La primera edición de SUMAÚMA, publicada el 13 de septiembre, presentó un retrato de las consecuencias de la omisión deliberada del Gobierno Federal ante las violaciones que tienen lugar en la Tierra Indígena Yanomami, el mayor territorio demarcado de Brasil. El área, que el Estado brasileño debería proteger, ha sido invadida por unos 20.000 garimpeiros, mineros ilegales que han causado graves impactos en la región: la destrucción de la naturaleza y de la cultura, la violación de niñas indígenas, el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado y la destrucción de la red pública de salud con el cierre de puestos de atención médica, que propició la muerte de nueve niños en menos de tres meses.

La grave situación empeora ante la ausencia de acciones efectivas del Gobierno. En 2021, la Justicia Federal y el Supremo Tribunal Federal —accionado por una demanda del Ministerio Público Federal— obligaron a la gestión de Jair Bolsonaro a tomar medidas contra el garimpo, la minería ilegal, por lo que se realizaron tres acciones puntuales. En una, emprendida en agosto, se incautaron 22.000 litros de combustible, tres helicópteros, tres camionetas, un cuatriciclo, unos 50 equipos de extracción y una tonelada de alimentos, según el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA). Este año se han realizado otras dos operaciones, en las que también se destruyeron muchos equipos y estructuras del garimpo. Sin embargo, en todos los casos, después de que se marcharan los equipos de vigilancia y la Policía Federal, los garimpeiros volvieron y reconstruyeron la estructura de las minas rápidamente.

Hugo Ferreira Netto Loss, analista ambiental del IBAMA y director de la Asociación Nacional de los Funcionarios Ambientales (ASCEMA), explica en una entrevista por qué las acciones del Gobierno no consiguen resultados efectivos.

Pregunta: Las operaciones del Gobierno Federal solo se realizaron en el ámbito del Plan Operativo de Actuación Integrada, para cumplir decisiones judiciales. Pero no han eliminado el garimpo. ¿Por qué?

Respuesta: No fueron eficientes para eliminar el garimpo porque no se les dio continuidad. Y porque solo duraron, como mucho, 15 días. Conseguimos incautar con éxito una buena cantidad de equipos, aeronaves, embarcaciones y miles del litros de combustible. Pero como los organismos se quedan poco tiempo y tardan mucho en volver, los garimpeiros se reorganizan muy rápidamente. Por eso no son eficientes.

P: ¿Y cómo puede solucionarse?

R: La acción debería ser permanente durante al menos seis meses. Entonces, sí, se podría derrotar al garimpo. En el territorio donde están, las dificultades logísticas para instalarse son grandes. Hay tres ríos de acceso: el Uraricoera, el Mucajaí y el Catrimani. Durante una parte del año no pueden navegarse de forma eficiente, porque son ríos con muchos saltos de agua. Los garimpeiros acaban optando por el transporte aéreo. Hicimos un estudio de campo y habían instalado más de 200 pistas de aterrizaje fuera del territorio indígena, entre Boa Vista y la Tierra Indígena Yanomami. En esas pistas de aterrizaje es donde hacen la conexión entre los transportes. Llevan el combustible y las provisiones en camioneta hasta las pistas. Y, allí, lo embarcan en el avión y se van.

Las pistas se concentran en puntos estratégicos. No pueden ubicarse muy lejos de la ciudad, Boa Vista o Mucajaí, porque eso inviabilizaría el transporte terrestre. No pueden estar muy lejos de la tierra indígena porque eso encarecería el transporte aéreo. Por lo tanto, acaban ocupando una área muy limitada, donde consiguen hacer la conexión entre dos tipos de transporte de forma económicamente eficiente. Por eso se concentran en un área. Es un punto estratégico. Y también están los puertos. Los utilizan mucho para ir en auto hasta un determinado punto del río y, desde allí, suben el río con embarcaciones cargadas de productos y provisiones.

P: ¿Estos puntos están mapeados? ¿Se sabe exactamente dónde están?

R: Sí. Por eso, cuando se realiza una operación, se encuentran muchas cosas.

P: Y si la Fuerza Nacional bloqueara estos puntos, ¿no se solucionaría?

R: Es fácil. Si se cierra el río Uraricoera y se pone una base militar fuerte, no pasa nadie y se acaba. En una semana, los garimpeiros que están en territorio indígena empezarían a pasar hambre y se quedarían sin combustible. En un mes, la situación ya sería insostenible. Si se cerraran los ríos, el impacto sería muy grande, porque tendrían que centrarlo todo en la logística aérea. La región donde está ubicado el garimpo es un espacio fronterizo [con Venezuela]. Hay una base del Pelotón Especial de Frontera, del Ejército, a 42 kilómetros de los principales garimpos. Si todos los días saliera de la base una aeronave y sobrevolara los garimpos todo el día, los mineros no lo aguantarían. El garimpo acabaría.

