Poco más de 15 años separan el momento en que Luiz Inácio Lula da Silva posó sonriente con las manos cubiertas de petróleo celebrando el inicio de la producción del primer campo presalino de Brasil y el vídeo que publicó con motivo del 70.º aniversario de Petrobras, el 3 de octubre de 2023, cuando dijo que la empresa estatal debería «participar mucho más en la transición energética» del país. En la historia, 15 años no son muchos. Pero durante ese período, además del giro que supuso el regreso de Lula al poder, se impuso el abandono del largo siglo del petróleo —con un balance de riquezas materiales extraordinarias, una devastación medioambiental apocalíptica y guerras— como condición fundamental para evitar la catástrofe climática que amenaza a las nuevas generaciones.

Para muchos pensadores ecologistas, la «transición energética» se queda corta para lo que el mundo necesita. No solo consideran que es obligatorio dejar de quemar petróleo, gas y carbón, los combustibles fósiles que han llenado la atmósfera de gases que provocan el aumento de las temperaturas y modifican el equilibrio de la Tierra. También creen que no basta simplemente con sustituirlos por otras fuentes de energía —algunas a un coste elevado para la naturaleza y las comunidades que están en simbiosis con ella— para hacer frente a una emergencia que cuestiona el modelo de «progreso». El hiperconsumo, la sobreexplotación de la naturaleza y la inmensa desigualdad en la distribución de las ganancias materiales están en entredicho.

Pero la transición energética no tiene un camino claro en Brasil. A pesar de las numerosas advertencias de los científicos y de la frecuencia abrumadora de fenómenos extremos en 2023, las proyecciones del gobierno de Lula y de las empresas petroleras, incluida la estatal Petrobras, son de una mayor producción de petróleo. Y no porque el país lo necesite, sino para exportarlo.

El propio mensaje de Lula por el aniversario de Petrobras cayó en saco roto menos de dos meses después. En el primer plan estratégico que la estatal aprobó en su gobierno, el 23 de noviembre, solo el 7% de la inversión que se realizará en los próximos cinco años se destinará a nuevas energías, un porcentaje inferior al previsto.

Un año después de aquella foto de septiembre de 2008, cuando celebró el hallazgo de una gran reserva de petróleo bajo capas de sal y roca a 7.000 metros de la superficie del mar, Lula pronunció un discurso que resultó profético.  Al anunciar las regulaciones que, entre otras medidas, preveían destinar el dinero del petróleo a educación y sanidad a través de un fondo social, dijo que aquel «boleto ganador» podría pasar de ser una «bendición» a ser una «maldición». Para que eso no sucediera, afirmó, la mayor parte de los lucros debían quedarse en el país y destinarse a luchar contra la pobreza. Y añadió que Brasil no podía convertirse en exportador de crudo, como otros países «que han caído en la tentación del dinero fácil».

La mayoría de las medidas que Lula anunció en su discurso se deshicieron tras el impeachment de su sucesora, Dilma Rousseff, en 2016, que fue sustituida por el vicepresidente golpista Michel Temer, del partido Movimiento Democrático Brasileño. Durante el gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), el Fondo Social del Presal se utilizó para pagar la deuda del gobierno. Al término de 2022, contenía solo 19.800 millones de reales (4.000 millones de dólares), un valor equivalente al 0,3% del Fondo Soberano Noruego, creado también con regalías del petróleo y que Brasil tomó como modelo.

Lo irónico es que las perspectivas de que Brasil limpie su matriz energética —las fuentes de energía utilizadas para iluminar los hogares, cocinar, mover maquinarias e industrias y transportar personas y mercancías— son buenas. No obstante, los planes oficiales indican un aumento de la producción de petróleo en el país. Y no para mantener la «seguridad energética» de Brasil, como argumentó Petrobras cuando pidió al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) que reconsiderara la denegación de su licencia para perforar un pozo en la cuenca de la desembocadura del Amazonas, una zona de extrema sensibilidad ambiental en la costa amazónica. Sino para venderlo al exterior.

Brasil exportará contaminación a costa de destruir la naturaleza. Aunque cumpla las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y se convierta en la «potencia verde» que Lula ha proclamado en sus discursos por todo el mundo, la contradicción es inevitable.

