Para entender el caos coreografiado que estalló el 8 de enero en la capital brasileña, es necesario echar un vistazo a los ambiciosos planes del nuevo Gobierno para proteger la selva amazónica y otros biomas, como el Pantanal y el Cerrado. Cuando se aprecia la importancia histórica de estas propuestas, es más fácil identificar por qué los poderosos intereses establecidos se sienten amenazados hasta tal punto que han querido instigar la invasión violenta y la destrucción del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y la sede presidencial.

El nuevo presidente y su nueva ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, han prometido alcanzar la deforestación cero, acabar con las invasiones a todos los biomas de Brasil y permitir que la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones nacionales sea mayor. Se trata de cambios a una escala épica. Desde la llegada de los primeros colonizadores europeos, hace 500 años, la economía de lo que más tarde se llamaría Brasil se ha centrado en la destrucción de la naturaleza salvaje y el sometimiento de los habitantes originales.

Lula ha dado este paso en respuesta a la amenaza que supone el colapso climático para la seguridad nacional y mundial. Los científicos advierten de que, con la intensa deforestación, la Amazonia podría alcanzar el punto sin retorno, con consecuencias catastróficas para la agricultura, los patrones meteorológicos regionales y la estabilidad climática. Los planes de Lula le permitirían a Brasil emplear los fondos internacionales, abrir mercados extranjeros a los productos brasileños y reclamar una posición de liderazgo en las cuestiones mundiales. Pero, como ocurre con cualquier cambio importante, algunos sectores de la sociedad brasileña se sienten amenazados.

Entre ellos, una élite privilegiada, en su mayoría blanca, que se ha beneficiado del modelo histórico de explotación y lo considera parte de su identidad. También están los grileiros (ladrones de tierras públicas), los garimpeiros (mineros ilegales) y los madereros, cuyas actividades son a menudo ilegales e insostenibles, pero muy acordes con la vieja actitud pionera de una nación imbuida del espíritu de los bandeirantes. De los 7 estados de la región Norte, donde se concentra la Amazonia brasileña, Bolsonaro ganó en 4 (Amapá, Acre, Roraima y Rondonia) y en los 3 últimos se aseguró una abrumadora mayoría del 70% de los votos. En los 3 estados del Norte que ganó Lula (Amazonas, Pará y Tocantins), este no superó el 55% de los votos.

Es muy temprano para saberlo. Es probable que muchos grupos diferentes de todo el país estén implicados en el ataque golpista por motivos muy diversos. Inmediatamente después de que ocurrieran los actos de terrorismo en la Plaza de los Tres Poderes, el presidente Lula sugirió que los mineros y madereros ilegales de la Amazonia lo estaban. Es razonable suponer que el presidente dispone de información de inteligencia que justifica esta afirmación. De ser así, no sería el primer acto terrorista de personas vinculadas a la destrucción de la selva tropical. El que intentó hacer estallar una bomba en el aeropuerto de Brasilia en diciembre es un empresario de Pará, George Washington de Oliveira Sousa, que trabaja en el sector de los combustibles y el transporte aéreo en ciudades del Arco de la Deforestación.

Lo importante es qué representan en el imaginario de los insurrectos bolsonaristas la Amazonia y otras zonas de biodiversidad e independencia indígena. Proteger otros biomas va en contra de sus valores. Queda por ver qué papel tendrán las fuerzas de seguridad en los ataques a la democracia. Es evidente que la policía militar fue, como mínimo, negligente a la hora de responder al atentado y puede que incluso actuara en connivencia. Algunos comentaristas han especulado con la posibilidad de que una parte del Ejército intente intervenir más adelante —como ocurrió recientemente en Bolivia—, con el argumento de que necesitan evitar un mayor caos. Los próximos días demostrarán hasta qué punto es real esa amenaza. Pero es evidente que los militares tuvieron un papel destacado en el Gobierno de Bolsonaro, quien, a su vez, fue capitán del Ejército e intentó perpetrar un atentado terrorista en esa época. El expresidente, que se fue a Florida el 30 de diciembre, fue un entusiasta partidario de la última dictadura militar de Brasil, de 1964 a 1985, que comenzó con un golpe de Estado y dedicó una energía considerable a permitir que grupos empresariales afines al régimen explotaran la Amazonia.

