El indígena Baré Bornaldo, de 60 años, se sienta frente al micrófono. Algunos militares con uniformes de camuflaje y botas lo observan atentamente. La escena tiene lugar en una de las malocas (choza indígena) de la Tierra Indígena Waimiri Atroari, entre el noreste del estado de Amazonas y el sureste de Roraima, en la Amazonia brasileña. Bornaldo es testigo de un crimen del que fue uno de los pocos de su aldea que sobrevivió. La audiencia pública forma parte de una demanda de la Fiscalía contra el gobierno brasileño. Es 27 de febrero de 2019 y es la primera vez que los reservados Waimiri Atroari hablan públicamente sobre lo que ocurrió hace medio siglo, durante la dictadura empresarial y militar que oprimió Brasil de 1964 a 1985. «Perdí a mi padre, a mi madre, a mi hermana y a mi hermano», dijo Bornaldo. Y apenas empezaba su narración.

Kinja (pronunciado Kiñá) es como se autodenomina el pueblo de Baré Bornaldo. Significa «pueblo verdadero». Waimiri Atroari es el nombre que les dan los no indígenas. Entre 1974 y 1975, al menos ocho aldeas de los Kinja fueron atacadas por un batallón de Infantería de Selva del Ejército con armas químicas, que lanzaron desde los aviones de combate. Los cuerpos ardían por dentro, relatan los indígenas en el informe pericial al que SUMAÚMA ha tenido acceso en exclusiva. El arma química, según el perito João Dal Poz Neto, responsable del documento, «ocasionó la muerte de algunos habitantes» sin afectar a las malocas ni a la selva que rodeaba las aldeas.

En algunos casos, después de rociar a los indígenas con veneno, el Ejército realizó incursiones con tropas terrestres municionadas con armas de fuego y machetes. El informe señala que, tras los ataques coordinados —que Dal Poz Neto califica de auténtica «guerra de ocupación»—, los supervivientes se vieron obligados a huir por las selvas. Las aldeas fueron masacradas. Todo para garantizar que los indígenas salieran del camino de la BR-174, una de las carreteras que la dictadura abrió para llevar el «progreso» a la Amazonia.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

Se calcula que en esos ocho ataques murieron 58 indígenas. Pero la Comisión Nacional de la Verdad estima que el número total de Kinja muertos entre 1972 y 1977 asciende a 2.650: no solo durante la apertura de la autopista, sino también después, por las enfermedades que les transmitieron los blancos. La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) estimó que en aquella época el pueblo de los Kinja lo formaban unas 3.000 personas. Fue el exterminio casi total de un pueblo.

En la demanda civil, la Fiscalía afirma que hubo un genocidio. Por este motivo, exige que el Estado pague una indemnización de 50 millones de reales (10,3 millones de dólares) y le pida disculpas públicamente a los indígenas para compensar las violencias cometidas entre 1974 y 1975, durante la construcción de la carretera que actualmente conecta Manaos con Boa Vista. La sentencia en primera instancia debe dictarse en los próximos meses.

La Abogacía General de la Unión (AGU), que defiende al gobierno brasileño, ha adoptado, hasta finales de abril de 2023, una posición alineada con la visión bolsonarista-militar, antiindígena y de avance sobre la Amazonia- en detrimento de los pueblos originarios. Incluso después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la posición siguió siendo similar a la del gobierno anterior. Para la demanda, la Abogacía nombró como asesor técnico a un coronel retirado que usa como foto de perfil, en una red social, un montaje que retrata al magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes —blanco favorito de los bolsonaristas— con cuernos de demonio. Este asesor tendría el papel de seguir los peritajes que la Justicia ordenó realizar para definir cómo se produjeron las masacres. El organismo solo cambió su postura sobre el proceso y apuntó la intención de hacer un acuerdo con la Fiscalía cuando SUMAÚMA cuestionó el tema.

