, los jóvenes de la Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ han asumido el protagonismo de la lucha. Con baile, cantos, cuerpos pintados, rondas de charlas y protestas, han llevado el grito Xokleng a diferentes lugares. Ya fueron a protestar a la Corte Suprema, en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, a las calles de Florianópolis y a la Asamblea Legislativa de Santa Catarina.

«Todos los ancianos esperaban que la demarcación de nuestro territorio se hiciera de manera completa. Queremos honrar a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, a todos los que murieron sin ver que se concretara este momento histórico», cuenta Kagdan Crendo, de 16 años, comunicador del grupo de jóvenes. Diez días antes de la votación del Supremo, el estudiante de secundario de la aldea Plipatõl admite que apenas puede dormir esperando la decisión. «El marco temporal ha unido a nuestra gente. Ancianos y jóvenes, católicos y evangélicos. Tenemos diferencias, pero en este momento nada es más importante que el tema de la tierra».