P: ¿Y ustedes ya han informado al Gobierno de que lo que hacen no sirve de mucho?

R: Sí. El plan operativo no se ejecuta. Pero se hacen estas pequeñas acciones. Si no se hicieran, ¿te imaginas cómo estaría la cosa? Aunque sean operaciones cortas, generan resultados. Si no se hicieran, sería mucho peor.

P: ¿Pero el Gobierno justifica el hecho de que no se lleve a cabo el plan?

R: No, que yo sepa no. Mi trabajo es indicar una solución técnica y operativa para el problema y remitirla a mi superior. Necesitamos medios para ejecutar las operaciones: tantas aeronaves, tantos funcionarios, durante tal período, con puntos de apoyo en tal lugar, etc.

P: Cuando llegas a la tierra indígena y ves toda aquella estructura que han montado los garimpeiros, ¿qué piensas?

R: Me indigno. El garimpo no termina porque no se hace nada. Porque solo hace falta que alguien llegue y diga: «vamos allá». Las alertas de garimpo solo aumentan.

P: ¿Qué ves cuando llegas allí? ¿Cómo están estructurados estos garimpos?

R: Tienen tiendas, donde venden de todo: combustible, alimentación, internet. Y luego está la parte de la explotación, donde utilizan los motores. Allí no utilizan las excavadoras hidráulicas a gran escala, como en la tierra de los Munduruku y los Kayapó. Hay muchas pistas de aterrizaje. Es un garimpo que se alimenta básicamente de helicópteros y aviones. A la vez, los garimpeiros están en una situación de miseria y explotación total. Es una gran contradicción. El dueño del garimpo y de la logística tiene decenas de helicópteros, que cuestan al menos 3 millones de reales (unos 580.000 dólares) cada uno. Y los garimpeiros no tienen nada, solo su fuerza de trabajo. Para entrar en el garimpo generalmente no hay que pagar nada. Pero para salir hay que pagar. El garimpeiro tiene que trabajar allí hasta conseguir el oro para poder salir. Y todo lo que come también lo compra con su oro. Con el oro que consigue, tiene que pagar la comida, la bebida, el combustible, todo. Casi todo lo que saca del garimpo se lo gasta allí mismo. Se queda encerrado allí, en esa situación de esclavitud. Quien hoy defiende el garimpo también defiende esta sumisión.

P: ¿Lo has visto en la tierra Yanomami?

R: Encontré a varios ribereños en el río Uraricoera [cerca del territorio Yanomami]. Uno dijo: «yo antes trabajaba con turismo de pesca. Con la gente que venía aquí a pescar. Los llevaba a un punto determinado del río y me pagaban por eso. Ahora no puedo hacerlo porque el garimpo ha destruido el río». Ahora este ribereño tiene que trabajar para el garimpo. Su isla se ha convertido en un garaje de barcos de garimpeiros. No le queda otra que trabajar para el garimpo, porque el propio garimpo ha destruido todas las otras fuentes de renta.

P: Bolsonaro dice que está en contra de que se destruyan los equipos que se utilizan en la minería ilegal. Según la legislación del estado de Roraima, ya no pueden destruirse en las operaciones. ¿Qué te parece?

R: Estos discursos, por un lado, pretenden intimidar y desautorizar a quienes llevan a cabo la vigilancia. Por otro, fortalecen y legitiman a quienes cometen el delito. Se deslegitima la acción del Estado. Y, como consecuencia, disminuye la disuasión que generan las acciones de vigilancia.

P: ¿Sería viable retirar los equipos que se utilizan en la minería ilegal sin destruirlos?

R: De ninguna manera. Imagina, llegamos allí y hay un helicóptero. ¿Quién se lo lleva? ¿Cuándo se le hizo el último mantenimiento? ¿Quién hizo el mantenimiento? ¿De dónde viene el combustible que está en el helicóptero? ¿Es el combustible adecuado? ¿Está allí parado porque está escondido o porque está averiado? ¿Quién sabe manejar una máquina del garimpo? Para sacarla de allí, se necesita combustible. El puesto de suministro es del garimpo. Hay que conocer la carretera por donde se va. ¿Por dónde se entra, por dónde se sale? ¿Habrá algún puente? ¿Habrán derribado el puente o cerrado la carretera? Conocer todo eso llevaría días, y el equipo de vigilancia estaría expuesto a un riesgo totalmente innecesario. Y si dejamos los equipos allí, los vuelven a utilizar.

