Primer Acto: 25 de abril de 1988, canal Bom Jardim, afluente del margen derecho del río Xingú. Barcos atracan en el puesto de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai). Unos quince hombres desembarcan con sus cestos (jamaxis) a la espalda y arco y flechas en la mano. En fila india empiezan a subir hacia la aldea. Hacía una semana que habían salido con el objetivo de averiguar la veracidad de los rumores sobre la extracción de madera, más precisamente de caoba –el oro verde de los años 1980 y 1990–, en los manantiales del canal Bom Jardim. Mientras tomaba fotos de la llegada de los Apyterewa-Parakanã, noté que en el grupo había dos personas desconocidas, visiblemente inquietas. Los indígenas habían aprehendido a dos empleados de las madereras para que la FUNAI pudiera tomar las “medidas apropiadas”.

En ese momento, los habían contactado recién cuatro años antes, en 1984, y no hablaban portugués, los Apyterewa-Parakanã le dejaron a la FUNAI la tarea de resolver la situación. La FUNAI terminaría vendiendo parte de la caoba talada a las mismas empresas madereras. Los empleados fueron canjeados por 140 hamacas y 140 mosquiteros. Luego, con los recursos obtenidos, la FUNAI realizó el estudio de delimitación del territorio Apyterewa-Parakanã, reconociendo como tierra indígena un área de 980 mil hectáreas, menos del 1% del estado de Pará. En 1992, el entonces Ministro de Justicia Célio Borja firmó la ordenanza de demarcación.

Último Acto: 2 de octubre de 2023. Inicio oficial del operativo de desintrusión –medida que consiste en retirar a los no indígenas que ocupan un área irregularmente– de la Tierra Indígena Apyterewa y la Tierra Indígena Trincheira Bacajá. La prensa informa:

“El gobierno duda en expulsar a los invasores de la tierra indígena Apyterewa, la más deforestada del país”
(Rubens Valente, Agência Pública, 27 de septiembre de 2023).

“Los invasores construyeron una aldea, una iglesia, una mina clandestina y ahora son más numerosos que los indígenas en una reserva legal en Pará”
(Carol Castro, Intercept Brasil, 27 de septiembre de 2023).

“Las fuerzas de seguridad empiezan la mayor expulsión de invasores de tierras indígenas en Pará. Territorio del pueblo Parakanã, la Tierra Indígena Apyterewa perdió 324 km² de selva […]”
(Daniel Biasetto, O Globo, 2 de octubre de 2023).

Al leer estos titulares, es imposible no preguntarse qué pudo haber salido tan mal en los 35 años que separan los dos actos de este texto. ¿Cómo el robo de madera pudo convertirse en robo de tierras? ¿Cómo se creó un escenario de conflicto social que involucra a múltiples actores, incluyendo muchas, muchas cabezas de ganado? El caso Apyterewa es uno de esos ejemplos en los que la historia parece repetirse de forma concentrada: 500 años en unas pocas décadas. Hay de todo: extracción de oro y madera, trabajo forzoso, iglesias y misioneros en las aldeas, invasores de tierras indígenas que se convierten en políticos, políticos que se convierten en hacendados, ganado y deforestación, megaproyectos de desarrollo, asentamientos mal hechos… y pobreza, por supuesto, mucha pobreza.

Después de todo, ¿cómo llegamos a esto? Es una larga historia que he seguido durante 35 años, desde que aterricé en Altamira en febrero de 1988 para realizar una investigación etnográfica entre los Apyterewa-Parakanã, lo que hago hasta la fecha.

En 1988 Altamira era una ciudad en espera. La población esperaba la pavimentación de la carretera Transamazônica y también la construcción del Complejo Hidroeléctrico de Xingú (Complejo Hidroeléctrico de Altamira). La ciudad, que se había hinchado demográficamente cuando se abrió la carretera en los años 1970, vivía a fuego lento. El «desarrollo» estaba justo adelante; eso era seguro, todos lo sabían. Nadie, sin embargo, se atrevía a apostar por una fecha.

Una noche, allá por 1988, recuerdo que pasé por un bar medio muerto, donde había un televisor en color. Me detuve y fijé la mirada: decenas de Kayapó pintados con genipa en las galerías del Congreso Nacional. Eran los meses finales de la Asamblea Constituyente y el artículo 231, que trata sobre los pueblos indígenas, estaba en discusión. En aquel momento, esas imágenes nos llenaban de esperanza. También esperábamos algo.

