En los primeros diez meses de este año, la Amazonia brasileña perdió por el fuego un área equivalente a 100 ciudades de São Paulo, la más poblada de América Latina. Entre enero y octubre, más de 120.000 focos de incendio destruyeron 15 millones de hectáreas del bioma, señala el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. A pesar del número récord y de la seguridad de que fueron provocados por la acción humana, solo hay unas pocas decenas de personas presas por los incendios, según un estudio realizado por SUMAÚMA con las policías federal y de los estados. Hay casos como el de São Félix do Xingu, en el estado de Pará, un municipio que alberga el mayor rebaño bovino del país y ostenta el récord de áreas incendiadas en 2024, en el que hasta el momento nadie fue punido por un solo incendio.

Las cifras ilustran lo frágiles que son las leyes y lo difíciles e insuficientes que son las investigaciones en la Amazonia, lo que estimula que los crímenes sigan aumentando. Este año hubo un crecimiento de al menos un 75% del área perdida por el fuego en la Amazonia, en comparación con 2023, según el Monitor del Fuego, de la organización MapBiomas. Las instituciones policiales, el Ministerio Público Federal y las autoridades ambientales consideran que es una tarea difícil obtener pruebas que permitan imputar penalmente a los autores de los incendios. Y, cuando esto sucede, la pena por el delito de quemar selvas es leve: un incendiario puede cumplir toda la pena en régimen abierto o semiabierto.

Según el Monitor del Fuego, la mayor parte de lo que se quemó en la Amazonia entre enero y octubre de 2024 fueron formaciones forestales (40%), campos (12%) y campos y bosques inundables (11%). Solo un tercio del área destruida eran pastizales. Pero más de la mitad (55%) de los focos de incendio identificados hasta septiembre empezaron justamente en estas áreas de cría de ganado bovino, cuya gran mayoría (86%) se abrieron a partir de 2015. Esto significa que la mayoría de los incendios empezó en regiones donde hay actividades agropecuarias, pero se propagó a zonas de vegetación nativa. Actualmente, ya se ha reemplazado el 14% de la selva de la Amazonia por pasto para alimentar al ganado vacuno.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

Por eso, no es de sorprender que los pocos sospechosos arrestados e imputados por provocar los incendios forestales que devastaron la Amazonia sean ganaderos, deforestadores o grileiros (ladrones de tierras públicas) que usan el fuego como herramienta para eliminar la vegetación nativa y abrir espacio para sus bueyes y vacas. Así lo indican las investigaciones de la Policía Federal y de la Policía Civil de los estados de Mato Grosso y de Pará.

La Policía Federal dice que ha abierto 112 investigaciones sobre casos de incendios que se produjeron en 2024 en todas las regiones del país (no hay datos solo para la Amazonia). Siete personas fueron arrestadas y diez imputadas (es decir, derivadas al sistema judicial porque había pruebas suficientes para abrir un proceso penal en su contra). Algunas de estas investigaciones dieron lugar a operaciones como la denominada Dracarys, dirigida contra  los responsables de deforestar 1.672 hectáreas e incendiar 2.368 hectáreas de selvas ubicadas en tierras públicas en los municipios de Boca do Acre y Pauini, en el sudoeste del estado de Amazonas, un área quemada equivalente a casi 15 parques Ibirapueras, el parque urbano más grande de São Paulo. Según la Policía Federal, “el líder de la trama criminal” y “el principal financiador y articulador de las operaciones ilegales en las dos ciudades amazónicas vive en un condominio de lujo en la ciudad de Campinas [interior del estado de São Paulo]”. Su nombre no fue revelado.

“En varios casos [como el de la operación Dracarys] tenemos indicios de actividades criminales planificadas y coordinadas, con miras a un delito posterior, el de robo de las tierras para la ganadería”, le afirma a SUMAÚMA el comisario Humberto Freire, director del departamento de Amazonia y Medio Ambiente de la Policía Federal. Otras dos operaciones policiales en el estado se enfocaron en incendiarios de selvas públicas, una de las cuales investiga los incendios que devastaron 5.000 hectáreas de selva para abrir pastizales. Aunque el crimen se cometió en Apuí, en el sudeste del estado de Amazonas, uno de los sospechosos vive en la ciudad de Novo Progresso, en el estado de Pará. Dos fuentes de la ciudad le dijeron a SUMAÚMA que el blanco de la Policía Federal es un ganadero involucrado en la minería ilegal y la deforestación de la Selva Nacional Jamanxim, que ya tuvo el 17% de su cobertura vegetal talada ilegalmente por ladrones de tierras públicas de la zona.

