Cuando los tres países que albergan más de la mitad de las selvas tropicales del mundo firmaron un pacto el mes pasado, se generó un gran entusiasmo en todo el mundo. Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia han sido los campeones de la deforestación en las últimas décadas, pero su alianza fue recibida como un posible punto de inflexión.

El momento en el que se produjo el acuerdo ayuda a explicar la interpretación optimista. La noticia se dio a conocer justo después de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y justo antes de que empezara la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, en Sharm el Sheij, Egipto. Parecía que por fin los vientos soplaban a favor de las selvas tropicales del mundo.

Sin embargo, tras regresar de la COP27 e indagar un poco más en los orígenes del acuerdo, tengo que informar de que, aunque este acuerdo podría convertirse en una fuerza para el bien, todavía no es un hecho. La alianza no es una iniciativa de Lula. Estuvo en discusión durante años y ha sido aprobada por el Gobierno de Bolsonaro. La cuestión ahora es cómo puede utilizarla Lula.

En los pasillos de la COP 27, la presentación de la alianza resultó, para ser sincera, algo extraña. El periódico inglés The Guardian dio la noticia de la iniciativa e informó que las tres potencias megadiversas estaban conversando. Decía que la alianza se veía como una especie de <<Opep de las selvas>>. Este apodo no fue muy bien recibido, porque establecía un paralelismo con un cártel de productores de combustibles fósiles cuyo principal objetivo es hacer subir los precios del petróleo. ¿Acaso la nueva alianza forestal pretende hacer lo mismo con los créditos de carbono? Las insinuaciones políticas eran igual de malas. <<La democracia no vive sus mejores momentos en los países de la Opep, ni en el actual Gobierno de Brasil>>, dijo un observador.

Sin duda, el protagonismo que adquirieron las selvas en la cumbre de Sharm el Sheij es muy positivo, pero el pacto trinacional no se firmó allí, sino a 9.551 kilómetros de distancia, en Bali, durante una conferencia del G20 que organizó Indonesia. Fue allí donde los tres gobiernos acordaron cooperar en cuestiones medioambientales, facilitar políticas de comercio y desarrollo centradas en la producción sostenible de materias primas y negociar un nuevo mecanismo de financiación en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. La Alianza Forestal comienza así, con misterio, limitaciones políticas, dudas e intrigas.

Este no ha sido el primer intento de crear un pacto forestal. En la Cumbre de la Tierra de 1992, celebrada en Río de Janeiro, se debatió la posibilidad de crear un convenio marco sobre las selvas, pero no hubo consenso. En parte, porque no todos los países del mundo tienen selvas y porque el Gobierno brasileño no veía con buenos ojos la posibilidad de que las selvas se <<internacionalizaran>>. Al final, de Río 92 salieron poderosas convenciones marco sobre el clima, la biodiversidad y los desiertos, pero solo una débil declaración sobre las selvas que dejó el asunto en suspenso. Después la ciencia ha demostrado que las selvas ejercen un papel estratégico en la seguridad climática y el tema ha vuelto a ser prioridad. El Acuerdo de París de 2015 alentó a que se reestructuraran los mercados de carbono para garantizar los incentivos de conservación de los bosques, una medida que aún no se ha aplicado de forma efectiva.

Fuera de las Naciones Unidas, ha habido otras iniciativas que han unido a las naciones con selvas tropicales. El Fondo Amazonia, en el que predomina el dinero noruego, pretende destinar hasta un 20% de los recursos a la cooperación entre los países de la Amazonia, la cuenca del Congo y el Mekong, en el sudeste asiático. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe) también ha empezado a formar a personas de otras naciones amazónicas para que sepan monitorear los índices de deforestación. Las conversaciones sobre un pacto trilateral vienen burbujeando hace años.

