En la sala de reuniones del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, en Brasilia, Gelson Dill intentaba convencer a un grupo de periodistas de que es “justo” otorgar títulos de propiedad a invasores de tierras públicas dentro de la Selva Nacional Jamanxim, un área protegida en el sudoeste del estado de Pará. Dill, afiliado al partido Movimiento Democrático Brasileño, es el alcalde de Novo Progresso, municipio donde está Jamanxim y que surgió como consecuencia de la minería ilegal, el robo de madera y la invasión de tierras públicas en la Amazonia. Ese día, a su lado estaba Luiz Helfenstein, un hombre alto, delgado y de pelo canoso, que es presidente de una asociación que defiende la reglamentación de tierras invadidas de la selva nacional. La escena tuvo lugar en mayo de 2024. Cinco meses después, el primer domingo de octubre, Dill recibió ocho de cada diez votos válidos del municipio. Fue reelecto. Helfenstein, que en las urnas constaba como “Luizão da Flona do Jamanxim”, obtuvo 512 votos y conquistó uno de los 11 puestos de concejal.

En los meses que antecedieron a las elecciones municipales, la Amazonia pasó por la mayor sequía de los últimos años, muchos Ríos se convirtieron en lodo y áreas enteras ardieron como no se veía desde hacía casi 20 años. Novo Progresso registró, solo en los dos primeros días de septiembre, 508 focos de incendio. Bajo el humo provocado por el fuego que limpiaba los pastizales para el ganado, Dill, que está afiliado al sindicato rural local y apoya a hacendados y ladrones de tierras públicas que usan el fuego como herramienta para destruir la vegetación y limpiar los pastizales, atravesó la disputa sin sobresaltos.

Un escenario electoral similar al de Novo Progreso se repitió en todos los municipios que son símbolos de la destrucción de la Amazonia. Según un estudio de la página ((o))eco, de los 69 municipios que encabezan la lista de los principales deforestadores con elecciones definidas en la primera vuelta, solo dos eligieron a partidos de izquierda. Políticos de derecha y de extrema derecha, para quienes conservar el medio ambiente no es ni será una prioridad, también ganaron en Altamira, Itaituba y São Félix do Xingu, por ejemplo. Itaituba es conocida como la capital del lavado de oro; São Félix es la ciudad con el mayor ganado vacuno de Brasil, con al menos 37 cabezas por cada habitante; Altamira se encuentra entre los campeones de la deforestación en la Amazonia Legal.

Las elecciones municipales de 2024 repitieron el escenario del pleito nacional de 2022, cuando el entonces candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, extremista de derecha del Partido Liberal, fue el gran victorioso en los municipios del llamado Arco de la Deforestación de la Amazonia. “Bolsonaro ganó [en 2022] en 265 municipios (34,7%) que concentran el 70% de la pérdida de selva en la Amazonia en los 36 años anteriores a las elecciones”, señala el estudio “Fuerzas políticas de extrema derecha en Brasil pueden llevar a la Amazonía al punto de no retorno”, firmado por 14 investigadores de diferentes universidades e institutos de investigación —como el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, el Observatorio del Clima y el Instituto Kaingáng— y publicado la semana anterior a la primera ronda de 2024. “Hubo una pérdida promedio del 19,9% del área de vegetación nativa en los municipios [de la Amazonia Legal] en los que ganó Bolsonaro. Esto es aproximadamente tres veces más que la pérdida promedio [de vegetación] en los municipios [amazónicos] en los que ganó Lula”, compara.

Uno de los coautores del texto, Gustavo Canale, docente e investigador del Instituto de Ciencias Naturales, Humanas y Sociales de la Universidad Federal de Mato Grosso, afirma: “La extrema derecha se ha consolidado donde la deforestación es históricamente muy alta, en municipios asociados al robo de tierras públicas, el trabajo esclavo y el uso desenfrenado de agroquímicos”. El predominio de candidaturas de extrema derecha provocó lo que él llama “ceguera política”, en que poco o nada se discutió sobre la emergencia climática, a pesar de que la misma agroindustria está sintiendo los efectos del calentamiento global. “Los municipios del Arco de la Deforestación deberían estar preparándose para enfrentar, por ejemplo, una pérdida de cosechas, que es una realidad probable en un futuro cercano”, observa el investigador, refiriéndose a las plantaciones perdidas por la sequía. Es algo con lo que también se encontró la politóloga Camila Rocha, investigadora del Centro Brasileño de Análisis y Planificación, Cebrap, cuando hacía investigaciones con productores rurales de la región. “Me llamó mucho la atención cómo tenían una visión de cortísimo plazo sobre la producción [agropecuaria] y el uso de la tierra”, enfatiza.

