En Brasil, la minería es una actividad antigua. El primer documento que registra la extracción de oro por estos pagos data de 1681. Como sucede con otras formas de explotación de los llamados “recursos naturales”, la historia de esta actividad coincide con la de la colonización del país y, en particular, de la Amazonia. Este es un punto que vale la pena resaltar: pasan los siglos, pero se mantiene la idea de que la naturaleza existe para que le saquemos provecho, para extraer de la selva, los ríos y arroyos, del suelo y del subsuelo, todo lo que sea posible para transformarlo en riqueza material. Hasta el agotamiento.

La verdad es que se trata de un extractivismo depredador. En el caso de la minería –tal como se realiza hoy, especialmente en la Amazonia– este aspecto destructivo se hace más evidente todavía. El garimpo, como se llamaba en Brasil a la minería artesanal, comienza a mecanizarse en la zona a partir de finales del siglo 20, cuando pasa a ser visto como una actividad ilegal. Este proceso se intensificó mucho en la primera década de los años 2000, consolidándose con la inserción, en las áreas de extracción, de retroexcavadoras, tractores oruga y cargadores frontales. Las transformaciones tecnológicas han garantizado más productividad a las minas ilegales y, en consecuencia, contribuyen con el alarmante aumento de la deforestación provocada por esta actividad, como lo vemos en Brasil desde 2015.

Hay una faceta de estas transformaciones tecnológicas que todavía se observa poco, por más que sea decisiva para el avance del garimpo: el perfil de sus financiadores. Hoy la actividad está promovida por organizaciones criminales fuertemente capitalizadas, que son capaces, por ejemplo, de reemplazar en pocas semanas máquinas como las mencionadas que hayan sido destruidas en operaciones de inspección del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama). ¡Y estamos hablando de máquinas que pueden costar 200.000 dólares cada una!

No es de extrañar que las noticias sobre los actores económicos y políticos que están por detrás de la minería ilegal siempre mencionen sumas exorbitantes de dinero. Por ejemplo: en un intento de cercar a los financiadores de las minas que operan en la Tierra Indígena (TI) Yanomami, en febrero de 2023, la Policía Federal descubrió una organización criminal que había hecho circular unos 85 millones de dólares en cinco años.

Operando en los estados de Roraima, São Paulo y Goiás, esta organización tiene entre sus principales nombres a un empresario llamado Bruno Cezar Cecchini, quien según la Agência Pública es el dueño de una aeronave donde, en 2019, se encontró el equivalente a casi 4 millones de dólares en lingotes de oro. Cecchini también actúa en el estado de Pará. Junto al coronel jubilado de la Policía Militar de São Paulo, Homero de Giorge Cerqueira –quien presidió el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (I9 21`CMBio) en el gobierno de Jair Bolsonaro–, está haciendo lobby para abrir el Área de Protección Ambiental (APA) de Tapajós a la explotación minera.

Vale señalar que esta descentralización de los principales nombres detrás del garimpo es una de las características contemporáneas de esta actividad. Quienes de hecho promueven la minería ilegal hoy –y los que más se benefician de ella– están esparcidos por varios estados del país, muy lejos de las áreas de extracción repletas de barro y mosquitos transmisores de malaria.

Existen, asimismo, aspectos políticos en esta transformación sociológica (que acompañó la transformación tecnológica) de la actividad. El caso de Valdinei de Souza, apodado “Nei Garimpeiro”, ilustra bien este punto. Investigado por comprar mercurio contrabandeado, Nei tiene una fortuna estimada en más de 200 millones de dólares y posee empresas del sector minero en los estados de Mato Grosso y Pará. Según el Ministerio Público, decenas de millones de reales de lucro provienen de la minería ilegal, lo que, a su vez, genera pérdidas socioambientales del valor de otras decenas de millones de reales. Del monto de su fortuna, se asignaron al menos 100 mil reales [unos 20 mil dólares] a la campaña para la reelección de Jair Bolsonaro y, en 2020, sus recursos financiaron más del 60% de la campaña de Valmir Climaco para alcalde de Itaituba, capital del oro ilegal del país, en el estado de Pará.