Con la promulgación de la Constitución parecía que finalmente lo habíamos logrado. La dictadura había quedado atrás. Unos meses después, en febrero de 1989, Altamira sería sede del “Primer Encuentro de los Pueblos Indígenas del Xingú”, el punto máximo de la resistencia en contra de la construcción del Complejo Hidroeléctrico. La fría hoja del cuchillo de Tuire kayapó, pegada en la cara del encargado de Eletronorte, se convertiría en el ícono de la lucha en contra del represamiento del río. Durante muchos años pensamos que habíamos obtenido una victoria definitiva, pero Kararaô (nombre que se había usado para bautizar el proyecto original) se convirtió en Belo Monte y lo demás ya lo sabemos.

Sin embargo, para quienes estaban al frente, la esperanza se chocaba con la realidad. A 500 kilómetros en línea recta hasta el sur de Altamira, la caza por caoba corría suelta. La explotación de la madera en la zona era el resultado de un proyecto de colonización de la dictadura militar, llevado a cabo por la empresa constructora Andrade Gutiérrez entre 1982 y 1985. Al final de esa década, el proyecto transformó el pueblito de Tucumã en una ciudad de 20 mil habitantes. El alto precio de la caoba en el mercado internacional provocó una expansión vertiginosa de la extracción predatoria. El volumen de madera procesada en los aserraderos de Tucumã y Redenção alcanzó niveles récord entre 1986 y 1994. Gran parte de esta madera fue extraída ilegalmente de tierras indígenas de la zona, entre las que estaba Apyterewa.

Dos grandes empresas habían liderado la invasión: la exportadora Peracchi y la maderera Araguaia (Maginco). La carretera que habían construido, que recibiría el romántico apodo de “Morada del Sol”, empezó a atravesar territorios indígenas en 1987. Saliendo de Tucumã, la carretera surcaba 100 kilómetros hasta llegar al canal São José y seguía por otros 100 kilómetros hacia el interior de las tierras indígenas Apyterewa, Araweté y Trincheira-Bacajá. Fue precisamente en ese momento cuando los Apyterewa se dieron cuenta de la invasión y aprehendieron a dos hombres. Si bien el acuerdo entre la Funai y las empresas madereras hubiera garantizado los recursos para los trabajos de delimitación del área, este terminó oficializando la venta ilegal de la madera incautada por el organismo público a los mismos infractores. Los Apyterewa-Parakanã siguieron haciendo expediciones a las zonas invadidas, tomando objetos de campamentos y “visitando” la haciendo “Pé-do-Morro” de la empresa Exportadora Peracchi.

Durante los años siguientes creció la presión nacional e internacional contra la explotación predatoria de la caoba, adquiriendo una gran visibilidad en la Eco-92. Ese mismo año se publicó la ordenanza ministerial reconociendo la propiedad permanente de la TI Apyterewa. A raíz de la ordenanza, se empezaron a hacer las operaciones de inspección de la FUNAI, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Policía Nacional. Ante la presión, las empresas reaccionaron estratégicamente: liberaron el acceso al área indígena por la carretera que habían construido y facilitaron la invasión, forjando un escenario de conflicto social. Como si esto fuera poco, en 1994 el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) creó un asentamiento dentro de la propia tierra indígena, precisamente al mismo tiempo que la Funai intentaba, por primera vez, demarcar físicamente el área.

En 1996 coordiné un Grupo de Trabajo que realizó estudios complementarios sobre la Tierra Indígena Apyterewa. En aquella ocasión se pudo revisar el informe antropológico original, hoy cuestionado por los invasores. Concluimos que no contenía ningún vicio de origen y que estaba de acuerdo con los hechos y la Constitución Federal. Al analizar los datos ofrecidos por quienes lo cuestionaban –invasores de tierras y madereros– se constató que casi la totalidad de los habitantes no indígenas habían llegado a la zona después de 1990 (un 65% después de 1992). Los números mostraban claramente que la presencia de la gran mayoría de los invasores era muy reciente. En su momento, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, con el apoyo del Ministerio Público Federal, llegamos a discutir posibles soluciones para el impasse con el Ministro de Justicia y el Ministro de Política de Tierras, pero fue inútil. No había voluntad política por parte del gobierno ni tampoco interés de los invasores de tierras, hacendados y políticos locales para resolver el problema. Cuanta menos conciliación y más cháchara, más posibilidades tendrían de ampliar la invasión de la zona.

Y así fue. La TI Apyterewa cayó en un limbo. La demarcación no era una prioridad, los papeles avanzaban lentamente en Brasilia, seguían las invasiones y los jóvenes líderes indígenas empezaban a frecuentar el mundo de los invasores en São Félix do Xingu y Altamira. La cooptación era desenfrenada y la vida siguió su curso. Casi una década después, una ola desarrollista resucitada arrastraría a los Parakanã a un nuevo torbellino. Rediseñado como Belo Monte, el viejo monstruo Godzilla resurgía de las aguas, ahora a manos de un gobierno del progresista Partido de los Trabajadores (PT). Esta vez, la sociedad civil y los indígenas no pudieron bloquear la construcción del dique. Se construiría Belo Monte con todos los impactos socioambientales negativos esperados, además de otros.