Es altamente probable que estos dos objetivos se excluyan mutuamente, como señala Suely Araújo, expresidenta del Ibama y especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima, que reúne a 95 organizaciones socioambientales brasileñas. Araújo llama la atención sobre la falacia de otro argumento que los portavoces del gobierno utilizan mucho: que Brasil necesita los ingresos de nuevos frentes de exploración de petróleo para financiar la transición energética. «No tenemos tiempo para eso. Los bloques que se perforen hoy generarán producción y regalías dentro de una década. No tenemos una década para esperar la transición energética. Eso sería asumir un nivel de crisis climática insoportable», afirma.

En 2022, Brasil era el noveno productor mundial de petróleo de una lista encabezada por Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia. Produjo una media de 3,1 millones de barriles diarios, volumen que aumentará este año. Más de un tercio de esta producción se destinó a la exportación.

En febrero de 2023, la Empresa de Estudios Energéticos (EPE), organismo vinculado al Ministerio de Minas y Energía, publicó un Programa de Transición Energética. El documento prevé que la participación del petróleo en la matriz energética de Brasil disminuya del 35% actual a entre el 5% y el 15% en 2050, año en que el país se compromete a reducir a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que significa no emitir más de lo que la naturaleza es capaz de absorber. Sin embargo, el programa no sugiere reducir la producción. Según el documento, Brasil aumentaría su producción de crudo hasta unos 4,5 millones de barriles diarios al menos hasta 2040, «para satisfacer la demanda externa».

El Plan Nacional de Energía 2050, lanzado por la EPE en 2020, durante el gobierno de Bolsonaro, va más allá: afirma que Brasil consolidará su posición como «gran productor y exportador de petróleo» de aquí a 2050 y prevé una producción de 5,5 millones de barriles diarios en 2030 y de 6,1 millones en 2050. En un escenario exterior menos favorable, esta producción seguiría siendo de al menos 3,6 millones de barriles diarios dentro de 27 años.

Estas estimaciones dan pie a declaraciones como la que realizó el 9 de octubre el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, en una conversación con periodistas: «El petróleo que la humanidad va a consumir procederá cada vez más de Brasil». O la del presidente de la petrolera británica Shell en Brasil, Cristiano Pinto da Costa, que en febrero declaró al periódico O Estado de S. Paulo que los campos de petróleo de Brasil serán de los últimos que cierre su empresa. O la del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, que a finales de septiembre declaró al Financial Times que Brasil tiene «autoridad moral» para discutir con el mundo una «transición energética justa» y, a la vez, aumentar su producción de petróleo, en la que se incluye la que se quiere explotar en la desembocadura del Amazonas.

Silveira alegó que este privilegio se debe a que más del 80% de la matriz eléctrica del país —que solo contabiliza la energía que se utiliza para generar electricidad— se basa en fuentes no fósiles, una proporción mucho mayor que la media mundial, de un 30%. Si se considera toda la matriz energética —que incluye el transporte y los usos industriales y domésticos de los combustibles—, la proporción en Brasil supera el 50% de fuentes fósiles. Aunque este porcentaje es inferior a la media mundial, de casi el 85%, el sector energético es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil, séptimo emisor mundial. Al igual que es ineludible acabar con la deforestación, responsable de la mayoría de las emisiones brasileñas, es igualmente cierto que, sin cambiar la matriz energética, el país no será neutro en carbono en 2050.

También a finales de septiembre, la Agencia Internacional de Energía publicó su segundo informe en poco más de dos años sobre la «Hoja de ruta hacia las cero emisiones netas», es decir, lo que hay que hacer para que la matriz energética mundial reduzca a cero las emisiones en 2050. Todavía hay tiempo, dice el documento, para evitar que la temperatura media del planeta aumente más de 1,5 grados —en relación a los niveles anteriores a la Revolución Industrial— hasta finales de este siglo, a lo que se comprometieron los países en el Acuerdo de París sobre el clima, en 2015. Pero hay que correr: la demanda mundial de petróleo tiene que caer un 75%: de 97 millones de barriles diarios en 2022 a 77 millones en 2030 y 24 millones en 2050.

