Ganado, soja y pesticidas: las exenciones fiscales que nutren la deforestación y la polución

Las diez empresas vinculadas a la agroindustria que más se han beneficiado de las exenciones fiscales del gobierno brasileño dejaron de pagar al menos 26.000 millones de reales (4.200 millones de dólares) en impuestos en 2024, lo que equivale a casi diez veces todo el dinero que ya ha desembolsado el Fondo Amazonia, que invierte en proyectos de protección y recuperación de la selva.  Solo las exenciones concedidas a una de estas empresas, Syngenta, que produce pesticidas y otros productos agrícolas, ascendieron a 4.000 millones de reales (unos 645 millones de dólares), más que todo el presupuesto del año pasado del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, del que dependen organismos públicos clave para combatir los delitos ambientales, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.

En total, de acuerdo con la información proporcionada por las propias empresas y publicada por la agencia tributaria, las exenciones fiscales que benefician directamente al sector agropecuario y a la agroindustria totalizaron 158.170 millones de reales (unos 25.500 millones de dólares) en 2024. El importe equivale al presupuesto autorizado para el Bolsa Familia en 2025. El programa social de transferencia de renta llega a más de 20 millones de familias, que reciben una media de 667,5 reales (unos 120 dólares), menos de la mitad del salario mínimo. En otra comparación, es como si uno de cada seis reales del valor total de las exportaciones de la agroindustria en 2024 lo hubiera pagado directamente el gobierno.

Las diez empresas de la agroindustria con más exenciones federales en 2024 fueron grandes multinacionales de la carne, la soja, los pesticidas y los fertilizantes. Además de Syngenta, están la brasileña JBS, la mayor productora de carne del mundo y también líder en el ranking de impuestos exentos, con 6.400 millones de reales (1 millones de dólares); las estadounidenses Bunge y Cargill, que comercializan y procesan granos como la soja y el trigo; la brasileña Fertipar, la noruega Yara y la marroquí OCP, las tres en el negocio de los fertilizantes; y la estadounidense Corteva y las alemanas Basf y Bayer, que producen pesticidas, semillas y plantones.

La enorme cantidad de dinero que la agroindustria ha dejado de pagar en impuestos federales, que repercutirían en toda la población a través de políticas públicas, representa un sistema de incentivos distorsionado que beneficia principalmente a las grandes empresas, a la ganadería y a los monocultivos orientados a la exportación, como la soja y el maíz. Estas distorsiones impiden que el sector se transforme más rápidamente y use sistemas agropecuarios que causen menos deforestación, sean menos dependientes de pesticidas y fertilizantes químicos y tengan una producción más diversificada, compatible con la recomendada en la Guía Alimentaria para la Población Brasileña.

Algunas de las exenciones que benefician a los grandes agronegocios existen desde los años 90, pero muchas se establecieron durante los anteriores gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores, con el argumento de que ayudarían a reducir el precio de los alimentos, algo que no ha ocurrido. Entre ellas están las que eximen completamente de impuestos federales sobre productos y servicios a los fertilizantes, pesticidas, semillas y plantones y alimentos de la canasta básica, así como las que benefician a las cadenas exportadoras de carne, soya y naranjas. Hoy esto parece una paradoja, dada la hostilidad de la bancada ruralista en el Congreso hacia el gobierno de Lula.

Mientras las multinacionales de la agroindustria se benefician de exenciones fiscales en Brasil y pagan dividendos a sus accionistas, sus actividades repercuten directamente en los bosques brasileños y, en consecuencia, en el clima del planeta. Reducir los incentivos públicos a las actividades que contaminan y destruyen la Naturaleza es uno de los compromisos de los países del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, entre ellos Brasil. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es el principal objetivo de la Convención del Clima, y la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, debatirá cómo acelerar esta reducción. Es decir, los beneficios van en contra de lo que Brasil necesita hacer para ayudar a contener la crisis climática.

En la actualidad, el sector agropecuario es responsable, en Brasil, del 28% de las emisiones de gases que provocan el aumento de la temperatura de la Tierra. Esto se debe principalmente al metano que emiten los bueyes al hacer la digestión, pero también al uso de abonos sintéticos que emiten nitrógeno. De los cinco países que lideran la producción agrícola mundial —Brasil, China, Estados Unidos, India y Rusia—, Brasil es el que más pesticidas utiliza por hectárea plantada: 12,6 kilos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Además, según MapBiomas, que vigila la cubierta vegetal del territorio brasileño, la agricultura y la ganadería, y especialmente la apertura de pastizales, son el principal motor de la deforestación, responsable del 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Un estudio de MapBiomas muestra que la superficie ocupada por la agricultura y la ganadería aumentó un 50% entre 1985 y 2022, alcanzando los 282,5 millones de hectáreas, es decir, un tercio del territorio brasileño. De esta área total, el 58%, es decir 164,3 millones de hectáreas, son pastos, que han aumentado sobre todo en la Amazonia. En el período analizado de 37 años, casi dos tercios de la superficie deforestada la ocupó la ganadería, mientras que el 10% de la vegetación autóctona talada dio paso a plantaciones. En la actualidad, Brasil tiene 238,6 millones de bueyes, más que su población de personas.

El año pasado, un estudio realizado por la consultora Agroicone para el Ministerio de Agricultura y Ganadería estimó que la superficie de pastos había alcanzado ya los 179 millones de hectáreas, de las cuales 107,6 millones están degradadas o en proceso de degradación, lo que reduce la eficacia de la ganadería y aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. En el campo, la lógica de abrir nuevas zonas talando y quemando árboles cuando el suelo está agotado está aún lejos de superarse.