No debería espantar que durante el gobierno de Bolsonaro se haya producido un fortalecimiento político sin precedentes del garimpo en el período democrático. Aún en 2019, el primer escalafón de la gestión de Bolsonaro demostró que mantendría sus gabinetes receptivos a los mineros y lobistas que pleiteaban abrir áreas protegidas para la explotación minera. Y, a lo largo de los cuatro años de esta gestión, proliferaron ejemplos de medidas administrativas, propuestas legislativas, discursos y decisiones políticas que buscaban favorecer esta actividad, por más que esté prohibida en tierras indígenas y en unidades de conservación. Un efecto directo de este fortalecimiento político fue la propagación de candidaturas vinculadas a la minería en las elecciones de 2022 y la posterior formación de una “bancada de la minería”.

Además de los aspectos tecnológicos, sociológicos y políticos del avance de la minería en Brasil, es importante resaltar que el descontrol total de la cadena del oro indudablemente contribuye con el aumento de este problema. Desde mediados de 2013 una disposición legal les garantizaba a los compradores de oro –que, también por ley, tienen que ser indefectiblemente instituciones financieras– un blindaje completo con respecto a sus responsabilidades en la adquisición del mineral.

Se trata de la “presunta buena fe del comprador”, que eximía a los puestos de compra, vinculados a Distribuidoras de Títulos y Valores Mobiliarios (DTVM), de la obligación de verificar si el origen del oro que se les vendía era ilegal. En abril de 2023, la Corte Suprema suspendió los efectos de la “presunta buena fe” y cuatro meses después, en agosto, el Banco Central incorporó esa decisión a sus normas.

Aun así, la compra y venta del mineral es una actividad extremadamente propensa a fraudes. La facilidad con la que se “lava” el oro, por ejemplo, es impresionante: en el puesto de compra, el vendedor enmascara el origen ilegal del mineral declarando que se ha producido en una zona que tenía Licencia de Extracción Mineral legal. Y eso es todo. Parte de las soluciones a este problema son de orden infralegal, administrativa. Y parte está en el Proyecto de Ley (PL) 3025/23, presentado al Congreso en junio de este año (el PL reformula las reglas para el comercio y transporte de oro y, entre otras medidas, hace que sea obligatorio comprobar el origen del metal).

Asimismo, hay aspectos económicos involucrados en el avance del garimpo en Brasil. Uno de ellos es la volatilidad del precio del oro, que dispara en tiempos de crisis. Un claro ejemplo de esto se produjo precisamente durante la pandemia de Covid-19, cuando el precio del mineral batió récords en el mercado internacional, contribuyendo con lo que investigadores y periodistas llamaron la “nueva fiebre del oro” en la Amazonia. Otro aspecto que merece atención está vinculado a los impactos del aumento de la inflación y la caída de la oferta de empleos en el país sobre la población de menor renta. En contextos como este, la minería informal puede parecer una forma viable –aunque degradante e ilegal cuando la actividad se lleva a cabo en áreas protegidas– de obtener acceso a ingresos.

Es muy común encontrarse con verdaderos anuncios clasificados (como los del periódico) en grupos de mensajes instantáneas o comunidades en redes sociales: hombres buscando trabajo de operador de máquinas, mujeres ofreciendo mano de obra para las cocinas de las minas, entre otros. Estos clasificados se intercalan con discursos que ensalzan el coraje de los mineros que se enfrentan durante meses a la selva, al aislamiento y a la malaria. Por otro lado, también es común que aparezcan posteos de personas que buscan a familiares que nunca regresaron de las minas.

Quienes ocupan la base de la pirámide de la minería ilegal –los que realmente se ensucian de barro y pasan meses en la selva– están sujetos a los más diversos riesgos de accidentes, propagación de enfermedades, etc. Además, estas personas suelen estar sometidas a condiciones laborales degradantes, a menudo en situaciones de trabajo forzoso. Esto no mitiga el hecho de que están cometiendo crímenes, obviamente –como se vio en el caso de la TI Yanomami–, además de la explotación ilegal de oro, los mineros promovieron crímenes contra las comunidades locales, contra mujeres y niñas indígenas.

Lo que hay que reforzar es que, si bien el imaginario popular todavía se basa en la idea de que la minería ilegal es algo que solo concierne a los mineros –como una supuesta actividad artesanal y de bajo impacto–, la realidad en Brasil, hace ya más de una década, es otra. Y, pese al discurso de que ciertos municipios amazónicos dependen económicamente de esta actividad, ya está comprobado que el garimpo no promueve el progreso, sino la destrucción. En Jacareacanga, por ejemplo, donde se han registrado solicitudes de licencias de extracción de minerales, el daño causado por la actividad que se desarrolla al margen de la ley, de manera no autorizada, en tierras indígenas y unidades de conservación, es flagrante.