Este escenario electoral es todavía más inquietante si se observan algunas evidencias. La mayoría de la población del estado de Amazonas, el 58,7%, señala las cuestiones ambientales —deforestación, incendios, sequías, inundaciones y calor extremo, en ese orden— como los principales problemas de la zona. Entre las personas del Norte del país, el 82,2% piensa que la minería [legal e ilegal] son actividades negativas para la región; el 82,7% opina lo mismo sobre la extracción de madera. Estos datos fueron revelados en la “Encuesta de Valores Ambientales y Actitudes sobre la Amazonia”, un proyecto coordinado por la Universidad Federal de Pará, difundida en julio de este año. “La gente piensa que el principal problema de la Amazonia es ambiental. Sin embargo, cuando les pregunto si la agroindustria es positiva o negativa, casi el 70% piensa que es positiva”, explica Gustavo Ribeiro, docente del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Pará y coordinador del estudio.

Cuando se confrontan los datos de la encuesta con los resultados de las urnas, las contradicciones entre el discurso y la práctica son evidentes. El docente intenta explicitar estas disparidades en el comportamiento de los electores. Estos políticos que se fortalecen en las disputas electorales en las fronteras agrícolas, explica Gustavo Ribeiro, dependen del apoyo financiero del sector. Por lo tanto, como a la agroindustria depredadora no le interesa la problemática ambiental, esta desaparece de las campañas y de la agenda política. Con recursos de la agroindustria en las campañas, representantes de la extrema derecha también crean “carreras”, al recorrer con éxito tanto  el camino de las Cámaras Municipales como de los Ejecutivos locales y estatales, con fondos de la agroindustria para sus campañas. Existe, asimismo, una articulación del discurso entre estos segmentos políticos, difundido principalmente en las redes sociales por grupos de extrema derecha y de derecha, que atacan los temas ambientales, a menudo con desinformación.

Altamira es el municipio más grande de Brasil en extensión. También es el que más perdió superficie forestal en la Amazonia desde 2008, según el Prodes, un sistema que monitorea la deforestación por imágenes de satélite. Durante este período se destruyeron 6.445 kilómetros cuadrados de selva, lo que equivale a casi 15 veces el tamaño de Curitiba, capital del estado de Paraná. El alcalde electo, el médico Loredan de Andrade Mello, es una especie de “bolsonarista moderado”. Es del Partido Social Democrático (PSD), creado por Gilberto Kassab en 2011 con un lema que hoy tiene mucho sentido para quienes sortean la polarización: “No es ni de derecha ni de izquierda ni de centro”.

Loredan es hacendado. Ante la Justicia Electoral declaró que poseía 100 vacas y dos propiedades rurales que, en conjunto, estima que valen 1,8 millones de reales [cerca de 332.000 dólares]. El concejal más votado del PSD en la ciudad, Chesther Luchetti Pedro, presidente de la Cooperativa dos Garimpeiros do Norte [que representa a la minería ilegal], asumirá la Secretaría Municipal de Medio Ambiente a partir de 2025.

“Algo cambió después del gobierno de Bolsonaro”, evalúa el científico social Mauricio Torres, docente e investigador de la Universidad Federal de Pará. “Una parte significativa de los habitantes de estas ciudades vive de la madera robada, del ganado criado ilegalmente en unidades de conservación y Tierras Indígenas, del robo de tierras públicas, de la minería ilegal. Con Bolsonaro, el mismo presidente de la República empezó a defender todo esto. Esta defensa abierta e impune de lo que todos consideraban absurdo fortaleció a las élites locales que viven de actividades ilegales”, afirma Torres, que investiga desde hace años los conflictos por tierras en el estado de Pará.

Ane Alencar, directora de Ciencias del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonia, Ipam, comparte esta percepción. “Las élites locales, que obtienen recursos explotando tierras, madera, oro, cosas ilícitas, en estos municipios son quienes tienen dinero. Y así, terminan electos o apoyan a los representantes que se eligieron. Nos guste o no, esta gente da empleo, en empresas madereras ilegales, en las embarcaciones de la minería ilegal”, afirma Alencar, que también firma el artículo que asocia el avance de la extrema derecha con la destrucción de la Amazonia, publicado en la revista Campo-Territorio.

