Los seis frigoríficos de la Amazonia Legal autorizados a exportar carne vacuna a la Unión Europea poco o nada han hecho para adaptarse a las exigencias del Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR, según su sigla en inglés) del bloque económico que debería entrar en vigor el 30 de diciembre de este año. Un estudio inédito de Radar Verde, al que SUMAÚMA tuvo acceso, muestra que ninguna de las exportadoras —Agra Agroindustrial de Alimentos, JBS, Marfrig Global Foods, Minerva, Naturafrig Alimentos y Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos (Frialto)— ha implementado sistemas que pueden controlar al 100% de sus proveedores indirectos, es decir, las haciendas que venden o trasladan ganado de la región amazónica a otras propiedades o intermediarios. El Grupo Marfrig es el único que ya empezó a mapear la cadena indirecta y el 63% de las plantas frigoríficas de todas las empresas analizadas en el estudio tienen control sobre sus proveedores directos.

Estas empresas, concentradas en el estado de Mato Grosso, cuentan con ocho plantas frigoríficas y una capacidad total de sacrificio de 5.870 animales al día. Acaban de ganar más tiempo para, en la práctica, seguir comprando carne de zonas deforestadas. Esto se debe a que un grupo de 17 países, entre los que se encuentra Brasil, asumió el lobby de sus exportadores y pidió que se postergara la ley que pondría fin al apoyo del consumidor europeo a la destrucción de la selva.

Con la ampliación del plazo para la implementación del Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea, cada uno de los exportadores podrá seguir operando en una región con, por lo menos, 100.000 hectáreas de exposición al riesgo de deforestación. Para tener una idea de lo que representa este número, imaginemos toda el área de la ciudad de Belém y multipliquémosla por cada uno de los seis frigoríficos. Este es el potencial de devastación de la selva que estas empresas, juntas, todavía pueden causar en su cadena de producción de carne si no se toman medidas estrictas de control. Esta estimación, realizada por Radar Verde, es conservadora y considera el área de operación de los frigoríficos.

La Comisión Europea presentó, el 2 de octubre, la propuesta de acuerdo con el aplazamiento del Reglamento contra la Deforestación para 2026, lo que también beneficia a quienes exportan cacao, café, aceite de palma, caucho natural, madera y soja. Los grandes productores, como es el caso de los frigoríficos, obtuvieron 12 meses más para adaptarse a las nuevas normas, mientras que los pequeños tienen al menos 18 meses más. Solo queda una votación simbólica en el Parlamento Europeo para confirmar esta decisión, ya validada también por el Consejo de la Unión Europea el 16 de octubre. La votación en el Parlamento Europeo está programada para el 14 de este mes.

El estudio inédito de Radar Verde sobre las exportaciones a la Unión Europea se concluyó a partir de datos recopilados en 2023. El proyecto, que mantienen las instituciones O Mundo que Queremos y el Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), les muestra a los consumidores y financiadores qué frigoríficos tienen control y transparencia sobre su cadena de producción, es decir, si contribuyen o no a la deforestación en la región de la selva.

“Lo que estamos viendo es un ecosistema de indulgencia para garantizar que se siga exportando carne contaminada por la deforestación”, afirma Paulo Barreto, investigador asociado de Imazon. Según él, este sistema involucra desde a quienes deforestan hasta las haciendas que producen en áreas ilegales, pasando obviamente por los frigoríficos que compran esta producción, los financiadores que dicen estar comprometidos con las soluciones y el mismo gobierno que no siempre actúa con la debida transparencia.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

Los investigadores de Radar Verde llegaron al indicador de riesgo de deforestación después de un análisis realizado a partir de información suministrada por los departamentos de compras de las mismas empresas de cuál es la extensión del área, en kilómetros, en la que los frigoríficos compran el ganado. Con estos datos se hizo un modelo estadístico considerando todas las rutas posibles —ríos navegables, caminos oficiales y no oficiales— para llegar al tamaño de la zona de compra de ganado. Sobre este número se calculó la exposición al riesgo de deforestación, considerando variables como embargo ambiental en la zona de compra, deforestación ya realizada en la región y deforestación legal prevista en esa área.