SUMAÚMA le preguntó al Frente Parlamentario Agropecuario —la bancada más poderosa del Congreso, con 303 de los 513 diputados y 50 de los 81 senadores— si estaba a favor de que se redujeran las exenciones fiscales al sector o, al menos, de que se aplicaran con más criterio. En su respuesta, el frente afirmó que los resultados de los incentivos a la agricultura y ganadería son «evidentes»: «Brasil ha pasado de ser un importador de alimentos a convertirse en uno de los mayores productores y exportadores del mundo. Este logro solo ha sido posible gracias a una política coherente de fomento de la producción nacional, que implica reducción de costes, investigación, tecnología y estímulo de la competitividad».

André Guimarães, director ejecutivo del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, coincide en parte con este razonamiento. «Hace 60 años, Brasil lo importaba casi todo y tenía un grave problema de balanza comercial. Se crearon varios grupos dentro del gobierno para sustituir las importaciones, incluidas las de alimentos. Así nacieron la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, el Plan Safra y un amplio abanico de incentivos fiscales para la agroindustria. También se crearon infraestructuras: puertos, carreteras. Como sociedad hicimos un esfuerzo brutal. Si lo miramos fríamente, la estrategia funcionó, porque hoy estamos entre los mayores productores y exportadores de las materias primas agrícolas más comercializadas del mundo», afirma Guimarães.

El gran inconveniente, prosigue, es que este modelo orientado a la exportación «se ha llevado [por delante] el 50% del Cerrado y el 20% de la Amazonia, en números redondeados». Por eso «no puede durar». «Incluso por una cuestión de lógica. El 90% de nuestra agricultura no es de regadío. Y estos ciclos naturales de precipitaciones, que confieren a nuestra agricultura una gran ventaja comparativa, dependen de la vegetación autóctona. Las herramientas que tenemos no están preparadas para un mundo que se calienta. Así que realmente tenemos el desafío de reorientar estos incentivos fiscales», subraya Guimarães.

Al preguntarle si está a favor de que se revisen las exenciones a la agricultura y ganadería o, al menos, que se apliquen de forma más juiciosa, el Frente Parlamentario Agropecuario se mostró partidario de que «las políticas públicas —incluidas las ventajas fiscales— vayan siempre acompañadas de criterios claros y objetivos y de una evaluación de resultados». Y puso ejemplos: «Esto también vale para programas como la Prestación Económica Continuada, el Bolsa Familia, la Zona Franca de Manaos, entre otros». La Prestación Económica Continuada (BCP por sus siglas en portugués) se ofrece a los brasileños mayores de 65 años que no han cotizado a la Seguridad Social, la mayoría de los cuales son trabajadores pobres que no han tenido un empleo formal, y a personas de cualquier edad con enfermedades que les impiden trabajar o estudiar.

La bancada de la agroindustria ha liderado las votaciones para archivar y anular las propuestas del gobierno de recortar los beneficios fiscales y aumentar los impuestos a los más ricos y a las inversiones financieras.

SUMAÚMA también entró en contacto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero no respondió.

SUMAÚMA buscó en los balances de las diez empresas de la agroindustria que recibieron más exenciones fiscales para averiguar cuánto pagaron de impuesto sobre la renta el año pasado, pero la mayoría de ellas no publican balances específicos para Brasil. Lo que se quería era evaluar en qué medida contribuyen al presupuesto del país de cuyas infraestructuras y mercado de consumo se benefician. Analizando los balances globales, se pudo comprobar que al menos cinco pagaban en todo el mundo menos impuestos sobre la renta de los que recibían en exenciones en Brasil: JBS, Bunge, Bayer —que también es propietaria de Monsanto—, Yara y Syngenta, empresa con sede en Suiza, pero que desde 2017 es propiedad de una sociedad controlada por el gobierno chino.

Pero no todas las diez empresas publican balances con información sobre el pago de impuestos, solo las que cotizan en bolsa o cumplen los requisitos de transparencia de su país de origen.

La empresa familiar brasileña Fertipar no publica balances financieros. La estadounidense Cargill, también familiar, no revela cuántos impuestos paga en todo el mundo. La empresa publica estados financieros anuales de sus actividades en Brasil y declaró haber tenido pérdidas en 2024, es decir, que no pagó ningún impuesto sobre la renta en el país.

Bayer y Yara sí que publicaron información sobre los impuestos que pagaron específicamente en Brasil en 2024. Yara no pagó el impuesto sobre la renta porque el año pasado registró pérdidas en el país. La empresa noruega informó a SUMAÚMA de que había pagado 520 millones de reales (unos 84 millones de dólares) en concepto de otros impuestos en Brasil. El impuesto sobre la renta lo pagó principalmente en países ricos como Canadá, Estados Unidos y la propia Noruega. Por lo que respecta a Bayer, que además de pesticidas fabrica medicamentos y otros productos químicos, la empresa publica balances anuales de sus resultados en Brasil. En 2024, pagó 283,7 millones de reales (unos 46 millones de dólares) en concepto de impuesto sobre la renta y contribución social sobre los beneficios netos —que en Brasil se utiliza para financiar la Seguridad Social—. Ese mismo año, dejó de pagar 2.110 millones de reales (unos 340 millones de dólares) en impuestos federales.