“La motivación [de los incendios] es eminentemente económica e individual, y el delincuente típico es ganadero o maderero”, afirma el comisario Iuri de Castro, integrante del grupo de trabajo Amazonia Segura de la Policía Civil de Pará. En el estado, cuatro personas fueron arrestadas y ocho imputadas por incendios criminales entre 2023 y 2024. Dos de los detenidos usurparon tierras públicas en el Área de Protección Ambiental Triunfo do Xingu, la más deforestada de la Amazonia. Uno de ellos había deforestado e incendiado 10.000 hectáreas continuas de selva. El otro sospechoso quemó 7.000 hectáreas, pese a afirmar que es “propietario” de un área de “solo” 2.000 hectáreas.

En el estado de Mato Grosso, la Policía Judicial Civil arrestó a 21 personas in fraganti e imputó a 149 sospechosos de incendios criminales entre enero y septiembre de 2024. “Normalmente es el propietario [de la tierra] quien hace la limpieza [de la vegetación] y prende fuego para hacer pastizales. Así se provoca el incendio y pone la excusa de que fue otra persona o el viento que las trajo [las llamas]”, explica la comisaria especializada en Medio Ambiente Liliane Murata. Como cada investigación queda a cargo de la comisaría de policía de la región donde se produjo cada incendio y no hay centralización de datos, no sabe decir si hay indicios de alguna organización entre los sospechosos. “No pudimos trazar el perfil [de los criminales]. Si estuviera centralizado en una única comisaría tendríamos cómo hacerlo”, argumenta. Mato Grosso es el tercer estado más grande de Brasil en extensión territorial. Su gobernador, Mauro Mendes, del partido de derecha Unión Brasil, es un defensor intransigente de la agroindustria y llegó a culpar —erróneamente— a los pueblos Indígenas por los incendios en el estado.

SUMAÚMA también les pidió información sobre las investigaciones de incendios forestales a las policías de los estados de Acre, Amazonas, Maranhão y Rondônia, pero no tuvo ninguna respuesta. La Policía Civil del estado de Tocantins informó haber realizado “29 diligencias relacionadas con incendios criminales” y diez arrestos in fraganti, pero no dio detalles de los casos.

La sequía sin precedentes que azota la Amazonia, drenando ríos y dejando la vegetación mucho más susceptible a la propagación del fuego, ayuda a explicar los récords de incendio. “Esta sequía, que empezó en 2023, impactó mucho la estructura de la selva. Cuando las plantas están expuestas a un estrés hídrico, pierden las hojas, en un mecanismo de protección para no perder la poca agua que tienen. Esto abre más espacio para el viento seco, la radiación y al mismo tiempo aumenta la cantidad de material combustible en el suelo”, le explica a SUMAÚMA la geógrafa Ane Alencar, que investiga los cambios climáticos y la deforestación en la selva y es directora de Ciencia en el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, Ipam.

Sin embargo, ni siquiera las “condiciones climáticas extremas”, como lo definió Ane, hacen que las llamas surjan espontáneamente. “Fueron personas las que iniciaron el fuego”, afirma la científica. En otras palabras: en el 100% de los casos la Amazonia fue víctima de incendios provocados por la acción humana.

Llama la atención el caso del ingeniero agrónomo Douglas Jobim Vieira, que fue preso in fraganti el último 9 de septiembre, prendiendo fuego a una hacienda en Sorriso, Mato Grosso, ubicada a 420 kilómetros al norte de Cuiabá. Sorriso es la capital brasileña de la soja, recientemente señalada por el Ministerio de Agricultura y Pecuaria como la más próspera entre las 100 ciudades más ricas de la agroindustria brasileña. “¿Por qué un ingeniero agrónomo sale prendiendo fuego a propiedades en el centro de la agroindustria de Mato Grosso? O está loco, o lo despidieron y no le pagaron, o allí hay una orden”, se pregunta el secretario extraordinario de Control de la Deforestación y Ordenamiento Ambiental Territorial del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, André Lima.

Según él, existe la sospecha de que al menos una parte de los incendios sean una reacción a la vuelta de las acciones de represión de los delitos ambientales por parte de organismos como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Ibama. “Indicios [de esto] hay varios”, le dijo a SUMAÚMA. “Tuvimos brigadistas que fueron expulsados a tiros del área [que estaba en llamas]. Y anuncios explícitos [de la intención de incendiar para desgastar al gobierno] en el caso de la Selva Nacional Jamanxim”, añade.

