La antropóloga Mary Allegretti forma parte de la historia del movimiento socioambiental brasileño. Junto a Chico Mendes y los caucheros que lucharon por la selva donde trabajaban en el estado de Acre, ayudó a formular, hace 40 años, la propuesta de las reservas extractivistas (Resex), un nuevo tipo de unidad de conservación que incluye a la Naturaleza y a las personas que viven en ella. Allegretti estuvo en la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP-29, en la lejana Bakú, en Azerbaiyán, para hablar de una iniciativa que, según dijo, le devolvió las ganas. Desde hace un año y medio coordina un trabajo para capacitar a los cerca de 10.000 habitantes de la Resex Chico Mendes, de casi 1 millón de hectáreas, a que en el futuro desarrollen un proyecto de generación de créditos de carbono. Es un programa piloto que el Consejo Nacional de las Poblaciones Extractivistas podrá replicar en otras reservas extractivistas para que las comunidades que deseen implantar los proyectos puedan hacerse cargo de ellos y no dejarse engañar por los “cowboys del carbono”.

Allegretti destacó que desde hace décadas los habitantes de los territorios comunitarios de Acre “viven en las mismas condiciones, sin inversiones en infraestructura, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud”. La Resex Chico Mendes sufrió el avance de la deforestación para abrir pastizales para el ganado. “Así que, ¿cómo negarles a las comunidades el acceso a un proyecto que puede traer inversiones si el Estado no es capaz de hacer las inversiones?”, argumentó la antropóloga, directora del Instituto de Estudios Amazónicos, en un panel en el pabellón de Brasil en la COP. “Estamos convencidos de que se pueden desarrollar buenos proyectos de carbono con el protagonismo de las comunidades”.

Un tema que genera divisiones entre los ambientalistas, los mercados de carbono recibieron un impulso en la COP de Bakú, que dio luz verde a la implementación de los mecanismos internacionales de comercio de emisiones previstos hace nueve años, en el Acuerdo de París. La aprobación de estos documentos fue el único momento celebrado con aplauso general en la plenaria final de la conferencia, entre la noche del sábado 23 de noviembre y la madrugada del domingo. Existe la expectativa de que los créditos de carbono que logren ingresar al mercado supervisado por la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático tengan más valor y ayuden a pagar la transición climática.

Sin embargo, como lo definió Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, el comercio de emisiones establecido en el Acuerdo de París es un “instrumento importante”, pero “no una panacea”. La mera posibilidad de obtener dinero de la venta de créditos de carbono no puede confundirse con alcanzar el objetivo que, de hecho, estuvo en el centro de la COP-29: la definición de una nueva meta de financiamiento climático, que reemplace los 100.000 millones anuales prometidos por los países materialmente ricos en 2009. Estos países dicen que finalmente se alcanzó el valor en 2022, cuando habrían transferido 115.900 millones de dólares. Sin embargo, un estudio de la organización Oxfam demostró que, si se descontaran los préstamos con intereses altos y los proyectos no relacionados con el clima, la suma llegaría como máximo a 35.000 millones de dólares.

Según la Convención sobre el Clima y el Acuerdo de París, los contaminadores históricos —básicamente Estados Unidos, Europa y Japón— deberían proveer el financiamiento climático a los demás países, especialmente a los que tienen menos recursos monetarios.

Una comisión de economistas formada en la COP-26, en 2021, estimó la necesidad de 1 billón de dólares al año en financiamiento externo hasta 2030 y de 1,3 billones de dólares hasta 2035. Esto incluye dinero público y privado y excluye los gastos de China, hoy el mayor contaminador, que se autofinancia. La comisión sugirió que los países ricos entregaran directamente 300.000 millones de dólares al año hasta 2030 y luego 390.000 millones de dólares anuales hasta 2035. El Grupo de los 77, formado por naciones del Sur Global, propuso que ese “núcleo” de financiamiento, como fue denominado en la COP-29, fuera de 500.000 millones de dólares al año. Una declaración de 15 economistas y científicos de instituciones europeas y estadounidenses resaltó que el “núcleo” de la nueva meta financiera tiene que desembolsarse a partir de 2025, no “hasta” 2030 o 2035, y tiene que ser dinero público.

Los contaminadores históricos siempre se han negado a una definición más estricta de lo que debería considerarse financiamiento climático, pero los demás siempre han insistido en que debe ser dinero público, en forma de donaciones o préstamos con condiciones favorables, que no aumenten la deuda externa de las naciones más pobres.

