A los desacuerdos internos en el gobierno de Lula sobre los planes de Petrobras de empezar a buscar petróleo en la cuenca de la desembocadura del Amazonas, en alta mar, frente a la costa del estado de Amapá, 80 organizaciones de la sociedad civil han enviado un oficio a ministerios y organismos gubernamentales pidiendo que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) no autorice la operación hasta que se cumplan ciertos criterios de precaución.

La carta, enviada el 12 de abril, iba dirigida a los ministros de Minas y Energía, Alexandre Silveira; de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira; de Pesca y Acuicultura, André de Paula; y de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara. Entre los destinatarios también se encuentran los presidentes de Petrobras, Jean Paul Prates; de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), Rodolfo Saboia; del Ibama, Rodrigo Agostinho; y de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana. También se envió una copia a Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático.

El documento, de 23 páginas, se basa en dictámenes técnicos que el propio Ibama ha elaborado a lo largo del proceso de concesión de la licencia para realizar prospecciones en el llamado bloque 59, a 160 kilómetros de la costa, un proceso que dura ya nueve años, desde que la británica BP era titular del área, antes de transferírsela a Petrobras en 2021.

Firmado por organizaciones ecologistas que actúan a nivel nacional y local, y por asociaciones de indígenas, pescadores y comunidades extractivas de la región amazónica, el texto subraya que la concesión de la licencia para buscar petróleo en el bloque 59 «no puede considerarse de forma aislada». Si se encuentra petróleo y se decide explotarlo, dicen los firmantes, se abrirá una vía para que se exploren las aguas profundas de todo el margen ecuatorial de la costa brasileña, que va desde Río Grande del Norte hasta Amapá.

En un fragmento de la carta también señalan que esta franja costera incluye el 80% de los manglares del país y un sistema de arrecifes aún poco estudiado y considerado fundamental para la actividad pesquera. Varias de sua áreas están clasificadas oficialmente como «prioritarias para la conservación, el uso sostenible y la distribución de los beneficios de la biodiversidad brasileña» y su relevancia biológica se considera «extremamente alta» o «muy alta».

Además del bloque 59, la ANP ya ha concedido otros 11 en la margen ecuatorial, de los cuales ocho ya han solicitado la licencia para perforar. La agencia tiene otros 47 en «oferta permanente» y 157 en estudio para subastarlos.

Por lo tanto, según argumentan las organizaciones en el documento, cualquier decisión que represente abrir una nueva frontera de exploración de petróleo en el margen ecuatorial debe estar precedida de estudios más amplios sobre la compatibilidad de esta actividad con las características de la sociedad y el medio ambiente locales. También señalan que este «proyecto político y económico» es «incoherente» con la necesidad de realizar una «transición energética justa e inclusiva» y con los «compromisos sociales y ambientales que ha asumido el gobierno brasileño ante la población brasileña y la comunidad global, ya que contradice las directrices de la Política Nacional de Cambios Climáticos y el Acuerdo de París».

«Nos ofrecemos a contribuir con información científica que pueda servir de base técnica para llevar a cabo un amplio debate en la sociedad brasileña sobre la apertura de nuevas fronteras exploratorias, considerando sus impactos y riesgos a corto, medio y largo plazo», señalan las 80 organizaciones en el texto.

Tomando como referencia los análisis del Ibama, organismo responsable de conceder licencias para las operaciones que quieran realizarse en la costa brasileña, en la carta se pide que, antes de que se tome cualquier decisión sobre el bloque 59, se adopten las siguientes medidas:

Que los Ministerios de Minas y Energía y de Medio Ambiente elaboren una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria, un instrumento creado en 2012 que permitiría considerar los «impactos acumulativos y sinérgicos de toda la cadena de producción [del petróleo] sobre los factores ambientales y socioeconómicos».

Que se establezca un diálogo mayor con las comunidades potencialmente afectadas en el que se incluya la consulta previa a los pueblos indígenas y tradicionales, que debe garantizar el «acceso a la información» sobre los impactos y riesgos de la eventual instalación de la industria petrolera en la región, «en particular los acumulativos», considerando todos los bloques de exploración que la ANP ha concedido y los que están en la lista para concesión.

Que se concluya la elaboración de la «base hidrodinámica» del margen ecuatorial, que permitiría trazar con mayor precisión los escenarios de dispersión del petróleo en caso de accidente. Esta base, de la que Petrobras sería responsable, podría despejar las dudas sobre los actuales escenarios que ha trazado la empresa estatal, que no prevén la llegada de petróleo a la costa de Amapá en caso de derrame.

Que se demuestre la eficacia de las acciones de respuesta nacionales y transfronterizas que prevé Petrobras en caso de que se produzca un derrame, teniendo en cuenta la posibilidad de que el petróleo llegue a las aguas de la Guayana Francesa en unas diez horas.

El texto de las organizaciones de la sociedad civil también pide que se publiquen los documentos de las negociaciones entre la empresa estatal brasileña y las autoridades de la Guayana y Francia.

El oficio se envió en un momento en que el proceso de concesión de la licencia para el bloque 59 está en punto muerto. La Evaluación Preoperativa del Plan de Emergencia Individual —cuando Petrobras debe demostrar su capacidad para gestionar accidentes en el área del bloque— se había llegado a programar de forma provisional para finales de marzo, pero finalmente se pospuso. La estatal tiene un buque de perforación en el bloque 59 desde agosto del año pasado y seis barcos anclados en Belém, a la espera de la simulación.

Tanto la ministra Marina Silva como Rodrigo Agostinho, presidente del Ibama, afirmaron a SUMAÚMA que están analizando la posibilidad de que se realice la Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria antes de que se tome una decisión sobre la concesión de la licencia, pero también debe autorizarlo el Gobierno, no solo el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.

El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, ya ha manifestado que considera que explorar petróleo en el margen ecuatorial es «el pasaporte al futuro de las regiones Norte y Nordeste». En sus últimas declaraciones sobre el tema, a finales de marzo, el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, afirmó que, una vez obtenidos los resultados de la perforación en el bloque 59, cuando la empresa sepa con precisión cuál es el potencial de producción de petróleo en la región, «la sociedad» deberá decidir. «Estamos preparados para explotar nuevas reservas si así lo decide la sociedad», dijo en un vídeo. Sin embargo, es bien sabido que, una vez que empiezan las perforaciones, es muy difícil detenerlas.

Las declaraciones de Prates están en consonancia con una carta que la empresa estatal envió al Ibama el 21 de marzo para oponerse a la realización de una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria antes de la concesión de la licencia. En la carta, la empresa subraya que dicha evaluación no es un requisito legal para conceder la licencia para perforar en el bloque y que existen otros instrumentos que realizan una evaluación más amplia y que podrían usarse en la región antes de la próxima etapa, de producción de petróleo. «Tanto el Ibama como Petrobras tienen experiencia en el uso de instrumentos aplicables a operaciones de mayor complejidad o con mayor grado de incertidumbre, que pueden llenar vacíos relevantes derivados de la ausencia de una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria y que pueden planearse para futuras etapas de desarrollo de la producción en la región Amapá Aguas Profundas», argumenta la empresa.

El impasse, por tanto, se agrava. En su carta, las 80 organizaciones se declaran en «máxima alerta», en un momento en que «la explotación de combustibles fósiles está llevando al planeta a una crisis climática y de biodiversidad, y en que Brasil vuelve a situarse como protagonista mundial de estas agendas».