«Quien posee la tierra posee al hombre». Esta frase del abolicionista André Rebouças (1838-1898) la recordó Silvio Almeida, Ministro de Derechos Humanos, en sus redes sociales cuando por fin se revelaron y arrestaron los autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco. Realidad en el Brasil del Imperio, la sentencia de Rebouças ha perdurado y se actualiza en el Brasil de hoy. Es determinante para entender por qué las preguntas «¿Quién ordenó matar a Marielle? ¿Y por qué?» quedaron suspendidas sobre Brasil durante más de seis años. Tras exactamente 2.202 días, el pasado 24 de marzo la Policía Federal brasileña detuvo como ordenantes del crimen a los hermanos Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y Chiquinho Brazão, diputado federal sin partido —Unión Brasil lo expulsó tras el arresto—. También fue detenido el entonces jefe de policía Rivaldo Barbosa, sospechoso de ser el mentor intelectual de la operación y de obstruir las pesquisas.

El motivo de la ejecución: como concejala, Marielle entorpecía la apropiación ilegal de tierras en Río de Janeiro, uno de los negocios de la familia Brazão y de las milicias, grupos criminales paramilitares que dominan vastas zonas del núcleo urbano. En la ciudad más emblemática de Brasil, Marielle murió por el mismo motivo por el que ejecutaron a una larga —y continua— lista de líderes en la Amazonia, entre ellos el cauchero y ambientalista Chico Mendes (1944-1988) y la misionera estadounidense Dorothy Stang (1931-2005).

A quién pertenece la tierra y a qué se destina son las cuestiones que fundaron Brasil y que han atravesado más de cinco siglos de genocidios y destrucción abrumadora de la naturaleza. Con el fortalecimiento de la extrema derecha, hoy representada por el bolsonarismo, el impasse se actualiza y radicaliza. Los hilos que desvelan a los implicados en el asesinato de Marielle solo se han empezado a tirar. Se espera que haya el coraje político necesario para llegar hasta las entrañas de este crimen, que, al fin y al cabo, revelan las entrañas de un país.

Grilagem es una palabra que se gestó en Brasil para describir el crimen que inauguró la nación y que hasta hoy determina la destrucción de biomas como la Amazonia, el Cerrado, el Pantanal, la Caatinga, la Selva Atlántica y la Pampa. Nace de una experiencia tan particular que muchos traductores y académicos de otras lenguas la reproducen sin intentar traducirla. Antaño, los delincuentes colocaban el documento falso de propiedad de la tierra en una caja que contenía grillos para que el papel amarilleara y tuviera agujeritos y, así, pareciera antiguo. Con la complicidad bien pagada de los notarios, columna vertebral de la burocracia brasileña, lo que era falso adquiría una primera capa de legalidad. Así empezaba el delito de robar tierras públicas para la posesión y el lucro privados.

Con el paso de las décadas —e internet—, el robo se ha vuelto cada vez más sofisticado. Hoy, por ejemplo, como SUMAÚMA ya ha mostrado, hay grileiros que participan en proyectos para el mercado de carbono y se presentan como «verdes», un nuevo capítulo del avance sobre la selva.

El punto de inflexión decisivo para el robo de tierras públicas es la ley: el momento en que las tierras de las que se han apropiado los delincuentes se legalizan con el pretexto malicioso de «regularizar la tierra». Proyectos de ley presentados y aprobados en las municipalidades, en el caso de terrenos públicos municipales, en las asambleas legislativas de los estados, en el caso de terrenos públicos estatales, y en el Congreso federal, en el caso de terrenos públicos federales. En la esfera federal, solo en este siglo ya ha habido dos, ambos apodados PL da Grilagem: uno durante el segundo mandato de Lula da Silva, la otra durante el del conservador Michel Temer. Bolsonaro intentó sacar adelante un proyecto de ley que habría legalizado los grilos —como se denominan las tierras robadas— hasta niveles asombrosos, especialmente en la Amazonia, pero no consiguió que se aprobara.

Muy asociado a las élites brasileñas, el robo de tierras públicas atraviesa varios estratos de una red que obligatoriamente infiltra a sus agentes en los tres poderes: Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Los infiltra a tal profundidad que, en muchos casos, resulta difícil —quizá imposible— separar esta red criminal del propio Estado. En esta magia del crimen, la zona robada se convierte entonces en parcelas privadas, en el caso de las ciudades, o en haciendas, en el caso de los biomas y zonas rurales. Y los grileiros pasan de ser delincuentes a ser empresarios en las zonas urbanas y terratenientes rurales, «hombres del campo» o representantes de la agroindustria en regiones como la Amazonia.