Imagen del perfil de Facebook del coronel Hiram Reis e Silva, indicado por el Ejército para ser asistente técnico de la defensa en el juicio

Uno de los autores de la demanda, el fiscal Julio Araujo, afirma que la Fisaclía «no va a negarse» a negociar con el gobierno. Si no se llega a un acuerdo, el gobierno brasileño podría finalmente ser considerado responsable del genocidio de los Kinja. «Hubo un genocidio en el territorio Waimiri Atroari. Auspiciado por el Estado, que no lo impidió ni previno su escalada. Los elementos que constan en los autos son suficientes para probar lo que sostenemos», afirma el fiscal.

Si se condena al Estado, no será la primera vez. En casos de genocidio contra indígenas durante la dictadura, Brasil ya ha sido condenado a indemnizar al pueblo Krenak, en Minas Gerais, a los Tenharim y a los Jihaui, en Amazonas, y a los Avá-Canoeiro, en Tocantins.

Ante el micrófono y la mirada de los militares, el indígena Baré Bornaldo relató el ataque a la aldea So’o Mydy, que tuvo lugar entre finales de 1974 y principios de 1975. «Era el día de Marubá, la fiesta de iniciación del niño guerrero. Gente de otros pueblos vino para participar», contó. De repente y desde lo alto, llegó el ataque. «Era veneno. Lo echaron encima de la maloca». Bornaldo también dijo que, cuando estaba herido, vio cómo le cortaban el cuello a otro indígena.

Según su relato, el Ejército sembró el terror en la selva. Hubo tantas víctimas y el temor a nuevos ataques era tan grande que los muertos no tuvieron ritos funerarios, lo que para los Kinja representa un grave riesgo de ser hechizado y de que ocurran otras desgracias cosmológicas. Baré Bornaldo declaró que los indígenas consiguieron incinerar algunos cadáveres, pero la mayoría quedaron abandonados. «No había nadie que se hiciera cargo de los cuerpos», lamentó. Otro superviviente, Temehe Tomas, añadió que el miedo a que se reanudaran los ataques era mayor. «Abandonaron los cuerpos de los nuestros: se quedaron allí».

Manoel Paulino, que fue jefe de campo de la Funai durante el período más violento de los ataques, afirmó que presenció cómo el propio Ejército cavaba una fosa común con una retroexcavadora y enterraba a las víctimas cerca de un antiguo puesto de la fundación, donde hoy hay una aldea. Los supervivientes no lo presenciaron porque se vieron obligados a huir. Paulino es un testigo clave en el caso.

Otro testigo, oído por los peritos antropológicos, recordó lo que había sucedido en la aldea de Baré Bornaldo desde otro punto de vista. Wamé Viana describió el vuelo de un avión que arrojaba lo que parecía agua. Él se dirigía, con otros indígenas, a la fiesta en la aldea de So’o Mydy y, cuando llegaron, estaban todos muertos menos Bornaldo, que entonces era un adolescente. «Lo rescatamos, en medio de la gente muerta. Llegamos días después. [Los cuerpos] ya se estaban pudriendo, los gallinazos se los comían. Cuando llegamos, su tío lo agarró y se lo llevó. Tenía mucha fiebre». Bornaldo nunca lo olvidará: «En la aldea hacía mucho calor, me subió mucho la fiebre. La maloca se calentó. Las hojas de los árboles no cayeron. Mató solo a la gente que estaba allí». Entonces dice: «Murió una maloca entera».

Los síntomas que los Kinja relataron tras los ataques con armas químicas —calor, fiebre, náuseas, dolor de cabeza y parálisis en las extremidades— son «a primera vista» compatibles con los trastornos que provocan los «agentes nerviosos», productos que afectan al sistema nervioso central, según el perito Dal Poz Neto. Se acusa al Ejército de haber lanzado una o varias de estas armas químicas sobre las aldeas. Los efectos en las víctimas son casi inmediatos: secreción nasal, visión borrosa, sudoración excesiva, tos, respiración rápida, confusión mental, dolores de cabeza, pérdida de conciencia, parálisis e insuficiencia respiratoria. Y pueden ser mortales. Entre los productos químicos de este tipo se encuentra el llamado gas VX. Desarrollada en Inglaterra en 1952, esta sustancia se conserva normalmente en estado líquido, tiene baja volatilidad, propiedades adhesivas y es inodora, según el informe.