En los últimos 30 años las perspectivas sobre las selvas han avanzado, han pasado de tener un papel secundario a desempeñar otro más central. En la COP26, celebrada en Glasgow, 110 naciones y muchos líderes del sector privado se comprometieron a cumplir una larga lista de compromisos forestales, encabezada por la promesa de eliminar la deforestación para 2030. Sin embargo, como hemos visto en la Amazonia brasileña, la realidad sobre el terreno dista mucho de ese objetivo.

Fue también en Glasgow donde los representantes de Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo (que algunos denominan grupo BIC) se reunieron y firmaron una iniciativa de <<Poder Forestal en la Acción Climática>>, como una forma de aumentar la influencia de los países forestales en las negociaciones climáticas. Este acuerdo recibió el apoyo del Gobierno de Bolsonaro. La idea era avanzar las conversaciones en Sharm el Sheij, pero la elección en Brasil cambió la dinámica política.

¿Por qué la alianza forestal se firmó en Bali y no en Sharm el Sheij? Una fuente afirmó que era una cuestión de punto de vista: <<La apertura del G20 en Bali fue una buena excusa para lanzar el comunicado que formalizaba la alianza, porque le daba más relevancia a la cumbre>>. Otra teoría es el pudor político. En la COP27 nadie quería que se le asociara con el gobierno saliente de Brasil, que tiene un pésimo historial en cuanto a la preservación de la selva, los derechos de los indígenas y la biodiversidad. Y ha menospreciado la devastación de la Amazonia, que casi está alcanzando el punto sin retorno, tras el cual la selva ya no puede regenerarse. En el G20, que se centra más en la economía que en el medio ambiente, las apariencias quizás eran menos importantes. No fue el ministro de Medio Ambiente quien firmó la alianza el 14 de noviembre, sino el embajador brasileño en Indonesia.

El comunicado de 6 páginas, que describe el alcance del pacto, tiene un tono económico y es un poco recalcitrante. En los términos burocráticos de la diplomacia internacional, <<subraya>>, <<reconoce>> y <<destaca>> la importancia de garantizar la integridad de los ecosistemas, el concepto de <<justicia climática>>, el potencial de los productos basados en la biodiversidad. Pagando por los servicios ambientales espera <<añadir valor a la conservación, la recuperación y la gestión sostenible de las selvas e implicar al sector privado, los pueblos indígenas y las comunidades locales>>. El texto también menciona el pago por la deforestación evitada (como el Fondo Amazonia) o Redd+, que es un mecanismo de incentivos para que los países reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación o la degradación de las selvas.

En el texto se describe la gestión y la conservación sostenible de las selvas, la <<bioeconomía para personas y selvas sanas>> y la recuperación y restauración de ecosistemas en estado crítico, pero las palabras no entusiasman. El tono de la declaración es comedido, casi temeroso, y está relativizado. No suena como un nuevo y audaz intento de proteger la selva y mejorar los medios de vida de sus habitantes. Tampoco parece un punto de inflexión. ¿Quizás es porque el Gobierno de Lula aún no ha intervenido en su elaboración y funcionamiento? O porque la alianza está intentando hacer algo nuevo y nadie sabe en qué se convertirá.

Se espera que el comunicado marque el inicio de una era de transición. De los tres países signatarios, Brasil lidera el ranking de deforestación, seguido de la República Democrática del Congo. Las tasas de deforestación de Indonesia, impulsadas por las plantaciones de aceite de palma, la producción de papel y la minería, han disminuido en los últimos años y el país ocupa ahora el cuarto lugar en el ranking de deforestación tropical, después de Bolivia.

La cuestión es si la alianza es un marco que puede funcionar no solo para la naturaleza, sino también para la política y la economía. El dinero será sin duda importante. En un evento en el Brazil Climate Action Hub, el espacio de la COP27 para la sociedad brasileña, Ève Bazaiba Masudi, viceprimera ministra de la República Democrática del Congo, dijo: <<No vendemos oxígeno, obviamente, pero tenemos que responder a los derechos de la sociedad. Los africanos tenemos derecho a enviar a nuestros hijos a la escuela, a tener buenas condiciones de salud y seguridad>>. África, recordó, podría beneficiarse de recursos como el cobalto o el litio. La minería es uno de los vectores de presión sobre la selva congolesa.