A pesar de que la nueva meta se discute desde hace tres años, mucho antes de que el negacionista Donald Trump fuera electo en Estados Unidos, los países ricos recién pusieron una cifra sobre la mesa —aceptaron contribuir con 250.000 millones de dólares al año— el 22 de noviembre, día en el que teóricamente debería terminar la COP-29. Fue, como lamentó la ministra Marina, “en la prórroga del segundo tiempo”.

En el acuerdo final, el núcleo de financiamiento, el que se proveería “bajo el liderazgo” de los países ricos, se incrementó a 300.000 millones de dólares anuales, pero el texto especifica que solo se comprometen a alcanzar esa suma en 2035. Es una suma que corresponde a un tercio del presupuesto militar estadounidense y no representa ni siquiera el doble de los 163.000 millones de dólares que los países africanos están pagando este año en intereses de sus deudas externas. Además, como muchos han observado, estos 300.000 millones de dólares ni siquiera deben cubrir, en 2035, el ajuste por inflación de los 100.000 millones de dólares acordados en 2009.

Y lo peor: el acuerdo aprobado en la madrugada del 24 de noviembre, en medio de protestas de países como Nigeria, India y Cuba, dice que los 300.000 millones podrán provenir de “una amplia gama de fuentes, privadas y públicas”. China, India y Brasil también terminarán aportando, ya que en esta suma se incluirá el dinero “movilizado” por los bancos multilaterales, que son instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo, de los cuales los tres países forman parte.

El comisario de Acción Climática de la Unión Europea, el holandés Wopke Hoekstra, fue abucheado —en una forma diplomática de abucheo, con carraspeos— cuando se pronunció en la plenaria final en Bakú, pero eso no le impidió ser explícito: “Vemos una ampliación histórica del rol de los bancos multilaterales (…). Esto traerá más, mucho más dinero privado a la mesa y eso es lo que necesitamos”.

En resumen, el principal acuerdo de la COP-29 pone la salvación de la vida en el planeta en manos de inversores privados, que no son quienes firmaron los acuerdos, para intentar detener la emergencia climática.

La brasileña Mariana Paoli, que desde la organización internacional Christian Aid acompaña el tema del financiamiento desde 2009, hizo la comparación exacta: “Las poblaciones del Sur Global acudieron a las negociaciones necesitando un bote salvavidas, pero les dieron un pedazo de tabla al que agarrarse”.

Mariana recordó que adaptarse al cambio climático y reparar los estragos causados por los eventos extremos que provoca no genera ganancias, por lo que no atraen dinero de las empresas. En Brasil, por ejemplo, el gobierno federal estima que gastará unos 17.000 millones de dólares, al cambio especulativo actual, con las inundaciones de este año en Rio Grande do Sul.

Lo que irritó especialmente a los países más pobres y a los países-isla fue el hecho de que el bloque europeo pasó la COP-29 exigiéndoles ambición a las demás naciones. El economista tunecino Fadhel Kaboub, de la organización Power Shift Africa (Cambio de Poder en África), estaba indignado: “Las emisiones acumuladas de África son menos del 4% de las emisiones globales. Algunos países contaminaron mucho más y tienen una deuda que pagar. Si debes, pagas. No prestas dinero, no dices qué debe hacer ese país con el dinero, no inviertes en un país para conseguirte los minerales para ti”.

El problema de fondo es que un financiamiento sustancial e inmediato era una precondición para que las nuevas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fueran ambiciosas. Según el Acuerdo de París, todos los países tienen que presentar estas metas antes de febrero de 2025, antes de la COP que se realizará en noviembre en Belém, y cubrirán el período hasta 2035.

El acuerdo financiero de la COP-29 determina que le corresponderá a Azerbaiyán y a Brasil, el anfitrión de la COP-30, obrar el milagro de superar la incredulidad y la rabia reinantes en Bakú. Los dos países tienen que presentar, en los próximos meses, sugerencias sobre cómo multiplicar los 300.000 millones de dólares para alcanzar, hasta 2035, los 1,3 billones de dólares que se estiman necesarios para intentar contener el aumento de la temperatura del planeta en 1,5 grados Celsius, en comparación con el período anterior a la Revolución Industrial.