Este es el caso, por ejemplo, de Itaituba, de donde en 2022 se extrajeron 12,4 toneladas de oro, más de la mitad de forma irregular. Allí no hubo alternancia en el poder. Nicodemos Aguiar, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), fue elegido alcalde con el 48% de los votos válidos. Es el actual vicealcalde de la ciudad, comandada por Valmir Climaco, también del MDB, condenado por crímenes ambientales y propietario de minas ilegales. En 2019, en una hacienda suya, la policía incautó 580 kilos de cocaína y armas pesadas. Nada de esto le impidió conquistar dos mandatos y tener un sucesor.

Por otro lado, en São Félix do Xingu, donde el ganado alcanza los 2,5 millones de cabezas pastando en lo que solía ser Selva, el alcalde electo, Fabricio Batista, del partido Podemos, es un ganadero que tuvo como apoyador de su campaña a uno de los bolsonaristas más notorios de Pará, el senador Zequinha Marinho, del mismo partido. Marinho es un ferviente apoyador de los ladrones de las Tierras Indígenas Ituna/Itatá y Apyterewa, la más deforestada de Brasil, que en 2023 fue objeto de una operación federal de desintrusión, que es la expulsión de los no indígenas del territorio. Tres candidatos Indígenas disputaron la elección para concejal en São Félix do Xingu, todos por el Partido de los Trabajadores (PT), del presidente Lula. Ninguno fue electo.

Para Mauricio Torres, la falta de implementación efectiva de programas de reforma agraria en la Amazonia alimenta a las élites que viven del crimen ambiental en la región. “Esto empuja a muchas personas a una relación de dependencia con estos criminales, obligándolos a trabajar en situación de esclavitud, robando madera o en la minería ilegal”, afirma. “Se termina viendo la explotación como una alternativa de vida. Y es cuando este discurso de la extrema derecha empieza a calar, porque un estado de derecho, que cumpla la Constitución, adquiere la apariencia de una amenaza a la subsistencia”.

Si bien la elección de Jair Bolsonaro en 2018 dio impulso a esta élite política agrodepredadora, hay que entender el avance gradual de la extrema derecha como algo gestado mucho antes de la disputa presidencial y causado por múltiples factores. Desde hace al menos cinco años, el docente de ciencias políticas Ivan Henrique de Mattos e Silva, de la Universidad Federal de Amapá, estudia este fenómeno. También es vicecoordinador del Laboratorio de Estudios Geopolíticos de la Amazonia Legal, que investiga indicadores políticos, económicos y sociales en los nueve estados que integran la región.

“Hay que comprender el ascenso de estos nuevos grupos de derecha en la Amazonia Legal en un contexto más amplio”, dice el investigador. Según Silva, este fenómeno es un “subproducto de la crisis de la Nueva República”. El pacto social construido durante la redemocratización, explica, tenía dos pilares contradictorios: la macroeconomía neoliberal y las políticas compensatorias. Si en el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006) se pudo garantizar la prosperidad social a partir de la explosión de la demanda china de productos agrícolas y materias primas, como los minerales, importados de Brasil, “después la demanda se achicó, el conflicto social se intensificó y el pacto se rompió”, explica. Según el docente, durante el primer mandato de Lula el gobierno contó con recursos económicos más abundantes y pudo ampliar las políticas públicas en el área social y la transferencia de ingresos. Sin embargo, después de algunos años, esta fórmula de prosperidad económica ya no fue posible, especialmente con los efectos de la crisis económica global, y la desigualdad económica volvió a agudizarse y ser visible en el país. La incapacidad gradual de inversión del Estado desconectó segmentos electorales importantes de las candidaturas de izquierda, como la clase media e incluso sectores en situación de vulnerabilidad.

Además de ser un proceso gradual y en escalada, el ascenso de la extrema derecha, dice Ivan Silva, puede entenderse mejor a partir de cuatro factores principales. El primero está relacionado con la militarización en la Amazonia, especialmente durante la dictadura empresarial-militar (1964-1985). Algunos estados que integran la región eran territorios federales —que el gobierno nacional administraba directamente, como Acre, Amapá, Rondônia y Roraima— o son zonas fronterizas. Recién en la Constitución de 1988 se abolieron los últimos territorios federales. “En el imaginario brasileño más amplio, y más específicamente en el de las Fuerzas Armadas, es el contexto del vacío demográfico, en el que hay que ocupar la Amazonia para no entregar la región a potencias internacionales”, explica, refiriéndose a una visión que desconsidera que la selva estaba habitada desde hacía más de 10.000 años por numerosos Pueblos Indígenas. “Como el peso militar todavía es grande en estas regiones, esto tiende a darle a la dinámica política un perfil más conservador”, explica.