Uno de los supervivientes, que prefiere preservar el anonimato, le contó al perito lo que les ocurrió a las víctimas de los ataques aéreos del Ejército: «Nos dejaba confusos. Atacaba en la aldea, [la persona] se calentaba rápido. A los pocos minutos, moría. Hasta ahora no hemos podido entender qué arma se utilizó. Era así: un indio iba a cazar, sentía como un flechazo en el cuerpo. Gritaba y corría hacia la aldea, sintiendo ya los síntomas, el cuerpo muy caliente. Parecía que quemaba todo por dentro. Tardaba un poco, moría. Sentía un calor muy intenso. Se quedaba tumbado, gritando, empapándose el cuerpo de agua. Al poco tiempo, moría. Para nosotros es difícil entender qué arma se usó».

Para los Kinja era maxi, una palabra de su idioma que originalmente significa «hechizo» o «veneno». Debido a las masacres de la dictadura, ha adquirido nuevos significados, «más precisos, a medida que han ido aumentando los conocimientos sobre el aparato industrial y tecnológico que están a disposición de la sociedad no indígena», dice el informe. En la actualidad, los indígenas también utilizan el término maxi para referirse a los pesticidas y contaminantes, además de a las armas químicas y biológicas.

Existen pruebas de que el Ejército realizó al menos ocho operaciones coordinadas en las que lanzó armas químicas y, a continuación, procedió a la invasión terrestre. Tras examinar la dinámica de estos ataques a las aldeas, el perito judicial concluyó que todo parecía indicar que se llevó a cabo una «guerra de ocupación» con el objetivo de expulsar a los Kinja de su territorio.

El asistente técnico de la Abogacía del Estado trata a los indígenas de ‘testigos sin credibilidad’

En la audiencia judicial que se celebró en la Tierra Indígena Waimiri Atroari, mientras Baré Bornaldo narraba cómo todos los que le rodeaban murieron por lo que vino del cielo, un hombre blanco, vestido con ropas comunes y sentado entre el público, movía la cabeza como muestra de contrariedad. Era el coronel retirado Hiram Reis e Silva, un militar alineado con la ideología antindígena de las Fuerzas Armadas. Estaba allí porque el Ejército lo había recomendado a la Abogacía del Estado como «asistente técnico» en ese caso. Nombrado en enero de 2019, el primer año del gobierno del extremista de derecha y capitán retirado Jair Bolsonaro, su función era supervisar la pericia antropológica.

Aunque Lula asumió el cargo de presidente en enero de este año, hasta la publicación de este reportaje el coronel retirado Reis e Silva seguía siendo uno de los representantes del gobierno federal en la demanda. Tras los cuestionamientos de SUMAÚMA, la Abogacía del Estado pasó a buscar un acuerdo con la Fiscalía, pero no ha solicitado formalmente que Reis e Silva se retire del caso.

El coronel retirado formaba parte del Batallón de Ingeniería y Construcción del Ejército en la Amazonia, responsable de parte de la construcción de la carretera BR-174. Pero no durante el período de los ataques, sino más de cinco años después, entre 1982 y 1983. El militar, de 72 años, también fue profesor de matemáticas en la Escuela Militar de Porto Alegre y dice ser presidente de la Sociedad de Amigos de la Amazonia Brasileña (Sambras), una ONG registrada a nombre de la ecologista Hilda Wrasse Zimmermann, fallecida en 2012. Desde 2018, la Secretaría Tributaria brasileña considera Sambras inapta por falta de documentación. La página web de la organización ya no está en línea.