La manera más directa de recaudar estos fondos sería “hacer que paguen quienes contaminan”, como sugirió el secretario general de la ONU, António Guterres, y como repite la secretaria brasileña de Cambio Climático, Ana Toni. Esto significa no depender tanto de los presupuestos ordinarios de los países y establecer impuestos específicos, gravando a los superricos, la producción de combustibles fósiles, la aviación y el transporte marítimo. Esta debería ser la gran batalla de Belém.

Sin embargo, no es cierto que la falta de espacio presupuestario —el principal argumento de la Unión Europea para negar un aporte más adecuado— sea generalizada. El tema son las prioridades. El petróleo, el gas y el carbón, principales responsables de saturar la atmósfera de contaminación, siguen siendo tratados con engreimientos. En 2022, recibieron subsidios de 7 billones de dólares de los gobiernos, según el Fondo Monetario Internacional. China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea e India son los que más subvencionaron. En Brasil, en 2023, estos subsidios alcanzaron alrededor de los 14.000 millones de dólares en valores actuales, según el Instituto de Estudios Socioeconómicos, que hace este cálculo cada año.

Es más, ninguno de los documentos aprobados en Bakú menciona el compromiso asumido por los países en la COP-28, en Dubái, de eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Decidir cómo poner en práctica esta decisión es otra tarea que quedó para Belém. Para la COP-29, Brasil había propuesto discutir un cronograma para esta eliminación, pero con los países ricos empezando primero; Estados Unidos, donde Trump asume el 20 de enero, es el mayor productor actual.

Azerbaiyán es el tercer anfitrión consecutivo de la COP que planea aumentar su producción de petróleo. Brasil será el cuarto. La antigua república soviética de 10 millones de habitantes encontró petróleo y gas casi brotando de la tierra ya en el siglo XIX, explota en el mar Caspio, que baña Bakú, y le rinde homenaje al combustible en monumentos y edificios. La gasolina barata achata los precios del transporte. Pero lo que realmente distingue a Azerbaiyán es su dependencia de los ingresos de los combustibles fósiles, que representan más del 90% de sus exportaciones, siendo Italia el mayor comprador. Si se analiza el volumen de petróleo, la producción del país equivale aproximadamente a una cuarta parte de la brasileña y a un tercio de la noruega.

A pesar de ser muy rica, Noruega tampoco presentó un plan para reducir la producción petrolífera, dijo Matilde Angeltveit, ambientalista de la organización Norwegian Church Aid, que criticó a su país: “La quema de los combustibles fósiles que exportamos produce diez veces más emisiones que nuestras emisiones internas. Es obvio que también tenemos que asumir la responsabilidad de esto”.

Las decisiones de la COP-29 fueron todavía más frustrantes ante los relatos que hicieron quienes están en el frente del desastre climático en la conferencia. Sinéia do Vale, de la etnia Wapichana, que en Bakú fue elegida copresidenta del Caucus Indígena de la Convención sobre el Clima, integra desde hace más de 30 años el Consejo Indígena de Roraima, que tiene un sistema de monitoreo de incendios en los territorios del estado. “Desde el año pasado hasta ahora ha habido incendios irreparables”, contó Sinéia. “El 80% del Lavrado [vegetación similar a la del Cerrado] fue quemado y el 70% de estos incendios vinieron de fuera de los territorios. Esto es recurrente desde hace al menos los últimos tres años”, detalló. Roraima pasa por una expansión del monocultivo de soja.

En sus andanzas por la Reserva Extractivista Chico Mendes, Mary Allegretti vio “desde lluvias en las que las casas quedan sumergidas hasta sequías dos meses después en las que no hay agua para beber”. Ane Alencar, directora de Ciencia del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, Ipam, se declaró “consternada” por “el gran aumento del área de selvas en pie afectadas por incendios debido al cambio climático”.

Divulgados durante la COP-29, los datos del Monitor del Fuego mostraron que 6,5 millones de hectáreas de selva en la Amazonia fueron afectadas por incendios de enero a octubre de este año, un aumento del 670% en comparación con el mismo período del año pasado. El área es mayor que los 5,3 millones de hectáreas de pastizales afectados por el fuego; en condiciones normales, los incendios provocados por la acción humana afectan más a los pastizales donde ya se ha talado la vegetación. A diferencia de los incendios vinculados con la deforestación, que se hacen después de la tala de los árboles, los incendios en biomas nativos no entran en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de los países. Solo entran si el fuego consolida en ese lugar un “cambio de uso de la tierra”, con la pérdida de vegetación en las áreas incendiadas y la reducción del dióxido de carbono almacenado por la vegetación mediante la fotosíntesis.