Otros lo ven más como un juego de poder político. <<La idea es reforzar la importancia de los países forestales en las negociaciones climáticas>>, dijo Agus Justianto, director general de gestión forestal para la producción sostenible en el Ministerio de Medio Ambiente y Selvas de Indonesia.

Izabella Teixeira, exministra brasileña de Medio Ambiente en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, sugirió que el pacto tiene que ser amplio, pero que la clave es acabar con la deforestación. <<La alianza tiene que ser política y basarse en la democracia, la diversidad y una transición justa>>, dijo Teixeira, en el mismo acto. <<Tenemos que sacar el elefante de la habitación, la deforestación, que es un tema que nos une al pasado>>, añadió.

En su discurso en la COP27, el presidente electo Lula mencionó la alianza. Dejó claro que desconoce los términos, pero que apoya la iniciativa. Es una prueba más de que el pacto firmado en Bali es un legado que ha heredado, más que un proyecto que ha concebido.

Aun así, algunos participantes de la COP27 se mostraron optimistas con la posibilidad de que Lula utilice la alianza de forma positiva.

<<Creo que es una buena idea. Son las tres regiones con más selvas tropicales del mundo y, sin duda, en las que más urge mantener la biodiversidad>>, afirmó el biólogo Braulio Dias, ex secretario ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU.

Brasil tiene el 60% de la Amazonia, selva que comparte con 8 países. La selva congolesa tiene la mitad del tamaño de la Amazonia y la del sudeste asiático, quizá una cuarta parte. Los tres países tienen problemas de democracia y corrupción.

Que hubiera más transparencia en los detalles de la alianza forestal ayudaría. Por ahora, deja muchas interrogantes importantes: ¿beneficiará a los pueblos indígenas y a las comunidades tradicionales? ¿Es solo una táctica geoestratégica o será un motor de cambio constructivo? ¿Los defensores de la selva deben estar esperanzados o preocupados?

No cabe duda de que hay ideas ambiciosas que podrían beneficiarse de una mayor financiación. En Sharm el Sheij, los investigadores del Grupo Científico para la Amazonia propusieron dos nuevos planes de reforestación masiva: el primero sería un corredor verde de restauración que comenzaría en Colombia, pasaría por Perú y Bolivia y llegaría a Maranhão, en Brasil; el segundo convertiría la región brasileña conocida como el arco de la deforestación, en el sureste, sur y este de la Amazonia, en un arco de restauración.

El tiempo es esencial. La Amazonia ya ha perdido el 17% de su masa forestal. <<En el sur de la Amazonia, la estación más seca dura cinco semanas más. Es un cambio enorme>>, afirma el científico Carlos Nobre. Los autores de un resumen de evidencia para políticas presentado en la COP27 sostienen que la restauración forestal a gran escala puede llevarse a cabo cumpliendo siete objetivos. El primero es evitar la deforestación y la degradación, restaurar las tierras públicas recién deforestadas y, en algunas zonas, dejar que la selva vuelva a crecer de forma natural. Evitar la degradación de las selvas y resolver la cuestión de la tierra es otro paso importante, dice Jos Barlow, investigador de la Universidad de Lancaster y profesor de Ecología en la Universidad Federal de Pará.

Si se utiliza eficazmente, la nueva alianza forestal podría ayudar a Brasil a presionar para obtener más fondos para esos proyectos y apoyar a las comunidades indígenas y tradicionales, que han demostrado ser los guardianes más eficaces de la Amazonia y otros biomas. Pero para que esto ocurra, Lula y los futuros ministros de Medio Ambiente, de los Pueblos Originarios y de Relaciones Exteriores deben hacerla más transparente, más responsable y — a diferencia del cártel de la Opep — más beneficiosa para la naturaleza.