Poco después de que una turba destruyera el pasado domingo, 8 de enero, los edificios de los tres poderes del Estado en Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó, en su primera declaración pública, que es posible que entre los golpistas haya personas vinculadas a la «agroindustria maliciosa», así como madereros y mineros ilegales, la base de apoyo de Jair Bolsonaro que aceleró la destrucción de la Amazonia durante el Gobierno del ultraderechista. Al día siguiente, lunes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, volvió a vincular una parte de la agroindustria a los hechos, afirmando que la participación del sector en la intentona golpista era «inequívoca».

Las investigaciones solo elucidarán quiénes fueron los organizadores, ordenantes y financiadores de los criminales de Brasilia después de recoger el testimonio de las casi 1.500 personas detenidas y de analizar quién contrató los autobuses que llevaron a los terroristas a la capital federal. El ministro de Justicia afirmó que ya tiene los nombres de todos ellos.

Pero ya hay indicios de que entre los patrocinadores del intento de golpe de Estado habría personas vinculadas a actividades depredadoras de la selva, descontentos con la victoria de Lula. SUMAUMA confirmó el lunes que el Gobierno está trabajando con esta línea de investigación. También el lunes, la cadena Globo afirmó que los golpistas detenidos declararon a la Policía Federal que los gastos del viaje los pagaron personas de Pará, Rondonia y Mato Grosso, estados de la Amazonia Legal.

Más allá de los indicios iniciales, el acto terrorista en Brasilia ha reverberado el proyecto de destrucción impuesto en Brasil por el Gobierno de Bolsonaro, cuyo ejemplo extremo fue la Amazonia. El ultraderechista incentivó la agroindustria depredadora, autorizó el mayor número de pesticidas desde la redemocratización, incentivó la invasión de tierras públicas en la selva, atacó a los pueblos indígenas y quilombolas (descendientes de africanos esclavizados que se refugiaron en centros de resistencia), incentivó la minería ilegal y negó la crisis climática. Destruir la selva era el principal proyecto de Bolsonaro. Sus seguidores destruyeron los símbolos de la República en un ataque directo a otro proyecto de país, y al proyecto para la selva que anunció el nuevo presidente.

El Gobierno de Lula ya ha declarado que su objetivo es alcanzar la deforestación cero de la Amazonia, ha anunciado que se demarcarán urgentemente las tierras indígenas y también que no es necesario deforestar ninguna hectárea de selva para plantar, un claro mensaje a quienes pretenden ampliar la frontera agrícola. Entre sus planes también está el de transformar tierras públicas que actualmente no tienen ningún destino en áreas protegidas, lo cual disgusta directamente a los grileiros (ladrones de tierras públicas) de la región, que han experimentado un poder sin precedentes durante el Gobierno de Bolsonaro. Algunos grileiros de la Amazonia forman parte de la élite de las ciudades de la región, ocupan alcaldías y extienden sus tentáculos por las instituciones públicas y gremiales. Otros viven en el centro-sur de Brasil y dirigen a sus testaferros desde ciudades como São Paulo, Goiânia o Brasilia. Los grileiros son los que se apropian de tierras públicas gracias a la fuerza de milicias o sicarios y falsifican títulos de propiedad con la connivencia de los notarios. A menudo, los diferentes gobiernos legalizan sus tierras, en proyectos de ley que se aprueban en el Congreso, y entonces se convierten en «terratenientes». Luego se apropian de más tierras públicas, en un ciclo que solo acaba con el selva… o con un Gobierno responsable.

La oposición al proyecto que presentó Lula se hizo patente en las urnas. De los 7 estados de la región Norte de Brasil, donde se concentra la mayor parte de la Amazonia, Bolsonaro ganó en 4: Amapá, Acre, Roraima y Rondonia, en los 3 últimos, con más del 70% de los votos. En los 3 donde ganó Lula (Amazonas, Pará y Tocantins), el actual presidente no alcanzó el 55% de los votos, lo que indica que la población está dividida.

Desde la victoria de Lula, en los estados del Norte se han llevado a cabo una serie de actos golpistas. En Rondonia, la única de la región del Norte donde Bolsonaro ganó en todos los municipios, las carreteras estuvieron bloqueadas durante todo diciembre y se registraron episodios de violencia y agresiones que terminaron con bolsonaristas detenidos. El Ministerio Público Federal ha abierto una investigación, que está bajo secreto de sumario, para investigar el bloqueo de la carretera BR-364 en varios puntos. Esa misma carretera también estaba cortada en el estado de Mato Grosso. Según la plataforma de noticias G1, uno de los participantes en la destrucción de Brasilia el domingo es el excandidato a diputado estatal William Ferreira da Silva, que publicó varios vídeos en las redes durante la depredación. Sin embargo, ha negado haber participado en el acto, ha afirmado que estaba de vacaciones en Brasilia y acudió a la Plaza de los Tres Poderes tras enterarse del altercado en los edificios federales.

En Pará, donde también se han cortado carreteras en los últimos meses, llegó a detenerse a un hombre el 15 de noviembre en Itaituba con 150.000 reales (28.000 dólares) en efectivo, sin que pudiera comprobar el origen del dinero, y con decenas de camisetas verde amarillo, que son las que suelen llevar los golpistas. Según un informe de la Policía Civil de Pará, al que tuvo acceso el periódico Folha de S.Paulo en noviembre, los actos contra la democracia iniciados tras la victoria de Lula contaban con la financiación de numerosos empresarios, políticos y un fiscal municipal. Se sospechaba de la existencia de un movimiento organizado para patrocinar a los bolsonaristas que acampaban cerca del 2º Batallón de Infantería de Selva de Belém para exigir la intervención militar.