Ante la multiplicación de las señales de alerta, el Ministerio de Medio Ambiente y los diplomáticos brasileños insistieron en Bakú en que no hay otra salida que seguir trabajando por la “misión 1,5”, como llaman, desde la COP de Dubái, el esfuerzo para contener el aumento de la temperatura de la Tierra en 1,5 grados Celsius. Esto requerirá un esfuerzo mucho más grande y más rápido de los países para cortar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El físico Paulo Artaxo, docente de la Universidad de São Paulo y miembro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, dijo que será imposible cumplir el Acuerdo de París que prevé un límite máximo de aumento de la temperatura de hasta 2 grados, si se mantienen las emisiones actuales. Artaxo, que estuvo en Bakú, cita un informe divulgado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente poco antes de la COP-29. “Está muy claro y explícito en el informe sobre la brecha de emisiones que es absolutamente imposible, con las emisiones actuales, limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. De hecho, con las emisiones actuales y las políticas actuales de reducción de emisiones, nos dirigimos hacia un aumento de temperatura de 3 grados Celsius”, afirmó.

La declaración de los 15 científicos y economistas estimó que este escenario, que pone a la Tierra cerca de un cataclismo climático, solo podrá evitarse si se aumenta inmediatamente el núcleo de financiamiento de los países ricos a 256.000 millones de dólares. Además de ser público, este dinero tiene que ser nuevo, es decir, no se pueden contabilizar los fondos ya asignados a bancos multilaterales o a ayuda externa. “Esto no es solo una obligación moral (…) o una caridad”, dice la declaración, sino del interés de los mismos contaminadores históricos y del mundo.

Uno de los problemas que asolan a los acuerdos internacionales sobre la emergencia climática es que no tienen ninguna cláusula que obligue a los países a cumplir las promesas que hacen. Cambiar eso fue una de las reformas sugeridas por líderes internacionales, entre quienes se encuentra el científico brasileño Carlos Nobre, en una carta divulgada los primeros días de la COP-29. La carta dice que llegó el momento de “cumplir los compromisos asumidos” y parar las negociaciones sin fin.

Hay otras propuestas en este sentido, incluso una del presidente Lula. Mientras la COP-29 todavía estaba en marcha, Lula recibió en Río de Janeiro a la cumbre del G-20, el grupo de las mayores economías mundiales. En esta oportunidad, sugirió la creación de un Consejo de Cambio Climático de la ONU para acelerar la implementación del Acuerdo de París. Ottmar Edenhofer, director del Instituto de Investigación de Impacto Climático de Potsdam, Alemania, propuso que los países empiecen a negociar en grupos más pequeños, basándose en un trato: los ricos del Norte gravarían los combustibles fósiles para financiar a los del Sur Global y a cambio les exigirían que cortaran sus emisiones.

Carlos Nobre vino prácticamente directo de la COP sobre biodiversidad, que terminó a principios de noviembre en Cali, Colombia, a la fría Bakú. No paró de hacer cuentas. “La ciencia muestra que tenemos que restaurar 6,7 millones de kilómetros cuadrados en todo el planeta para eliminar unos 5,6 mil millones de toneladas de dióxido de carbono por año, con el fin de reducir el riesgo de los cambios climáticos”, calculó el científico. “Una hectárea de selva tropical restaurada elimina de 12 a 18 toneladas de dióxido de carbono por año, durante unos 40 años”, continuó. Si cada tonelada removida se convierte en un crédito de carbono y este crédito alcanza el valor de 100 dólares, concluyó, esto podría representar una suma mínima para mantener la selva y escalar la restauración.

Pero no basta, añadió Nobre, contar los beneficios que proporciona la selva solo por el carbono que elimina. “Se necesitaría un mercado para todos los servicios ecosistémicos, como la regulación de las precipitaciones. Mantener la biodiversidad es esencial, incluso para salvar a los humanos de epidemias y pandemias”. En Cali, sin embargo, no hubo acuerdo sobre el financiamiento de la conservación y la recuperación de la biodiversidad.