La medida más progresista del nuevo Gobierno es la creación de un nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas, que dirigirá Sônia Guajajara. La cartera proporcionará a los pueblos indígenas más poder y la mayor plataforma política desde que los primeros colonizadores europeos invadieron Brasil, hace más de 500 años. El principal organismo que establece y desarrolla las políticas relacionadas con los pueblos indígenas, la Funai, ha pasado a llamarse Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, en lugar de Fundación Nacional del Indio, que se consideraba peyorativo y demasiado genérico. Por primera vez estará dirigida por una mujer indígena, la respetada abogada y exdiputada Joenia Wapichana, que tiene una visión muy diferente de la de su predecesor, un expolicía blanco vinculado a la agroindustria. Como símbolo de este gran cambio, en la ceremonia de investidura el cacique indígena Raoni Metuktire subió con Lula la rampa del Palacio del Planalto, el tradicional paseo hacia el poder.

«Los pueblos indígenas (…) no son obstáculos para el desarrollo: son guardianes de nuestros ríos y selvas, y una parte fundamental de nuestra grandeza como nación», dijo el nuevo presidente en su primer discurso público. Antes ya había insinuado ante el Congreso que su gobierno ampliará las tierras indígenas: «Cada tierra demarcada es una nueva área de protección ambiental. A estos brasileños y brasileñas les debemos respeto y tenemos una deuda histórica con ellos. Revocaremos todas las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas». Todos estos movimientos suponen una amenaza para quienes creen que los capitalistas blancos y cristianos tienen el derecho y el deber de arrebatarles las tierras a las personas que tienen otro color de piel, otros valores culturales y se centran más en su hogar y su forma de vida pacífica que en ampliar sus ingresos y expandir su territorio. Bolsonaro se negó a demarcar tierras indígenas y alentó a los mineros a que invadieran territorios ya demarcados.

Sí. Muchas de las tensiones que estallan ahora en Brasil, como lo hicieron hace dos años en Estados Unidos, están relacionadas con la presión climática sobre los viejos sistemas políticos y económicos capitalistas y basados en la industria. Bolsonaro y Donald Trump representan el antiguo régimen, que quiere seguir haciendo negocios de la misma forma, sin importarle cómo eso afecte al clima, el medio ambiente, a otras especies y a las personas. Lula representa a los de la parte inferior de la pirámide, los que están más amenazados por los robos y la contaminación de las tierras fértiles, el agua limpia y el aire fresco, junto con los científicos y una élite educada internacional que se da cuenta de que el viejo modelo está quebrado. En sus discursos inaugurales, Lula mencionó brevemente la necesidad de «combatir el cambio climático» y afirmó que se comprometería más con la comunidad internacional. El Ministerio de Medio Ambiente ha pasado a llamarse Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. No hay un nuevo superministerio que coordine la política climática en todos los organismos del Gobierno, como algunos habían pronosticado, pero Marina Silva afirmó en una entrevista al periódico Valor Econômico que la cuestión climática será transversal y tendrá estructuras específicas en ministerios como el de Hacienda y el de Justicia. La principal contribución de Brasil a los esfuerzos internacionales para estabilizar el clima será detener la deforestación. Si lo consigue, será un gran éxito. Avanzar también en la reforestación sería un logro más. Pero preocupa que Lula impulse también la explotación de las reservas de petróleo y gas, y hay cierta incertidumbre con relación a su postura ante los grandes proyectos de infraestructura, como centrales hidroeléctricas y carreteras, que suponen una amenaza para la naturaleza y el clima. Lula anunció en su discurso de investidura el regreso del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que en anteriores Gobiernos del PT fue responsable, por ejemplo, de que volvieran a construirse grandes hidroeléctricas en la Amazonia, como la desastrosa Belo Monte. Aún se desconoce cuál será el PAC de Lula 3.

Esta es la pregunta multimillonaria. En su discurso de investidura ante el Congreso, Lula dejó claro que «Brasil no necesita deforestar para ampliar la frontera agrícola, sino replantar 30 millones (de hectáreas) de áreas deforestadas. No es necesario invadir nuestros biomas». En esencia, estaba diciéndole a un parlamento dominado por la agroindustria que la selva estaba fuera de su alcance y que los agricultores, si querían ampliar las zonas de cultivo, debían dirigir su atención a las tierras infrautilizadas y ya deforestadas. Hay que prestar atención a los detalles. ¿Cómo se clasificarán las «tierras degradadas»? ¿Cómo se aplicarán las medidas de protección? ¿Podrá el Gobierno cubrir las lagunas que antes les permitían a los ladrones de tierras públicas legitimar las tierras deforestadas ilegalmente? Esta política divide a la agroindustria. Algunas grandes empresas pueden apoyarla porque ya poseen una cantidad considerable de tierras y son conscientes de que la inestabilidad climática supone una amenaza para su productividad. Pero los que se han beneficiado del robo de tierras públicas sentirán que salen perdiendo.

