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En solo dos días,  19.400 profesionales de la salud se inscribieron como voluntarios en la Fuerza Nacional dispuestos a ir a la Tierra Indígena Yanomami. Foto: Igor Evangelista/Ministerio de Salud

El genocidio de los Yanomami expone en 2023 el horror causado por 4 años de la extrema derecha en el poder en Brasil. Y genera el primer movimiento de solidaridad en una población que ha sido rehén de la manipulación del odio por el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022). Ante las escenas de niños muriendo de hambre y de enfermedades tratables, muchos incapaces de tenerse en pie, en solo dos días, 22 y 23 de enero, 19.400 profesionales de la salud se inscribieron como voluntarios en el programa Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud (FN-SUS). Médicos, enfermeros, psicólogos, entre otros profesionales, dispuestos a dejar su rutina en el momento en que los llamen para ir a la Tierra Indígena Yanomami y ayudar a salvar el mayor número de vidas posible. El número de voluntarios inscritos representa un aumento del 700%: en diciembre de 2022, la FN-SUS contaba con 2.502 voluntarios registrados; en la actualidad, hay más de 33 mil.

La psicóloga Juliana Sangoi, de 39 años y residente en Brasilia, es una de las profesionales que se han apuntado al programa. «Cuando vi las imágenes de los Yanomami tan desnutridos y leí sobre las vulneraciones que han sufrido, inmediatamente me vinieron a la mente las imágenes que vemos en los libros de historia, en reportajes y en las visitas que hice a los monumentos a las víctimas del Holocausto en Berlín y Praga», cuenta. «Me embargó una profunda tristeza. Lo que están viviendo los Yanomami es una catástrofe humanitaria mundial».

Genocidio ha dejado de ser una palabra que utiliza solo una parte de la población para definir la actuación de Bolsonaro en varios frentes y se ha convertido en una de las palabras más pronunciadas en la última semana en Brasil. El lunes 23, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública envió un oficio en el que ordenaba a la Policía Federal que iniciara una investigación para determinar si Jair Bolsonaro (Partido Liberal) y su gobierno han cometido varios delitos. Entre ellos, los delitos de genocidio y de omisión de socorro. Tres días antes, el 20 de enero, SUMAÚMA denunció que al menos 570 niños menores de 5 años habían muerto por causas evitables en el territorio Yanomami en los 4 años de gobierno de Bolsonaro: un 29% más que en los 4 años anteriores, durante el gobierno de Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores) y, tras el impeachment, de Michel Temer (Movimiento Democrático Brasileño). Es probable que la cifra sea mucho mayor, ya que la tierra indígena ha sufrido un apagón estadístico.

Por medio de un comunicado, la Cámara de Poblaciones Indígenas y Comunidades Tradicionales del Ministerio Público Federal afirmó que «la grave situación sanitaria y de seguridad alimentaria que sufren los Yanomami es resultado de la omisión del Estado brasileño a la hora de garantizar la protección de sus tierras». El documento de cinco páginas ofrece un resumen de las acciones judiciales y extrajudiciales del Ministerio Público Federal para encontrar soluciones para proteger a los Yanomami, incluida la expulsión de los mineros ilegales del territorio. Destaca, sin embargo, que «las medidas adoptadas por el gobierno federal fueron limitadas». En los últimos días, el gobierno de Lula ha realizado varios cambios en los cargos de la Fundación Nacional para los Pueblos Indígenas (Funai), incluyendo 38 exoneraciones y 5 despidos. Al menos 13 militares han sido despedidos. En el territorio Yanomami ya se han rescatado más de mil indígenas con graves problemas de salud y en situación de extrema vulnerabilidad, la mayoría aquejados de desnutrición y malaria, ha informado el nuevo secretario de Salud Indígena (Sesai), Ricardo Weibe Tapeba.

La psicóloga Juliana Sangoi se emociona cuando habla de los miles de voluntarios que, como ella, están dispuestos a desplazarse hasta el territorio Yanomami en cuanto los llamen. «Necesitamos más que nunca unidad y gente, porque tendremos mucho trabajo por delante», afirma. «Que este sea un momento de reanudación, en el sentido de construir y fortalecer las políticas de salud para los pueblos indígenas».