En la presentación del informe, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, el economista turco Fatih Birol, predijo que la demanda de petróleo alcanzará su punto máximo antes de 2030. También se mostró esperanzado por el aumento de la generación de energía eólica y solar y la venta de autos eléctricos. Birol reiteró la postura del informe anterior, de 2021, de que no es necesario abrir nuevos frentes de explotación de fósiles. «Las compañías de petróleo y gas deben reflexionar detenidamente, porque estas inversiones a gran escala en combustibles fósiles no solo suponen un riesgo para nuestro clima, sino también —debido a la nueva tendencia de la demanda— un riesgo empresarial, económico», afirmó.

A principios de septiembre, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático publicó el primer balance técnico mundial de las medidas que los países han adoptado hasta la fecha para cumplir el Acuerdo de París. El documento mostró que en 2019 y 2020 se invirtió más en combustibles fósiles que en acciones para detener la crisis climática, que incluyen la producción de combustibles renovables, aquellos que utilizan fuentes como el agua, el sol, el viento y la biomasa (materia orgánica que proviene de cultivos o desechos, como caña de azúcar, eucalipto, aceites, bagazo, basura).  A principios de noviembre, la ONU calculó que la producción mundial de petróleo prevista para 2030 es el doble de lo que sería compatible con la meta de limitar el aumento de la temperatura de la Tierra a 1,5 grados centígrados.

El abandono progresivo del uso de combustibles fósiles —phase-out en inglés— es la principal reivindicación de los movimientos ecologistas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de este año, la COP-28. El encuentro tendrá lugar a partir del 30 de noviembre en Dubái —en los Emiratos Árabes Unidos, país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)—, presidido por el director ejecutivo de la petrolera estatal local, Sultan Al Jaber. Lo máximo que se ha conseguido hasta ahora en las negociaciones, en 2021, es un compromiso de reducción progresiva, y solo del carbón.

En una entrevista a la Red Global sobre Petróleo y Gas, formada por organizaciones socioambientales que monitorean la producción de combustibles fósiles, la canadiense Catherine Abreu, directora de la ONG Destino Cero, afirmó que «2023 es un año decisivo para la credibilidad de las negociaciones» en las COP. Y añadió que la «historia condenará» a los grandes productores de combustibles fósiles que insisten en expandir sus proyectos: «podemos ver claramente a los arquitectos de nuestra devastación colectiva».

Para estos arquitectos de la devastación, la invasión rusa de Ucrania fue revigorante. Dependientes del gas ruso, que representaba un 35% de su consumo, los países europeos se apresuraron a firmar nuevos contratos de suministro con países árabes y africanos y retrasaron la sustitución del carbón. El gobierno conservador británico dio luz verde a explotar un megacampo en el mar del Norte. En Estados Unidos, la administración de Joe Biden, del Partido Demócrata, ha autorizado un nuevo frente de exploración en Alaska. La propia Rusia de Vladimir Putin ha escapado a los efectos de las sanciones sobre su petróleo aumentando las exportaciones a países como India y China.

La transición energética ha cedido protagonismo a la «seguridad energética».  Por ese motivo, Birol, de la Agencia Internacional de Energía, afirmó: «Los gobiernos deben separar el clima de la geopolítica, dada la magnitud del desafío».

Además de los dos informes ya publicados sobre la hoja de ruta hacia la neutralidad climática, la agencia publica anualmente una Prospectiva de la energía en el mundo, que se basa en las políticas que adoptan realmente los países. En el documento de 2022, Brasil figura en la lista de los que aumentarán su producción de petróleo al menos hasta 2040, junto con Estados Unidos, Canadá, Guyana, Venezuela y todos los países árabes: Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La prospectiva de 2023 destaca que, en América Latina, Brasil y Guyana son los países que planean un mayor aumento de la producción de petróleo destinado a la exportación de aquí a 2035. El texto advierte que, con esta decisión, las dos naciones se vuelven «muy sensibles al ritmo de las transiciones globales». Es decir: si el mundo reduce efectivamente la demanda de combustibles fósiles, puede que no haya nadie que compre el petróleo.

En la rueda de prensa del 9 de octubre, SUMAÚMA le preguntó a Jean Paul Prates, presidente de Petrobras, sobre esta información de la Agencia Internacional de Energía, a lo que respondió que le resulta «muy difícil creer» que la transición energética en el mundo se produzca en un plazo de 30 años.