Un segundo factor es la correlación entre el voto evangélico, especialmente neopentecostal, y el voto de derecha, lo que ha sido muy fuerte en Rondônia y también en Amapá, observa Ivan Silva. El entrelazamiento de la extrema derecha con la religión evangélica, especialmente la neopentecostal, se produce a partir de la agenda de costumbres, conservadora, como la oposición al aborto o las cuestiones de género, por ejemplo. El testimonio de Cassiano Luz, director ejecutivo de la Alianza Evangélica Brasileña, ayuda a entender la influencia religiosa. Luz vivió durante nueve años en la Amazonia, desde finales de los años 1990 hasta 2007, y actuó en trabajos sociales, como en la Tierra Indígena Yanomami. “Lo que predomina en la región Norte es la Asamblea de Dios, que es, de lejos, la denominación evangélica más grande de Brasil. Tiene la característica de estar en los lugares más recónditos y distantes. Generalmente llega primero. Es muy fuerte en la región Norte, es una fuerza tremenda. Y esta fuerza también acaba traduciéndose en fuerza política”, explica el religioso.

Otro elemento importante para entender el ascenso de estos políticos extremistas es el aumento de los crímenes violentos en la Amazonia. “La dinámica de la agudización del crimen en el Norte se explica por este entrelazamiento entre crímenes ambientales y crímenes violentos, con tres instancias: el gran capital [empresarios de la agroindustria, transnacionales, etc.], las familias con poder económico de la zona; en la punta está el criminal de los delitos comunes e inmediatos, desde la deforestación hasta los pistoleros, el robo de tierras públicas, las quemadas; y quienes son el vínculo entre el gran capital y la punta son las facciones criminales”, explica el docente Ivan Silva. Es decir, las actividades criminales en la selva, como la deforestación y la minería ilegal, están cada vez más asociadas con el crimen organizado en estas zonas fronterizas y contribuyen a las prácticas de lavado de dinero del narcotráfico, por ejemplo. Esta nueva realidad de la Amazonia aumenta la violencia local. La inseguridad favorece el discurso, muy común en la extrema derecha, que sitúa de un lado al “ciudadano de bien”, que merece protección, y al “marginal”, del otro, que “se merece un tiro en la espalda”, señala el investigador.

Por último, el aspecto clave que explica el poder de este tipo de políticos en la Amazonia es, obviamente, el cambio de perfil social en los territorios debido al avance de la agroindustria y la conversión a la derecha. “Rondônia ya es, fundamentalmente, el centro de este discurso de la agroindustria. En Amapá, cada vez hay más senadores que dicen que la solución para la región es explotar petróleo en el margen ecuatorial o traer la soja. Todo esto dentro de la lógica de ver la Amazonia como una zona de expansión productiva”, observa Ivan Silva. “En su mayor parte la región Norte tiende a seguir esta trayectoria hacia la derecha. Los mapas de votación de la Amazonia Legal, excluyendo Maranhão y Pará, a partir de 2010, tienen cada vez más votos hacia la derecha. Parece una tendencia difícil de revertir”, evalúa

Ivan Silva observa “que la izquierda sigue pensando que la única salida para 2026, por ahora, es lanzar de nuevo a Lula para evitar el regreso del bolsonarismo y de diversas facetas del fascismo brasileño”. Lula, obviamente, tiene a su favor un gran capital electoral, indicadores económicos que van mejorando paulatinamente y la máquina pública. Sin embargo, puede que no sea candidato y, hasta el momento, no hay otro nombre fuerte de izquierda que pueda asumir su lugar. “Por eso, la posibilidad de votos de la derecha es mucho mayor”, dice.

Bolsonaro está inelegible hasta 2030 después de que el Tribunal Superior Electoral lo condenó por uso indebido de los medios de comunicación en las acusaciones infundadas que hizo sobre las urnas electrónicas. Sus partidarios buscan amnistiarlo por la vía legislativa, es decir, en el Congreso Nacional, donde hay una mayoría de políticos de la derecha tradicional, fisiológica, y de la extrema derecha. Mientras tanto, hay una disputa —por ahora, entre bastidores— por el apoyo y los votos del expresidente de extrema derecha, encabezada por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fue ministro de Bolsonaro y hoy está afiliado al partido Republicanos, vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios.

