La Defensoría Pública de Brasil ha dado un plazo de 5 días para que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) explique qué medidas tomará para garantizar que se contabilice a todos los indígenas brasileños en el próximo censo. SUMAÚMA reveló la semana pasada que miles de personas de 3 etnias podrían desaparecer de las estadísticas porque el organismo gubernamental no ha conseguido los helicópteros necesarios para llegar a las áreas donde viven, de difícil acceso. La no inclusión de todos los indígenas en el recuento poblacional puede afectar considerablemente las políticas públicas de salud y educación que se destinan a estas poblaciones. 

En un documento del 7 de diciembre, la Defensoría Pública, que tiene entre sus cometidos la defensa jurídica de los pueblos originarios, recomendó al IBGE que contratara «con la máxima urgencia» el servicio de taxi aéreo adecuado para asegurar el transporte del equipo y el censo de todas las comunidades indígenas de los pueblos Yanomami y Wajãpi, las dos etnias más afectadas. En la Tierra Indígena Yanomami viven también los Ye’kwana, otro grupo étnico que todavía no ha terminado de censarse. El propio organismo estadístico estima que unos 15.000 indígenas de las 3 etnias corren el riesgo de quedarse fuera del recuento. La recomendación de la Defensoría Pública es el paso previo a la judicialización de una demanda. El IBGE tiene que explicar su plan, con documentos comprobatorios, hasta el 12 de diciembre.

La dificultad de contratar helicópteros empezó a principios de este año. En un documento al que ha tenido acceso SUMAÚMA, el IBGE afirma que ha pedido ayuda a la Fundación Nacional del Indígena (Funai), a la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), que tienen contratos con empresas de taxis aéreos en estas regiones, y al Ejército, que tiene aviones y patrulla estas áreas fronterizas. El Ejército y la Sesai le negaron la ayuda. La Funai consiguió ofrecerles una parte de las horas de vuelo necesarias, pero no todas. Entonces el IBGE abrió un proceso de contratación de taxis aéreos a través de la modalidad de compra directa, ya que no había tiempo para hacer una licitación, según justificó. Este proceso tuvo lugar entre septiembre y noviembre. El 28 de noviembre, la Abogacía del Estado emitió un dictamen contrario a la medida y recomendó que se criara un grupo de trabajo gubernamental para recopilar los datos. No obstante, hasta ahora el IBGE no ha respondido cómo pretende realizar el trabajo. El censo de 2022 comenzó en agosto y está previsto que finalice en diciembre. 

Tanto el territorio de los Yanomami (en los estados de Amazonias y Roraima) como el de los Wajãpi (en Amapá) han sido invadidos por mineros ilegales en los últimos años, lo cual ha incrementado varios tipos de violencia, enfermedades y, consecuentemente, la mortalidad. Si no se completa el censo, no se podrá comparar con la información recogida en 2010, año de las últimas estadísticas generales del IBGE, y saber qué ha sucedido de hecho con esta población en la última década y cuál es el impacto exacto de las actividades delictivas. No se sabrá cuántos individuos han muerto y nacido, cuántos han abandonado las aldeas, qué riqueza cultural se ha perdido y si el mercurio que utilizan los mineros ilegales y que contamina los ríos puede haber generado un problema de salud pública. 

La falta de datos es una clara violación de los derechos de los pueblos indígenas, como reconoce el propio IBGE en el documento al que ha tenido acceso SUMAÚMA. «Si el censo de población de 2022 no cubre todas las tierras indígenas y, dentro de ellas, todas las aldeas o comunidades (…) [habrá] impactos en la ejecución y el monitoreo de la Política Nacional de Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas, la Política Nacional de Gestión de Tierras Indígenas y la Política Nacional de Educación Escolar Indígena», destaca el comunicado firmado por la Dirección de Investigación, la Dirección de Geociencias y la Coordinación General de Operaciones Censales el pasado 30 de noviembre.

SUMAÚMA ha entrado en contacto con el IBGE, que ha informado que está buscando alternativas legales para censar a la población indígena. «El IBGE mantiene su compromiso de completar y cumplir la misión del censo. Nunca se ha considerado la posibilidad de no censar a parte de los pueblos indígenas», ha explicado por correo electrónico. El organismo afirma que, de las 632 tierras indígenas que hay en Brasil, hasta el 1 de diciembre el censo se había llevado a cabo en 605, el 95,73%. En 382 ya se ha terminado completamente y en 223 (35,28%) está en curso, donde se han recogido datos parcialmente. En 27 tierras indígenas el censo todavía no ha empezado.