La investigadora Livi Gerbase trabaja en el Centro Internacional para la Transparencia y la Investigación de la Fiscalidad Corporativa, una organización no gubernamental que examina los impuestos que pagan las grandes empresas mundiales. A petición de SUMAÚMA, analizó las cifras de las empresas. «Estas cifras son preocupantes porque reflejan la injusticia del sistema fiscal actual», afirma Gerbase. También señala que varias de las multinacionales de pesticidas y fertilizantes que operan en Brasil declararon bajos beneficios o pérdidas entre 2020 y 2024. Como el impuesto sobre la renta se calcula sobre los beneficios, acaba siendo proporcionalmente pequeño. Sin embargo, los bajos beneficios contrastan con el volumen mucho mayor de dividendos —la parte del beneficio que remunera a los accionistas— que estas empresas declararon haber repartido en el mismo período. Es decir, existe una aparente incoherencia en las cuentas de las empresas.

Livi Gerbase critica que no todas las multinacionales de la agroindustria que tienen a Brasil entre sus principales mercados publican estados financieros sobre sus actividades en el país. «A pesar de recibir miles de millones en incentivos fiscales, no sabemos cuántos impuestos pagan en Brasil, su rentabilidad y facturación, sus inversiones en el país o el número de trabajadores», afirma. «Necesitamos que estas multinacionales contribuyan con Brasil pagando sus impuestos», añade.

Además de las diez primeras, al menos otras ocho empresas disfrutaron de exenciones fiscales de más de mil millones de reales (161 millones de dólares) en 2024: Louis Dreyfus (fertilizantes y aceites vegetales), con sede en Holanda; la brasileña LaSanté Torrefação de Café; la suiza Nestlé; la cooperativa agroindustrial Coamo, con sede en Paraná; la india UPL (pesticidas); la estadounidense Archer Daniels Midland (aceites vegetales, soja, fertilizantes); la brasileña Marfrig (carne); y Eurochem (fertilizantes), con sede en Suiza, propietaria de Fertilizantes Heringer y Fertilizantes Tocantins, entre otras. Marfrig es la mayor accionista de BRF, propietaria de las marcas Sadia, Perdigão y Qualy, entre otras. BRF, por su parte, recibió 950 millones de reales (unos 153 millones de dólares) en exenciones el año pasado. Este año, las dos empresas han anunciado que se fusionan.

Junto a las empresas cuyos datos sobre exenciones son públicos, divulgados por la agencia tributaria brasileña, hay otra empresa, productora de fertilizantes, que está restringida judicialmente. Habría dejado de pagar 2.740 millones de reales (unos 442 millones de dólares) en impuestos en 2024, lo que la situaría en el tercer puesto de la lista de las más beneficiadas.

SUMAÚMA entró en contacto con las empresas de la agroindustria que están entre las diez que han recibido más exenciones de impuestos federales. JBS no se pronunció al respecto. Fertipar dijo que no haría comentarios sobre las exenciones. OCP no respondió a un mensaje enviado a través de su página web. Siete empresas respondieron que utilizan beneficios fiscales existentes en la legislación brasileña, que son importantes para la competitividad de la agricultura y que contribuyen a reducir los precios de los alimentos. Algunas, como Yara, Basf y Cargill, enviaron respuestas más completas, afirmando que invierten en innovación y en ampliar la producción dentro del país (las respuestas detalladas se encuentran al final del reportaje).

De hecho, todos los beneficios de que disfrutan las empresas están recogidos en la legislación brasileña, aunque son frecuentes las divergencias con la agencia tributaria sobre el importe total de los impuestos pagados o sobre las remesas a empresas del mismo grupo en el extranjero. Hay constancia de estas disputas, por ejemplo, en los balances de 2024 de JBS y Syngenta.

Hasta 2021, era imposible saber qué empresas se beneficiaban de exenciones fiscales en Brasil, porque esta información era confidencial. Ese año, motivado por el deseo de regular los beneficios concedidos a las organizaciones filantrópicas y sin ánimo de lucro, el Congreso anuló la confidencialidad. Sin embargo, no fue hasta que Lula llegó de nuevo a la presidencia del país, en 2023, cuando la agencia tributaria empezó a divulgar públicamente los datos sobre exenciones por empresa.

Las cifras de 2024 de las empresas de la agroindustria que se mencionan en este reportaje fueron las propias empresas quienes las declararon y están incluidas en la Declaración de incentivos, renuncias, beneficios e inmunidades fiscales (Dirbi), instituida por el Ministerio de Hacienda en 2024 y que abarca 88 beneficios fiscales, 34 de ellos directamente relacionados con el sector agropecuario y la agroindustria. La Confederación Nacional de la Industria acudió al Tribunal Supremo para pedir que no sea obligatoria, pero el caso aún no ha sido juzgado.

La cantidad que aparece en la Dirbi no representa todo lo que el gobierno deja de recaudar en impuestos, ya que la autodeclaración no incluye todos los beneficios fiscales. No es obligatoria, por ejemplo, para las empresas que tributan en el régimen denominado «Simple», al que pueden acogerse microempresas y pequeñas empresas y que representa individualmente la mayor exención fiscal federal: se estima que en 2025 será de 120.000 millones de reales (unos 21.500 millones de dólares). El régimen Simple es uno de los beneficios que la Asociación Nacional de Auditores de la Agencia Tributaria de Brasil (Unafisco) clasifica como «privilegio parcial», ya que el tope de facturación —las ventas totales de una empresa antes de deducir impuestos y otros gastos— que permite es elevado, de hasta 4,8 millones de reales (unos 860.000 dólares) al año. «Este límite no tiene equivalente en el resto del mundo. Hay grandes empresas que se acogen al Simple, incluso mineras», dice Mauro Silva, presidente de Unafisco.