En Cali y Bakú, el gobierno brasileño volvió a presentar su proyecto del Fondo Selvas Tropicales para Siempre, que tiene como objetivo remunerar a los países forestales por hectárea conservada, evitando la lógica del mercado de carbono. El fondo fue mencionado en la declaración del G-20 y en el comunicado de la reunión entre Lula y el presidente chino Xi Jinping. La idea es que se ponga en funcionamiento antes de la COP de Belém. La estimación inicial es que se recauden 125.000 millones de dólares, entre inversiones públicas y privadas. Para Nobre, es una cifra incluso modesta. “Habría que valorar mucho más la selva”, comentó.

Al igual que con la eliminación de los combustibles fósiles, ningún acuerdo aprobado en Azerbaiyán reanudó el segundo compromiso importante firmado en Dubái, de que los países incrementarían sus esfuerzos para detener y revertir la deforestación y la degradación forestal hasta 2030. Brasil, que pretende restaurar 12 millones de hectáreas de biomas nativos hasta el fin de esta década, había propuesto la “operacionalización” de este compromiso, previendo financiamiento para la restauración e instrumentos para facilitar el acceso de los productos de la bioeconomía a los mercados externos. El tema no se contempló en ningún documento, incluso porque uno de ellos, el del diálogo sobre las decisiones de Dubái, no fue aprobado y tendrá que ser examinado de nuevo en Belém.

Mientras busca financiamiento directo para las selvas, el gobierno brasileño también señaló la posibilidad de recurrir a los mecanismos de comercio de carbono del Acuerdo de París.

Hay dos mecanismos. Uno trata sobre el comercio entre países de los llamado ITMOs, sigla en inglés de Resultados de Mitigación Internacionalmente Transferidos. En este caso, el país que redujo sus emisiones más de lo que se había comprometido podrá venderle la diferencia a otro país. La ONU construirá un sistema de registro para que todos los países rindan cuentas de los intercambios, pero los expertos lamentaron que no se haya contemplado una sanción más fuerte para los gobiernos que venden ITMOs podridos, que de hecho no representen un corte de emisiones más allá de lo previsto. En la COP-29, Brasil declaró que podrá utilizar este instrumento si llegara a tener un excedente de corte de emisiones y considera que el valor de los ITMOs es lo suficientemente alto como para financiar una descarbonización interna mayor. Asimismo, prometió denunciar si se produce la venta de ITMOs podridos.

En el segundo mecanismo, que es el mercado de carbono propiamente dicho, las empresas y los gobiernos podrán comprar créditos para compensar sus emisiones. Un organismo supervisor, vinculado a la Convención del Clima, establecerá las metodologías de generación de crédito que se aceptarán en este mercado. Esta definición será importante para guiar el mercado regulado de carbono que fue aprobado por el Congreso de Brasil durante la COP-29, en el que las empresas altamente contaminantes podrán compensar parte de sus emisiones con créditos de carbono. Para ingresar al sistema oficial, estos créditos también deberán tener aprobadas sus metodologías. Que sea aceptado en el mercado regulado, de Brasil o de la Convención del Clima, significa que vale más.

Hoy, en el llamado mercado voluntario de carbono, que no está regulado por los gobiernos, los créditos forestales valen mucho menos que los 100 dólares que Nobre considera razonables. En el acuerdo del gobierno del estado de Pará con la Coalición Leaf, formada por países ricos y grandes empresas, cada crédito generado por la reducción de la deforestación se venderá en 15 dólares. El dinero recaudado no será una “bala de plata”, advirtió Marcello Brito, secretario ejecutivo del Consorcio Interestatal para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia Legal, en Bakú. “Es un error hablar solo de créditos de carbono y no de biodiversidad”.

En Pará, los líderes Indígenas están divididos sobre el programa de carbono de su estado, lo que llegó a la COP-29. El comando de la Federación de los Pueblos Indígenas de Pará, Fepipa, participa en el programa. Antes de la venta de los créditos, prevista solo para finales de 2025, habrá una consulta con los pueblos originarios, los extractivistas y los Quilombolas sobre cuánto del dinero llegará a las comunidades que cuidan la selva y cómo se aplicará.

