Pueblos indígenas de todo Brasil se dirigen a Brasilia el lunes 24 de abril para gritar que «sin demarcación no hay democracia». Es el lema de la 19ª edición del Campamento Tierra Libre (ATL por sus siglas en portugués), el mayor encuentro anual de pueblos y organizaciones indígenas de todo Brasil, que se celebra desde 2004. «El futuro indígena es hoy», exigirán los pueblos indígenas del país. Pero para ello hay que superar un escollo: el juicio de la Corte Suprem sobre el llamado «hito temporal».

Se trata de una tesis que defienden los plantadores de commodities agrícolas como la soja, los ganaderos, los garimpeiros (mineros ilegales), los madereros, los deforestadores y buena parte del Ejército, según la cual solo se pueden demarcar las tierras que los indígenas ocupaban cuando se promulgó la Constitución, el 5 de octubre de 1988. Esta tesis hace imposible reclamar territorios de los que los pueblos originarios ya habían sido expulsados años o décadas antes. La votación estaba empatada a uno cuando el magistrado Alexandre de Moraes pidió revisar los autos, que en el lenguaje jurídico significa suspender indefinidamente la votación para que los magistrados los analicen más a fondo.

Una semana antes del inicio del ATL, la presidenta de la Corte, la magistrada Rosa Weber, anunció que la votación sobre el hito temporal se reanudará a partir del 7 de junio. El pasado septiembre ya había prometido a los líderes indígenas que la reanudaría durante su mandato como presidenta de la Corte, que finaliza en octubre de este año.

La inminente reanudación causa una mezcla de expectación y aprensión entre los indígenas. Es el «juicio del siglo», según dos líderes de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) a los que ha entrevistado SUMAÚMA: Mauricio Terena, abogado indígena y coordinador jurídico, y Dinaman Tuxá, coordinador ejecutivo.

«Es de suma importancia que la resolución salga este año y que logremos de una vez por todas dejar de lado esta tesis que perjudica tanto a todos los pueblos indígenas. Estamos hablando de tierras y territorios milenarios, de derechos originarios, anteriores a la formación del Estado brasileño», afirma Dinaman.

«El hito temporal no afectará solo a los pueblos indígenas brasileños. Porque cuando hablamos de tierras indígenas, hablamos de territorios que tienen una biodiversidad mucho más preservada. Este juicio tiene implicaciones para la emergencia climática», declara Mauricio Terena.

«Si la Corte reconoce la tesis del hito temporal y la demarcación se ve perjudicada, eso provocará un inconmensurable proceso de etnocidio. Porque cuando hablamos de territorios indígenas, hablamos de identidad cultural, de pueblos que necesitan sus territorios para ejercer sus derechos culturales, sus usos y costumbres, su salud. No solo están en disputa nuestros territorios, también lo está nuestra existencia», añade el abogado indígena.

En el ATL de este año, los pueblos indígenas también declararán el estado de «emergencia climática» para denunciar las violaciones de derechos que causa el cambio climático. Según la Apib, un cruce de datos realizado en 2022 en colaboración con el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia señala que el 29% del territorio que rodea las tierras indígenas en Brasil está deforestado. Pero dentro de los territorios la deforestación es solo del 2%. «La crisis climática no se solucionará sin los pueblos indígenas y la plena demarcación de nuestras tierras», afirma Dinaman.

El caso que analiza la Corte trata de la ampliación de la Tierra Indígena Ibirama-La Klãnõ, en el Alto Valle del Itajaí, en el estado de Santa Catarina, donde viven los pueblos indígenas Guaraní, Guaraní Mbya, Guaraní Ñandeva, Kaingang y Xokleng. Este debate llegó a los tribunales en 2009, cuando la Fundación del Medio Ambiente, actualmente denominada Instituto del Medio Ambiente del gobierno de Santa Catarina, alegó que era la verdadera propietaria de ocho hectáreas de la tierra indígena, cuya extensión es de más de 37.000 hectáreas, y solicitó recuperar la zona. La burocracia de Santa Catarina ganó el litigio en primera y segunda instancia, y el proceso llegó a la Corte Suprema tras un recurso de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai). El ponente del caso, el magistrado Edson Fachin, admitió el recurso de la Funai y afirmó que era necesario definir el «estatuto jurídico-constitucional de las relaciones de posesión en áreas de ocupación tradicional indígena, según lo previsto en el artículo 231 del texto constitucional».