Aun así, la Dirbi ofrece una muestra significativa de lo que el gobierno federal deja de recaudar, especialmente en lo que respecta a la agroindustria. Los beneficios que constan en la autodeclaración están clasificados técnicamente como «gastos fiscales». Eso significa que el agujero que hacen en las cuentas públicas lo pagan todos los ciudadanos, ya sea mediante el pago del impuesto sobre la renta, deducido directamente de los salarios, o de los impuestos sobre productos y servicios que se pagan indirectamente, como los que gravan las facturas de la luz o la compra de bienes. O incluso mediante los servicios públicos que la población no recibe porque no hay suficiente dinero en las arcas públicas.

La Dirbi también ha demostrado que la estimación de los gastos fiscales que hace oficialmente la agencia tributaria está subdimensionada, al menos en el caso de la agroindustria. Esta estimación se envía cada año al Congreso para la aprobación del presupuesto del año siguiente. En 2024, el gobierno estimó que las exenciones fiscales para el sector agropecuario ascenderían a 87.700 millones de reales (unos 15.500 millones de dólares), es decir, el 55% de los 158.170 millones de reales (28.000 millones de dólares) declarados en la Dirbi. La estimación de la agencia tributaria, por ejemplo, era que las exenciones para «plaguicidas agrícolas» ascenderían a 6.850 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares), pero esta industria ha dejado de pagar 22.420 millones de reales (unos 4.000 millones de dólares) en impuestos.

Además, la estimación de la agencia tributaria sobre el gasto fiscal en la agroindustria incluye las exenciones que el sector tiene a través de la Zona Franca de Manaos, la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia y la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste, que tienen el objetivo de atraer empresas y promover el desarrollo económico de la región. Estas exenciones, que también benefician a empresas de otros sectores, como el automovilístico y el de electrodomésticos, no se han incluido en el cálculo que ha realizado SUMAÚMA para llegar a los 158.170 millones de reales de la Dirbi. En 2024, la agencia tributaria calculó que estos incentivos fiscales sumarían 8.400 millones de reales (1.500 millones de dólares) en impuestos no pagados por la agroindustria. Otra exención que solo aparece en los cálculos de la agencia tributaria procede de la no recaudación de las cotizaciones a la Seguridad Social sobre los ingresos procedentes de las exportaciones rurales. En 2024, esta exoneración representaba un importe no recaudado de 20.400 millones de reales (unos 3.600 millones de dólares), cifra que se eleva a 22.800 millones (unos 4.000 millones de dólares) en las estimaciones para 2025.

Otro número que no figura en la autodeclaración que hacen las empresas en la Dirbi es la exención de pagar el impuesto sobre la renta para quienes invierten la Letra de Crédito Agrícola, un bono de inversión que se utiliza para financiar el crédito rural. La agencia tributaria calcula que en 2025 dejará de ingresar 16.800 millones de reales (unos 3.000 millones de dólares) por no cobrar el impuesto sobre la renta a los ingresos procedentes de la Letra de Crédito Agrícola y también a la Letra de Crédito Inmobiliario, que se utiliza para financiar a las empresas de la construcción civil. La agencia tributaria no desglosa el gasto fiscal específico de cada uno de estos bonos.

A principios de junio, cuando el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció que las letras pagarían un 5% de impuesto sobre la renta, el Frente Parlamentario Agropecuario fue una de las 19 bancadas vinculadas a distintos sectores empresariales que reaccionaron con furia: «No podemos seguir siendo la fuente inagotable para cubrir la ineficacia y el gigantismo del Estado», dijeron, haciéndose las víctimas.

Por último, todas estas cifras demuestran que el importe total que las empresas de la agroindustria dejan de pagar en impuestos es mucho mayor de lo que sugiere la Dirbi. Y que, por tanto, es muy superior a los 158.170 millones de reales (28.000 millones de dólares) de 2024.

Uno de los argumentos frecuentes de las empresas de la agroindustria es que gran parte de las exenciones fiscales concedidas al sector tienen por objeto reducir el precio de los alimentos para los consumidores. Esto se aplica especialmente a los alimentos de la canasta básica, como la carne, las harinas, el queso, la leche y los aceites vegetales, cuya importación y venta nacional está exenta del pago de dos impuestos federales sobre productos y servicios: el PIS (Programa de Integración Social, que financia el seguro de desempleo, por ejemplo) y el Cofins (que financia la Seguridad Social). De hecho, la exención de la canasta básica de alimentos corresponde aproximadamente a la mitad del gasto fiscal en agricultura y ganadería previsto en la ley presupuestaria —aunque el cálculo que realiza la agencia tributaria incluye en la partida denominada «canasta básica de alimentos» no solo alimentos, sino diversos insumos de la cadena de producción del sector—. Según la Dirbi, las exenciones concedidas a 19 alimentos y al papel higiénico (que benefician principalmente a las industrias forestales) ascienden a 81.120 millones de reales (unos 14.500 millones de dólares), es decir, el 51% de los 158.170 millones.