En 2015 estuve en Altamira para hacer un reportaje fotográfico sobre las transformaciones urbanas provocadas por el proyecto. La ciudad que había conocido estaba completamente cambiada. No solo por la construcción de los llamados RUCs (Reasentamientos Urbanos Colectivos) y la eliminación de los palafitos en las tierras bajas, sino también por el crecimiento de un comercio destinado a servir a ingenieros adinerados y a obreros del dique sin dinero, los unos que se compraban un champán Veuve Clicquot en la tienda de la estación de servicio (¡lo digo en serio!), y los otros tirados por el muelle, después de aprovechar el día libre para atiborrarse de aguardiente.

La paradoja del dinero fluyendo a cielo abierto junto con las aguas residuales de la ciudad también llegó a los pueblos indígenas. Había una especie de subsidio para cada aldea pero, no hace falta decirlo, estas se fragmentaron y multiplicaron. Se compraban lanchas modernas y enseguida se vendían a mitad de precio a los transportistas locales. El dinero fluía fácilmente y circulaba entre las manos de los líderes. No había proyectos y poco se planeaba para el futuro.

Sí existía, sin embargo, una condición para la construcción de Belo Monte que interesaba a los Apyterewa-Parakanã: la demarcación y la desintrusión del territorio. En 2005 la Tierra Indígena fue demarcada administrativamente (según el proceso administrativo) con 773 mil hectáreas, cerca de 200 mil hectáreas menos que la delimitación inicial). Dos años después fue aprobada por el Presidente de la República. No obstante, no se retiró a los invasores. Querían –y lo siguen queriendo– la mitad, sí, la mitad de una tierra indígena ya aprobada.

Este mes de octubre, durante la primera semana de operación, recibí algunos mensajes estrambóticos que circulan en las redes sociales. En uno de ellos se puede ver una calle de tierra y un grupo de mujeres y niños. En letras llamativas se lee “SOS Apyterewa” y “Los niños piden ayuda humanitaria de la ONU”; en letras más discretas se lee “Apyterewa pide ayuda”. Por un lapso de tiempo tuve dudas sobre quién pedía socorro: ¿los Apyterewa? Le di play a la publicación y pude ver el cartel que llevaban los manifestantes. Decía: “SOS ONU | Vila Renascer pide ayuda humanitaria | Los niños, las mujeres y los productores rurales de la extensión apyterewa piden ayuda a la ONU”.

Vila Renascer surgió en 2016 y está ubicada dentro de la TI de Apyterewa. Se trata, por ende, de un capítulo reciente de la historia que aquí narramos. Estratégicamente, los invasores denominan el área del pueblo como “extensión apyterewa”. Según se puede leer en el cartel, en esta extensión no viven adultos y niños, sino “niños, mujeres y productores rurales”, una expresión que muestra lo mucho que esconde: aúna la idea de producción con el mundo del campo, olvidándose de mencionar que se trata de actividades ilícitas y que ‘lo rural’, en realidad, es una selva. Olvidan decir que allí también viven unas 60 mil cabezas de ganado que ingresaron ilegalmente a la TI de Apyterewa y salen de allí, también ilegalmente, para ingresar a la cadena productiva de grandes frigoríficos que, a su vez, garantizan que solo trabajan con ganado de origen certificado.

Es fácil comprender cómo llegamos al escenario de crisis social desde esa primera incursión de los Apyterewa-Parakanã a los manantiales de Bom Jardim, allá lejos en 1988. A lo largo del recorrido no faltaron oportunidades para pacificar la frontera. Sin embargo, se prefirió seguir reproduciendo la pobreza y generar la ruina. La ruina de la selva y la de sus habitantes, la ruina de todos nosotros.

“Asimismo, durante el día se identificaron 15 lugares con ganado, además del abordaje de 10 vehículos que transportaban 199 animales dentro del territorio indígena”. (Boletín de Comunicación de la Desintrusión TIATB – 03/10/2023)

“Al tercer día de la Operación […], un equipo estuvo en la hacienda Sol Nascente y encontró a Antônio Borges Belfort, un hacendado identificado como el empleador, que mantenía a un empleado en una situación de trabajo forzoso”. (Boletín de Comunicación de la Desintrusión TIATB – 04/10/2023)

“En Vila do Piranha, […] las fuerzas policiales detuvieron en la zona a un hombre por posesión ilegal de armas y drogas. La policía también abordó un camión de ganado, cuyo conductor transportaba anfetaminas (Nobésio)”. (Boletín de Comunicación de la Desintrusión TIATB – 04/10/2023)