Otro extremista de derecha que ganó fuerza en la disputa municipal fue Pablo Marçal, del minúsculo Partido Renovador Laborista Brasileño, que incluso rompió con Bolsonaro. Por fuera, en el campo de la derecha, están el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, de União Brasil; Romeu Zema, del Partido Nuevo, de Minas Gerais; y Ratinho Junior, de Paraná, del Partido Socialista Brasileño, hijo de un presentador del canal de televisión SBT. Los Ratinho, padre e hijo, son terratenientes en el estado de Acre y parte de sus haciendas invade las Tierras Indígenas Kaxinawa Praia do Carapanã y Rio Gregório.

La repetición, en 2024, de la victoria de la extrema derecha en la región Norte, asociada a la agroindustria, aumenta la potencia electoral de estas fuerzas políticas para la contienda presidencial de 2026. “Los alcaldes y concejales son quienes encabezan las campañas de los candidatos en las elecciones presidenciales, pero sabemos que esto también depende del tamaño de los municipios. Aquí en Pará, por ejemplo, en 2022, los municipios del sur del estado eran en su mayoría partidarios de Bolsonaro y en el norte votaron por Lula y el PT. Pero la parte norte tiene más población, por lo que, en general, Lula ganó en ese estado. Este dato es importante para que lo evaluemos porque no basta con tener el mayor número de alcaldes y concejales, sino ver si gobiernan las ciudades más pobladas”, explica el politólogo Carlos Augusto Souza, de la Universidad Federal de Pará. Existe “indudablemente una influencia” de las fuerzas locales en las disputas generales, para presidente y gobernador, explica. “Porque estos líderes locales sirven como canal de comunicación entre las elecciones generales y las demandas de los municipios. Pero no sé si sería suficiente para garantizar la victoria de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de 2026”, evalúa el profesor.

La politóloga Camila Rocha recuerda la importancia de las enmiendas parlamentarias —que financian obras en municipios de las bases electorales de diputados y senadores— en el resultado de 2024, y que tendrá repercusiones dentro de dos años. “Los partidos del llamado Centro, principalmente MDB, PSD, PP y União Brasil, tuvieron un muy buen desempeño en la región amazónica. Los diputados federales que se beneficiaron de los resultados de las elecciones municipales no solo deben lograr reelegirse, sino también hacer elegir a más candidatos alineados a sus intereses, como la agroindustria, perjudiciales para el medio ambiente. No es una perspectiva positiva para el medio ambiente, desde el punto de vista de las elecciones para el próximo Congreso, ni tampoco la presidencial, ya que estos políticos deben apoyar al candidato bolsonarista”.

Por más que las disputas electorales de 2024 hayan consolidado el creciente poder de la extrema derecha, se están fortaleciendo nuevos caminos que compiten por el espacio con las fuerzas de la agroindustria depredadora y el modelo económico que empuja a la Amazonia hacia la destrucción. Ante la emergencia climática, los movimientos sociales Indígenas, Quilombolas y campesinos se dieron cuenta de la urgencia de luchar por plazas en las cámaras municipales, las asambleas legislativas y el Congreso Nacional. Y están cada vez más organizados, aunque los pasos sean lentos.

Las candidaturas Indígenas, por ejemplo, recibieron más de 1,6 millones de votos de los electores brasileños el 6 de octubre. Además de lanzar más candidatas y candidatos, y de manera mucho más organizada y unificada en todo el país, el movimiento Indígena eligió más representantes. De las 2.508 candidaturas vinculadas a la Campaña Indígena, iniciativa de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), con representantes de 169 pueblos, se eligieron 256 candidatos: 198 concejales y 36 concejalas, ocho alcaldes y una alcaldesa, nueve vicealcaldes y cuatro vicealcaldesas. En 2020 fueron elegidos 236 candidatos Indígenas.

“No aceptamos el petróleo ni la explotación ni la minería en los Territorios Indígenas. Tenemos una posición muy firme sobre las agendas que los líderes Indígenas quieren para la Amazonia. Nuestras agendas son estas: la demarcación de las tierras y la no explotación de nada dentro de los Territorios Indígenas”, afirma Alana Manchineri, gerente de comunicación de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab), vinculada a la articulación nacional de los Pueblos Indígenas. Los candidatos Indígenas tuvieron que comprometerse con un manifiesto en el que asumen, por ejemplo, que están en contra del marco temporal [hito temporal, tesis jurídica que defiende que solo se pueden demarcar las tierras que los Indígenas ocupaban cuando se promulgó la Constitución, en 1988].