Reis e Silva afirma que, gracias a una colaboración entre la Escuela Militar y Sambras, recorrió en canoa los ríos de la cuenca del Amazonas entre las ciudades de Tabatinga, en el estado de Amazonas, y Belém, en Pará, durante los años 2008 y 2009. A partir de sus viajes por la Amazonia, el coronel escribió varios libros, que él mismo publicó en internet. En uno de ellos, titulado Desafiando o Rio-Mar – Descendo o Branco Tomo III, dice sobre la demarcación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, ratificada por el Supremo en marzo de 2009: «La decisión [de la demarcación] solo tiene un triste y melancólico significado: poner en jaque la soberanía brasileña. El territorio pertenece ahora a una “nación indígena” y los llamados “no indios” no podrán vivir en él, ni siquiera transitar por él, porque los malhechores del Consejo Indigenista de Roraima no los reconocen como hermanos brasileños».

A juzgar por lo que publica en Facebook, Reis e Silva es el típico bolsonarista. Difunde memes que sugieren el deseo de perjudicar a Lula y a los magistrados de la Corte Suprema, vídeos con mensajes «por si algún hijo de puta izquierdista viene a decir estupideces» y noticias tendenciosas según las cuales «si el marco temporal [tesis jurídica en trámite en el Congreso según la cual solo pueden demarcarse las tierras que los pueblos indígenas ocupaban en 1988, año de la Constitución] cae, será el fin de la propiedad privada».

Si en la audiencia sobre la Tierra Indígena Waimiri Atroari el coronel retirado demostró su contrariedad con el testimonio de los supervivientes Kinja, dias más tarde hizo aún más explícita su posición. En un documento disponible en internet, fechado en marzo de 2019 y titulado «Circo de los horrores», afirma que la demanda presentada por el Ministerio Público está «cargada de un sesgo puramente ideológico, basado en el testimonio de personas sin credibilidad, sin que se haya presentado ningún tipo de prueba convincente». Pero la demanda de la Fiscalía, además de las declaraciones de los ancianos Kinja, incluye el testimonio de indigenistas y antropólogos respetados, como Stephen Baines, actual profesor de la Universidad de Brasilia, y Egydio Schwade, uno de los fundadores del Consejo Indigenista Misionero (Cimi).

La actitud de Reis e Silva en la audiencia llevó a los Waimiri Atroari a solicitar que se le prohibiera entrar en su territorio para seguir los trabajos periciales, cosa que consiguieron. «Los líderes y demás miembros de la etnia presentes en el acto, que son muy observadores, percibieron el comportamiento negativo del coronel Reis e Silva, que los dejó muy insatisfechos», afirma la petición de los abogados de la Asociación Comunidad Waimiri Atroari, que presentaron a la Justicia Federal de Amazonas en julio de 2022. «Los Kinja sintieron que les llamaban mentirosos, lo que para ellos es muy grave, porque en su cultura mentir es algo impensable que se rechaza con vehemencia», continúa la petición.

Y luego concluye: «[Los indígenas] no permiten que entre en su tierra una persona que adoptó una postura corporal negativa cuando un guerrero Kinja, un anciano, estaba declarando bajo juramento y que después, al hablar con la prensa, dio a entender que todas las declaraciones que habían dado los Kinja no eran verdaderas». El documento hace referencia a una entrevista que Reis e Silva concedió a la agencia de noticias Associated Press poco después de la audiencia, en la que afirmaba que «habría otra versión de los hechos».

Ante el inconformismo de los Kinja, la Abogacía del Estado y el Ministerio Público cedieron y, en un acuerdo refrendado por la jueza en julio de 2022, las dos instituciones renunciaron a que sus asistentes técnicos siguieran los trabajos periciales.

A lo largo de más de 40 días, SUMAÚMA intentó de diversas maneras entrevistar a Reis e Silva. Este no respondió al correo electrónico que se le envió a una dirección que aparece publicada en internet ni a los mensajes que se enviaron a sus perfiles de Facebook. La Escuela Militar de Porto Alegre, donde enseñaba el coronel retirado, se negó a facilitar su número de teléfono. A pedido del sector de Comunicación Social, SUMAÚMA envió entonces un correo electrónico a la institución, explicando de qué se trataba el reportaje y solicitando un contacto con el coronel. La escuela respondió que no disponía de los datos de contacto del antiguo profesor. También se envió un correo electrónico a otra dirección publicada en internet y se enviaron mensajes a un celular, ambos pertenecientes a la esposa de Reis e Silva. No hubo respuesta.