Prates argumentó que la cadena de producción de Petrobras es una de las que menos carbono emite del mundo y citó las tecnologías de la empresa para reinyectar en el subsuelo el dióxido de carbono que se libera cuando se extrae petróleo. Aunque los ecologistas reconocen que la estatal ha reducido un 39% las emisiones en la producción desde 2015, aseguran que lo más determinante es lo que se emite en el uso cotidiano de los fósiles. Según un análisis del Observatorio del Clima, el 85% del carbono que genera Petrobras procede del consumo —y no de la producción— de petróleo y gas de la estatal.

Invertir en tecnologías que «capturan» el carbono y evitan que llegue a la atmósfera es una estrategia de las industrias contaminantes para reducir la presión que recae sobre ellas. Pero el último informe de la Agencia Internacional de Energía minimiza la importancia de estas tecnologías para el cumplimiento del Acuerdo de París, ya que sostiene que el carbono que deja de liberarse de esta forma equivale actualmente a solo el 0,1% de las emisiones anuales del sector energético.

SUMAÚMA también le preguntó a Prates si creía que la competencia dejaría espacio a Petrobras en un mercado internacional en declive, a lo que respondió que «esa no era la cuestión»: «Muchas petroleras van a hacer la transición —o incluso van a desaparecer, porque se van a convertir en otra cosa— más rápido que las estatales. El papel de las petroleras estatales será cargar sobre sus espaldas esta última necesidad», afirmó.  Prates alegó que, para la sociedad brasileña, es mejor que Petrobras «produzca hasta la última gota que necesitemos» que dejar que otras empresas ocupen ese espacio en Brasil. Petrobras extrae el 70% del petróleo brasileño, pero otras empresas también operan en el sector desde que se rompió el monopolio estatal durante el primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998).

A la pregunta de si tenía intención de revisar los escenarios que proyectan un aumento de la producción de petróleo y gas más allá de 2030, el Ministerio de Minas y Energía respondió que estas previsiones «se revisan constantemente». No obstante, solo citó factores coyunturales como base de estas revisiones, como «el descubrimiento de nuevas reservas» e «inversiones para explotar yacimientos ya descubiertos», sin mencionar la estimación de la Agencia Internacional de Energía de que la demanda mundial disminuirá a partir de 2030.

Roberto Schaeffer, profesor de Economía de la Energía en el Instituto Alberto Luiz Coimbra de Posgrado e Investigación en Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es uno de los autores del Programa de Transición Energética que se lanzó en febrero. Schaeffer defiende la postura de que el petróleo brasileño, en particular el del presal, «podría sustituir petróleos que tienen un coste de producción más elevado, una huella de carbono más alta y un coste de refinación más elevado». El problema es que, para que esta sustitución se produzca en consonancia con la necesaria reducción del consumo de fósiles, tendría que haber un acuerdo internacional sobre el phase-out. «Tiene sentido abandonar los campos de Canadá, Venezuela y Estados Unidos y, eventualmente, estimular petróleos como el brasileño y el angoleño», afirma.

Pero no el de la cuenca de la desembocadura del Amazonas. Schaeffer afirma que insistir en este nuevo frente de exploración «es pegarse un tiro en el pie»: «Hay que preservar la desembocadura del Amazonas por los riesgos que supone. Defender que se explore petróleo allí es ir en contra de las ventajas que tiene el petróleo brasileño sobre los demás».

El profesor trabaja con un horizonte de 20 a 30 años para el final de la era del petróleo. «Nuestros estudios muestran que la producción y la demanda disminuirán, casi a cero, en 2050 o 2060», afirma.  «La guerra en Ucrania ha confundido un poco las cosas, pero es el principio del fin», dice. «Si yo fuera el presidente de Petrobras, viendo que este negocio no será rentable dentro de 20 o 30 años, me preocuparía mucho por preparar a la empresa para un nuevo momento».

Ricardo Baitelo, gestor de proyectos del Instituto de Energía y Medio Ambiente, considera que Petrobras y los defensores de la explotación fósil en Brasil son «excesivamente optimistas» por contar con una cuota significativa de un mercado internacional de petróleo que tiende a la baja. Cita el caso de China, actualmente el mayor emisor de gases de efecto invernadero, que espera alcanzar el pico de consumo de petróleo antes de 2030. El país, el mayor comprador de petróleo brasileño, quiere reducir su dependencia del combustible importado también por las tensiones con Estados Unidos.