Indígena del Pueblo Manchineri, en el estado de Acre, Alana siguió de cerca la campaña. Según ella, con el crecimiento de la extrema derecha, el movimiento se ha dado cuenta de que es en las Cámaras Municipales y en las Asambleas Legislativas donde se empiezan a ignorar los derechos Indígenas. “Más que nunca, sobre todo después de la aprobación de la Ley 14.701 (del marco temporal), vemos que para nosotros es muy importante estar en la Legislatura”, dice Alana, quien reconoce que la disputa todavía es muy desigual, sobre todo por el poder político y económico de las candidaturas vinculadas a la agroindustria y a la extrema derecha. “Este engaño es muy fuerte, de que [la minería, la explotación de petróleo y otras actividades económicas predatorias] traerán riqueza y todo eso. Nos enfocamos en alternativas económicas, el fortalecimiento de la economía Indígena”, explica.

La Campaña Indígena estuvo en sintonía con los movimientos negros, Quilombolas y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), dice Alana. “Estamos en un proceso de organización junto a otros movimientos sociales que padecen las mismas luchas que nosotros: tierra y territorio. Es lo que nos une”, afirma.

Pablo Neri, miembro de la dirección nacional del MST por Pará, cuenta que el movimiento creó grupos regionales para trabajar, en red, las cuestiones de comunicación, jurídicas y contables de todas sus candidaturas. “Lograr una reforma agraria popular solo si se cambian las leyes”, dice Neri. “Siempre hubo candidatos de nuestra base disputando las elecciones. La novedad de este año fue esta organicidad del movimiento, la dimensión nacional para el trabajo electoral”, explica Pablo Neri, quien coordinó el grupo de trabajo electoral de los sin tierra en el mismo estado.

La articulación electoral inédita del MST dio resultados: fueron elegidos 133 candidatos, entre concejales y alcaldes, en 19 estados. Puede parecer poco dada la dimensión territorial de Brasil, pero es simbólico. “Tuvimos una victoria en Parauapebas, aquí en Pará, donde tenemos más de 13.000 familias acampadas en la región de Carajás, lo que refleja una intensificación de los conflictos [agrarios]”, celebra el coordinador del MST. Los resultados fueron motivadores para el MST, afirma, pero nadie se deja engañar. El movimiento eligió un único concejal en el municipio, donde Aurélio Goiano, de Avante, partido de derecha, fue elegido alcalde con casi el 60% de los votos válidos. “Fue una victoria de la extrema derecha, fue la confirmación de que las sucesivas visitas de Bolsonaro al sur y al sudeste de Pará no fueron en vano. Pero salimos victoriosos en este sentido, el de haber salido a la calle, de haber sostenido el debate abiertamente, de haber sido una fuerza que contrarrestó este movimiento de expansión de la derecha y dominación del ‘barbalhismo’ [relativo a la familia Barbalho] en Pará”, concluye.

No hubo un solo día en las campañas callejeras, dijo Pablo Neri, que no se viera la presencia del humo, el sol abrasador, el polvo. “¿Cómo se puede provocar la ruptura del sentido común que construyen la agroindustria y la alfabetización de la derecha, el del dinero fácil, y construir otros requisitos para la buena vida, una vida de calidad, el actuar colectivamente en el mundo?”, se pregunta el representante del MST. Prácticas como la agroecología, por ejemplo, pueden hacerse masivas y convertirse en políticas públicas, propone. Todo esto, afirma, solo será posible con una nueva “unidad campesina amazónica, de los sin tierra, de los Indígenas, de los Quilombolas”, lo que sería crucial para atravesar estos tiempos.

Pablo Neri cita a un poeta amazónico para darle sentido a la esperanza y no renunciar a las articulaciones electorales de quienes son las principales víctimas de la destrucción de la vida. “Ya lo decía [el poeta brasileño] Thiago de Mello: no es que tenga un camino nuevo, lo que tengo de nuevo es la manera de caminar”. El camino de la resistencia sigue siendo el mismo, explica, pero hay que encontrar nuevas formas de mostrarle al elector cómo este modelo extractivista de la agroindustria significa el deterioro de las condiciones de vida, acelera la emergencia climática, genera malestar permanente, inseguridad de la vida humana y más que humana, aumenta la ansiedad y el adolecer colectivo. El filósofo y educador Paulo Freire —no por casualidad odiado por la extrema derecha—, recuerda Neri, decía que, en Brasil, tener esperanza en sí ya es un acto revolucionario. Los defensores de la Selva saben el porqué.