Un cántico, acompañado por el ritmo de las maracas, se apoderó de la Sala Plenaria 12 de un edificio anexo a la Cámara de los Diputados en cuanto la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, terminó su discurso inaugural a primera hora de la tarde del martes 11 de abril. «Es una forma de decirle [a la ministra]: estamos aquí y estamos con usted», explicó a SUMAÚMA Júnior Xukuru, indígena del pueblo Xukuru que fue a Brasilia para asistir a la reunión y que inició el ritual, acompañado por Leonel Atikum, académico indígena del pueblo Atikum en la Universidad de Brasilia.

Sin embargo, una única voz femenina insistió en oponerse durante los dos minutos que duró la celebración. «¡Orden! ¡Orden! [Cantar] no forma parte del reglamento», repetía. Era de esperar que el intento de interrumpir el ritual viniera de una persona no indígena. Pero se trataba de la diputada federal Silvia Waiãpi, una indígena que es exteniente del Ejército y partidaria del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, en cuyo gobierno trabajó. Waiãpi es también objeto de una investigación de la Corte Suprema, la 4.918, en la que se la investiga como sospechosa de incentivar los atentados golpistas del 8 de enero.

Era la primera audiencia de Sonia Guajajara en la Cámara desde que se hizo cargo del Ministerio de los Pueblos Indígenas. La había invitado a hablar sobre los desafíos de su trabajo en los primeros cien días del gobierno federal la diputada indígena Célia Xakriabá, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), una parlamentaria que está en la primera línea de la «Bancada del Tocado» en el Congreso, en Brasilia, y preside la Comisión de la Amazonia y de los Pueblos Originarios y Tradicionales. Los «jaguares» son las mujeres indígenas de este grupo, elegidas para enfrentarse a «los leones» del Congreso en esa «deforestada sala verde» de la Cámara, términos utilizados por la propia diputada en una entrevista a SUMAÚMA. La diputada indígena Juliana Cardoso, del Partido de los Trabajadores (PT), es otra voz que se suma a la causa en el Congreso.

La elección de estas representantes de los pueblos originarios fue el resultado de un esfuerzo colectivo que reunió a más de 180 candidatos indígenas bajo el eslogan «Llamado por la Tierra». Afiliada al PSOL en el estado de São Paulo, Sonia Guajajara no llegó a sentarse en el escaño del Congreso: antes de tomar posesión, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya la había nombrado ministra de la inédita cartera de los Pueblos Indígenas.

Por eso, cuando volvió a tomar el micrófono tras el cántico que iniciaron Júnior Xukuru y Leonel Atikum, Sonia Guajajara quiso reconocer la importancia de aquella manifestación. «Reafirmo aquí que aldear la política no es solo que haya presencia física [de indígenas en los espacios políticos]. También se trata de llevar la presencia de nuestra cultura, nuestros rituales, para que la gente conozca quiénes son realmente los pueblos indígenas de Brasil. Es también el canto, es la maraca, es nuestra voz, es la ancestralidad presente. Necesitamos que Brasil reconozca esta diversidad de pueblos y culturas, y tenemos que empezar en la casa del pueblo, que es aquí, el Parlamento», afirmó, aplaudida por la mayoría de los presentes.

Hace exactamente un año, el 12 de abril de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, todavía candidato, anunció que, si salía elegido, crearía el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Estaba escuchando a Sonia Guajajara explicar, en el Campamento Tierra Libre, en Brasilia, lo que los líderes indígenas tenían en mente. «Estamos aquí presentando a Brasil y al mundo que retomamos la movilización: (…) recuperar Brasil, demarcar territorios y aldear la política. Porque ya no podemos tener 513 diputados y solo una mujer indígena [por aquel entonces, Joenia Wapichana, actual presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, la Funai]. Queremos a alguien que retome nuestra participación en los espacios de control social para construir políticas públicas en este país. Queremos una Secretaría de Salud Indígena fortalecida. Ya no podemos soportar ver cómo las dragas de la minería ilegal se tragan a los niños». Aldear la política es llevar la forma de ver y pensar el mundo de los pueblos indígenas a posiciones de poder, algo que Sonia Guajajara ha conseguido.

El tema volvió, ahora en el discurso de la ministra, en una de las primeras reuniones políticas en la que dejó claro a los parlamentarios su territorio. «Esta conquista histórica es fruto de la lucha, resistencia y articulación del movimiento indígena que, en los últimos años, se ha organizado y ha trazado estrategias para superar la subrepresentación en los espacios de poder», recordó Sonia en su discurso introductorio ante la comisión de la Cámara. «Los pueblos indígenas han decidido aldear la política para poder, de hecho, llevar su forma de pensar y actuar a las instancias donde se toman las decisiones».

