Existen innumerables razones por las que la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, califica el proyecto de ley del marco temporal, el PL 490, de «genocidio legislado». La tesis de que solo los indígenas que ocupaban su territorio el 5 de octubre de 1988, fecha en que se promulgó la Constitución, tienen derecho a que se demarquen sus tierras está en el centro del debate, pero esta es solo una de las atrocidades del texto. El proyecto que podría convertirse en ley es mucho más ambicioso: permite plantar cultivos transgénicos en tierras indígenas, retoma la política de la dictadura sobre los pueblos aislados, abre la posibilidad de que se construyan carreteras e hidroeléctricas sin consulta previa a los indígenas ni a organismos como la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) o el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Y lo que es aún peor: con criterios subjetivos sobre lo que es «ser indígena», puede arrebatar a los pueblos originarios territorios que ya están demarcados.

El proyecto del apocalipsis fue aprobado con prisas en la Cámara de los Diputados el 30 de mayo y ahora lo examina el Senado. «Es un intento de legalizar cosas ilegales», sintetizó a SUMAÚMA el abogado indígena Eliésio Marubo, representante jurídico de la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Yavarí (Univaja). «Pone en una situación de extrema fragilidad a los pueblos y a las tierras indígenas, incluso a las que ya están demarcadas».

Los parlamentarios ruralistas y bolsonaristas están ejerciendo una fuerte presión para que el proyecto se vote con premura también en el Senado, es decir, directamente en el pleno, sin pasar por un análisis previo en comisiones temáticas. El senador Ciro Nogueira, exministro de la Casa Civil (especie de ministerio de la Presidencia) en el gobierno de Jair Bolsonaro, presentó el martes 6 de junio una solicitud para que se tramitara de urgencia. Le corresponderá al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, decidir si somete a votación la petición, aunque ya ha dicho que no repetirá en el Senado lo que ocurrió en la Cámara de los Diputados. Nogueira presentó la petición un día antes de que el magistrado bolsonarista André Mendonça, nominado por Bolsonaro para la Corte Suprema por ser «terriblemente evangélico», volviera a paralizar el juicio del marco temporal en la corte. Ante la falta de una decisión judicial, la bancada que defiende los intereses de los terratenientes en el Congreso aumenta la presión para que se apruebe el proyecto del marco temporal.

El texto que se aprobó en la Cámara de los Diputados es una aberración que contradice todo el saber de siglos: da al gobierno federal la posibilidad de retomar tierras indígenas ya demarcadas en caso de que «se alteren los rasgos culturales de la comunidad u otros factores por el paso del tiempo». Con ello, se abre de par en par la puerta a cuestionar judicialmente si un determinado pueblo «ha dejado de ser indígena» por utilizar, por ejemplo, autos, computadoras o celulares. Este debate ya lo habían superado totalmente los antropólogos. El líder Yanomami Davi Kopenawa, por ejemplo, no ha dejado de ser indígena por ser autor de libros publicados en varios países o por viajar por el mundo defendiendo la causa de su pueblo y de la conservación del planeta. Pero la posibilidad la recoge el artículo 16 del proyecto de ley del apocalipsis, en total sintonía con las declaraciones del expresidente Jair Bolsonaro, que llegó a afirmar que «los indios han cambiado, están evolucionando… parecen cada vez más seres humanos como nosotros».

Si el Estado decide que los indígenas ya no lo son, el texto del proyecto permite retomar esos territorios, «dándoles otro destino de interés público» o utilizándolos para la reforma agraria. El diputado Arthur Oliveira Maia, ponente del proyecto, defendió así el artículo del texto, en una conversación con periodistas: «Naturalmente, si todos los indios murieran, si por alguna razón se fueran, y los elementos que caracterizan la reserva indígena ya no estuvieran allí, ¿qué pasaría?».

El diputado Arthur Maia elaboró el texto que la Cámara aprobó uniendo 14 proyectos de ley, todos centrados en restringir el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras. El proyecto hibernaba en la Cámara de los Diputados desde junio de 2021, pero cuando la presidenta de la Corte Suprema, la magistrada Rosa Weber, anunció que se reanudaría el juicio del marco temporal el 7 de junio, la bancada ruralista se movió para que se aprobara de urgencia. En sus 34 artículos han incluido, además del marco temporal, todas las maldades que llevan años intentando aprobar en el Congreso para pasar la motosierra por los territorios indígenas. El juicio en la Corte, apenas se reanudó, lo paralizó de nuevo el magistrado bolsonarista André Mendonça. Solo se espera que se retome en octubre.

La saña depredadora contra las tierras indígenas no ha perdonado ni siquiera a los 114 pueblos indígenas aislados que viven en Brasil. Según la Funai, los aislados son «grupos indígenas que no han establecido contacto permanente con la población nacional, diferenciándose de los pueblos indígenas que mantienen un contacto prolongado e intenso con los no indígenas». Desde el fin de la dictadura militar y empresarial en los años 80, la Funai, liderada por el indigenista Sydney Possuelo, adoptó la política de no forzar el contacto y creó un departamento con el propósito específico de proteger la decisión de los pueblos aislados de permanecer en esa condición.

El proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de los Diputados destruye por completo esta política pública. En el artículo 29 afirma que, «en el caso de los pueblos indígenas aislados, el Estado y la sociedad civil deben respetar absolutamente sus libertades y medios de vida tradicionales, y debe evitarse al máximo el contacto, salvo [y aquí viene la palanca para forzar la puerta] para prestar asistencia médica o intermediar una acción estatal de utilidad pública». Una vez más, los diputados y sus financiadores intentan apropiarse de las tierras de quienes han decidido que están mejor viviendo sin mantener contacto. «Es bastante ambiguo definir qué puede ser una acción estatal de utilidad pública. La construcción de una gran hidroeléctrica puede considerarse de utilidad pública, dependiendo de los argumentos», advirtió la abogada Carolina Santana, que trabaja para el Observatorio de los Pueblos Indígenas.

«Lo que ha matado más indígenas a lo largo de nuestra historia son los virus», ya había declarado Sydney Possuelo. Los investigadores estiman que, entre los siglos XVI y XVII, más del 90% de los indígenas fueron exterminados, la mayoría por enfermedades que les transmitieron los invasores europeos. En el siglo XX, durante la dictadura, cuando la Funai y el Ejército forzaron el contacto con los pueblos aislados de la Amazonia para arrancarlos de sus territorios y construir obras como las carreteras Transamazónica y BR-174, hubo decenas de epidemias de enfermedades como la gripe y el sarampión que provocaron la muerte de centenares de indígenas.

Al aprobar el proyecto del apocalipsis, el Congreso optó por reeditar aquellos tiempos de horror y garantizar la prioridad del interés privado sobre lo que recoge el artículo 231 de la Constitución: los indígenas tienen «derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; es responsabilidad del Estado demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes».

El artículo 21 del texto que ya han aprobado 283 diputados federales permite «la ampliación estratégica de la red de carreteras, la explotación de alternativas energéticas estratégicas y la salvaguarda de riquezas estratégicas [que] se implementarán independientemente de la consulta a las comunidades indígenas afectadas o a la instancia indígena federal competente».

Además, el proyecto abre la posibilidad de llevar a cabo «actividades económicas en tierras indígenas, siempre que las realice la propia comunidad, admitiendo la cooperación y contratación de terceros no indígenas». Eso significa que los empresarios rurales pueden celebrar acuerdos con los indígenas —aunque no sean contratos de arrendamiento— para explotar sus territorios. El proyecto que han aprobado los diputados también modifica el artículo de la ley de 2007 que autoriza la plantación de organismos modificados genéticamente en Brasil: esta vez para excluir las tierras indígenas de la lista de lugares donde está prohibida. Así, si el Senado aprueba el proyecto, los transgénicos podrían plantarse en tierras indígenas, con consecuencias irreversibles para todos los biomas, incluyendo la Amazonia.

En el Senado, el proyecto que en la Cámara de los Diputados tenía el número 490 ahora tiene el 2.903, y la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria ya ha empezado a analizarlo. En la cámara alta la ponente será la senadora Soraya Thronicke, elegida en 2018 por el Partido Social Liberal, que por aquel entonces era el de Jair Bolsonaro. Defensora de la agenda de los terratenientes y del «reparto de tierras para contener la deforestación», que tanto exigen los grileiros (ladrones de tierras públicas), Soraya Thronicke ganó notoriedad en 2022 como candidata a la presidencia: quedó quinta, con 600.000 votos.

En 2019, a la senadora la corrigió en una audiencia pública la actual ministra Sonia Guajajara, tras decir que «los indios siguen siendo miserables con el 13% del territorio nacional». El discurso reproducía un prejuicio común contra los pueblos indígenas, basado en la idea de que el único concepto de riqueza es la acumulación de capital y bienes materiales. Fuera de esta lógica, todo el mundo sería «miserable» o «pobre».

Ahora está en manos de la senadora reducir —o mantener— el proyecto del apocalipsis que ya han aprobado los diputados. El PL 2.903 también tendrá que pasar por las comisiones de Medio Ambiente y Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado. Si el Senado —en el que 47 de los 81 senadores se declaran «ruralistas»— aprueba el texto tal y como está, el debate irá a parar, una vez más, en la Corte. «Si este proyecto de ley se aprueba, iremos a la Corte para discutir su constitucionalidad», aseguró Eliésio Marubo.

Diputados y senadores saben que el proyecto de ley es casi totalmente inconstitucional. La cuestión es que, mientras se atacan los derechos y las tierras de los pueblos originarios, la Amazonia, el Cerrado, la Caatinga, el Pantanal, la Pampa, la Mata Atlántica, la necesidad de detener lo peor devora gran parte de la energía, de los recursos y del tiempo que deberían utilizarse para avanzar en la protección de la naturaleza y de sus pueblos, ahora seriamente amenazados. Es la estrategia bolsonarista, que sigue activa y determinando el día a día de Brasil a pesar de que Bolsonaro ya no esté en la presidencia. Aunque al final se les pueda detener, los depredadores ganan todos los días que secuestran el debate con sus proyectos destructivos y sus discursos negacionistas, mientras el calentamiento global sigue avanzando.