Ronaldo Amanayé, coordinador tesorero de Fepipa, dijo que la federación está recorriendo el estado para llevar información a los territorios y escuchar sus reclamos para la consulta. “Tenemos un pequeño grupo que está completamente en contra porque les están llenando los oídos de desinformación”, acusó. Avanilson Karajá, coordinador tesorero de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, Coiab, defendió los programas de los estados. “Existe la idea de que se va a vender el territorio, de que no se podrá más cultivar, pero es una política que podría resolver algunos problemas dentro de los territorios”, dijo Avanilson, oriundo de Tocantins, un estado que también pretende firmar un acuerdo con la Coalición Leaf.

La opositora más vehemente al programa de Pará es Alessandra Korap, de la Asociación Indígena Pariri, que también vino a Bakú. Se quejó de que Fepipa había hecho una reunión sobre el tema en la ciudad de Jacareacanga, pero no dentro del territorio de su pueblo, los Munduruku. “Sin tener una base, sin haber hablado con las mujeres, sin haber hablado con los niños, con los chamanes, así no nos sirve. Hay que discutirlo mucho más”, dijo.

Al lado de Alessandra, Cleidiane Vieira, del Movimiento de los Afectados por las Represas, MAB, amplió las críticas: “Nosotros , del MAB, consideramos [los mercados de carbono] una de las falsas soluciones que el capital está proponiendo para salir de la crisis. La crisis climática se está financiarizando y necesita mucho mercado para todas las empresas”, afirmó. “Si la selva existe es porque los pueblos que están allí la cuidaron. Ahora quieren secuestrar esta preservación para seguir contaminando”.

El argumento de Cleidiane coincide con el de organizaciones como Greenpeace, para los cuales los mercados de carbono de París les proporcionarán una sobrevida a negocios contaminantes, como la industria petrolera. “Peor aún, son una cortina de humo para la falta de avances en soluciones reales para el financiamiento climático”, dijo An Lambrechts, especialista en políticas para la biodiversidad de la ONG.

Mary Allegretti, la antropóloga, reconoció que hay “muchos embustes” en los mercados de carbono, pero afirmó que está dispuesta “a trabajar para que no los haya” y evitar lo que considera el peor escenario: que los jóvenes, que hoy apenas tienen memoria de la lucha de Chico Mendes, asesinado en 1988, abandonen el territorio porque no ven perspectivas de vida. “Si las personas que hoy viven en la Amazonia, principalmente los jóvenes, deciden irse porque no han encontrado allí una solución, la selva va a desaparecer. Las familias se van, entran los usurpadores de tierras”, dijo Mary.

Los eventos paralelos de las COPs, que se realizan fuera de las salas de negociación, funcionan como una vitrina para que los países intenten atraer inversiones. El gobierno de Lula llevó en su delegación a 35 representantes de la agroindustria y a asociaciones del sector, un récord en la conferencia. Las actividades vinculadas al agro se encuentran entre las más beneficiadas con exenciones fiscales en Brasil, según una lista publicada en noviembre por el fisco brasileño. El principal programa de esta área que el gobierno presentó en Bakú fue el de la conversión de pastizales degradados, que pronto detallará el Ministerio de Agricultura y Pecuaria y cuenta, por ahora, con el apoyo de la agencia de cooperación de Japón.

Rodrigo Lima, de la consultora Agroicone, colabora en la elaboración del programa, que se encuentra en la etapa de evaluación de costos. En la COP-29, explicó que Brasil tiene 40 millones de hectáreas de pastizales muy degradados, entre los cuales, 27 millones son prioritarios para su conversión en agrobosques, selvas, áreas de cultivos agrícolas y pastizales recuperados. El país, dijo Rodrigo, tiene 2,5 millones de posesiones o propiedades rurales dedicadas a la ganadería, de las cuales 2,2 millones tienen hasta 200 hectáreas. Estas últimas, subrayó, son el principal reto, porque los hacendados no tienen recursos para recuperar la tierra por sí solos, a diferencia de los más grandes del sector.

El programa de conversión de pastizales requerirá que los beneficiarios se comprometan a poner fin total a la deforestación, incluyendo la que autoriza el Código Forestal. Además, solo podrán beneficiarse las haciendas que tengan su Catastro Ambiental Rural al día y no hayan deforestado después de 2008.