El año pasado Radar Verde invitó a todos los exportadores a comprobar el control sobre su cadena de proveedores. A pesar de que la transparencia en la difusión de información sobre la obtención de productos de zonas con alto riesgo de deforestación es una de las especificaciones de la Unión Europea, ninguna de las empresas contestó el cuestionario.

SUMAÚMA contactó a todos los frigoríficos y les pidió datos sobre sus proveedores. En una nota enviada por correo electrónico, Marfrig informa que ya cumple con los principales aspectos de la nueva legislación de Europa, especialmente la trazabilidad. “La compañía monitorea al 100% de sus proveedores directos en todas las regiones brasileñas. Este año alcanzó tasas de monitoreo entre los indirectos del 87% en el bioma de la Amazonia y del 73% en el del Cerrado y tiene la meta de alcanzar el 100% de trazabilidad hasta 2025. Son las tasas más altas del sector en control de indirectos de Brasil”. Según Marfrig, todos los proveedores indirectos ubicados en zonas de mayor riesgo ya están 100% monitoreados por el Mapa de Mitigación de Riesgos Socioambientales, una herramienta de la empresa que cruza datos de distribución de la ganadería en los biomas con áreas que están en riesgo de deforestación, con vegetación nativa remanente, y en regiones de conflictos sociales, territorios Indígenas y Quilombolas.

JBS también informó por correo electrónico que desde 2009 realiza un monitoreo geoespacial de proveedores potenciales. “La Política de Compras de Materia Prima de JBS prohíbe la compra de propiedades con deforestación ilegal, áreas de embargo ambiental, unidades de conservación y tierras indígenas o quilombolas, entre otros requisitos, como estar en la Lista Sucia del Trabajo Esclavo”, afirma. En 2021, JBS creó la Plataforma Pecuaria Transparente, que permite que los proveedores directos apliquen los mismos criterios socioambientales que exige la empresa a sus propios proveedores de animales. A partir del 1 de enero de 2026, dice la empresa, solo los productores que estén en la Plataforma podrán vender ganado bovino a JBS.

Las demás empresas mencionadas en el estudio Radar Verde de la Unión Europea no contestaron el contacto de SUMAÚMA.

El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático reforzó el control sobre la ganadería después de que Marina Silva volviera a dirigirlo como ministra, en 2023, con el objetivo de combatir la emergencia climática provocada por la emisión de gases a la atmósfera de esta actividad. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Pecuaria (Mapa), punto clave de esta discusión, sostiene que la legislación europea causará poco o ningún impacto en la lucha contra la deforestación, pues exigirá que el suministro de productos agropecuarios provenga de zonas sin deforestación desde 2020, algo que, según los gestores actuales del ministerio, en gran parte ya se cumple hoy en día. Como destaca el estudio de Radar Verde, la agropecuaria es responsable de la emisión del 27% de los gases de efecto invernadero en Brasil, de los cuales el 22% proviene solo de la ganadería, según el Sistema de Estimación de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (Seeg).

La presión del gobierno brasileño para postergar el Reglamento contra la Deforestación contó con la acción directa del vicepresidente de la República, Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño, que también es ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, y de los ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores. Alckmin afirmó que Brasil es “un ejemplo de energía renovable y de lucha contra la deforestación ilegal” y que este aplazamiento era necesario para que el gobierno brasileño se lo pudiera demostrar a las autoridades europeas.