El Frente Parlamentario Agropecuario destacó este dato. «Es importante aclarar que muchos de los beneficios asociados al sector agropecuario no son privilegios otorgados a productores o grandes empresas, sino políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria y la estabilidad económica», señaló el grupo en su respuesta a SUMAÚMA. «Un buen ejemplo es la reducción de impuestos a los alimentos de la canasta básica. Este beneficio no va dirigido al productor, sino al consumidor», prosiguió. Bunge y Cargill, aunque también reciben beneficios por las exportaciones de soja, utilizaron el mismo argumento. «Como Bunge es uno de los mayores fabricantes de aceite de soja y de harina de trigo del país, la mayor parte del monto mencionado corresponde a la exención tributaria de estos productos de la canasta básica, en la que el descuento impositivo se traslada al producto final en beneficio del consumidor. Por lo tanto, no hay ningún beneficio fiscal directo para la empresa».

El Frente Parlamentario Agropecuario envió un estudio de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el llamado «club de los países ricos», sobre la fiscalidad de las actividades agrarias. De los 35 países analizados, ocho eximen al menos una parte de los alimentos del impuesto sobre productos y servicios —como hace el gobierno federal en Brasil— y 22 aplican tipos reducidos. Según el estudio, «la reducción de los precios de los productos agrícolas puede ser beneficiosa para los agricultores al aumentar la demanda, pero los consumidores son los principales beneficiarios y destinatarios de esta política».

El problema es que, al menos en el caso brasileño, no hay control sobre qué proporción de esta ventaja concedida a las empresas se traslada a los precios de los productos. Entre los expertos con los que habló SUMAÚMA, existe la opinión de que las subidas de impuestos a los alimentos repercuten inmediatamente en el ciudadano, pero no ocurre lo mismo con las bajadas de impuestos, especialmente en productos muy presentes en el comercio internacional, como la soja, el trigo y el café. La exención sería más eficaz para los alimentos cultivados para el comercio local, como frutas, hortalizas y verduras.

Lo que la Dirbi demuestra es que las multinacionales de la agroindustria, junto con las grandes cadenas de supermercados, se lucran enormemente con la exención de impuestos sobre los alimentos. Según la Dirbi, con base en la exención de 19 productos, las empresas más exoneradas son JBS, Sendas, Atacadão (parte del grupo Carrefour), Seara, que forma parte del grupo JBS, LaSanté Torrefação de Café y Bunge Alimentos.

El año pasado, cuando las empresas dejaron de pagar 27.580 millones de reales (unos 5.000 millones de dólares) en impuestos sobre el comercio de carne en Brasil, el precio de este alimento para los consumidores subió un 20,84%, convirtiéndose en uno de los «villanos» de la inflación. Lo mismo ocurrió con el café: la exención fiscal ascendió a 8.720 millones de reales (unos 1.500 millones de dólares), pero el precio del café molido aumentó un 39,06%. En ambos casos sucedió que, con el real devaluado, a las empresas les salía más a cuenta exportar —y cobrar en dólares— que vender dentro del país. Las exportaciones de carne crecieron un 11,4% y las de café, un impresionante 52,6%.

En una entrevista concedida al portal O Joio e o Trigo, el economista José Giacomo Baccarin, profesor de la Universidad del Estado de São Paulo, señaló que el precio de los alimentos en Brasil lleva subiendo por encima de la inflación media desde 2007. Según Baccarin, que es uno de los fundadores del Instituto Fome Zero, como la producción agrícola brasileña se ha orientado estructuralmente hacia la exportación, los precios internos están directamente influidos por los del mercado internacional. Eso afecta incluso a los cultivos destinados al mercado nacional. «Si sube el precio de la soja, por ejemplo, aumentarán la siembra de soja. Tomarán la tierra, su capital, y lo utilizarán más para la soja. Puede quitarles inversión a los frijoles. Es decir, si el precio de la soja sube, baja la inversión y la producción de frijoles, y el precio de los frijoles también sube», explicó.

En Brasil, la superficie de cultivo de soja se multiplicó por diez entre 1985 y 2023, pasando de 4,4 millones a 40 millones de hectáreas, según MapBiomas. Mientras tanto, la superficie de cultivos de frijoles y arroz disminuyó entre 2006 y 2022, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

La asociación de auditores fiscales creó una página web llamada «Privilegiómetro fiscal». En ella, y también en un informe anual, señala los gastos tributarios que considera privilegios, es decir, concedidos «sin que exista una contrapartida adecuada, notoria o comprobada mediante estudios técnicos, para el desarrollo económico sostenible sin aumentar la concentración de renta ni reducir las desigualdades» en el país.

Unafisco considera que las exenciones fiscales para los productos de la canasta básica son un «privilegio parcial», porque, cuando se reflejan en precios más bajos de los alimentos, benefician a toda la población, no solo a las familias con rentas más bajas. A la misma conclusión llega una evaluación publicada en 2023 por el Ministerio de Planificación y Presupuesto, que estima que la ausencia de impuestos federales sobre 23 alimentos reduce sus precios un promedio del 5%. Pero el gasto fiscal que esto representa acaba «yendo a parar a los grupos de mayor renta», por la razón obvia de que las familias con más dinero compran más alimentos. «Por lo tanto, una política que reduce los precios para todos también acaba beneficiando a quienes no necesitarían este incentivo», dice el resumen del estudio.

Para Mauro Silva, presidente de Unafisco, lo ideal sería que las familias inscritas en el Catastro Único para Programas Sociales tuvieran derecho a la devolución de los impuestos aplicados tanto a alimentos como a medicamentos, que en algunos casos también reciben exenciones.