En Bakú, Carlos Ernesto Augustin, empresario agrícola y asesor especial del ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, dijo que Brasil puede duplicar su producción agrícola sin deforestar. “Tenemos tierras para otros 20 o 30 años”, afirmó. El mensaje desafinó en otro panel con la participación de Rodrigo Justus, de la Confederación Nacional de Agricultura. “A partir de un punto puedes echar tanto fertilizante como quieras, regar todo lo que quieras, que la productividad tiene un límite”, dijo Justo. “Esta discusión tiene que permear este tipo de debate, de lo contrario el cielo es el límite y estaremos creyendo que vamos a sacar tierra de la producción, olvidando que la humanidad siempre está aumentando su población”.

El primo pobre entre los representantes del sector agrícola en el gobierno, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, divulgó en la COP un programa menor, para la agricultura familiar y los asentamientos rurales. Moisés Savian, secretario del ministerio, dijo que inicialmente 21 asentamientos serán cubiertos por el Programa Nacional de Selvas Productivas. Es poco porque, según los números que mostró Savian, solo en la Amazonia hay 3.041 asentamientos, con 561.000 familias, muchas de ellas con lotes individuales. Ocupan una superficie de 57,9 millones de hectáreas, de las cuales impresionantes 27 millones están deforestadas y se convirtieron en pastizales.

La agricultura familiar es una categoría complicada en Brasil, explicó Maurício Alcântara, del Instituto Regenera: “Es una categoría política, más que técnica”. Abarca desde los pequeños agricultores que trabajan para la agroindustria hasta los que adoptan prácticas agroecológicas. Para estos, el acceso al crédito es más complicado, afirmó Gerson Borges, de Rio Grande do Sul, quien llegó a la COP-29 como parte de una delegación del Movimiento de los Pequeños Agricultores. “Este grupo, del que formamos parte, produce con bioinsumos, no con fertilizantes químicos, trabaja con semillas criollas y convive con el bioma, por ejemplo, en sistemas agroforestales”, ejemplificó Gerson.

En el país hay alrededor de 10 millones de pequeños agricultores, que trabajan en propiedades con hasta cuatro módulos fiscales —el tamaño del módulo varía según la región e incluso el municipio—. Los contratos del Pronaf, el programa de crédito para el sector, sumaron en esta zafra 1,6 millones, según el gobierno. Leila Meurer, activista del mismo movimiento, que vino de Ariquemes, Rondônia, explica la diferencia: “Es una producción que abastece a la economía local y, como no tiene ingresos concentrados, le cuesta pagar las cuotas y dar las garantías que exigen los bancos”. Isabel García Drigo, del Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola, Imaflora, dijo que la lógica del crédito rural no siempre responde a las necesidades de los pequeños agricultores: “Hay dinero para inversiones, como para la compra de máquinas, ganado, pero hay menos para costear, que es importante, por ejemplo, para pagar una cerca”.

Al igual que Gerson y Leila, había decenas de pequeños agricultores de todo el mundo en Bakú, parte de un debate cada vez más fuerte en las COP sobre el cambio de los sistemas de producción de alimentos. Son discusiones que avanzan fuera de las salas de negociación. Dentro de la Convención sobre el Clima, existe un grupo de trabajo, conocido como grupo de Sharm el-Sheikh, que en Bakú aprobó la creación de una plataforma electrónica en la que los países podrán mostrar lo que consideran buenas prácticas en la agricultura. “Es un portal para compartir prácticas y buscar alianzas y financiamiento”, dijo Marcelo Morandi, de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, Embrapa.

Si los defensores de la agricultura ecológica todavía tienen esperanzas de pinchar la burbuja, las negociaciones de la COP-29 estuvieron marcadas por retrocesos y bloqueos. Marina Silva enumeró algunos, sumando más tareas para Belém: “Hay otros temas con los que estamos muy comprometidos, como el de los derechos humanos, el derecho de las mujeres, el reconocimiento del aporte de la comunidad afrodescendiente y la sinergia entre las COP [del clima y de la biodiversidad]. Desafortunadamente, todavía no han acogido estos temas, pero se abordarán adecuadamente en la COP-30”, prometió.

Desde la COP-27, en Egipto, el movimiento negro brasileño está aumentando su participación en las conferencias sobre el clima. Uno de los reclamos es que los documentos incorporen la singularidad de los afrodescendientes, junto con las citas ya consagradas a los pueblos Indígenas y las comunidades locales. Letícia Leobet, del Geledés Instituto de la Mujer Negra, dijo que el gobierno brasileño está respondiendo bien a la demanda, como lo indica el discurso de Marina Silva. “Pero lo que es insuficiente son las articulaciones que Brasil hace con otros países para crear consensos sobre el lenguaje racial”, completó Letícia.

