Los indígenas de 3 etnias corren el riesgo de ser borrados de las estadísticas brasileñas en el próximo censo porque viven en áreas a las que solo se puede llegar en helicóptero. Pero, a pocos días de que se termine la recopilación de datos, aún no se han contratado las aeronaves necesarias, lo que probablemente imposibilitará el trabajo de los censistas y dificultará que se conozca cuántos indígenas viven exactamente en el país y cuáles son sus condiciones de salud y su nivel de vulnerabilidad. Es la más reciente violación de los derechos de los pueblos originarios, negligenciados en los últimos 4 años del Governo Bolsonaro.

Uno de los grupos afectados es el de los Yanomami, un pueblo cuyo territorio (en los estados de Amazonas y Roraima) ha sido invadido por la minería ilegal en los últimos años. Eso ha provocado un aumento de las enfermedades, la violencia, el hambre y, como consecuencia, la mortalidad en el territorio. Incluso hay lugares donde los equipos de salud, que recogían algunos de los datos estadísticos, han sido ahuyentados por delincuentes, como reveló SUMAÚMA en septiembre. Tanto los equipos médicos como las asociaciones que trabajan en la región afirman que, debido al escenario de violencia, las cifras actuales ya no se corresponden con la realidad. Si el censo no se completa, el pueblo Yanomami sufrirá un segundo apagón estadístico. En la Tierra Indígena Yanomami también viven los Ye’kwana, que se verán igualmente afectados. Otro territorio perjudicado sería la Tierra Indígena Wajãpi, en el estado de Amapá, una zona que también ha sido invadida por mineros y cazadores ilegales. Se calcula que, entre las 3 etnias, dejarán de contabilizarse 15.000 indígenas.

Sin los datos completos del censo, no se podrá comparar con la información recogida en 2010, año de las últimas estadísticas generales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), y saber lo que ha sucedido de hecho con esta población en la última década y cuál es el impacto exacto de las actividades criminales. No se sabrá cuántos individuos han muerto y nacido, cuántos han abandonado las aldeas, qué riqueza cultural se ha perdido y si el mercurio que utilizan los mineros ilegales y que contamina los ríos puede haber generado un problema de salud pública. El cuestionario que se hace a la población indígena contiene 76 preguntas relacionadas con las características del domicilio, el núcleo familiar, la religión, la discapacidad, el autismo, la migración por estudio o trabajo, la educación, los ingresos y la mortalidad.

La falta de recopilación datos es una clara violación de los derechos de los pueblos indígenas, como reconoce el propio IBGE en un documento al que ha tenido acceso SUMAÚMA. «La omisión de recolección de datos en estas localidades por no haber transporte implicaría someter a los indígenas a la invisibilidad estadística durante una década, ya que las áreas indígenas no se incluyen en las investigaciones estadísticas continuas», señaló el organismo en un comunicado técnico conjunto de la Dirección de Investigación, la Dirección de Geociencias y la Coordinación General de Operaciones Censales, el 30 de noviembre. «Eso obstaculizaría en gran medida la promoción de los derechos que constituyen la columna vertebral del Estado social brasileño y frustraría los objetivos constitucionales de desarrollo socioeconómico y reducción de las desigualdades sociales», añade el organismo. El censo de población es la única encuesta que proporciona estadísticas oficiales sobre los pueblos indígenas brasileños desde 1991. Según los datos de 2010, en Brasil vivían 896.900 indígenas de 305 grupos étnicos que hablaban 274 idiomas diferentes.

El embrollo de la contratación de los helicópteros se arrastra desde principios de año. El IBGE afirma en un documento que ha pedido ayuda a la Fundación Nacional del Indígena (Funai), la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), que tienen contratos con empresas de taxis aéreos en estas regiones, y al Ejército, que tiene aviones y patrulla estas áreas fronterizas. «El IBGE ha intentado agotar todas las posibilidades para obtener apoyo logístico de otros organismos que tienen la experiencia necesaria», dijo el organismo en otro documento que envió a la Abogacía del Estado, donde preguntaba sobre la posibilidad de hacer un contrato de emergencia, es decir, sin licitación, para las horas de vuelo necesarias para complementar la recopilación de datos.

