El resultado de la primera vuelta de las elecciones en Brasil se ha vuelto un riesgo inminente para la preservación de la Amazonia. Con los nuevos elegidos en el Congreso y en el Gobierno de los estados, solo una cosa es segura: sea quien sea el próximo presidente de la República, el país tiene por delante una gran guerra contra la devastación de la selva.

El Partido Liberal (PL), por ejemplo, al que pertenece el presidente Jair Bolsonaro, consiguió elegir a 99 diputados, constituyendo así la mayor bancada de la Cámara. Uno de ellos es justamente el exministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, elegido diputado federal por São Paulo a pesar de su pasado contrario a la protección ambiental y a favor de la depredación de la naturaleza. No es casualidad que se ganara el apodo de «antiministro». En el Senado, el PL también ha obtenido la mayoría al conseguir 8 escaños.

La bancada amazónica de la Cámara, constituida por políticos de la región, ha perdido 13 diputados considerados verdes por actuar a favor de las leyes de protección del medio ambiente, como la primera diputada federal indígena de Brasil, Joênia Wapichana, del partido Red de Sostenibilidad. En su lugar, han salido elegidos candidatos alineados con el Gobierno. En el estado de Amapá, por ejemplo, ha salido Silva Nobre Lopes, una fuerte aliada del proyecto de Bolsonaro de explotar tierras indígenas y áreas protegidas. Nació en la aldea del pueblo Wajãpi, de donde salió a los 14 años. Actriz y militar, se presenta como Silvia Wajãpi, aunque en la urna dispensó el apellido indígena. Por todo ello, los pueblos originarios no la reconocen como su representante.

Ante una Amazonia que se «bolsonariza», los riesgos son grandes, observa André Lima, consultor en política y derecho del Instituto Democracia y Sostenibilidad (IDS). «Hemos perdido a 13 diputados verdes de la Amazonia que eran muy buenos», lamenta. En su lugar, han entrado parlamentarios del PP (Progresistas), PL y Unión Brasil, partidos alineados con el presidente. «Con la nueva configuración, hemos perdido en cantidad, o sea, en número de votos, y en calidad: los votos malos serán peores.»

Si, por un lado, se han reducido los aliados de la Amazonia, por otro, han entrado en la Cámara nombres importantes del ambientalismo para imponer resistencia a la bancada ruralista. Es el caso de la exministra del Medio Ambiente Marina Silva, del partido Red de Sostenibilidad (Rede), y de la líder indígena Sônia Guajajara, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Ambas han sido elegidas diputadas federales por São Paulo. Marina Silva consiguió 237.526 votos de los paulistas y trae al Congreso el respeto internacional y la experiencia como ministra que ayudó a reducir en un 80% la deforestación en el país. Va a contrastar con Ricardo Salles, que ayudó a desmantelar los organismos de control del medio ambiente deshaciendo el trabajo y los instrumentos de conservación de la selva y otros biomas que habían sido creados por los Gobiernos anteriores junto con la sociedad civil.

Salles consiguió 640.918 votos, beneficiado por su exposición como ministro y por la máquina pública del Gobierno de Bolsonaro. Su campaña recibió donaciones de cuatro empresarios millonarios, que sumaron 740.000 reales (140.000 dólares). Dos de ellos son Marcelo Ometto y Antonio Eduardo Tonielo, pertenecientes al sector de la caña de azúcar, uno de los monocultivos responsables de la depredación de la naturaleza, a menudo vinculado a la utilización de mano de obra esclava.

Sônia Guajajara también llevará su lucha internacional al Congreso, junto a la líder indígena Célia Xakriabá, elegida diputada federal por el PSOL por el estado de Minas Gerais. Sônia consiguió 156.966 votos y Célia, 101.154. «Han salido elegidas grandes representantes indígenas, además de diputadas y diputados negros vinculados a la lucha por derechos. Vamos a tener un enfrentamiento rico en la Cámara de los Diputados», prevé Márcio Santilli, socio fundador de la ONG Instituto Socioambiental (ISA).

Pero el futuro de la Amazonia se trazará definitivamente con la elección del próximo presidente del país. «Una cosa es tener a Lula de presidente y otra es tener a Bolsonaro», dice. El expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) ya se ha comprometido a crear el Ministerio de los Pueblos Indígenas y a eliminar la minería ilegal en la Amazonia. También prevé la reestructuración de los organismos de control, como la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), desmantelados en los últimos Gobiernos y casi destruidos durante el de Bolsonaro.

Solo queda saber si, en caso de ganar las elecciones, Lula negociará con una bancada hostil a la Amazonia. Los nueve estados que componen la Amazonia Legal suman 67 parlamentarios. En estas elecciones, 39 se reeligieron, la mayoría de corte ruralista. Uno es el comisario bolsonarista Éder Mauro (PL), del estado de Pará, que fue policía civil durante 30 años, entre 1984 y 2014, cuando se presentó a las elecciones y consiguió un escaño como diputado federal. Según el portal Repórter Brasil, la carrera de Éder Mauro en la policía culminó con al menos 101 denuncias en la Oficina del Ombudsman del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Defensa Social (Sieds) de Pará. Las acusaciones van desde asesinatos hasta allanamientos de morada, pasando por torturas.