Según la Abogacía del Estado, la designación del coronel para el seguimiento del caso -realizada por el Ejército y aceptada por la agencia- tuvo «en cuenta la dificultad de encontrar otros profesionales con conocimientos sobre el caso y capacidad para aportar aclaraciones útiles para solucionar la controversia, sobre todo en virtud del tiempo transcurrido desde los hechos discutidos en los autos».

El Ejército, por su parte, afirmó a SUMAÚMA por medio de un comunicado que «desconoce cualquier hecho o conducta del asistente técnico que haya faltado al respeto a los pueblos indígenas durante la audiencia realizada en 2019» y que «el respeto a los pueblos originarios está incorporado a la cultura institucional del Ejército desde su génesis».

SUMAUMA, haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información, le solicitó al Ejército una copia de la documentación donde se definía el nombramiento de Reis e Silva. La respuesta fue negativa: «Dicha documentación afecta al secreto profesional cliente-abogado, hace referencia a la estrategia procesal y no puede divulgarse».

El 27 de abril de 2023, casi cinco meses después de la toma de posesión de Lula y del nuevo abogado general del Estado, Jorge Messias, la Abogacía General del Estado lanzó su artillería contra el informe pericial y las denuncias del Ministerio Público. Más que eso: reafirmó la necesidad de que Hiram de Reis e Silva fuera escuchado como asistente técnico de la defensa.

«Aunque la presencia del asistente técnico del Estado durante las actividades periciales se haya cuestionado, debe señalarse que, dada la distancia temporal entre los hechos y las limitaciones de personal cualificado existente, la Abogacía del Estado presentó a un profesional con conocimiento sobre el caso, capaz de hacer consideraciones fundamentadas en consonancia con el escenario de aquella época» (el subrayado aparece en la pieza firmada por los abogados del Estado Ivo Lopes Miranda, Luis Fernando Teixeira Canedo e Israel Sales Vaz).

La Abogacía del Estado va más allá: «con el fin de despejar las dudas sobre el funcionamiento y la eficacia de las operaciones de las Fuerzas Militares en el período y los lugares analizados», sugiere la inclusión de otro coronel retirado en la lista de testigos. Se trata de Gélio Fregapani, excomandante del Centro de Instrucción de Guerra en la Selva. Según un reportaje del periódico O Estado de S. Paulo, en 2005 Fregapani —que entonces trabajaba en la Agencia Brasileña de Inteligencia— elaboró un informe en el que afirmaba que la demarcación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol generaría una «reacción militar». «Todo indica que los problemas ambientales e indigenistas son solo pretextos. Que las principales ONG son, en realidad, piezas del gran juego en el que los países hegemónicos están empeñados en mantener y ampliar su dominación», dice un pedazo del informe citado por el periódico. «Sin duda sirven de fachada para sus servicios de inteligencia». Años después, en 2014, Fregapani le dijo a un blog de asuntos militares que el Ejército debería ver a los garimpeiros (mineros ilegales) de la Amazonia como «aliados» y la «clave del éxito» de su política en la región.

SUMAÚMA solicitó, a través de la asesoría de Comunicación de la Abogacía del Estado, una posición de los abogados del Estado Ivo Lopes Miranda, Luis Fernando Teixeira Canedo e Israel Sales Vaz sobre la petición de mantener a Hiram Reis e Silva y Gélio Fregapani. Los funcionarios respondieron que no hacen declaraciones individuales a la prensa.