La expectativa de depender indefinidamente de las regalías del petróleo tiende a posponer los planes de transición, concluye Baitelo, y, a fin de cuentas, es malo para el clima, para Brasil y para Petrobras.

En sus dos primeros mandatos (2003-2006 y 2007-2010), Lula fue fotografiado al menos tres veces con las manos sucias de lo que, al principio de su era, se llamó «oro negro». A nadie se le escapó que estaba mimetizando el gesto que hizo el presidente nacionalista Getúlio Vargas en 1952, un año antes de que se aprobara la ley que creó Petrobras y otorgó a la estatal el monopolio de la exploración, producción y refinación de petróleo.

La campaña «El petróleo es nuestro» se había lanzado en 1948, liderada por estudiantes y militares nacionalistas. En aquel momento, Brasil solo había encontrado petróleo en volúmenes comercializables en pozos terrestres en el estado de Bahía. Sin embargo, los importantes descubrimientos en países vecinos, como Venezuela y Argentina, alimentaban la creencia de que también había abundantes yacimientos en Brasil.

El petróleo se formó hace millones de años a partir de restos de animales y plantas depositados en el fondo de lagos y mares. Inflamable e insoluble en agua, se utilizaba desde la antigüedad para iluminar casas y calafatear construcciones. En general, solo se utilizaba el petróleo que conseguía escapar hacia la superficie. Lo que cambió esta ecuación fue la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII. Al perfeccionarse el motor de vapor, los combustibles fósiles —inicialmente el carbón— pasaron a utilizarse para accionar máquinas y medios de transporte.

A principios del siglo XX, Estados Unidos se consolidó como el mayor productor mundial de petróleo, posición que mantuvo hasta la década de 1970 y que retomaría en 2018, con la explotación del gas y petróleo de esquisto, extraídos del interior de rocas que tienen que fracturarse con una mezcla de agua, arena y productos químicos. En la Primera Guerra Mundial, el suministro estadounidense de combustible a Francia y al Reino Unido fue fundamental para asegurar la derrota de Alemania y convertir el país americano en una superpotencia. Helen Thompson, profesora de economía política de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, considera este momento el comienzo de la «era del petróleo»: «Quedó claro que el poder militar del siglo XX se basaría en el petróleo como fuente de energía», declaró a la revista latinoamericana Nueva Sociedad.

Brasil, sin embargo, tuvo que esperar más de dos décadas tras la creación de Petrobras para encontrar reservas sustanciales, con la exploración de pozos en alta mar, en el litoral sureste del país. Pero la dependencia del petróleo importado no impidió que Brasil optara por el transporte por carretera —el mayor consumidor nacional de combustibles fósiles— durante ese período. Y con el descubrimiento del presal, en 2010, la producción brasileña pasó de 2 millones de barriles diarios a más de 3 millones en la actualidad.

La exportación de petróleo está ganando cada vez más peso en la economía brasileña. En 2022, la venta de crudo al exterior reportó 42.700 millones de dólares, cifra solo inferior a los 46.700 millones de dólares obtenidos por las exportaciones de soja. Desde un punto de vista puramente económico, el problema, como con todas las materias primas, es la fluctuación de los precios. En el escenario de emisiones cero que proyecta la Agencia Internacional de Energía, el valor del barril de petróleo sería de 42 dólares en 2030 y de 25 dólares en 2050, frente a los 90 dólares actuales.

No cabe duda de que la era del petróleo es responsable de la mutación climática del planeta. El Presupuesto mundial de carbono, un proyecto científico internacional, calcula que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pasó de 277 partes por millón a mediados del siglo XVIII a 417 partes por millón en 2022, lo que supone un aumento del 51%. Entre 2012 y 2021, se emitieron en todo el mundo una media de 35.000 millones de toneladas de carbono al año debido al uso de combustibles fósiles y 5.000 millones de toneladas por cambios en el uso de la tierra, como la deforestación. El aire estaría aún más contaminado si los bosques y los océanos no absorbieran casi la mitad de lo que se emite, aunque cada vez absorben menos por la explotación depredadora de la naturaleza.