En respuesta a SUMAÚMA, el ministerio que dirige Alckmin aseguró que “el compromiso del gobierno brasileño con el combate a la deforestación es inequívoco” —entre agosto de 2023 y julio de 2024 se produjo la mayor caída histórica proporcional ya registrada de la deforestación en la Amazonia, del 45,7%—. Mantenemos la meta de deforestación cero en el bioma hasta 2030, garantiza el gobierno. “Lo que el gobierno brasileño y otros países exigen es más claridad en cuanto a los criterios, métricas, sistemas de medición y otros puntos de la legislación europea, y que estos criterios estén basados en la ciencia, para que la medida realmente alcance sus objetivos declarados y no se convierta en un mecanismo unilateral de proteccionismo verde camuflado de buenas intenciones ambientales”, dice la nota.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura informó a SUMAÚMA que su posición es muy clara desde la etapa inicial de discusiones de la legislación en Bruselas. El Reglamento contra la Deforestación, dice el mensaje de la oficina de prensa del ministerio, “es un instrumento unilateral y punitivo, que desconsidera la legislación nacional de combate a la deforestación”. Según la opinión del ministerio, la regla impuesta por la Unión Europea “tiene aspectos extraterritoriales que violan el principio de la soberanía, establece un trato discriminatorio al afectar desproporcionadamente a los países con recursos forestales, aumenta el costo del proceso de producción y exportación, especialmente para los pequeños productores, y viola principios y reglas del sistema multilateral de comercio, además de compromisos firmados en acuerdos ambientales multilaterales”.

El Reglamento contra la Deforestación europeo realmente no considera las particularidades del Código Forestal brasileño, un conjunto de leyes que regulan el uso y la protección de las selvas, con el objetivo de conciliar el desarrollo económico, especialmente en el sector agropecuario, con la conservación ambiental. La primera versión de esta ley se instituyó en 1934, pero la legislación sufrió varias modificaciones, siendo la más significativa la reforma de 2012. La regulación nacional permite la deforestación legal, es decir, la remoción autorizada de vegetación nativa dentro de los límites establecidos por la ley, que es del 20% en un área de selva en la Amazonia Legal y del 65% en un área del Cerrado. Y es en este punto en el que Brasil y la Unión Europea no están de acuerdo. La medida europea exigirá que los productos vendidos al continente no provengan de áreas de selva deforestadas, legal ni ilegalmente.

Paulo Barreto, investigador de Imazon, explica que la Unión Europea no confía en las reglas de Brasil porque por aquí es común que las leyes sean modificadas para servir a intereses económicos específicos. “El Código Forestal aprobado en 2012 perdonó 40 millones de hectáreas de deforestación ilegal. Además, el Congreso a menudo busca aprobar leyes de regularización de tierras, lo que, en la práctica, significa legalizar el robo de tierras públicas”, afirma.

Esta conocida tradición de la política brasileña, de legalizar prácticas ilegales para ocupar continuamente tierras públicas, no solo alimenta la deforestación en la Amazonia, sino que está directamente relacionada con la violencia y las sucesivas violaciones de los derechos de las poblaciones Indígenas, Ribereñas y Quilombolas. “El robo de tierras públicas [grilagem, en portugués], además de ser una actividad rentable, termina fortaleciendo la influencia política de quienes lo practican. Quienes roban tierras tienen mucho dinero y terminan conquistando poder político, ya sea financiando campañas electorales o convirtiéndose ellos mismos en políticos”, resalta Barreto.

En contraposición a esta discusión, el Ministerio de Agricultura reitera que Brasil tiene la producción más sostenible del mundo y es el país con mejores condiciones para cumplir con los requisitos de la Unión Europea, siempre y cuando se establezcan las reglas con antelación y los plazos sean adecuados para su cumplimiento. “Ningún sector ni país exportador está totalmente adaptado [al Reglamento contra la Deforestación], ya que la UE no ha dejado claros los criterios de comprobación. La UE (…) reconoció que los países exportadores no están en condiciones de cumplir las exigencias, especialmente los países en desarrollo y los pequeños productores rurales”, afirmó la oficina de prensa del ministerio, en una nota enviada a SUMAÚMA.