El artículo citado por el magistrado Fachin dice lo siguiente: «Se reconoce a los indígenas su organización social, sus costumbres, lenguas, creencias y tradiciones y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; es responsabilidad del Estado demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes». Los constituyentes profundizaron en lo que son las tierras indígenas en los párrafos segundo («Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas están destinadas a su posesión permanente, correspondiéndoles el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, ríos y lagos existentes en ellas») y cuarto («Las tierras a que se refiere este artículo son inalienables e indisponibles, y los derechos sobre ellas imprescriptibles»).

En otras palabras, Fachin afirmó que había llegado el momento de que la Corte Suprema decidiera si el derecho de los indígenas a sus territorios era anterior a la Constitución del 88 e incluso a la formación de lo que llegaría a llamarse Brasil. La resolución sobre el hito temporal ha movilizado la lucha indígena en los últimos años, porque no se trata de un caso aislado en Santa Catarina. El voto final de los magistrados afectará al futuro de las demarcaciones de todas las tierras indígenas de Brasil, no solo definirá lo que ocurrirá en una fracción del territorio de los Xokleng y otros pueblos indígenas en Santa Catarina.

Los Xokleng fueron casi exterminados durante el siglo XX por colonos italianos, que recibieron del gobierno brasileño tierras «despobladas» en Santa Catarina. Los cazaban los bugreiros, nombre que recibían los asesinos que contrataban los colonos para adentrarse en el bosque y cazar y eliminar a sus habitantes originales. Pero la idea del hito temporal es anterior a la batalla judicial del gobierno de Santa Catarina contra la Tierra Indígena Ibirama-La Klãnõ.

La idea de que «las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios están destinadas a su posesión permanente», expresada en la Constitución, se basa en una tesis jurídica ya consolidada, denominada teoría del indigenato, según la cual «los derechos de los pueblos indígenas son anteriores incluso a la propia concepción de la idea de Estado Nacional», explica Mauricio Terena. «Esta tesis se remonta a la época colonial, cuando las leyes que se dictaron consideraban a los pueblos originarios los señores naturales de sus tierras», señaló en un artículo de 2020 Eloy Terena, también abogado indígena y actual secretario ejecutivo del Ministerio de los Pueblos Indígenas.

No obstante, existe otra opinión que se opone a la teoría del derecho originario, denominada teoría del hecho indígena, que se basa en el concepto del hito temporal, es decir, en la idea de que solo pueden considerarse tierras indígenas aquellas que ocupaban los pueblos originarios brasileños cuando entró en vigor la actual Constitución, en 1988.

La tesis del hito temporal adquirió notoriedad en 2009, cuando la Corte analizaba la demarcación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, hogar de los pueblos Macuxi, Taurepang, Patamona, Ingaricó y Wapichana, en el estado de Roraima. «La expresión es anterior incluso a la Constitución de 1988, pero se popularizó durante el juicio de Raposa Serra do Sol», explica Deborah Duprat, que por aquel entonces presidía la 6ª Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal, responsable de defender los derechos de los pueblos indígenas, quilombolas, comunidades extractivistas, ribereñas y gitanas. Duprat actualmente es abogada.

«El primer gran juicio de la Corte Suprema tras [la promulgación de la Constitución de] 1988 es el caso Raposa Serra do Sol. Ya tenía varios componentes, que solo se intensificaron posteriormente, como el concepto de que se necesita “gente” para ocupar la Amazonia, es decir, que considera que los indígenas no son capaces de defender esas fronteras. [Hubo] una presencia militar muy fuerte, por así decirlo, en la Corte, en el sentido de ser cauteloso con la demarcación de las tierras indígenas en la Amazonia. El juicio acabó entorpeciendo mucho la cuestión indígena, a pesar de que fue extremadamente favorable a la zona indígena de Raposa Serra do Sol», recuerda.

El entonces magistrado Carlos Ayres Britto, ponente del caso Raposa Serra do Sol en la Corte Suprema, votó a favor de la demarcación continua de la tierra indígena y a favor de la expulsión de los no indígenas de ese territorio. Pero también enumeró una serie de condicionantes, que no se aplicarían a ese caso, sino a otras demarcaciones en el futuro, que incluían la idea de que era necesario establecer un hito temporal porque esa era una intención de los autores de la Constitución.