Este reembolso está previsto en la reforma fiscal, que se aprobó a finales de 2023 y se reguló el año pasado, pero no entrará en vigor hasta 2027 y aún tendrá un período transitorio hasta 2032. Esta reforma suprime tres impuestos federales, uno estatal y uno municipal y crea un único impuesto sobre el valor añadido sobre bienes y servicios, cuya recaudación irá en parte al gobierno federal y en parte a los estados y municipios.

A pesar de preverse la existencia de este reembolso, el Frente Parlamentario Agropecuario consiguió incluir la carne, varios tipos de queso y la harina de trigo entre los productos de la canasta básica que estarán totalmente exentos del pago del nuevo impuesto único. La exención para estos productos incluso aumentará, ya que se extinguirá el impuesto sobre la circulación de mercancías y servicios, recaudado por los estados. En el proyecto de ley que creó inicialmente el gobierno, estos alimentos habrían visto reducido el tipo del impuesto sobre el valor añadido en un 60%, y los más pobres habrían podido recibir la devolución del impuesto pagado al comprarlos. Su inclusión en la exención total, especialmente en el caso de la carne, ha provocado un aumento estimado del impuesto único, que pagarán todos los ciudadanos al comprar productos.

La falta de control y revisión de la eficacia de las exenciones fiscales es un problema generalizado que no solo afecta a la agroindustria. Este control es aún más difícil porque, cuando se crean exenciones, ya sea por propuesta del gobierno o del Congreso, rara vez se especifican «objetivos, indicadores y metas», como se destaca en un «Informe nacional sobre gastos tributarios» elaborado por investigadores de la Fundación Getúlio Vargas y publicado en noviembre de 2024. Es decir, no se requieren contrapartidas como inversiones o creación de empleo.

«La falta de evaluaciones y revisiones de los incentivos los convierte en privilegios, que chupan los recursos de las políticas públicas brasileñas», afirma Livi Gerbase, del Centro Internacional para la Transparencia y la Investigación de la Fiscalidad Corporativa. «¿Son malos los beneficios fiscales? No, solo si no se controlan, si no se asocian a lo que le interesa al país, que es lo que ocurre», subraya Mauro Silva, de Unafisco.

El Instituto Escolhas, centro de investigación no gubernamental, ha realizado estudios que demuestran que las subvenciones oficiales a la agricultura y la ganadería se dirigen a sectores exportadores ya consolidados. Uno de estos estudios, que analizó los años comprendidos entre 2008 y 2017, mostró que las exenciones en la cadena de la carne de vacuno compensaron el 79% de lo que las empresas del sector pagaron en impuestos durante ese período.

El director ejecutivo del instituto, Sérgio Leitão, subraya la dificultad de revisar los beneficios fiscales una vez concedidos. «En Brasil, una vez concedida la ayuda, se considera algo que pertenece al beneficiario, como si fuera un hijo que nunca sale de casa», explica. «Y el país carga con el peso de estas ineficiencias».

Otro ejemplo, que va más allá de la agroindustria pero también disminuye los impuestos que pagan algunas empresas del sector, es la reducción de la cotización a la Seguridad Social que las empresas pagan en base al salario de los trabajadores contratados —que, además, contribuye a minar las cuentas del sistema público de pensiones—. En 2023 el gobierno de Lula intentó eliminar este beneficio, concedido en 2011 durante el gobierno de Dilma Rousseff, pero el Congreso lo prorrogó hasta 2027. El año pasado representó un gasto fiscal de 19.090 millones de reales (unos 3.400 millones de dólares), según lo que se declaró en la Dirbi, y las empresas más beneficiadas fueron BRF, Seara, del grupo JBS, y Globo Comunicações.

El mismo estudio de la OCDE, el «club de los países ricos», que analizó las exenciones fiscales a los alimentos en 35 países, también examinó cómo se gravan los pesticidas y los fertilizantes. En este caso, el estudio se limitó a las 27 naciones de la Unión Europea y el Reino Unido. De estos países, 13 reducen el impuesto aplicado a los fertilizantes y ocho a los pesticidas. En algunos casos, como en Francia, se aplican reducciones selectivas, que favorecen a los productos de origen ecológico o los que se consideran menos tóxicos. Dinamarca, Suecia y Noruega (que no pertenece a la Unión Europea y está fuera del grupo de los 28 países) aplican impuestos medioambientales al consumo de pesticidas. En Alemania, el tipo impositivo se reduce para una parte de los fertilizantes.

Los impuestos nunca se reducen a cero, como ocurre en Brasil. En este caso, la exención representó la renuncia a recaudar 29.270 millones de reales (unos 5.200 millones de dólares) de los fertilizantes y 22.420 millones (unos 4.000 millones de dólares) de los pesticidas en 2024.

Actualmente, se está juzgando en el Tribunal Supremo una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el Partido Socialismo y Libertad que cuestiona dos exenciones concedidas a los pesticidas: la reducción del 60% del impuesto sobre la circulación de mercancías y servicios que cobran los estados, vigente desde 1997, y la renuncia a cobrar el impuesto sobre productos industrializados, un tributo federal. La existencia de estos beneficios significa que las exenciones para los pesticidas son mucho más voluminosas de lo que consta en la Dirbi, que solo incluye la no recaudación del PIS y el Cofins.

Los demandantes alegan que los perjuicios causados por la exención fiscal son mayores que los beneficios, ya que fomenta el uso de pesticidas, con el consiguiente coste para la salud y el medioambiente.