SUMAÚMA pidió una entrevista con el Ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, para entender las razones de posponer una regulación que puede ayudar a combatir la emergencia climática justo en un momento en que los problemas causados por esta misma crisis afectan la producción agrícola en otras regiones, especialmente en la producción de alimentos para el consumo nacional. Un ejemplo reciente es lo que sucedió en el estado de Rio Grande do Sul. Según la Confederación Nacional de Municipios (CNM), las fuertes lluvias que azotaron el estado en 2024 provocaron pérdidas de cerca de 865 millones de dólares a la agricultura del estado y de casi 91 millones de dólares al sector ganadero.

La respuesta del Ministerio de Agricultura fue protocolar: «Brasil está dispuesto a explorar, bilateralmente y en los foros regionales e internacionales apropiados, formas de intensificar la cooperación entre Brasil y la UE para la preservación de los bosques». En el texto del mensaje, el ministerio explica que su objetivo “es una protección realmente efectiva, que considere la realidad brasileña, promueva las tres dimensiones del desarrollo sostenible y respete nuestra legislación ambiental, una de las más avanzadas del mundo”.

Los grandes exportadores, según el ministerio, tendrán recursos para adaptar sus cadenas productivas de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea. En consecuencia, observa el ministerio, “cobrarán más por eso”. La preocupación central de Brasil, alega el ministerio, son «los pequeños productores, que enfrentarán mayores dificultades para cumplir estas exigencias».

Tanto Brasil como Suecia, Portugal y Eslovaquia están usando el argumento de que los pequeños productores son más vulnerables a la implementación del Reglamento contra la Deforestación europeo, que necesitan un apoyo especial y que hay que definir mejor el término degradación ambiental. Sin embargo, Barreto cuestiona esta alegación y estima que solo el 25% del rebaño se encuentra en pequeñas propiedades. Asimismo, sugiere que se pueden desarrollar mecanismos para incluir a estos productores en el control de origen exigido por la UE, como ya se hizo en el pasado con la vacunación contra la fiebre aftosa.

“En la década de 1990 vacunábamos cerca del 10% del rebaño; hoy en día vacunamos prácticamente a todos los animales, incluso a los de pequeños productores, pues el costo de este sistema de control ya está incorporado. Esto sumó miles de millones de dólares a las exportaciones. Actualmente, Brasil exporta cerca del 25% de todo lo que produce, pero en la década de 1990 esa cifra no superaba el 5%”, afirma el investigador.

El Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea, acusado por el gobierno federal de violar la soberanía nacional, considera diversas variables relacionadas con las crisis en el campo. El bloque económico les va a exigir a los exportadores que hagan la consulta y cooperen de buena fe con los pueblos Indígenas, y que evalúen la existencia de reclamos de estas comunidades originarias respecto de invasiones a sus propiedades para la producción de los productos de la agricultura y la ganadería que se comercializan en su estado natural, es decir, con un bajo nivel de industrialización.

Otras variables que tendrían que afectar a los exportadores en la elaboración de un indicador de riesgo son el nivel de corrupción, la prevalencia de la falsificación de documentos y datos, la falta de aplicación de la ley, las violaciones de los derechos humanos internacionales, los conflictos armados o la presencia de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Consejo de la Unión Europea.

El mercado europeo es el tercer principal destino de la carne brasileña, después de China y Estados Unidos. En 2023, Brasil exportó 77.600 toneladas a la Unión Europea, generando una facturación de 554,4 millones de dólares (cerca de 3.200 millones de reales según el cambio actual). El estudio de Radar Verde sugiere que Brasil tiene que conectar el control de origen para fines sanitarios, controlado por el Sistema Brasileño de Identificación Individual de Bovinos y Búfalos (Sisbov), del Ministerio de Agricultura, con el control socioambiental, para rastrear tanto a los proveedores directos como a los indirectos.