«Ayres Britto dice en su voto que el hito temporal fue un propósito constitucional, es decir, que quienes redactaron la Constitución lo discutieron durante la Asamblea Nacional Constituyente [de 1987]», explica a SUMAÚMA la abogada Carolina Santana, que trabaja para el Observatorio de los Pueblos Indígenas y hace pocas semanas aprobó su tesis doctoral, que trata precisamente del tema, en la Universidad de Brasilia.

«Decidí leer las actas [de la Asamblea Constituyente]. Leí todos los debates [sobre la redacción del artículo 231]. Lo primero que noté es que esto [el hito temporal] no se discutió, según los documentos oficiales», explica Carolina.

«Es decir, [defender ahora el hito temporal] es una reescritura absurda del texto constitucional, una especie de pacto de caballeros velado, una mentira repetida muchas veces que ahora tiene apariencia de verdad, pero que no subsiste si se busca el fundamento».

Carolina Santana, al igual que Deborah Duprat, Mauricio Terena y Eloy Terena, forma parte de un grupo de 51 abogados indígenas y no indígenas que actúan en defensa de los pueblos originarios en el juicio por el hito temporal en la Corte Suprema.

«La Constitución tiene un sentido protector, de protección de los pueblos indígenas. Una norma nunca es literal, se puede interpretar, pero nunca para llegar a un resultado de desprotección, cuando la norma habla de protección. Eso es lo que hace el hito temporal», argumenta Carolina. La investigación para su tesis doctoral señala un intento de reescribir la historia desde el punto de vista de quienes se oponen a la demarcación de las tierras indígenas.

La idea de que organismos como la Funai son «parciales» a la hora de tratar cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas también forma parte de esta narrativa para socavar los derechos indígenas. Este argumento se utiliza en la acción directa de inconstitucionalidad en la que el partido Progresistas, que apoyó la reelección de Jair Bolsonaro, solicita a la Corte que retire al Ministerio de los Pueblos Indígenas la prerrogativa de demarcar las tierras indígenas, alegando que no es «imparcial» para hacerlo. La acción se presentó unos días antes del inicio del ATL, lo que no parece una coincidencia, ya que el gobierno federal pretende anunciar nuevas demarcaciones en el evento de Brasilia. La misma lista de argumentos incluye la tesis de la «internacionalización de la Amazonia», basada en las actividades de las organizaciones no gubernamentales.

En 2008, el general del Ejército Augusto Heleno, entonces comandante militar de la Amazonia, dijo a sus colegas de la reserva en el Club Militar: «Estamos aumentando cada vez más la extensión de las tierras indígenas en la franja fronteriza y avanzando en una dirección que me preocupa. Podría suponer un riesgo para la soberanía nacional». Se refería a la demarcación de Raposa Serra do Sol. Heleno y varios de sus colegas nunca ocultaron su temor —nunca fundado— a que los pueblos indígenas amazónicos declararan sus territorios independientes de Brasil.

Deborah Duprat, que participó en el juicio al inicio, en 2019, declaró que actualmente ve un escenario más favorable para los derechos indígenas. «Creo que ese ambiente que tomó por asalto a la Corte en el juicio de Raposa Serra do Sol ha cambiado para mejor, ¿sabes? Porque se produjo el [atentado antidemocrático del] 8 de enero. Y, por lo tanto, la fuerza militar que existía en el juicio de Raposa Serra do Sol de alguna manera ya no existe, o al menos no tiene el poder que tenía entonces».

Aun así, revela que está angustiada con la demora. «El mejor momento para que se celebrara el juicio habría sido el fin del gobierno de Bolsonaro, con toda la barbarie registrada en tierras indígenas. En ese momento hubo una reacción de los medios de comunicación, de la sociedad, de algunos espacios institucionales. No sé si la consternación que hubo en ese momento en la Corte [se ha mantenido]. Necesitamos brevedad, necesitamos que se reanude este juicio, porque las cosas se pierden, con el tiempo, muy fuertemente», advierte.

La jubilación del magistrado Ricardo Lewandowski, el pasado 11 de abril, preocupa a los abogados que defienden a los pueblos indígenas en el caso. Su voto en contra del hito temporal se daba por sentado. También existe el temor de que la Corte decida conciliar los intereses de los indígenas con los de la agroindustria y la extrema derecha, más fuertes que nunca en el Congreso Nacional. Se especula, por ejemplo, con una decisión que establezca un hito temporal, pero relativo a 1934. La fecha no es aleatoria. La Constitución de 1934, la más breve de todas, enterrada en 1937 por la dictadura del Estado Nuevo, fue la primera en reconocer los derechos de las poblaciones indígenas brasileñas.