Como diputado, es un destacado enemigo del medio ambiente, según el Ruralómetro, una herramienta creada por el portal Repórter Brasil que cuenta con el análisis de 22 organizaciones especializadas en temas socioambientales y sirve para analizar si un diputado federal actúa de forma positiva o negativa para el medio ambiente, los trabajadores del campo, los indígenas y otras poblaciones tradicionales. La plataforma funciona como un termómetro que indica la «fiebre ruralista» de los diputados en la Cámara, desde 2019 hasta 2022.

Éder Mauro vota y promueve propuestas como la regulación de actividades económicas que impactan las tierras indígenas o la autorización de tenencia de armas en toda la extensión de una finca rural, no solo dentro de casa. Este último proyecto fue sancionado en 2019. También defiende el denominado «Proyecto de Ley del Veneno», que facilita el registro de pesticidas en Brasil y permite hasta la venta de sustancias demostradamente cancerígenas. El texto ya ha sido aprobado por la Cámara de los Diputados y espera la votación del Senado. SUMAÚMA entró en contacto con el diputado, pero hasta la publicación de este texto no ha obtenido respuesta.

Al menos cinco estados de la Amazonia también tendrán gobernadores bolsonaristas. Cuatro se reeligieron en la primera vuelta. En Rondonia, dos candidatos vinculados al presidente se disputan la segunda vuelta: el coronel Marcos Rocha (Unión Brasil) y Marcos Rogério (PL). En Acre, por ejemplo, Gladson Cameli (PP) es uno de los que asumirá su segundo mandato en enero de 2023. En 2018, Cameli venció prometiendo convertir la agroindustria en el buque insignia de la economía del estado. En su Gobierno, el número de bueyes superó los 4 millones en 2021. Cuatro años antes eran 3,3 millones, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Los datos de MapBiomas revelan que en 2020 se deforestaron 84.925 hectáreas en Acre. El mismo año, las tierras destinadas a la ganadería aumentaron 84.735 hectáreas, prácticamente la misma cantidad.

El informe Amazonia Legal y el Futuro de Brasil, creado por la plataforma de vigilancia socioambiental Sinal de Fumaça (Señal de Humo)m también indica que, entre agosto de 2019 y julio de 2020, en Acre se deforestaron para la explotación maderera 27.455 hectáreas, de las cuales el 76% se concentraba en solo diez propiedades rurales del estado. En su campaña de reelección, durante una reunión con madereros el día 29 de septiembre, Cameli prometió desburocratizar todavía más la actividad.

En Roraima, Antônio Denarium (PP) ha sido reelegido con el 56,47% de los votos. Defensor de la minería ilegal, Denarium sancionó, entre 2021 y 2022, leyes regionales que tenían el objetivo de prohibir la destrucción de la maquinaria de los mineros ilegales y permitir la utilización de mercurio, una sustancia muy tóxica capaz incluso de provocar alteraciones genéticas. Todas ellas fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal. El estado alberga la Tierra Indígena Yanomami, que sufre la violencia de la minería ilegal. A pesar de las resoluciones judiciales, ni el Gobierno federal ni las autoridades del estado se han movilizado para sacar efectivamente a los invasores de la tierra Yanomami; el domingo 2 de octubre, otros dos indígenas fueron víctimas de violencia asociada a la extracción ilegal, según el líder Yanomami Dário Kopenawa.

Jair Bolsonaro también obtuvo una gran ventaja en el «arco de la deforestación de la Amazonia», la frontera de explotación predatoria que avanza en dirección a la selva y donde se producen los mayores índices de deforestación de la selva. Allí es donde obtuvo un porcentaje mayor de votos. Su proyecto para la región lo ayudó a llenar las arcas de su campaña. Según la página de periodismo ambiental ((o))eco, unos 180 infractores ambientales en la Amazonia Legal son donantes electorales del presidente Jair Bolsonaro. El portal Infoamazonia informa que recibió 3,1 millones de reales (600.000 dólares) de este grupo para conseguir su reelección.

La segunda vuelta también puede proporcionar cierto equilibrio en esta guerra contra la naturaleza. El pasado 2 de octubre, cinco de los nueve estados amazónicos eligieron a Lula como presidente. Si ganara, su prometida política de conservación —que incluye nombrar a un ministro indígena para los organismos de defensa— podría atenuar la tormenta perfecta que se dibuja en la Amazonia bajo un eventual segundo mandato de Bolsonaro. Eso sí que sería un desastre completo para el clima, para la selva y para las nuevas generaciones.