Abrazado por los cánticos de los indígenas de diversas etnias presentes en la reunión —y por buena parte de los no indígenas que ayudaron a llenar la sala con capacidad para 80 personas—, el concepto de «aldear la política» también tuvo allí detractores. Esa tarde se produjo un choque entre la urgencia de las demandas indígenas y el ruido con el que la extrema derecha pretende orientar el debate público. Ese día, se hizo evidente en la cobertura de prensa que la truculencia gana más espacio que la causa indígena. El discurso transfóbico de Silvia Waiãpi, hábil en el manejo de la cartilla de Bolsonaro de creación de factoides, le valió titulares en los principales medios de comunicación. «Ustedes, señores, quieren que acepte a alguien que se declara mujer, sin serlo, [siendo] biológicamente varón. Yo estoy obligada a aceptarlo, pero ellos no quieren aceptarme», afirmó, dirigiéndose al diputado Dorinaldo Malafaia, que había recordado que el pueblo Waiãpi no la reconoce como su representante. Pero lo que llevó a Guajajara a la Cámara, su relato sobre el inmenso desafío de erigir desde los cimientos un ministerio que nació hace solo cien días, y los intentos de acallar las manifestaciones tradicionales de los pueblos indígenas utilizando el «reglamento» como arma fueron casi ignorados.

Diez procesos de demarcación de nuevas tierras indígenas ya están finalizados y en manos del ministro de la Casa Civil, Rui Costa, anunció Sonia Guajajara a la Comisión. En la Casa Civil —que actúa como una especie de coordinación del gobierno— se someterán a un análisis político y jurídico antes de ser puestos sobre la mesa de Lula, para que el presidente tome su decisión. Pero la ministra espera que al menos una parte de las nuevas demarcaciones se anunciarán en el Campamento Tierra Libre, a finales de este mes. El eslogan del evento es «El futuro indígena es hoy. ¡Sin demarcación no hay democracia!». Sin embargo, cuáles son esas tierras sigue siendo un secreto muy bien guardado en el Ministerio de los Pueblos Indígenas. La idea, según dijo un miembro de la cartera a SUMAÚMA, es evitar que la bancada agroindustrial, la más cohesionada e influyente del Congreso Nacional, «se organice» contra las demarcaciones.

Algo que, en la práctica, ya ocurre. El Partido Progresistas (PP), de Arthur Lira, el ruralista y poderoso presidente de la Cámara de los Diputados, pidió a la Corte Suprema que retirara al Ministerio de los Pueblos Indígenas la competencia para demarcar nuevas tierras indígenas. Hasta 2022, la atribución era del Ministerio de Justicia, pero pasó —junto con la Funai— a manos del Ministerio de los Pueblos Indígenas, creado con una medida provisional de Lula, la 1.154, que el Congreso aún debe aprobar. La demanda presentada por el PP tendrá como ponente al magistrado Nunes Marques, nombrado a la Corte Suprema por Bolsonaro. Marques ya votó en contra de los pueblos indígenas en otro proceso fundamental, el del hito temporal, en septiembre de 2021, antes de que fuera retirado del orden del día.

«La demarcación de las tierras indígenas es la principal reivindicación del movimiento indígena y, en consecuencia, la demanda más urgente para nuestro ministerio», explicó Sonia a la Comisión de la Cámara. «Donde hay presencia indígena, independientemente de si el territorio está demarcado o no, hay garantía de agua limpia, alimentos sin veneno y biodiversidad protegida. Los indígenas somos solo el 5% de la población mundial y protegemos el 80% de la biodiversidad del planeta».

Sin embargo, la ministra dejó muy clara la envergadura del desafío, con un presupuesto ínfimo. «Para este año solo disponemos de 50 millones de reales [10 millones de dólares] para garantizar el funcionamiento de nuestra estructura. El presupuesto que tenemos hoy [para seguir] trabajando es, junto con la Funai, de 640 millones de reales [129 millones de dólares] para todo Brasil. Y si quitamos todos los gastos de funcionamiento de la Funai, solo queda una media de 200 millones de reales [40 millones de dólares] para garantizar las actividades finales», afirmó Sonia. Para el resto, por ahora, solo hay perspectivas. «[El Ministerio de los Pueblos Indígenas] está trabajando en la interfaz, inicialmente, con otros 30 ministerios, para poder garantizar la inclusión de acciones para los pueblos indígenas todavía este año», dijo.

Para hacerse una idea del ínfimo presupuesto del Ministerio de los Pueblos Indígenas, la Agencia Nacional de Minería tiene una previsión presupuestaria de más de 1.000 millones de reales (200 millones de dólares) en 2023, cinco veces más; el Ministerio de Ciudades dispone de 20.000 millones de reales (4.025 millones de dólares), cien veces más; el Ministerio de Defensa cuenta con 122.000 millones de reales (25.000 millones de dólares), unas increíbles 610 veces más.