«Cualquier hito temporal es malo, porque obliga a los indígenas a demostrar, mediante una contienda judicial, un artículo periodístico o cualquier otro registro, que lucharon por permanecer en la tierra de la que fueron expulsados», explica Carolina Santana. «Pero los indígenas estaban tutelados [en 1934], es imposible encontrar ningún proceso en el que ellos reclamen judicialmente las tierras. Y la práctica de expulsar a los indígenas de sus tierras era tan habitual que ni siquiera salía en las noticias. La dificultad para probar la usurpación es inmensa, debido a las características de nuestra sociedad de no producir información sobre personas cuyas vidas no tenían valor».

Deborah Duprat está de acuerdo: «Fijar ahora cualquier hito temporal, aunque no haga daño, se verá como una derrota».

Por ahora, el juicio cuenta con un voto en contra del hito temporal, el del ponente, el magistrado Edson Fachin, y uno a favor, el del magistrado Nunes Marques. El siguiente en votar es Alexandre de Moraes, que en septiembre de 2021 pidió poder revisar los autos del proceso. Entre los abogados defensores de los pueblos indígenas, su voto causa una gran expectación. La posición de Moraes es una incógnita. «Es un magistrado que sorprende en muchos sentidos, positiva y negativamente», resumió uno de ellos, que habló con SUMAÚMA con la condición de que no se le identificara. Los votos de los magistrados Gilmar Mendes y Carmen Lúcia también suscitan dudas. En cambio, los líderes indígenas y abogados consideran probable que los magistrados Rosa Weber, Luís Roberto Barroso y Luiz Fux voten en contra del hito temporal. Del otro lado estarían los magistrados André Mendonça, nominado por Bolsonaro, y Dias Toffoli.

En plena expectación por el ATL y la reanudación del juicio en la Corte, la primera abogada indígena del país, Joenia Wapichana, que participó en el caso Raposa Serra do Sol y es la actual presidenta de la Funai, inauguró días atrás una exposición de 15 fotografías de gran tamaño que el fotógrafo Sebastião Salgado hizo en 2017 de los indígenas Korubo, un pueblo de contacto reciente que vive en el Valle del Yavarí, en el estado de Amazonas. Donadas por el artista a la Funai, el gobierno de Bolsonaro las rechazó después de que Salgado criticara al presidente de extrema derecha en 2020: el Ministerio Público tuvo que intervenir y dar a las piezas la debida custodia.

Presente en la ceremonia de reincorporación de las obras al acervo de la Funai, Salgado habló con SUMAÚMA sobre la sentencia en la Corte. «El hito temporal es una amenaza, un intento de robar las tierras indígenas. Tiene que haber una defensa de ese territorio, que está protegido por la Constitución».

«Mi pueblo ya estuvo a punto de extinguirse una vez», dijo a SUMAÚMA Ana Patté Xokleng, una de las líderes de su pueblo, que actualmente trabaja en el Ministerio de los Pueblos Indígenas como asesora en asuntos parlamentarios. Ana Patté sabe que, si la Corte decide que el hito temporal debe entrar en vigor, no será solo su pueblo el que verá cómo le roban, una vez más, otro trozo de su ya mermado territorio. «Mi pueblo ya estuvo a punto de extinguirse una vez. Si se aprueba el hito temporal, lo que ocurrirá será la extinción total. Y quizás de todos los pueblos indígenas», sentenció.

«Cuando se demarca un territorio indígena, se crea una oportunidad de tener agua para beber. Cuando se demarca un territorio indígena, se crea una oportunidad de poder respirar. Nosotros somos neumólogos. Cuidamos del pulmón del mundo y de las personas», dijo la diputada federal indígena Célia Xakriabá en una entrevista exclusiva a SUMAÚMA. Que el país se ponga en contra de los guardianes de la selva que quedan en pie es un riesgo que Brasil, que comenzó 2023 batiendo nuevos récords de deforestación, no puede correr.

Revisión ortográfica (portugués): Elvira Gago
Traducción al español: Meritxell Almarza
Traducción al inglés: Mark Murray
Edición de fotografía: Marcelo Aguilar, Mariana Greif y Pablo Albarenga