El 11 de mayo de este año, no obstante, se produjo un cambio en la posición de la Abogacía General del Estado, que le pidió a la jueza del caso que suspendiera la acción civil ya que buscaría un «acuerdo conciliador» con la Fiscalía. «El abogado general del Estado [Jorge Messias] determinó personalmente que se buscara una solución conciliadora para el caso tan pronto tuvo conocimiento del desacuerdo en que se encontraban los indígenas y los peritos designados por el Ejército», afirmó la Abogacía del Estado a SUMAÚMA en un comunicado. «La dirección de la Abogacía del Estado ha llegado a la conclusión de que encontrar una solución conciliadora para el caso no solo es posible, sino también preferible a seguir litigando». El cambio se produjo después de que SUMAÚMA se pusiera en contacto con el organismo en abril para pedir explicaciones sobre la postura en el proceso de los Waimiri Atroari, alineada con el gobierno anterior.

Una fuente cercana al abogado general del Estado dijo, con la condición de no ser identificada, que la Abogacía del Estado estaba tratando el caso de forma «burocrática» y que es natural que haya un cambio de posición después de un «giro tan grande» como el que se dio en la transición entre los gobiernos de Bolsonaro y Lula. Tras ese cambio, se entró en contacto con el Ministerio de los Pueblos Indígenas y el Ejército en busca de una propuesta consensuada. El acuerdo, sin embargo, puede toparse con la insistencia de las Fuerzas Armadas en negar su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la dictadura.

En la Fiscalía , el cambio de postura de la Abogacía del Estado ha sido acogido con escepticismo. Los fiscales familiarizados con el caso afirmaron a SUMAÚMA que será necesario que la Abogacía del Estado indique cómo se producirá, en la práctica, esta solución consensuada. «Cabe recordar que las manifestaciones de la Abogacía General del Estado han querido deconstruir los hechos que originaron la presente demanda» enfatizó el fiscal Fernando Soave. «Hace poco [ya en el nuevo gobierno] la Abogacía del Estado llegó incluso a discrepar del contenido del informe pericial presentado, señalando que sus conclusiones no son capaces de demostrar la presencia de conductas ilícitas por parte del ente central [Estado]».

Hasta el cierre de este reportaje, la jueza encargada del caso aún no había decidido si aceptaba o no la petición de la Abogacía del Estado —el Ministerio Público pidió «más detalles antes de cualquier deliberación» sobre el posible acuerdo—. Con acuerdo o sin él, el caso está listo para que se tome una decisión en primera instancia.

La sentencia puede representar el fin de un ciclo de horror para los Kinja, que, tras la guerra de ocupación que promovió el Ejército para abrir la carretera BR-174, siguieron siendo el objetivo de varios ataques. Tras el desalojo forzoso, los supervivientes fueron hacinados cerca de los puestos del Frente de Atracción y Pacificación de la Funai, donde fueron sometidos a trabajos forzados. Además, eso provocó muchas muertes por enfermedades contagiosas. Más tarde, gran parte de sus tierras se concedieron a la empresa minera Taboca, del grupo Paranapanema, y a los grileiros que se asentaron a lo largo de la carretera, aún durante la dictadura. Otra parte fue inundada por la hidroeléctrica de Balbina, para lo que se desalojaron algunas aldeas, ya durante el gobierno democrático de José Sarney (1985-1990).

Durante el mandato de Bolsonaro (2019-2022), los Kinja sufrieron muchas presiones para que consintieran que la nueva línea de alta tensión de Tucuruí a Boa Vista cruzara el territorio indígena. El juicio por genocidio de los Kinja podría ser un punto de inflexión en una secuencia de violencias que aún no ha terminado.

Los líderes del pueblo piden que se reconozcan y se consideren sagrados todos los puntos donde ha habido masacres, lugares que no se deben pisar ni tocar. «Pasó la BR, el asfaltado, la topografía, que nos trajeron problemas. También esa línea [de alta tensión]. Todo esto es muy triste para nosotros. Puede ser una placa, lo que sea mejor para proteger [esos lugares], para no tocarlos más. Para que el hombre blanco sepa que está prohibido. Los Waimiri Atroari nunca olvidarán dónde ocurrió», declaró Parwe Mario, uno de los líderes de los Kinja, en la audiencia.

«Voy a hablar de la zona sagrada a los Waimiri Atroari», afirmó Ewepe Marcelo. «Donde hubo derramamiento de sangre, se dejó una huella imborrable».