En particular, hay que superar la resistencia de los países africanos, que, según ella, tiene diferentes causas según el contexto de la discusión. En la conferencia de Cali, el grupo africano terminó apoyando el documento que reconoció oficialmente la participación de las comunidades afrodescendientes en la conservación de la biodiversidad. “Vimos cierta resistencia inicial, porque se entendía que la inclusión de los afrodescendientes significaba compartir una porción de la torta del financiamiento. En otros contextos, notamos que esta resistencia es más bien una barrera simbólica, porque los países del grupo africano muchas veces ya se sienten contemplados con la perspectiva étnica”, explicó Letícia.

Otros documentos de las COP que sigue el movimiento negro son los que se relacionan con la adaptación al cambio climático. Brasil también está discutiendo sus políticas sectoriales de adaptación como parte del Plan Climático, que se espera esté listo en 2025. En un debate en Bakú, Mariana Belmont, también de Geledés, fue clarísima: “De nada sirve difundir las palabras género y raza en todas las políticas del gobierno. Varias políticas ambientales llevaron a la expulsión de personas de los territorios negros. Cuando vemos el preámbulo de la estrategia de adaptación, las palabras están allí. El tema es si el recurso llegará a la periferia para su implementación”, dijo. Para la COP de Belém, Mariana, que es de São Paulo, dijo que su referente será el Centro de Estudios y Defensa del Negro de Pará, dirigido por Nilma Bentes y Zélia Amador, líderes históricas del movimiento antirracista en la Amazonia.

En el documento principal sobre adaptación aprobado en Bakú, hubo pequeños avances, según evalúa Thaynah Gutiérrez, de la Red por Adaptación Antirracista. Se mantuvo la mención a los derechos humanos y, durante las negociaciones, el número de indicadores para medir el progreso de los países en los objetivos de adaptación se redujo de los 9.000 propuestos inicialmente a 100, lo que reduce la dispersión. Aun así, estos indicadores serán voluntarios y cada país podrá elegir su propio rol entre los 100.

Es común que los activistas de la sociedad civil celebren pequeñas victorias como esta, especialmente después de una conferencia en la que el documento sobre género y clima excluyó una referencia a la violencia contra la mujer. También bajo la presión de Rusia y de algunos países árabes como Arabia Saudita, se modificó todo el lenguaje que pudiera sugerir derechos de la población LGBTQIA+.

Los integrantes del Caucus Indígena, copresidido por la brasileña Sinéia do Vale, salieron enojados de la COP-29. En el acuerdo sobre financiamiento climático, el principal aprobado en Bakú, se eliminó la obligación de los países de respetar, promover y considerar los derechos de los pueblos Indígenas, comunidades locales, migrantes, refugiados y otros grupos “vulnerables”. En su lugar entró un pedido paternalista para que los países promuevan la inclusión y la extensión de los beneficios a estos grupos. Fue una contradicción con lo que sucedió menos de un mes antes, en la COP sobre biodiversidad en Cali, donde los Indígenas aseguraron la creación del primer órgano subsidiario permanente en las conferencias de la ONU para tratar sus derechos.

“No hay nada que celebrar”, dijo uno comunicado del Caucus, destacando que hay que reconocer a los Indígenas  como “aliados cruciales e iguales” y “detentores de derechos”. El comunicado también critica el financiamiento acordado: “Si bien necesitamos urgentemente un acceso directo y equitativo al financiamiento climático (…), reiteramos que rechazamos la colonización financiera que proviene de préstamos y cualquier otro mecanismo (…) que perpetúe el endeudamiento de las naciones que menos han contribuido a los cambios climáticos”.

Indígenas no solo de Brasil, sino de todos los países de la Amazonia, acudirán en gran número a Belém. Por primera vez en cuatro años, la conferencia se realizará en un país democrático. Habrá protestas callejeras, fuera del espacio controlado donde se llevan a cabo las negociaciones. Pretenden aprovechar la oportunidad y redoblar la presión. La pila de tareas para Belém no para de crecer.

La cobertura de SUMAÚMA en la COP-16 es una alianza con la organización internacional Global Witness (@global_witness), que se dedica desde 1993 a investigar, exponer y crear campañas contra los abusos ambientales y de derechos humanos en todo el mundo.