Querida comunidad:

¿Quién defiende de la muerte a los que defienden la vida? Esta pregunta me ha perturbado los últimos dos meses, mientras visitaba, junto con la periodista Catarina Barbosa, la historia de los defensores de los derechos humanos que están amenazados de muerte en Pará, el estado de Brasil donde más personas mueren en conflictos por la tierra. Oímos relatos de personas que encontraron fosas abiertas con sus nombres en sus propios patios traseros, que sintieron armas apuntadas a la cabeza delante de sus hijos y nietos, que tuvieron que huir de casa, abandonar los alimentos que habían cultivado con sus propias manos, para vivir lejos de todo y de todos, atrapadas en una realidad de prisión y miedo mientras sus verdugos seguían libres y lo destruían todo. Son personas que luchan con sus propios cuerpos contra poderosos enemigos para mantener la selva en pie y ayudar así a garantizar la supervivencia de todos, la vida de humanos y no humanos. Pero que el Estado brasileño ha abandonado. Y ha humillado.

En el reportaje especial de SUMAÚMA que abre este boletín, Catarina y yo nos sumergimos en el mundo del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), una política federal que se creó en el primer gobierno de Lula, pero que en 2019, en Pará, pasó a gestionarla el gobierno local. El principal objetivo del programa sería mantener a las personas a salvo, en su casa, luchando contra los invasores que quieren saquear sus territorios y ganar dinero con la selva. En situaciones más graves, cuando el riesgo de muerte es inminente, el programa debe sacar a los defensores de casa y alojarlos en residencias temporales, en una ciudad secreta, hasta que pase el peligro y puedan regresar. Sobre el papel, una política pública perfecta. En la práctica, un programa de derechos humanos que viola los derechos humanos. «Es solo un papel», se lamentó Maria do Socorro Costa, conocida como Socorro do Burajuba, en referencia a su comunidad, rodeada de ladrones de tierras, madereros, hacendados y grandes multinacionales que contaminan el suelo, donde los árboles dan frutos que se pudren antes de madurar.

Estar en el programa, para ella y para todos los que escuchamos, no significa tener más protección para seguir luchando. En casa no están seguros ni tienen protección policial. Los que amenazan siguen siendo vecinos, incluso después del registro de una colección de denuncias. Siguen amenazándolos libremente hasta que ya no puedan luchar. Si no pueden matar el cuerpo, matan la lucha. Y obligan a los defensores desprotegidos a refugiarse lejos de sus territorios.

Es entonces cuando la humillación se vuelve aún más cruel, porque procede del propio Estado. Las familias son realojadas en casas que se inundan y por cuyos desagües salen aguas residuales; viven con la nevera vacía porque con los fondos del programa no llegan a fin de mes; y tienen que suplicar, con dolor, que las lleven al médico en ciudades donde no conocen nada. Casi nadie defiende a quienes defienden el mundo. Aun así, siguen luchando. Y ahora quieren discutir con el gobierno cómo garantizar que se les trate con respeto. Con este objetivo, han formado una asociación y llevarán sus reivindicaciones a Brasilia el mes que viene.

El gobierno federal ha afirmado a SUMAÚMA que reformulará la política de protección de los defensores en este mandato. Algo urgente, pero que no funciona por sí solo. Hay que investigar, juzgar y castigar a quienes destruyen los cuerpos y el alma de la selva. Hay que reanudar la reforma agraria y resolver rápidamente la escalada de conflictos en el campo.

Para resolver estos conflictos también hay que demarcar las tierras indígenas. Después de seis años sin que se demarcara efectivamente ningún territorio, el presidente Lula firmó, durante la clausura del Campamento Tierra Libre, en Brasilia, decretos de homologación de seis nuevas tierras indígenas, un paso sin duda importante, pero aún pequeño frente a la enorme deuda histórica. Con un equipo de cinco personas, entre reporteros y fotógrafos, SUMAÚMA siguió atentamente los debates del campamento. Y en un reportaje especial contamos cómo, este año, el principal encuentro de pueblos indígenas del país ha sido una fiesta cultural y política, ante la representatividad efectiva en el poder de mujeres-tierra, mujeres-semilla. Pero también ha sido una expresión del equilibrio entre las promesas del gobierno y las frustraciones de los pueblos que aún no han sido atendidos.

El «sí» a los pueblos originarios es una prueba importante para los compromisos ambientales del nuevo gobierno de Lula, como también lo es el «no» a Petrobras, que quiere abrir una nueva fuente de explotación petrolera en una de las regiones más ricas e inexploradas del mundo. En esta edición, les traemos una primicia sobre este tema tan importante para SUMAÚMA. La periodista Claudia Antunes, que en febrero de este año puso en la agenda de la prensa brasileña y mundial la discusión sobre la exploración de petróleo en la desembocadura del río Amazonas, cuenta en exclusiva que el área técnica del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) ha recomendado ahora negarle la licencia al emprendimiento. Petrobras necesita la autorización de la agencia medioambiental para perforar un pozo en busca de petróleo en el llamado bloque 59, a unos 160 kilómetros de Oiapoque, una región de especies endémicas amenazadas y poco estudiadas. El dictamen técnico sirve de base para que el presidente del Ibama, Rodrigo Agostinho, tome la decisión sobre el permiso de exploración.

En otro reportaje, esta vez sobre la hidroeléctrica Belo Monte – la prueba ambiental en que los gobiernos del Partido de los Trabajadores fueron reprobados en el pasado –, Claudia cuenta cómo el Territorio Ribereño, aprobado en 2019 para compensar a la población tradicional que perdió sus tierras con la construcción (y hasta hoy no implementado), es ahora el blanco de una acción política orquestada entre Norte Energia (la empresa concesionaria), los políticos de extrema derecha en el Congreso y los hacendados de la región de Altamira, para impedir que salga del papel.

Concluimos la edición con una reflexión de Ilana Katz, psicoanalista especializada en infancia y doctora en educación. Ilana escribió un artículo sobre cómo la violencia contra la escuela es también un intento de vaciar los espacios de educación tras los ataques de los últimos años. Debemos aprender de los pueblos originarios a construir la pertenencia comunitaria para ser capaces de proteger la escuela.

Debemos aprender de los pueblos originarios —y de quienes defienden la selva— a construir un nuevo mundo.

Un mundo repleto de vida para todas, todos y todes.

Talita Bedinelli
Cofundadora y editora de SUMAÚMA