Una brigada del Ibama que combatía los incendios en la Tierra Indígena Sete de Setembro, ubicada entre los estados de Mato Grosso y Rondônia, fue atacada mientras combatía las llamas, que comenzaron en octubre. “Empezaron a escuchar disparos. Fue un acto de hostilidad”, dice el director de Protección Ambiental del Ibama, Jair Schmitt. “Tuvimos que retirar al equipo, pedir apoyo de seguridad, porque no se puede poner en riesgo al brigadista. Eso no pasa solo allí. Sucede en varias otras Tierras Indígenas”. Hogar del pueblo Surui Paiter, la Tierra Indígena Sete de Setembro sufre frecuentes invasiones de mineros y madereros ilegales.

En Novo Progreso, donde se encuentra la Selva Nacional Jamanxim, un hacendado prometió vengarse con fuego por la incautación de ganado ilegal que realizó en la región el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, ICMBio. “Voy a alentar a que le prendan fuego a todo”, dijo el ladrón de tierras al periódico Folha do Progresso, en julio pasado. “Este es el plan. Vamos a avanzar con esta idea y el gobierno que lo apague, que venga a proteger su selva”. Novo Progresso fue el punto de partida de los incendios forestales coordinados el Día del Fuego, en agosto de 2019, cuando cientos de incendios fueron provocados simultáneamente por ladrones de tierras públicas, agricultores y ganaderos en una “señal de apoyo” al entonces presidente Jair Bolsonaro, del Partido Liberal. El escenario volvió a repetirse en vísperas de octubre de 2022, cuando el presidente de extrema derecha y enemigo de la conservación ambiental intentaba la reelección.

“Hay una reacción al cambio de rumbo”, argumenta Lima. “La política ambiental vuelve a ponerse en funcionamiento. Y, obviamente, las actividades clandestinas, criminales, de alguna manera alimentan las economías locales [en la Amazonia]. Esto va generando revuelta”, dice, antes de llamar la atención sobre un dato. “[En 2024] vemos que más del 35% de toda el área quemada está dentro de la selva [en la Amazonia]. Históricamente, eso nunca fue superior al 15%. Esto tiene que ver, obviamente, con la selva más seca y más vulnerable. Pero el origen de este fuego no fue necesariamente de afuera hacia adentro”.

El principal líder de los Surui Paiter, el cacique Almir Narayamoga Surui, sospecha que los incendios en el territorio de su pueblo tienen una motivación política. “Fue criminal. Y no dejaron que [los brigadistas] fueran allí. Porque [el fuego] tenía que producirse”, dice. Los incendios en la Tierra Indígena Sete de Setembro ya fueron controlados. Más de 6,9 millones de hectáreas fueron consumidas por el fuego en Tierras Indígenas en todo Brasil , como en la TI Sete de Setembro, entre enero y octubre de 2024, según el Monitor del Fuego. Es un crecimiento de más del 155% en comparación con los 2,7 millones de hectáreas en el mismo período en 2023.

El comisario Humberto Freire se muestra cauteloso cuando se le pregunta sobre posibles motivaciones políticas o articulación entre los distintos casos. “Se podrá constatar en un segundo momento. Seguiremos las investigaciones para eso”. El blanco preferente de los ladrones de tierras, las selvas públicas no destinadas —áreas que pertenecen al Estado, pero a las que todavía no se les ha asignado un uso definido—, vieron casi triplicarse su área destruida por los incendios en 2024. Según una nota técnica del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, el fuego destruyó más de 870.000 hectáreas entre enero y agosto, frente a 315.000 hectáreas en el mismo período de 2023. Se trata de un aumento del 176%.

Douglas Jobim Vieira, el agrónomo sospechoso de haber actuado como incendiario, fue liberado por la Policía Judicial Civil de Mato Grosso un día después de haber sido detenido. Tendría que haber pagado una fianza de 15.000 reales [unos 2.400 dólares], arbitrada por la jueza Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, pero salió después de dejar solo 800 reales [cerca de 131 dólares] en la corte, un descuento del 95%. La Defensoría Pública de Mato Grosso, que lo defiende, alegó que Vieira no podía hacerse cargo de la fianza completa y la jueza aceptó el argumento. Días después, el 17 de septiembre, fue imputado por la policía. SUMAÚMA pidió una entrevista con el comisario del caso, quien prefirió no pronunciarse porque ya había completado su investigación. El caso está en manos del Ministerio Público de Mato Grosso. La fiscal responsable pidió averiguaciones adicionales a la investigación y también se negó a dar una entrevista. La Defensoría Pública, que defiende a Vieira, dijo que “solo hablará en los autos” del proceso, que se encuentra bajo secreto de sumario. Tampoco contestaron el pedido de una charla.