Cabe señalar que los detenidos por la ejecución de Marielle, la muerte de Anderson Gomes y el intento de homicidio de la asesora Fernanda Chaves son un consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, un diputado federal y un policía que ocupó la cúpula de la seguridad pública. Y cabe recordar el hecho, que puede estar relacionado o no, de que Rivaldo Barbosa asumió el cargo máximo de la Policía de Río de Janeiro un día antes del crimen. En ese momento, el estado de Río de Janeiro estaba bajo intervención federal, comandada por el general Walter Braga Netto, que dos años después se convertiría en ministro jefe de la Casa Civil (Ministerio de la Presidencia) y luego en ministro de Defensa del extremista de derecha Jair Bolsonaro. Y, en 2022, fue finalmente candidato a vicepresidente de Bolsonaro, que buscaba la reelección. Actualmente investigado por su implicación en la intentona golpista del 8 de enero de 2023, que quería impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva y perpetuar a Bolsonaro en el poder, Braga Netto emitió un comunicado en el que señaló al general Richard Nunes como responsable del nombramiento de Rivaldo Barbosa para la jefatura de la Policía. Nunes, por su parte, confirmó su responsabilidad.

El robo de tierras públicas se relaciona más, en general, con regiones que la población de los principales centros urbanos considera lejanas, como la Amazonia. No obstante, desde inicios de este siglo los investigadores han advertido del crecimiento de lo que denominan «urbanismo miliciano» en ciudades como Río de Janeiro y São Paulo. Miliciano porque está asociado a estos grupos criminales armados, formados en parte por ex policías civiles y militares y exbomberos (algunos hasta están todavía en el cuerpo), vinculados a representantes electos y funcionarios de la burocracia del Estado para controlar y explotar las favelas y comunidades pobres, robar tierras y controlar la gestión de la ciudad.

Como concejala del Partido Socialismo y Libertad, situado a la izquierda en el espectro político brasileño, Marielle se oponía a la legalización de los grilos, convirtiéndose en un obstáculo para grileiros y milicianos que operan en la zona oeste de Río de Janeiro. En las elecciones que la convirtieron en concejala, fue la quinta más votada de la ciudad. Y Chiquinho Brazão vio como sus votos disminuían.

En un artículo publicado en el periódico Folha de S. Paulo, un grupo de reputados urbanistas, entre ellos Raquel Rolnik, profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo y coordinadora del laboratorio de investigación LabCidade, llama la atención sobre el urbanismo miliciano, advirtiendo que el fenómeno se ha acentuado y profesionalizado en este siglo:

«Los negocios implicados en la producción de la ciudad, especialmente la captura de tierras, los mercados inmobiliarios, la regularización de terrenos y la provisión de servicios y equipamientos urbanos, son estratégicos para que este sistema político perverso continúe y se expanda. Algunos concejales tienen relaciones con este mercado e incluso participan como empresarios en el sector. En el límite, legislan para ampliar y apoyar prácticas criminales, dando un ropaje legal a procesos de apropiación de tierras públicas, negando la función social de la propiedad y degradando el medio ambiente.

»Es más que una fuente de ingresos: es una mercancía política a través de la cual las mejoras en el territorio —regularización de tierras, obras de infraestructura, emprendimientos habitacionales— aumentan el dominio político-electoral y el control territorial y de la población, en algunos casos incluso por parte de grupos armados. Por eso, es uno de los objetos centrales de actuación de las cámaras municipales, que regulan esta cuestión y dirigen la inversión pública».

El cuerpo de Marielle fue perforado a balazos porque ella y su partido se atrevieron a oponerse a este negocio altamente rentable y arraigado en las instituciones del Estado. Todo agravado por el hecho de que quien se atrevió a desafiar a los grileiros de Río de Janeiro y a sus contactos criminales era una mujer, negra, lesbiana y de la favela, representante de las voces emergentes que en los últimos años han dejado los márgenes para ocupar los centros.