Ante un debate fundamental para el futuro del país, la oposición prefirió crear memes. Silvia Waiãpi intentó vincular la cultura del pueblo Guajajara con el tráfico de marihuana. El también bolsonarista Paulo Fernando Melo da Costa, del partido Republicanos, a quien le gusta presentarse como «abogado, periodista y profesor», sugirió que los indígenas, indiscriminadamente, «matan a los niños que nacen con discapacidad». Hace años que la extrema derecha brasileña utiliza un hecho restringido a la cultura de un pequeño número de pueblos indígenas para «hacer creer que el infanticidio es común entre los indígenas», según una demanda presentada por el Ministerio Público Federal de Roraima contra organizaciones ultraconservadoras vinculadas a la exministra Damares Alves. En 2018, lanzaron una película mentirosa sobre el tema, que la Justicia posteriormente exigió retirar. Al igual que Paulo Fernando, Damares está afiliada al Republicanos del Distrito Federal. Al convertir un debate tan complejo y delicado en algo simplón, la extrema derecha pretende criminalizar toda la cultura tradicional de los pueblos indígenas como estrategia para apropiarse de sus tierras.

El diputado federal Marcos Antonio Pereira Gomes, conocido por el nombre de urna Zé Trovão, esbozó un tortuoso razonamiento en el que utiliza la afinidad de la población japonesa con la tecnología como justificación para aprobar un proyecto de ley que «otorga a los indígenas el derecho a trabajar sus tierras si así lo desean». «Se plantea la cuestión de que la tecnología acabará con la cultura indígena. Si así fuera, los japoneses habrían perdido su cultura. Son tecnológicos y mantienen viva su cultura», argumentó Zé Trovão. Lo que el diputado —que llegó a ser detenido en 2021 tras proferir amenazas contra la democracia brasileña— pretende con esto es que se autorice la minería y el monocultivo de materias primas como la soja en tierras indígenas. Al fin y al cabo, según él, «los problemas se resuelven con dinero».

«¿Por qué insisten en considerar las tierras indígenas áreas improductivas, si justamente estos territorios garantizan la selva en pie y el aire que llega aquí para que todos respiren? Estas son las zonas que hacen que Brasil aún no sea un gran desierto verde. No estoy en absoluto en contra de la producción de alimentos. Ahora bien, hay que cambiar urgentemente los sistemas de producción y alimentación. Porque si se sigue insistiendo en los monocultivos a este ritmo, el planeta no durará otros 50 años», respondió la ministra. «Ojalá todo pudiera comprarse con dinero. ¿Dónde está el diputado Ze Trovão?», preguntó, buscándolo entre el público.

Pero el político bolsonarista ya había abandonado la sala. Estaba unos metros más allá, posando para selfies, en el largo pasillo de la Cámara de los Diputados, lleno de salas donde se reúnen las comisiones temáticas. En otra, abarrotada, el ministro de Justicia, Flávio Dino, intentaba que la Comisión de Seguridad y Justicia lo escuchara, pero la reunión se canceló tras una sucesión de insultos entre parlamentarios. Entre los diputados presentes en la trifulca estaba Zé Trovão. El tema levanta pasiones entre la extrema derecha: la posesión y el porte de armas.

Más tarde, hacia el final de la reunión, Sonia Guajajara se mostró —a pesar de todo— satisfecha. «Quiero decirles que me ha gustado venir aquí [a la Cámara]. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo en el ministerio. Los desafíos son grandes, pero también hay muchas oportunidades: articular, dialogar, conocer, concienciar, sensibilizar», afirmó. «Teníamos esta estrategia de aldear la política, y aldear la política significa conseguir llegar a todos los espacios. Estamos viviendo un momento que marca el inicio de esta reparación histórica, es un momento nuevo en la historia de Brasil, en la historia de la política brasileña, con la presencia de los indígenas. Lamento mucho tener que oír que mucha gente está deseando que salga mal».

La diputada Célia Xakriabá, una de las más estrechas aliadas de Sonia Guajajara, lo refuerza: «Nunca se ha visto la presencia de una ministra [indígena] o una comisión presidida por una mujer [indígena]. Cuando se trata de los pueblos originarios, de los pueblos de las comunidades tradicionales de la Amazonia, de las aguas y la tierra, no es exactamente una cuestión progresista. Independientemente de la ideología, independientemente del partido, estamos aquí para pensar qué es lo mejor para el planeta. Se inaugura un debate sobre la política indigenista, pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas. También creemos que es importante debatir sobre economía desde una visión de la bioeconomía relacionada con los modos de vida indígenas».

No será fácil. Y ellas lo saben, porque nacieron en la lucha. La estrategia de la extrema derecha, mucho más numerosa en el Parlamento, ya ha demostrado en este primer acto que sigue siendo la misma: impedir el debate y desviar la cobertura de la prensa hacia la creación de factoides. Sin embargo, lo que la ciencia ya ha demostrado sobre la emergencia climática evidencia que las nuevas generaciones solo tendrán probabilidades de sobrevivir si las fuerzas progresistas crean las condiciones necesarias para que el trabajo de personas como Sonia Guajajara y Célia Xakriabá dé sus frutos en la tierra degradada del Congreso.