El balance que realizó en septiembre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático muestra que la temperatura media del planeta entre 2011 y 2020 ya fue 1,1 grados centígrados superior a la de la era preindustrial. Las medidas que hasta ahora han anunciado los países son insuficientes para que este aumento no pase de 1,5 grados: de seguir así, la temperatura media podría subir entre 2,4 y 2,6 grados hasta finales de este siglo.

Desde principios del siglo XXI, científicos y filósofos debaten si la era del petróleo y su imbricación con la expansión del capitalismo y la noción dominante de progreso ha cambiado tanto el planeta que ha dado lugar a un nuevo período geológico: el Antropoceno. Esta era, que tendría el humano (de la palabra griega anthropos) en el centro, sería el resultado de un proceso interminable de subyugación de la naturaleza en nombre de un modelo de desarrollo basado en el consumo intensivo. En el Holoceno, que significa «totalmente nuevo» pero comenzó hace 12.000 años, tras la última Edad de Hielo, la estabilidad climática permitió el surgimiento de la agricultura y el asentamiento de poblaciones en ciudades. En el Antropoceno, sostienen estos estudiosos, las actividades humanas son las que determinan el funcionamiento de la naturaleza. Varios fenómenos interconectados —el calentamiento de la Tierra, la contaminación de ríos y mares, la pérdida de biodiversidad— amenazan la vida en la casa-común.

El filósofo francés Bruno Latour (1947-2022) solía decir que vivimos en un «nuevo régimen climático». Para frenar la destrucción, no basta con eliminar el carbono de la atmósfera: hay que «cambiar las condiciones de existencia» y dejar atrás la modernidad tal y como se entendía en la década de 1970, afirmó en una entrevista concedida al periódico Folha de S. Paulo en 2020.

La dificultad de alcanzar un consenso político sobre lo que hay que hacer se debe a la magnitud de los cambios que hay que hacer para evitar la extinción de la vida.

En el ensayo «El nuevo clima», incluido en el libro El gran retroceso (Seix Barral, 2017), Latour reflexiona sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2016 y expone lo que llama «ficción plausible». Las «élites ilustradas», afirma, comprendieron a finales de la década de 1990 que los peligros que planteaba el cambio climático iban en aumento y que habría que «pagar un alto precio». Pero decidieron que serían otros los que lo pagaran, y utilizaron el negacionismo como instrumento para alcanzar su fin.

«Si esta ficción plausible es correcta, nos permite captar la “desregulación” y el “desmantelamiento del estado de bienestar” de la década de 1980, la “negación del cambio climático” de la década de 2000 y, sobre todo, el aumento vertiginoso de la desigualdad en los últimos cuarenta años», escribió el filósofo. «Todas estas cosas son parte del mismo fenómeno: las élites se dieron cuenta de que no habría futuro para el mundo y de que necesitaban deshacerse de todas las cargas de la solidaridad lo más rápido posible (de ahí la desregulación). Necesitaban construir una especie de fortaleza dorada para el diminuto porcentaje de gente que lograría avanzar en la vida (lo que nos lleva a una creciente desigualdad) y, para ocultar el egoísmo craso de este vuelco del mundo común, negar completamente la existencia de la amenaza (es decir, negar el cambio climático)».

El impacto de ideas como las de Latour es de tal alcance que hoy la expresión «transición justa» está en boca de mucha gente, aunque con distintos énfasis e incluso significados.  Un debate que está tomando forma es el de gravar el carbono que emiten los combustibles fósiles como forma de presionar a las empresas. Los países africanos propusieron en septiembre un sistema mundial de impuestos sobre el comercio de estos combustibles, el transporte marítimo y la aviación. El dinero se destinaría a financiar acciones para enfrentar la crisis climática «a gran escala», según la Declaración de Nairobi.

El politólogo Breno Bringel, profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, forma parte de una red de académicos y activistas llamada Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur que tratan de analizar lo que denominan la «transición socioecológica» desde el punto de vista de las poblaciones del llamado Sur Global. Bringel es uno de los formuladores del concepto «consenso de la descarbonización», que presentó junto a la socióloga argentina Maristella Svampa en un artículo en la revista Nueva Sociedad. Ambos advierten de los riesgos de este acuerdo capitalista global que apuesta por una transición basada únicamente en el cambio de la matriz energética.