El caso de Vieira no pasó desapercibido para la Policía Federal. “Este crimen es tan grave que merecía un aumento de la fianza, no una reducción”, evalúa el comisario Humberto Freire. «Desafortunadamente, vemos que a nivel mundial la legislación es muy leve y el trato de las denuncias es, muchas veces, casi condescendiente». La ley que trata los delitos ambientales, de 1998, prevé una pena máxima de cuatro años de prisión para quien “provoque un incendio en la selva o en las demás formas de vegetación”. Es menos de los seis años previstos en el Código Penal, una legislación de 1940, para quien “provoque un incendio, poniendo en peligro la vida, la integridad física o el patrimonio de otros”.

Para intentar enfrentar el problema, el gobierno federal preparó un proyecto de ley que aumenta la pena máxima por incendios forestales a seis años de reclusión. Además, prevé que, en casos de delitos ambientales con la participación de organizaciones criminales, se podrán usar “técnicas especiales” de investigación, como la infiltración de agentes y los acuerdos de delación.

“Las penas [actuales] son muy bajas. Este es un punto unánime entre todas las agencias que actúan en el combate a los crímenes ambientales”, coincide el secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Marivaldo Pereira. “Por más grave que sea el delito, difícilmente resulta en prisión. Es absolutamente desproporcionado si se compara con otros delitos. Por ejemplo: hacer una mina ilegal, con balsas, destruyendo el río, implica una pena menor que el hurto simple, que es un crimen sin violencia ni amenaza grave”.

El proyecto de ley con los cambios ya está en el Congreso, pero todavía no tiene ponente definido. Mientras tanto, Marivaldo Pereira está negociando con diputados que tramitan materias similares para que acepten las sugerencias propuestas por el gobierno en el informe final. Para ser aprobado, cualquier proyecto de ley tiene que votarse en la Cámara de Diputados y en el Senado. Solo serán afectados los delitos cometidos después que la nueva legislación entre en vigencia.

Y aunque entre en vigor una ley más estricta, seguirá siendo difícil atrapar y arrestar a los incendiarios. “Es un delito furtivo”, dice André Lima, del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Como la deforestación con el uso de motosierras y tractores es ruidosa, requiere semanas de trabajo y se detecta por radar, la fiscalización ambiental la puede combatir a tiempo. En cambio, para iniciar un incendio, en sequías como la de 2024, solo hace falta una caja de fósforos.

Es corriente, en el gobierno, la opinión de que los ladrones de tierras públicas empezaron a usar el fuego como herramienta de deforestación. “Con la baja humedad y la sequía prolongada que favorecen la propagación del fuego, ¿para qué [el criminal] va a usar un equipo pesado [en la deforestación], que es más fácil de identificar?”, indaga Humberto Freire. “Puede que se esté produciendo un cambio en la estrategia criminal de devastar la vegetación nativa para el posterior robo de la tierra. Esto es recurrente en las investigaciones”.

Es un argumento que tiene sentido, evalúa Ane Alencar, del Ipam. “La gente que quiere ocupar tierras públicas sabe que el gobierno está más presente, lo que hace que sus acciones sean más arriesgadas. Un ladrón de tierras no va a invertir en motosierras ni a contratar gente, porque sabe que la Policía Federal o el Ibama pueden aparecer. Como el clima deja la selva muy inflamable, es mucho más fácil simplemente iniciar un incendio”. 

Lima hace una comparación con el robo de celulares en las grandes ciudades. “No atrapas a un ladrón in fraganti, en São Paulo, robando un celular. El tipo pasa, rompe el vidrio [del auto] y se va. Esto en una metrópoli, con cientos de testigos. Imagínate [prender fuego a la selva en la Amazonia] sin que nadie lo vea. Puede que recuperes el celular, con el rastreo encuentras al receptador [comprador del objeto robado], pero no atrapas al ladrón. ¿Y el fuego? ¿Quién es el receptador del fuego? La ‘víctima’”, afirma. Es decir: el autor del incendio puede presentarse como su víctima ante las autoridades, ya que es virtualmente imposible, en regiones remotas de la Amazonia, identificar quién inició las llamas.