En una audiencia pública que convocó en noviembre de 2024 el ponente del juicio, el magistrado Edson Fachin, el Ministerio de Agricultura y Ganadería defendió que se mantuvieran los beneficios, mientras que los Ministerios de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Trabajo y Empleo adoptaron la postura contraria. El representante de la cartera de Medio Ambiente, Adalberto Maluf, dijo que, por cada dólar gastado en el país en pesticidas, se necesitan 1,28 dólares para tratar las intoxicaciones que causan. Silvio Farnese, representante del Ministerio de Agricultura, argumentó que los pesticidas suponen el 35% del coste de los cultivos y que poner fin a la exención provocaría un aumento de los precios para los consumidores.

El abogado Emiliano Maldonado, profesor de Derecho en la Universidad Federal de Río Grande del Sur y miembro de la Campaña Permanente contra los Pesticidas y por la Vida —que incluye organizaciones sanitarias, alimentarias y ecologistas, así como sindicatos urbanos y rurales— considera que los cultivos que más pesticidas utilizan son los destinados a la exportación. De hecho, según la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, el mayor consumo de pesticidas se da en las plantaciones de soja (32,6%), maíz (11,8%), cítricos como la naranja (9,8%) y caña de azúcar (7,6%). «Son cultivos que no necesariamente tendrán un impacto directo en nuestra canasta básica», afirma el profesor.

Maldonado recordó un estudio reciente del Instituto Escolhas, divulgado por primera vez por el periódico Folha de S. Paulo, que demuestra que el cultivo de soja en Brasil consume cada vez más pesticidas y fertilizantes en proporción a los sacos cosechados. Es decir, se utilizan más pesticidas y fertilizantes para producir un menor volumen de leguminosas.

En el juicio en el Supremo, el magistrado Fachin, el ponente, dictaminó que la exención de los pesticidas era inconstitucional. Sin embargo, la mayoría de los demás magistrados que ya se han pronunciado han apoyado el argumento de la agroindustria sobre el supuesto riesgo inflacionista que provocaría el fin de la exención. Fachin aún tiene que establecer cuándo se reanudará la votación en el pleno del Supremo.

El agrónomo Gerson Teixeira, que presidió la Asociación Brasileña de Reforma Agraria y fue coordinador del Núcleo de Seguimiento de Políticas Públicas para la Agricultura de la Fundación Perseu Abramo, del Partido de los Trabajadores, recuerda que en 2024 se aprobó la Ley de Bioinsumos, que pretende fomentar la sustitución de pesticidas y fertilizantes químicos por productos de origen biológico que causen menos daño al medioambiente y a las personas. La ley incluye la producción de bioinsumos en las haciendas para consumo propio, no para su comercialización. «Permite el desarrollo de un sector industrial menos oligopolizado», afirma Teixeira.

En la actualidad, cuatro multinacionales —precisamente Syngenta, Bayer, Corteva y Basf— controlan el 70% del mercado mundial de pesticidas y el 60% del de semillas, según un informe de 2022 de la Fundación Heinrich Boll, del Partido Verde alemán.

Para Gerson Teixeira, lo ideal sería transferir progresivamente los fondos públicos que actualmente se destinan a los pesticidas «a esta industria floreciente que tiene potencial»: «Se fomentaría una nueva modernización de la agricultura, libre de productos químicos —o que no utilizara tantos— y más compatible con los desafíos de la crisis climática», afirma. Pero en la práctica esto no ocurre, subraya el agrónomo, que afirma que la gran industria agroquímica también intenta «apropiarse de este nicho» de los bioinsumos.

A finales de junio de 2025, el gobierno de Lula lanzó un Programa Nacional de Reducción de Pesticidas, que se venía debatiendo desde 2014. Según personas que siguieron el debate, el retraso se debió a diferencias internas en el gobierno y a la presión de las empresas del sector.

En la reforma fiscal, las organizaciones que integran la Campaña Permanente contra los Pesticidas y por la Vida pidieron que los plaguicidas se incluyeran en el impuesto selectivo, o «impuesto del pecado», que pagará un tipo de impuesto sobre el valor añadido más alto que el normal. Pero al final se beneficiarán del tipo que reduce el impuesto en un 60%, al igual que los fertilizantes. Con ello, los pesticidas tendrán el mismo beneficio que los bioinsumos.

La asociación CropLife, que representa a la mayoría de las empresas del sector de los pesticidas, se puso en contacto con SUMAÚMA después de que intentáramos hablar con algunos de sus miembros. La asociación declaró en un comunicado que «el mantenimiento de los incentivos actuales garantiza la previsibilidad y la seguridad jurídica, evitando cambios bruscos que podrían desorganizar cadenas de producción enteras, provocar un aumento de los costes de producción y repercutir directamente en la inflación».

Emiliano Maldonado se opone a esta afirmación: «Lo que es importante subrayar es que siempre se habla de la falta de fondos para hacer viables políticas públicas esenciales. Cuando hay recortes en los presupuestos, siempre se hacen en políticas que garantizan los derechos sociales. Nunca se piensa en reducir los beneficios de la agroindustria, y especialmente de las empresas que producen y venden pesticidas», argumenta.

El increíble caso de la soja

La cadena de exenciones fiscales que benefician específicamente al sector agropecuario orientado a la exportación queda patente en un estudio sobre la soja publicado en 2023 por el Instituto Democracia y Sostenibilidad, que concluyó que el sector de la soja dejó de pagar 56.800 millones de reales (unos 10.200 millones de dólares) en impuestos en 2022, equivalente al 14% de su facturación, es decir, de todo lo que vendió.