Otro de los primeros decretos de Lula ha revocado una medida del Gobierno anterior que fomentaba la minería ilegal en las tierras indígenas y en zonas de protección ambiental. Según sus colaboradores, en las próximas semanas y meses las autoridades federales harán redadas en algunas explotaciones mineras ilegales, expulsarán a los invasores y destruirán la maquinaria. Encontrar una solución a largo plazo va a resultar más complicado y será necesario utilizar servicios de inteligencia, porque el crimen organizado también está implicado en la minería ilegal. Pero cualquier intento de limitar la extracción de oro suscitará resistencia en lugares como el estado de Roraima, donde la economía local depende de esta actividad.

Para quienes han utilizado la violencia para conseguir tierras y poder en la Amazonia y otros biomas, esta es otra amenaza. El último informe anual de la Comisión Pastoral de la Tierra muestra que los conflictos en el campo han empeorado. En 2021 fueron asesinadas 35 personas, frente a las 20 del año anterior. La impunidad en delitos ambientales e invasiones de tierras, un mayor acceso a las armas y las acciones y los discursos del expresidente aumentaron la tensión en la Amazonia. No tolerar la violencia significa reconstruir los mecanismos de control y garantizar una mayor seguridad a las personas que luchan por mantener la selva en pie. Pueden ser pequeños en términos de poder político y económico, pero Lula está reconociendo su estatura moral y la importancia de su lucha. También está restableciendo el Estado de derecho y la presencia del Estado en la Amazonia: «Fomentaremos la prosperidad en la tierra, pero lo que no podemos aceptar es que sea una tierra sin ley. No toleraremos la deforestación ni la degradación del medio ambiente». Es un desafío muy obvio para aquellos que se beneficiaron de la impunidad de la era Bolsonaro.

El nuevo gobierno tiene previsto enviar miles de notificaciones de sanciones medioambientales a quienes hayan deforestado ilegalmente en los últimos años. Uno de los decretos que el presidente firmó al asumir el cargo ha restablecido la obligación del Estado de destinar el 50% de lo que se recaude con multas medioambientales al Fondo Nacional del Medio Ambiente, que puede utilizar el dinero para reforestar y realizar otros proyectos. Durante el gobierno de Bolsonaro, las inspecciones y multas se redujeron, lo que supuso la pérdida de más de 18.000 millones de reales (unos 3.300 millones de dólares) para las arcas públicas, según el informe del equipo de transición. La recaudación de esos fondos enfurecerá sin duda a quienes han estado eludiendo sus responsabilidades legales.

Los nuevos fondos para los pueblos de la Amazonia serán esenciales y tienen que llegar rápidamente. Otro de los decretos que se promulgaron el día de la investidura de Lula autoriza al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) a volver a recaudar donaciones para el Fondo Amazonia, destinado a luchar contra la deforestación y fomentar el uso sostenible de la selva. Está financiado principalmente por los Gobiernos de Noruega y Alemania, que han comenzado a liberar los fondos que se bloquearon durante la era Bolsonaro. El equipo de transición de Medio Ambiente también ha pedido al Congreso un presupuesto extra de 536 millones de reales (100 millones de dólares) para el ministerio. Hay muchas propuestas de «bonos verdes» que aportarían decenas de miles de millones de dólares de financiación para financiar la transición a una economía menos destructiva, que deberían utilizarse para encontrar formas alternativas de empleo e ingresos para quienes salgan perdiendo con la nueva política forestal.

El nuevo presidente debe persuadir a la gente de que se gana más avanzando y encarando el desafío del colapso climático que mirando hacia atrás y fingiendo que el problema no existe o es responsabilidad de otro, como hizo Bolsonaro. En su discurso de investidura, Lula trató igualmente de la conservación de los ecosistemas y los derechos de los indígenas y del crecimiento económico y la igualdad social. Encontrar el equilibrio adecuado es un reto al que se enfrentarán todos los países en los próximos años. El apoyo internacional será crucial: tanto por el estímulo como por el dinero. Nos esperan muchas batallas políticas.

OBSERVACIÓN: Este artículo se basa en un artículo anterior de preguntas y respuestas sobre el nuevo gobierno, que se ha actualizado a la luz del ataque al Congreso