Esta es una percepción compartida por el Ministerio Público Federal y la Policía Federal. “La materialidad del crimen, el incendio, es evidente. Pero la autoría casi siempre es muy difícil de establecer. Y no se descubre de un día para el otro. Exige una investigación, que es algo demorado”, dice la fiscal Luiza Frischeisen, coordinadora de la 4ª Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal, que se encarga de delitos contra el medio ambiente. “La cantidad de casos es muy grande. No podemos investigar cada foco de incendio”, afirma el comisario Humberto Freire. 

Esto abre una ventana de oportunidades para los criminales, que saben que corren todavía menos riesgo de que los atrapen. “Con tantos casos, hay un agotamiento de la fuerza de respuesta estatal. Y es cuando quizás la gente aprovecha para hacer la limpieza de un área con fuego, lo que nunca había hecho por miedo”, explica el comisario. Un agente experimentado en el combate de delitos ambientales ve también otra posibilidad, que en la jerga penal se denomina copycat crime, en inglés, o crimen de imitación. “Es común que crímenes con repercusión y visibilidad se repliquen en otros lugares, ya sea por su notoriedad o por motivación ideológica. El 8 de enero [en Brasilia, cuando electores de Jair Bolsonaro destrozaron la Plaza de los Tres Poderes, frustrados porque no había habido un golpe contra la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva] es un ejemplo típico, inspirado en la invasión del Capitolio en Estados Unidos”, dice esta fuente.

Es decir, cualquiera que haya disfrutado viendo al gobierno de Lula en apuros por los incendios forestales también puede sentirse motivado a prender un fósforo y arrojarlo a algún arbusto seco por ahí. Y hasta el momento no hay motivos para creer que en 2025 será distinto.

“Los incendios forestales se han convertido en uno de nuestros mayores desafíos para alcanzar la meta de deforestación cero [en la Amazonia]”, afirma André Lima. Se refiere a la promesa de Luiz Inácio Lula da Silva de crear condiciones y políticas que permitan detener la deforestación en el bioma hasta 2030.

En este escenario, combatir los focos de incendio es tan relevante como encontrar a los culpables. El ICMBio, responsable de las unidades de conservación como parques y selvas nacionales, cuenta con 95 brigadas disponibles en todo el país, compuestas por 1.270 pessoas, a la fecha de publicación de este artículo. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente, que actúa en selvas públicas no destinadas y Tierras Indígenas, cuenta con 65 brigadas compuestas por 1.445 agentes para los estados de la Amazonia. Es poca gente para un escenario como el que se vive en 2024.

“El gran reto es contener las igniciones [de nuevos incendios]. El combate lo estamos haciendo, pero surgen 50 nuevos grandes incendios en el Cerrado por semana”, dice Lima. “Y no tenemos 50 nuevos equipos para enviar a estos nuevos focos, porque ya están apagando los incendios actuales. El tipo necesitaría dos días para descansar antes de entrar al siguiente, pero hay gente que está hace prácticamente tres meses durmiendo en el camino entre un incendio y otro”.

Por eso, cree que la lucha contra los incendios debe planificarse “desde abajo hacia arriba”, construyendo lo que denomina comunidades resilientes al fuego. “Si cada propiedad rural tiene dos apagadores de incendio, en un radio de 50 kilómetros tendremos a 200 personas que apagan el fuego, conectadas vía WhatsApp. Hoy no tenemos una brigada de 200 personas en ningún lugar de Brasil”, argumenta. Los propietarios rurales tienen que participar en el esfuerzo. “La discoteca que se incendió en Rio Grande do Sul [la discoteca Kiss, en Santa Maria, que causó la muerte de 242 personas en 2013] tenía que tener una serie de medidas contra incendios. Pero no las adoptó y por eso tiene que ser punida. En un hotel, un restaurante, un centro comercial, en cualquier emprendimiento económico donde exista riesgo de incendio, el emprendedor está obligado a tomar medidas preventivas. ¿Por qué no es así en las propiedades rurales?”, se pregunta.

Los incendios en grandes propiedades rurales casi se triplicaron entre enero y agosto de 2024, según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, Ipam. Se quemaron más de 2,8 millones de hectáreas en grandes propiedades, frente a poco más de 1 millón el año pasado. Aun así, la poderosa bancada ruralista reaccionó y promete revocar un decreto del gobierno federal que penaliza a los hacendados que no actúen contra el fuego. Si mantiene su postura contra el proyecto de ley sobre el endurecimiento de las penas, el Frente Parlamentario de la Agropecuaria contribuirá a que los asustadores incendios de 2024 se repitan en los próximos veranos amazónicos.