Para llegar a esta cifra, el estudio sumó: las exenciones del PIS, el Cofins y del impuesto sobre productos industrializados concedidas a los insumos para plantar soja, incluyendo semillas, fertilizantes y pesticidas (3.500 millones de dólares); las exenciones del PIS y el Cofins para industrializar la soja, con la producción de aceite, salvado y biodiesel (1.700 millones de dólares); y las exenciones del PIS y el Cofins para exportar soja, aceite y salvado (5.000 millones de dólares).

También tuvo en cuenta 500.000 dólares que la industria de la soja dedujo de sus impuestos gracias a un mecanismo denominado «presunto crédito». A través de este mecanismo —otra fuente frecuente de enfrentamientos entre las empresas y la agencia tributaria—, cuando la agroindustria vende o exporta un producto elaborado a partir de materias primas agrarias, puede deducir de los impuestos que debe pagar el importe de los tributos incorporados a los precios de los insumos comprados por sus proveedores, es decir, los agricultores o ganaderos.

El estudio del Instituto Democracia y Sostenibilidad sobre la soja solo tuvo en cuenta la exención de impuestos federales. Como es norma en la mayoría de los países, el gobierno brasileño no recauda impuestos sobre los productos exportados, lo que incluye el PIS, el Cofins y el impuesto sobre productos industrializados. Pero desde 1996, cuando se aprobó la llamada Ley Kandir, las exportaciones tampoco pagan el impuesto sobre la circulación de mercancías y servicios, que recaudan los estados. Sin embargo, si un cargamento de tomates, por ejemplo, cruza una frontera estatal, puede tener que pagar impuestos.

«La producción a gran escala es el factor que hace que la agroindustria sea económicamente viable», subraya el agrónomo Gerson Teixeira. «Y esto tiene un coste ‘oculto’, medioambiental y social. La contrapartida de estas subvenciones es la falta de recursos para sectores que realmente podrían ayudarnos a avanzar hacia otro modelo de agricultura».

Algunas de las diez empresas de la agroindustria que más se benefician de las exenciones fiscales enviaron respuestas más detalladas a las solicitudes de comentarios de SUMAÚMA.

El productor de fertilizantes Yara afirmó que la ausencia de lucros en sus operaciones en Brasil en los últimos años —y, por tanto, el impago del impuesto sobre la renta en el país en 2024— se debe a un contexto «desafiante». Citó, entre otros acontecimientos, la pandemia de covid-19, la guerra de Rusia contra Ucrania y la caída de los precios internacionales de cereales y legumbres, que ha provocado «niveles históricos de impago» por parte de sus clientes.

La empresa noruega afirmó que en los últimos 15 años ha invertido más de 15.000 millones de reales (2.700 millones de dólares) en Brasil para «aumentar la producción nacional de fertilizantes y sus insumos» —en la actualidad, gran parte de los fertilizantes químicos utilizados en el país son importados—. Yara defendió las exenciones fiscales para el sector: «El fertilizante es el insumo que más contribuye a la alta productividad de la agroindustria brasileña, motor de la economía nacional», declaró. La empresa también afirmó que los fertilizantes biológicos —cuyo uso pretende fomentar una ley aprobada el año pasado— «son una alternativa importante para apoyar la nutrición de suelos y cultivos, pero no tienen características para sustituir los insumos que se utilizan actualmente».

Basf mencionó que «lleva más de 110 años en Brasil y emplea a más de 4.400 personas en el país». Afirmó que «actúa con total transparencia, facilitando información a las autoridades fiscales sobre su carga tributaria» y que los beneficios fiscales para el sector de pesticidas «repercuten en toda la cadena de producción, hasta el consumidor final, y aportan así equilibrio económico al país». La empresa alemana también argumentó que, «sin considerar los demás impuestos que le son aplicables», no sería «posible evaluar con precisión técnica ninguna proporción o desproporción» entre el impuesto sobre la renta que paga Basf a nivel mundial, los dividendos distribuidos a sus accionistas y los beneficios fiscales de los que disfruta en Brasil.

La alemana Bayer afirmó que las exenciones fiscales en Brasil «fomentan la inversión en investigación, el desarrollo, la creación de empleo y reducen el costo de la cadena de producción alimentaria».

Syngenta afirmó que sus productos «desempeñan un papel esencial en la expansión de la producción de alimentos con calidad, seguridad y sostenibilidad, contribuyendo directamente a la seguridad alimentaria». La empresa con sede en Suiza, controlada por el gobierno chino, informó que a partir de ahora publicará en sus balances mundiales datos específicos sobre sus resultados en Brasil, que «se ha consolidado como una región independiente en la estructura global de Syngenta».

Cargill afirmó que los incentivos fiscales y otros programas de financiación para el sector agrícola forman parte de «políticas a largo plazo» del Estado brasileño «con el objetivo de llevar alimentos más baratos a los consumidores». La empresa recordó que opera en Brasil desde hace 60 años y afirmó haber «invertido más de 8.100 millones de reales [1.400 millones de dólares] en el país en los últimos años».

Bunge, también estadounidense, además de mencionar las exenciones que recibe para los productos de la canasta básica, dijo que actúa en Brasil desde hace 120 años y que «ha contribuido al fortalecimiento de la seguridad alimentaria, además de apoyar el desarrollo de las comunidades donde está presente con la generación directa e indirecta de empleos, así como la creación de oportunidades económicas para miles de agricultores y socios de su red de abastecimiento».

Corteva se limitó a afirmar que «solo utiliza beneficios que cumplen plenamente la legislación brasileña».