Pese a tener una apariencia verde, el «consenso de la descarbonización» amenaza con desembocar en una nueva fase extractivista, creando «zonas de sacrificio» en los países del Sur e incluso en regiones del Norte, escriben los autores. «Este consenso no tiene en cuenta todas las dimensiones de la transición ecológica, que debe incluir el sistema alimentario, la organización de las ciudades, el cambio de los patrones de consumo», advierte Bringel. «Es una idea movilizada en torno al discurso de la innovación y la tecnología, como si, una vez más, el capitalismo y la sociedad pudieran controlar la naturaleza».

El politólogo se reunió recientemente con organizaciones de la Unión Europea, que busca proveedores de materias primas y combustibles renovables, entre los que se encuentra el famoso «hidrógeno verde», el gas que se obtiene al utilizar energía de fuentes no fósiles, como la eólica o solar, para romper las moléculas del agua (compuestas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, o H²O). «En el fondo, la gran cuestión para los países centrales es la seguridad energética. Pero para los países del Sur, es la posibilidad de conseguir nuevas formas de financiación», analiza Bringel. «Brasil se proyecta como un nuevo nicho de mercado para vender tecnologías renovables a precios viables para el Norte Global».

En el vídeo de conmemoración del 70.º aniversario de Petrobras, Lula afirmó que la estatal es «más que una compañía de petróleo y gas». «La megaoportunidad que tiene este país, de ser el mayor centro de atracción de producción de energía renovable del mundo, dependerá de los esfuerzos de nuestra querida Petrobras», declaró. «Cuando se haya acabado el petróleo, Petrobras seguirá siendo la mayor empresa energética del país».

Pero ni la estatal ni el gobierno parecen tener claro cómo lo conseguirá.

Petrobras es la mayor empresa de Brasil y se encuentra entre las 10 mayores petroleras del mundo.  Sin embargo, incluso sus defensores reconocen que ha perdido gran parte del capital simbólico que tenía, tanto por las denuncias de corrupción de la Operación Lava Jato como por el «desmantelamiento» de la empresa por parte de los gobiernos de Bolsonaro (2019-2022) y Temer (2016-2018). En los últimos años, la estatal ha vendido decenas de activos, incluidas refinerías, y se ha concentrado en la prospección de petróleo.

El plan estratégico de la empresa que se aprobó en 2022 solo destinaba el 6% de las inversiones de los cuatro años siguientes, el equivalente a 4.400 millones de dólares, a «iniciativas de bajas emisiones de carbono». El plan se ha revisado y el nuevo, para el período 2024-2028, reserva el 11%. El porcentaje es inferior al 15% máximo que Prates había mencionado, y que es lo que, en media, invierten hoy las principales petroleras europeas.

En el plan estratégico que se divulgó el 23 de noviembre, la inversión total ha ascendido a 102.000 millones de dólares, un 31% más que en el plan anterior. Habrá más gasto en refinerías, pero la mayor parte, el 72%, seguirá destinándose a la exploración y producción de petróleo y gas. De los 11.500 millones de dólares que Petrobras prevé invertir en iniciativas de «bajas emisiones», en la práctica 7.000 millones se destinarán a energías no fósiles, como la eólica, la solar y los biocombustibles, es decir, menos del 7% del valor total, y aun así se trata de proyectos «en fase de maduración». El resto del dinero irá para investigación y, sobre todo, la «descarbonización» de las operaciones petrolíferas.

En los días previos a que el consejo de administración de Petrobras aprobara el nuevo plan, hubo mucha presión por parte del ministro Alexandre da Silveira y, sobre todo, del mercado financiero, que temía que la estatal empezara a generar menos beneficios a corto plazo.

La polémica sobre el plan estratégico reflejó el hecho de que Petrobras es una empresa «en disputa», como señaló Mahatma dos Santos, director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, en una entrevista a SUMAÚMA a finales de septiembre. «Es una empresa tan estratégica desde el punto de vista de la seguridad energética regional y mundial que está en permanente disputa», afirmó. «Los trabajadores son un actor, el mercado es otro. Lo que define las directrices empresariales de Petrobras son las dinámicas internas de gobernación y de la política nacional e internacional», añadió. Los accionistas privados, en su mayoría extranjeros, poseen el 49,74% de las acciones con derecho a voto y el 81,51% de las acciones sin derecho a voto de la estatal.