“Durante el monitoreo de CENSIPAM se registró un área deforestada equivalente a mil campos de fútbol dentro de la TI Apyterewa. […] El Ibama está empezando a investigar la posibilidad de que esta deforestación se haya realizado utilizando defoliante, un pesticida nocivo para la tierra y la población”. (Boletín de Comunicación de la Desintrusión TIATB – 06/10/2023)

Como no podía ser de otra manera, la política fue –y sigue siendo– un nudo central en esta trama. Con cada período electoral, especialmente en las elecciones de concejales y alcaldes, la invasión de la TI Apyterewa cobraba impulso. A finales del siglo pasado, el principal oligarca del estado era Jader Barbalho (del partido Movimiento Democrático Brasileño), conocido por no simpatizar con la demarcación de las tierras indígenas. Es más, fue su gobierno el que presentó una orden judicial para anular las ordenanzas de demarcación del Ministerio de Justicia relativas a las TI Rio Paru d’Este, Trincheira-Bacajá, Araweté, Koatinemo y, por supuesto, Apyterewa. Afortunadamente, en 1994 el Tribunal Superior de Justicia negó completamente ese recurso.

Hoy el gobernador de Pará es su hijo, Helder Barbalho, quien también parece tener poco aprecio por la causa indígena. Su gobierno actuó como amicus curiae (amigo de la corte) de São Félix do Xingu en la solicitud, denegada por la Suprema Corte en 2022, de anular la aprobación de la TI Apyterewa. Ahora, según informa la prensa, trabaja firmemente junto al diputado del estado de Pará, Torrinho Torres (del partido Podemos), y el alcalde de São Félix, João Cleber (Movimiento Democrático Brasileño), para paralizar la operación de desintrusión, razón por la que el gobierno federal dudó si la iniciaba y concedió un plazo más largo para su finalización.

El gobernador Helder Barbalho intenta equilibrarse entre su nueva vestimenta de líder de la sostenibilidad en la región Norte y los intereses locales de sus apoyadores políticos, muchos de los cuales son deforestadores e invasores de tierras indígenas. Queda por ver si podrá mantenerse jugando de los dos lados. Dependiendo de su desempeño en el caso de la TI Apyterewa, su distintivo ESG (sigla en inglés asociada a los compromisos de sostenibilidad en el medio ambiente, la sociedad y las empresas) se disolverá o no: ¿un ejemplo más de greenwashing o un compromiso efectivo con la sostenibilidad?

Detener el avance de la frontera de deforestación en el sur de Pará es clave para el futuro de la selva amazónica. La deforestación en la TI Apyterewa siguió la curva descendente del resto de la Amazonia y alcanzó su nivel más bajo en 2012. Volvió a explotar en 2018, alcanzando niveles alarmantes en los cuatro años siguientes. Los indígenas se descubren cada vez más confinados en una fracción de su territorio de posesión permanente. Por tratarse de la zona más al sur de un complejo de tierras indígenas que garantiza la preservación del margen derecho del Medio Xingú, la TI Apyterewa es estratégica, sin la cual todo el sistema de protección forestal se debilita. Si la desintrusión no funciona esta vez, la frontera de la deforestación seguirá avanzando impunemente.

Wenatoa Parakanã, presidenta de la Aociación Indígena Tato’a, discursa en el Campamento Terra Livre en mayo de 2023. Foto: Sérgio Pamaãn Suruí/Red de Jóvenes Comunicadores Indígenas de Coiab

El 4 de octubre, la Asociación Indígena Tato’a, que representa a los Apyterewa-Parakanã, publicó una carta dirigida a las autoridades competentes, firmada por su presidenta, Wenatoa Parakanã, y decenas de asociados. En esta carta advierten contra los intentos de los invasores de cooptar a los miembros de la comunidad y llaman la atención sobre las diversas decisiones judiciales que respaldan la desintrusión. Terminan pidiendo que por fin se complete para poder “vivir libres en nuestro propio territorio”.

En los últimos años, los Apyterewa-Parakanã participaron en decenas de reuniones y audiencias en Brasilia con la Corte Suprema, la Secretaría de la Presidencia, el Ministerio de los Pueblos Indígenas y la Funai, entre otros órganos. Le correspondió al ministro Luís Roberto Barroso, de la Corte Suprema, determinar la desintrusión, obligando al gobierno a presentar un plan para retirar a los invasores. Si existe hoy una operación de desintrusión en marcha es gracias a la ayuda de varias entidades, a la voluntad política de varios actores, al trabajo de numerosos simpatizantes, pero sobre todo al aprendizaje de los Apyterewa-Parakanã de recrearse continuamente a lo largo de tantas batallas, muchas de ellas perdidas. Si ganan esta, prometen realizar un gran Opetymo, el «Ritual del Tabaco» y, por supuesto, invitar a Lula y a Barroso a la fiesta.