Cada cuatro años, las elecciones municipales son estratégicas para los grupos de poder que manejan el robo de tierras públicas. En gran parte de la Amazonia, sus representantes dominan las municipalidades. En la mayoría de las cámaras legislativas estatales, también tienen el control. El Congreso brasileño está plagado de grileiros y asociados que se presentan como representantes de la agroindustria. El robo de tierras públicas une los puntos del mapa de Brasil, porque la disputa por las tierras que los portugueses arrebataron a los pueblos originarios en 1500 aún no ha terminado, como acaba de demostrar la perversión llamada «hito temporal», la tesis aprobada recientemente por el Congreso que considera que solo los que estaban en sus tierras el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución brasileña, tienen derecho a ellas.

Hay, sin embargo, un elemento nuevo y decisivo. Lo que antes era (más) una curiosidad para quienes veían Brasil desde Europa, una especie de salvaje Oeste contemporáneo, se ha convertido en una cuestión central desde que el sobrecalentamiento global y la brutal pérdida de biodiversidad empezaron a amenazar la supervivencia humana en el planeta. El robo de tierras públicas está conectado y abre espacio a emprendimientos inmobiliarios que, además de violar la función social de la tierra, violan la propia Tierra. Y eso concierne a toda la humanidad.

Marielle se opuso al proyecto de ley de Chiquinho Brazão, según declaró un testigo a la Policía Federal, porque no «atendía a las zonas desfavorecidas, sino a las regiones de clase media y alta». También los conflictos que ya han matado a 553 personas en la Amazonia este siglo, según la Comisión Pastoral de la Tierra, están marcados por la disputa entre la tierra para que muchos vivan y la tierra para que unos pocos se beneficien. Los conflictos se convierten en masacres, ya que los grileiros y sus milicias de sicarios, con la frecuente implicación de la policía, amenazan, queman casas y escuelas, expulsan y matan a los líderes de las ocupaciones y los asentamientos de campesinos. Cuando un grileiro muere, es por una disputa entre iguales.

Algunos ecologistas brasileños consideran que los campesinos son invasores de la selva, lo cual es un error peligroso. Los agricultores familiares están en la selva y allí se quedarán. Los asentamientos deben ser reconocidos y apoyados, siempre que sus habitantes se comprometan con los principios de la agroecología y el cultivo sin pesticidas. Si no se hace nada, a los campesinos, que se enfrentan a los grileiros con sus cuerpos, a menudo sin el apoyo de las organizaciones socioambientales e ignorados por el Estado, solo les quedará unirse al robo de tierras o a las facciones del crimen organizado que avanzan rápidamente por la Amazonia.

También por el destino de la tierra, los extremistas de derecha como Bolsonaro insisten en que lo único que quieren los indígenas es ser «propietarios». Porque entonces la tierra dejará de tener la condición de ser vivo para convertirse en mercancía, de la que pueden apropiarse grileiros y milicianos para vaciarla y comercializarla. Seducidos por los bienes materiales y el consumo, algunos líderes indígenas y de comunidades tradicionales se han dejado reclutar por el robo de tierras públicas, el comercio de madera y la minería ilegal, cambiando su propia comprensión del mundo.

Sin reforma agraria y demarcación de las tierras indígenas, no habrá selva en pie. Y sin respetar la función social de la vivienda en las ciudades, las milicias seguirán avanzando y controlando extensiones cada vez mayores de los territorios. Este es el gran tema de las elecciones municipales de este año. Hasta que la sociedad no expulse a los grileiros y a los milicianos de la estructura del Estado, Brasil seguirá siendo usurpado y tomado por clanes como el Brazão. Y más líderes como Marielle Franco, Chico Mendes, Dorothy Stang y otros miles que murieron en el anonimato caerán.

Ya sea en Río de Janeiro o en Pará, la gran disputa es por el dominio de la naturaleza, a quién pertenece la tierra y cuál es el destino de los territorios. ¿Tierra para la propiedad privada, en beneficio de una minoría mundial rica y depredadora, o casa común que compartir en nombre de la vida de todos los habitantes del planeta?

Este es el impasse que determinará la calidad de vida de los niños. Que la imagen de Marielle, brutalmente arrebatada del terreno del afecto, nos recuerde dónde está el centro de la lucha. Y convenza a los que esperan sentados un milagro a levantarse y resistir.

Marielle presente.