Roberto Schaeffer, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y Ricardo Baitelo, del Instituto de Energía y Medio Ambiente, insisten en que Brasil necesita definir pronto algunas políticas de transición energética, pues de lo contrario podría ir a remolque de las decisiones que se tomen en Estados Unidos, Europa o China. Tener una política definida también ayudaría a Petrobras a determinar en qué nuevas energías invertirá, argumentan ambos. «Para abandonar progresivamente los combustibles fósiles, los gobiernos y las empresas tienen que sustituir los ingresos que de ellos derivan por otros, y los ingresos de las renovables hoy todavía no son suficientes», opina Baitelo.

No está claro, por ejemplo, si habrá incentivos a la electrificación de automóviles y a la producción de hidrógeno verde para su uso en el país, y no solo para la exportación.  En el área de transporte, Brasil es experto en combustibles de biomasa, como el etanol. El gobierno ya ha enviado al Congreso un proyecto de ley sobre los «combustibles del futuro», centrado en los biocombustibles. No obstante, la Unión Europea apuesta por el hidrógeno como combustible del transporte marítimo y aéreo, y la industria automovilística mundial invierte en vehículos eléctricos. Por lo tanto, la preferencia de Brasil puede chocar con las opciones de sus socios comerciales.

Si sigue retrasando la planificación y la ejecución de la transición energética, Brasil podría acabar siendo rehén de una nueva geopolítica de la energía tan cruel como la de la era del petróleo. El uso de la energía solar, por ejemplo, ya representa el 5,3% de la capacidad de la red nacional de generación de electricidad. Pero la inmensa mayoría de las placas proceden de China. Además, existe en Brasil una carrera internacional por los minerales llamados «críticos» —como el litio, el cobalto, el níquel, el iridio y el platino—, que se utilizan en baterías y electrolizadores, los equipos que descomponen las moléculas de agua para obtener hidrógeno verde.

Este debate sobre lo que se puede hacer para sustituir los ingresos del petróleo y abrir nuevos frentes de desarrollo está teniendo lugar principalmente en la esfera del mercado, en el marco de lo que Breno Bringel y Maristella Svampa denominan «consenso de la descarbonización». El Pacto Ecosocial del Sur ha propuesto un esbozo de transición ecológica para Colombia, pero Bringel declaró que no puede transponerse a otros países porque todo depende de las realidades locales: las condiciones materiales, las experiencias comunitarias y las luchas como la que puede prohibir el fracking en territorio colombiano o la que llevó a los ecuatorianos a decidir en un referéndum, el pasado agosto, que se suspendiera la producción de petróleo en el Parque Yasuní, en la Amazonia. Para Bringel, una agenda alternativa tiene que replantearse los principios de la izquierda del siglo XX: «La izquierda aún considera que los tres grandes principios fundamentales son la igualdad, la justicia y la redistribución social», afirma. «Pero tenemos que añadirles los principios del cuidado, de la interdependencia entre los humanos y la naturaleza, de la reparación de la deuda climática y de la ética entre especies».

En la emergencia climática, nadie es una isla; las islas, de hecho, son las primeras en desaparecer con la subida del nivel de los océanos. La mayoría se enfrentará al dilema de cambiar o perecer. Si tenemos en cuenta la historia, existe un riesgo considerable de que la crisis derive en guerras y masacres.

Evitar este fin distópico implica una lucha política tan grande como el miedo a la extinción de la vida. Una lucha que pasa por la movilización de las poblaciones indígenas y tradicionales para garantizar su permanencia en las selvas y los biomas que conservan y de los que forman parte, la organización de los habitantes de las periferias que se pasan horas en autobuses abarrotados para llegar al trabajo, la lucha de quienes defienden la función social de la tierra, la capacidad de los activistas para hacer tambalear las estructuras del mundo de los rascacielos como los que Dubai erigió con el dinero del petróleo. Es una lucha de todos, y es hora de decir: si el petróleo es nuestro, tenemos derecho a decir que no lo queremos.