Respiramos. Durante una semana. Y entonces los terroristas de Jair Bolsonaro invadieron el Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal, mientras su jefe estaba convenientemente en Florida, en Estados Unidos, adonde huyó antes de que terminara su mandato. Es imperioso que Bolsonaro vuelva al país para ser juzgado y encarcelado por sus crímenes. Y que cada uno de los criminales que intentaron dar un golpe el domingo 8 de enero de 2023 sea identificado, encontrado, juzgado y castigado. No podemos permitir que nos roben el aire una vez más. Las autoridades tienen que hacer lo que les corresponde, pero la lucha no se limita a ellas. Luchar por la democracia es una tarea intransferible de toda la sociedad brasileña.

En su primer discurso tras el intento de golpe, el presidente Lula sugirió que algunos madereros y mineros ilegales de la Amazonia estaban implicados en los actos de terrorismo en la Plaza de los Tres Poderes. Es razonable suponer que el presidente dispone de información de inteligencia para hacer esa declaración. Cuando concluyan las investigaciones, no sorprenderá que exista un vínculo entre los protagonistas de la intentona y notorios grileiros (ladrones de tierras públicas) de la Amazonia, que suelen vivir en los estados del centro-sur.

El terrorista que intentó hacer estallar una bomba en el aeropuerto de Brasilia en diciembre es un empresario de Pará, que tiene negocios de combustible y transporte en ciudades del Arco de la Deforestación. Su nombre, George Washington de Oliveira Souza, da al episodio terrorista una nota de realismo fantástico. Jair Bolsonaro tuvo una idea similar cuando era militar del Ejército y creó un complot terrorista para hacer estallar bombas en los cuarteles como estrategia para conseguir un aumento de sueldo. En lugar de que un personaje con este nivel de crueldad e irresponsabilidad fuera castigado e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, siguió delinquiendo impunemente y se convirtió en presidente de la República.

Basta de impunidad. Amnistía a criminales de Estado nunca más.

La impunidad de las transgresiones que cometieron los agentes del Estado durante la dictadura empresarial y militar (1964-1985) engendró el humano monstruo llamado Bolsonaro, que nos tuvo de rehenes durante 4 años, dejando tras de sí un país arrasado, una selva muy cerca del punto sin retorno y casi 700.000 muertos por covid-19 —hay investigaciones sólidas que prueban que gran parte de las muertes podrían haberse evitado si él no hubiera boicoteado la lucha contra la pandemia—. El extremista de derecha ha estimulado y sigue estimulando golpes. Cobarde como siempre ha sido, ahora hace sus maldades cerca de Mickey Mouse, mientras sus terroristas idiotas se exponen a la vergüenza y pasan a formar parte de la cloaca de la historia. Si queremos tener un futuro, no podemos permitir que la impunidad marque el presente, como lo hizo en el pasado. Como escribió Ailton Krenak, «el futuro es ahora, puede que no haya mañana».

El manual de SUMAÚMA utiliza «dictadura empresarial y militar» para referirse al golpe de Estado de 1964 que sometió a Brasil a 21 años de excepción, durante los cuales centenares de civiles fueron encarcelados, torturados, secuestrados y asesinados. Muchos de los cuerpos siguen desaparecidos, torturando a sus familiares hasta el día de hoy. El número de indígenas muertos es muchas veces mayor: más de 8.000 indígenas fueron asesinados durante la dictadura, la mayoría en la Amazonia.

Utilizamos «dictadura empresarial y militar» para no olvidar jamás que una parte significativa del empresariado nacional participó en la destrucción de la democracia y en los crímenes que se cometieron. Como es notorio y hasta existe un documental al respecto, uno de ellos, Albert Henning Boilesen, hasta quería presenciar personalmente las torturas. Una vez más, algunos empresarios han apoyado los actos golpistas tras la victoria de Lula y en el intento de golpe de Estado del domingo 8 de enero, al igual que apoyaron todo el mandato del ultraderechista. Es imperioso identificar a los financiadores y articuladores de los actos terroristas, juzgarlos y castigarlos. Al igual que lo es aclarar cómo ha sido posible que un intento de golpe anunciado se concretara sin que las autoridades responsables, en todos los ámbitos y gobiernos, lo impidieran. Cabe recordar que los golpistas llegaron a pie a la Plaza de los Tres Poderes y realizaron todos los movimientos preparatorios frente al Cuartel General del Ejército.

Aunque el golpe no haya podido consumarse, ya ha servido para retrasar todas las acciones y debates urgentes en Brasil. Incluso las tomas de posesión de ministros, como la de Sonia Guajajara en el nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas, han tenido que posponerse. La situación catastrófica por la invasión de mineros en los territorios Yanomami, Munduruku y Kayapó, entre otros, sigue agravándose cada día. Los que sufren amenazas de muerte por parte de los grileiros, como el líder campesino Erasmo Theofilo, la quilombola Natalha Theofilo y sus cuatro hijos pequeños, siguen refugiados para no ser asesinados. Bolsonaro y el bolsonarismo siguen intentando —y consiguiendo— secuestrar el tiempo y someternos a su perversa cotidianidad para que no hagamos más que reaccionar. Tenemos que recuperar el control del debate y de los días.

En SUMAÚMA siempre hemos dicho que, una vez vencida la catástrofe, tendríamos que enfrentarnos a lo muy difícil. Respiramos, sí, cuando Luiz Inácio Lula da Silva subió la rampa al lado de Raoni, la mayor referencia indígena de Brasil, y otres representantes de las minorías que han sido masacradas en los últimos 4 años de bolsonarismo. No podría haber simbología mejor para el nuevo momento de Brasil. Respiramos, pero sin deshacer nuestra posición de lucha.

Es hora de seguir luchando como una selva: en pie. No permitiremos que haya amnistía para los criminales de Estado.