El Ministerio Público Federal del estado también abrió el año pasado una investigación penal, que está bajo secreto de sumario, para investigar los movimientos golpistas. Tras más de 60 días, el campamento de Belém se desmanteló el lunes, al igual que otros que había por todo el país, por orden del magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Cinco personas fueron detenidas en el acto y trasladadas a la sede de la Policía Federal por intentar impedir que los policías desmontaran las tiendas. El domingo, la BR-163, la autopista que va de Santarém a Cuiabá, volvía a estar cortada temporalmente en 5 puntos del estado de Pará, la mayoría en la ciudad de Novo Progresso, uno de los principales focos bolsonaristas en la Amazonia. En la segunda vuelta de las elecciones de octubre, el municipio fue el segundo del país que más votó a Bolsonaro (82,92%). Su economía está basada en la extracción de madera, la minería y la agroindustria.

El año pasado, Novo Progresso protagonizó las principales protestas golpistas en Pará. El 7 de noviembre, un grupo de bolsonaristas organizó varios cortes en la BR-163 que incluyeron tiroteos contra los agentes de la Policía Federal de Carreteras que estaban desplegados en el lugar. El Ministerio Público Federal de Pará está investigando los ataques. Novo Progresso es uno de los municipios brasileños que ostentan el récord de deforestación. En 2019 se hizo mundialmente famoso por el Día del Fuego, un movimiento criminal que incendió la selva, organizado vía Whatsapp por grileiros, terratenientes y madereros de la región.

Novo Progresso es un símbolo de cómo la destrucción forestal y la política en la Amazonia van de la mano. En 2020, el entonces vicealcalde y precandidato a la alcaldía Gelson Dill, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), fue multado con 4 millones de reales (766.000 dólares) por deforestar ilegalmente 174,5 hectáreas en el Parque Nacional de Jamanxim, una zona protegida. Dill, que fue elegido alcalde de Novo Progresso, niega cualquier implicación en la deforestación de la selva.

os mapas electorales de los últimos comicios presidenciales muestran que Bolsonaro ganó en municipios de la Amazonia ubicados dentro del llamado arco de la deforestación, una extensa área que va desde el oeste de Maranhão y el sur de Pará hacia el oeste, pasando por los estados de Mato Grosso, Rondonia y Acre.

Precisamente de esta región, más concretamente del municipio de Xinguara, surgió otra figura importante del movimiento golpista que se ha gestado en el país: el empresario George Washington de Sousa, de 54 años, a quien la Policía Civil del Distrito Federal detuvo el 24 de diciembre tras planear hacer estallar una bomba en el aeropuerto de Brasilia. Según la Policía, se encontraron otros materiales explosivos en el piso que el acusado ocupaba en la capital federal. Washington declaró a la Policía que se gastó 160.000 reales (31.000 dólares) en armas y dinamita en el estado de Pará, antes de viajar más de 1.200 kilómetros hasta la capital federal.

Los terroristas que participaron en el acto de Brasilia y sus patrocinadores, que orquestaron el golpe a distancia, se enfrentan ahora a múltiples posibilidades de imputación, según el ministro Flávio Dino: delito de daños en bienes públicos, asociación criminal, lesiones corporales, intento de abolir violentamente el estado democrático de Derecho y delito de golpe de Estado.

Jair Bolsonaro, por su parte, que abandonó el país incluso antes del final de su mandato y se refugió en Florida, en Estados Unidos, también corre el riesgo de ser investigado. Aunque no hizo declaraciones categóricas contra el expresidente, el ministro de Justicia afirmó durante la rueda de prensa que tiene responsabilidad política. «El expresidente y sus seguidores han dirigido ataques contra los poderes», subrayó. El ministro afirmó que no hay —hasta el momento— elementos suficientes para solicitar la extradición de Bolsonaro a Brasil.

Pero en Estados Unidos crece el descontento con la presencia de la extrema derecha. El recuerdo del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando los seguidores de Donald Trump, descontentos con su derrota ante Joe Biden, intentaron dar un golpe de Estado, sigue siendo traumático. La intentona en Brasil de este 8 de enero se ve internacionalmente como el Capitolio brasileño. Los demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Joaquín Castro pidieron en Twitter que Jair Bolsonaro abandone Estados Unidos.

En Brasil, miles de manifestantes ocuparon el lunes por la noche la Avenida Paulista de São Paulo, así como otras capitales brasileñas. Al grito de «¡No a la amnistía!», la manifestación condenaba la intentona golpista y exigía que se responsabilizara a los terroristas. Otro grito era: «¡Queremos a Bolsonaro en la cárcel!». Cuando fue presidente de Brasil, Jair Bolsonaro ya se había convertido en un paria internacional por sus actos y declaraciones de odio. La diferencia es que hoy es un paria internacional sin los privilegios de jefe de Estado. Otra diferencia es que, desde el intento de golpe de Estado del 8 de enero, empieza a convertirse en un paria dentro de su propio país.