Entidades de la sociedad civil y algunos candidatos a las elecciones presidenciales de octubre afirman que la situación que describe el reportaje de SUMAÚMA indica una política de omisión sistemática por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro. «La publicación refleja muy claramente lo que significa el garimpo [minería ilegal] en el territorio Yanomami en cuestión de violencia física, de reclutamiento, de violencia sexual contra las mujeres, de devastación ambiental de ríos y del suelo. O sea, de destrucción de una forma de vivir y de estar en el mundo», afirma Luís Ventura, secretario adjunto del Consejo Indigenista Misionero (CIMI). En su opinión, todo ello se debe a «una omisión manifiesta» del Estado brasileño. «Demuestra un proceso de genocidio que está en marcha a ojos vistas», resalta.

Ana Claudia Cifali, coordinadora jurídica del Instituto Alana, entidad que promueve los derechos de los niños, afirma que la situación en la tierra Yanomami retrata la violación de los derechos más básicos: a la vida, a la alimentación sana y a la integridad física. «El artículo 227 de la Constitución Federal da prioridad absoluta a los niños y adolescentes. En 1988 escogimos, como sociedad, poner a los niños y adolescentes en primer lugar. Y eso no se está cumpliendo, principalmente en los territorios indígenas».

Los datos que se publicaron en el reportaje, obtenidos gracias a la Ley de Acceso a la Información, muestran que los puestos de salud indígena que funcionan en el territorio Yanomami han cerrado al menos 13 veces desde 2020 por culpa de la actividad delictiva. Actualmente, 5 de los 37 puestos de salud del territorio están cerrados, sin ningún profesional de salud. Eso significa 3.485 indígenas abandonados sin ningún tipo de asistencia en un momento de explosión de enfermedades, como la malaria. Algunos niños han fallecido por no conseguir medicamentos para las lombrices o para la neumonía.

«El derecho a la salud está consagrado en la Constitución y los niños [Yanomami] están muriendo por falta de medicamentos para enfermedades banales, como las verminosis. Los puestos de salud están cerrados y los trabajadores tienen miedo de desempeñar sus funciones. Por culpa del negacionismo presidencial, se han desaprovechado toneladas de cloroquina, un medicamento que ahora falta para tratar la malaria en las áreas indígenas», dice Rosana Onocko-Campos, presidenta de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), con relación a la situación que expuso SUMAÚMA. «La información del reportaje revela que acusar al actual presidente de genocida no es una exageración. Esperamos que los tribunales internacionales nos ayuden a poner fin a esta injusticia. Tenemos que defender el restablecimiento cultural. Y correr para salvar vidas, el primer paso para que esta lucha pueda continuar», afirma.

A través de la asesoría de comunicación de su campaña, el candidato Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, afirma que «la situación que describe el reportaje sobre la minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami solo puede interpretarse con una palabra: horror». «La retórica belicista y agresiva del actual presidente y de sus asesores contra los indígenas, los quilombolas [descendientes de esclavos rebeldes] y el medio ambiente se ha convertido en una especie de contraseña para las acciones de grupos que se sienten a sus anchas para actuar al margen de la ley en los territorios de poblaciones vulnerables». El candidato garantiza que, si gana las elecciones, reforzará las acciones de protección y promoción de las tierras indígenas y las demás áreas protegidas fortaleciendo los organismos de gestión y vigilancia. «Acabar con la deforestación y el garimpo en las tierras indígenas y las unidades de conservación será una prioridad», afirma.

También a través de su asesoría, la candidata Simone Tebet, de la coalición conservadora Brasil para Todos, calificó la violencia demostrada de «absurda». «Que los niños mueran por falta de medicamentos básicos como vermífugos y que los garimpeiros violen a mujeres indígenas de todas las edades es algo inadmisible. Y, desgraciadamente, no es algo que ocurra solo con los Yanomami, también sucede en muchas otras aldeas», destacó. «Tenemos que recuperar los organismos que se encargan de estas cuestiones, como la Funai [Fundación Nacional del Indígena], que hoy atraviesa un momento terrible, de baja credibilidad. Si los órganos de gobierno están bien estructurados, se puede hacer valer la ley». SUMAÚMA también entró en contacto con los candidatos Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, y Jair Bolsonaro, del Partido Liberal, que hasta el final de esta edición no han respondido.

Traducción de Meritxell Almarza