La solicitud de ayuda al Ejército se hizo en mayo de 2022, que denegó el apoyo. Ese mismo mes, el IBGE consultó a la Sesai sobre la posibilidad de que el organismo sanitario diera horas de vuelo para el censo, lo que fue denegado 2 meses después de forma «intempestiva», según el documento del IBGE. Paralelamente, el organismo estadístico solicitó en junio la misma ayuda a la Funai, que informó al mes siguiente de que no tenía ningún contrato en vigor que pudiera proporcionar todas las horas de vuelo de helicóptero necesarias, pero que podría ayudar con una pequeña cantidad. Ante las negativas, el IBGE abrió un proceso de contratación de taxis aéreos a través de la modalidad de compra directa, ya que no había tiempo para hacer una licitación, según justificó. Este proceso tuvo lugar entre septiembre y noviembre. El 28 de noviembre, la Abogacía del Estado emitió un dictamen en sentido contrario.

El censo de 2022 comenzó en agosto y está previsto que finalice en diciembre. En el anterior, realizado en 2010, el IBGE contó con el apoyo de la Fundación Nacional de la Salud (Funasa), que proporcionó acceso aéreo y apoyo logístico en la Tierra Indígena Yanomami y en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, lo cual garantizó el censo de un total de 43.722 personas en estas áreas.

Para censar las áreas indígenas, el IBGE estimó que se necesitaban unas mil horas de vuelo, distribuidas entre 11 de los 34 Distritos Especiales de Salud Indígena (DSEI).

A la mayoría de estos lugares se llega con vuelos realizados con aviones de ala fija, como los monomotores que proporcionó la Funai (un total de 692 horas de vuelo). Para llegar al resto se necesitan aeronaves de ala rotatoria, es decir, de hélices, como los helicópteros, que no requieren pista de aterrizaje —no todas las aldeas tienen—. Pero la Funai solo consiguió conceder una parte de esas horas de vuelo, que se utilizaron para llegar al territorio de los Kayapó, en el estado de Pará. La Funai informó que no tenía ningún contrato de este tipo en las zonas Yanomami y Wajãpi.

En la parte de la Tierra Indígena Yanomami que está situada en el estado de Amazonas, la mayoría del censo se ha llevado a cabo por vía fluvial y otra parte, con aviones de ala fija. Con ello, ya se ha visitado el 84,4% de los sectores censales. El acceso al 15,6% que falta tiene que hacerse con aeronaves de ala fija (4 sectores) y de ala rotatoria (otros 4 sectores). La parte de la Tierra Indígena Yanomami que está en Roraima tiene menos áreas con acceso fluvial o terrestre y solo se ha completado el censo en el 32,8% de los sectores. De los 229 sectores que faltan, 175 dependen de los helicópteros, dice el comunicado técnico del IBGE.

En la Tierra Indígena Wajãpi, en Amapá, el censo se inició en las comunidades con acceso terrestre y fluvial y el 24 de octubre ya se habían completado el 74% de los sectores censales. A partir de esa fecha, las actividades se paralizaron a la espera de que hubiera helicópteros disponibles. En esta tierra indígena se registraron 175 domicilios, con 1.165 personas (una media de 6 residentes por domicilio). La estimación del IBGE era llegar a 281 domicilios.

Además de ser una importante radiografía de la población brasileña, los datos del censo sirven de referencia para calcular las estimaciones de población de la década siguiente, para distribuir los recursos públicos del gobierno federal a los Estados y municipalidades en función de la población y, en el caso de los indígenas, son la principal fuente de datos para que la Funai y la Sesai planifiquen políticas públicas. Estas estadísticas se recopilan cada 10 años; el censo debería haberse realizado en 2020, pero se retrasó dos años debido, primero, a problemas presupuestarios y, luego, a la pandemia. «Si el censo de población de 2022 no cubre todas las tierras indígenas y, dentro de ellas, todas las aldeas o comunidades (…) [habrá] impactos en la ejecución y el monitoreo de la Política Nacional de Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas, la Política Nacional de Gestión de Tierras Indígenas y la Política Nacional de Educación Escolar Indígena», destacó el comunicado de las direcciones del organismo.

A través de su asesoría de comunicación, el IBGE ha informado que aún no se han agotado las posibilidades de conseguir las horas de vuelo necesarias para completar el censo mediante la colaboración de otra institución. Pero una fuente que trabaja en la coordinación del censo ha comunicado a SUMAÚMA que, con el tiempo que queda, debido a la complejidad operativa del trabajo en áreas remotas, difícilmente se podrán incluir los datos que faltan en las estadísticas generales sin que se cree un grupo de trabajo federal. La situación se complica por la desmovilización de los equipos de trabajo en diciembre y la falta de previsión presupuestaria para las actividades de 2023. SUMAÚMA ha entrado en contacto con el Ejército y la Sesai para preguntarles por los motivos de haberse negado a colaborar en la realización del censo, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no ha obtenido respuesta.