Otra profesional inscrita es la doctora Cecília Machado, de 24 años. Graduada hace poco más de 1 año, vive en Salvador de Bahía, donde hace la residencia en pediatría. «Me enteré del caso a través de las redes sociales y decidí inscribirme porque la situación me conmovió mucho. Me registré a través del formulario. Creo que tengo mucho que aportar en este contexto», afirma. «No es tolerable que, en un país con tanto potencial como el nuestro, el hambre siga matando. Lo que realmente queremos es ver que el sistema sanitario funciona en la práctica y da más a los que más lo necesitan, como debe ser».

La FN-SUS se activa en situaciones extremas, cuando se agota la capacidad de respuesta del estado o del municipio. En el caso de los Yanomami, se activó tras el decretar la emergencia de salud pública de importancia nacional el 20 de enero. Entre los trabajadores que pueden colaborar se encuentran: asistentes sociales, biólogos, biomédicos, conductores de vehículos de urgencia, dentistas, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, profesionales de educación física, psicólogos, socorristas, técnicos de enfermería, radiólogos, terapeutas ocupacionales y veterinarios, entre otros profesionales sanitarios.

En diciembre de 2022, la FN-SUS contaba con 2.502 voluntarios registrados; en la actualidad, hay más de 33 mil. FOTO: IGOR EVANGELISTA/MINISTERIO DE SALUD

En Brasil, la FN-SUS ya ha ofrecido apoyo en situaciones de catástrofe como inundaciones, deslizamientos de tierra y desasistencia, al igual que en tragedias como el incendio de la discoteca Kiss de Santa Maria, en Río Grande del Sur, en el que murieron 242 personas. «Cuando me enteré del estado de desnutrición de los Yanomami, de que no podían acceder a los servicios sanitarios por el cerco de la minería ilegal, de la muerte de niños, todo me empezó a inquietar. Pensé que debía dar una salida a este malestar, y esta salida es ayudar», dice el psiquiatra y psicoanalista Nilson Sibemberg, de 61 años, natural de Porto Alegre y que ahora vive en São Paulo. «Han muerto más de 500 niños, pero todavía hay niños que están vivos. ¿Cómo se sentirán estos niños que están vivos cuando tantos otros niños con los que convivían han muerto? ¿Y cuántos de estos niños están perdiendo la paz por culpa de esta situación?».

Defensor de la sanidad pública, Sibemberg afirma que el número de profesionales inscritos en el programa en tan poco tiempo es un «estímulo» frente al carácter reaccionario de muchos médicos. «No es de extrañar que la vicepresidenta del Consejo Federal de Medicina, Rosylane das Mercês Rocha, estuviera el 8 de enero apoyando a los invasores de la Plaza de los Tres Poderes y colgando fotos en las redes sociales», señala. Presidenta en funciones del consejo en la fecha de la intentona golpista de los partidarios de Bolsonaro, la médica publicó vídeos del momento en que los terroristas subieron por la rampa del edificio tras atravesar un bloqueo policial. En el pie, escribió: «Ahora sí». También compartió una imagen de la escultura Justicia. Situada frente al edificio del Supremo Tribunal Federal, la obra de arte fue vandalizada con la frase «Has perdido, imbécil».

«Los médicos apoyaron masivamente a Bolsonaro. Saber que 19.000 colegas han tenido la generosidad de ofrecerse para esta labor humanitaria es increíble», comenta el psiquiatra. «Que aquellos colegas que realmente tengan la posibilidad de realizar una acción solidaria hacia el otro que está sufriendo puedan presentarse».

La médica infectóloga Luíza Matos, de 46 años, natural de Brasilia, en el Distrito Federal, también se inscribió para trabajar en el territorio en colapso humanitario. Cree que las situaciones como la de los Yanomami solo se dan en zonas de guerra y que la movilización de profesionales sanitarios es proporcional a la magnitud de la calamidad. «Creo que ahora hay que intentar salvar al mayor número de personas posible», afirma. La médica de familia y comunitaria, Debora Fontenelle, de 60 años, de Río de Janeiro, dice que se inscribió en cuanto vio el horror. «Cuando me enteré de la situación de los Yanomami, me inscribí inmediatamente. Mucha gente piensa que solo existe la Fuerza Nacional de Seguridad, pero también existe la del sistema sanitario. El elevado número de inscritos muestra la fuerza de la solidaridad. No estamos totalmente perdidos».


Traducción de Meritxell Almarza

UN PROFESIONAL DE LA SALUD Y UN NIÑO YANOMAMI CONVERSANDO EN BOA VISTA, ESTADO DE RORAIMA. FOTO: IGOR EVANGELISTA/MINISTERIO DE SALUD

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