La presión de los clientes nacionales e internacionales se considera esencial para promover cambios. En Europa, organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a los Estados miembros de la Unión Europea en contra del aplazamiento del Reglamento Antideforestación. “Una de las innovaciones del EUDR es que aborda la expansión agrícola insostenible, que la revista Science estima que es responsable del 90%-99% de la deforestación tropical”, afirma el documento. Lo que alegan los consumidores y la sociedad civil es que los ministros de Agricultura de la Unión Europea han hecho esfuerzos de último momento para posponer la regulación, ignorando no solo la urgencia de la crisis climática y de biodiversidad, sino también sectores que ya operan con trazabilidad y cumplimiento de la norma, como los del cacao y el caucho.

Asimismo, Radar Verde muestra que los minoristas europeos de carne y las instituciones financieras que operan en Brasil pueden beneficiarse de normas más estrictas contra la deforestación.

Un estudio del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec), difundido en el informe de Guía de los Bancos Responsables en 2020, reveló que instituciones financieras de Holanda, Alemania y Noruega invirtieron más de 11.000 millones de dólares (cerca de 63.000 millones de reales) en 26 grandes empresas minoristas y de la agroindustria brasileña con alto riesgo de implicación en la deforestación de los biomas del Cerrado y la Amazonia. Entre ellas se encuentra el grupo Casino, dueño de la distribuidora minorista Pão de Açúcar, objeto de un proceso interpuesto por pueblos Indígenas de Brasil y de Colombia por venta de carne vinculada al robo de tierras públicas y la deforestación en la Amazonia.

En Brasil, los frigoríficos firmaron, en 2009, el Término de Ajuste de Conducta (TAC de la Carne) con el Ministerio Público Federal, comprometiéndose a no comprar ganado de haciendas que violen la legislación, ya sea mediante deforestación ilegal, invasión de Tierras Indígenas o trabajo forzoso. Pese a los avances, la medida no fue suficiente para cohibir la deforestación, que durante el gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro alcanzó un promedio de 11.300 kilómetros cuadrados de área talada por año, equivalente al área de la Zona Franca de Manaos, que incluye la capital del estado de Amazonas y los municipios de Presidente Figueiredo y Rio Preto da Eva.

La presión de los clientes también ha provocado que el sector financiero actúe para restringir el crédito a los deforestadores. En 2021, el Banco Central de Brasil, a través de la Resolución 140/2021, reforzó criterios socioambientales para la concesión de crédito rural, como la exigencia del Catastro Ambiental Rural (CAR) y la prohibición de crédito para inmuebles en áreas protegidas o con historial de deforestación ilegal en la Amazonia. Dos años después se extendió la norma a todos los biomas.

En 2023, la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) lanzó una norma que exige que los frigoríficos implementen sistemas de trazabilidad y monitoreo de proveedores, asegurando que hasta diciembre de 2025 no adquieran ganado de áreas involucradas en deforestación ilegal en la Amazonia Legal. La medida complementa iniciativas anteriores, como el Protocolo “Boi na Linha”, creado por el Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola (Imaflora) en alianza con el Ministerio Público Federal, con el objetivo de acelerar la implementación de los compromisos asumidos por la cadena bovina en la Amazonia con el Término de Ajuste de Conducta.

Estas medidas, sin embargo, son autorreguladoras, es decir, son los bancos quienes, en última instancia, definen qué sanciones sus clientes podrán sufrir cuando operen en áreas con deforestación. La restricción de crédito es una de las posibles puniciones.

Una resolución del Consejo Monetario Nacional (CMN), de junio de 2023, también definió normas para la concesión de crédito rural en Brasil, exigiendo que se consideren los impedimentos sociales, ambientales y climáticos. “Pero muchos de esos criterios, como tener un Catastro Ambiental Rural (CAR) y no estar superpuesto a Unidades de Conservación o Tierras Indígenas, ya se están discutiendo y delimitando en el TAC de la Carne a través del Protocolo Boi na Linha desde 2019”, afirma Camila Trigueiro, investigadora de Radar Verde. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para detener la destrucción de la vida y la selva.

Desafortunadamente, como las sequías y los incendios de este año dejaron claro, a la Amazonia ya no le queda tiempo para esperar la buena voluntad. Ni la de los bancos, ni la de las empresas, ni la de los gobiernos.