Este reportaje forma parte de la investigación Las Rutas del Oro Sucio, liderada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico en cinco países amazónicos y de la que SUMAÚMA es aliada

Una tarde de octubre, en el centro de Itaituba, a orillas del río Tapajós, casi todas las tiendas estaban cerradas; solo decidieron abrir quienes compraban oro. Las calles de esta ciudad en la Amazonia de Pará recordaban un desierto. No solo porque ardía bajo la sequía más intensa de la zona en 40 años, sino porque era feriado municipal y había poca gente en la calle. En la misma avenida donde están los bancos, varios establecimientos exhiben en secuencia, a lo largo de cuadras, letreros con las palabras “oro”, “gold” y “se compra”. Dentro de una de estas tiendas que compran oro de forma ilegal, cuatro hombres, que llevan puestos relojes de oro, pulseras de oro, anillos de oro y collares de oro, juguetean con su celular debajo de un ventilador de techo. Hay un horno lleno de trastos al lado de la pared y cristales de espejo que le impiden la visión a quien está afuera. Un hombre blanco y grandote se levanta. Tiene el pelo peinado hacia atrás, mojado con gel, la camisa abierta hasta el pecho: “¿Quiere vender metal?”, pregunta.

Ese día, los vendedores de la “calle del oro” festejaban los efectos de la guerra entre Israel y Hamás, que había provocado un aumento del 5% en el precio del mineral, de unos 60,5 a cerca de 64,5 dólares el gramo. En Itaituba las tiendas pagaban 59 dólares. “Cuando hubo una explosión en el Líbano, la gente pensó que era una guerra y en un solo día el [gramo de] oro subió 5 dólares. Así que imagínate: 1 kilo de oro es un lingote así de chiquito. Lo habías comprado a la mañana y por la tarde te habías ganado 5.000 dólares”, dice entusiasmado André, otro comprador. A principios de noviembre, según la plataforma Investing, el banco estadounidense Morgan Stanley publicó un informe que, al mencionar la tensión en Oriente Medio, recomendaba invertir en oro, considerado un “puerto seguro”.

Pero enseguida la expresión de André se deshace, sus ojos se contraen, se desalienta. Las últimas operaciones del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) contra la minería ilegal en los alrededores, además de las recientes investigaciones de la Policía Federal sobre la cadena del comercio de oro, terminaron frenando los negocios, cuenta. Después de 627 operaciones desencadenadas por la Policía Federal contra minas ilegales entre enero y noviembre de 2023, 439 arrestos, 736 órdenes de registro e incautación, 91,8 millones de dólares confiscados y una pérdida de 1.500 millones de dólares para los mineros de todo Brasil, se sentía un ambiente de incertidumbre en la capital del oro.

Las ventas se habían reducido y las confiscaciones aumentado. Investigaciones del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal trabaron el funcionamiento de algunos comercios. Incluso las solicitudes de Permiso de Extracción en Mina Artesanal enviadas a la Agencia Nacional de Minería se redujeron: se enviaron 1.585 entre enero de 2021 y junio de 2022 y 850 entre enero de 2022 y junio de 2023, según el estudio Boletín del Oro, del Centro de Teledetección Remota de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), el núcleo que ha realizado los más importantes estudios sobre este sector en los últimos años.

Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), cuando empezó la más reciente fiebre del oro en el río Tapajós, con el apoyo del expresidente (cuyo padre fue minero en Serra Pelada, un gigantesco agujero a cielo abierto que se convirtió en un “hormiguero” en los años 1980), las minas ilegales proliferaron no solo en la región de Itaituba, sino también en otros parajes amazónicos. El área explotada por la minería ilegal dentro de tierras indígenas creció un 265% entre 2018 y 2022; en las Unidades de Conservación (áreas naturales legalmente instituidas y protegidas por el gobierno brasileño) el aumento fue del 75% en el mismo período, según un estudio reciente de MapBiomas, una red colaborativa compuesta por ONGs, universidades y empresas de tecnología que se dedica a estudios socioambientales. Casi la mitad (40,7%) de las minas artesanales en la Amazonia se abrieron desde 2018 en adelante y más del 50% de las que se encuentran dentro de tierras indígenas también. El auge de la minería fue tan avasallante en los últimos años que la superficie dedicada a la minería artesanal (legal e ilegal) ha sobrepasado la de la minería industrial.

El esquema

Como pagan menos impuestos que las empresas mineras, el mineral de las minas artesanales siempre tiene una demanda alta. “El oro de las DTVMs es más barato que el de una empresa minera de Minas Gerais”, dice Sergio Leitão, director ejecutivo del Instituto Escolhas, una de las principales organizaciones no gubernamentales que se dedica a la investigación de este sector en Brasil. Con la sigla DTVMs se refiere a las Distribuidoras de Títulos y Valores Mobiliarios, que son instituciones financieras autorizadas por el Banco Central a comprar y revender el oro de estas minas en el país. “Porque solo tiene que pagar el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF), mientras que una compañía minera también tiene que pagar el Impuesto a la Circulación de Bienes y Servicios (ICMS), que es mucho más alto. A las empresas que compran oro les conviene abastecerse con el oro de estas Distribuidoras”. Además del metal extraído de estas minas, que, según la legislación suelen ser áreas de hasta 50 hectáreas cuya explotación debería ser artesanal –pero en la mayoría de los casos no lo es–, existe la explotación industrial, dominada en Brasil por las grandes multinacionales, como Kinross y AngloGold Ashanti. En la región del Tapajós, las empresas mineras más fuertes son la inglesa Serabi Gold y la canadiense Brazauro.

Itaituba sobresale en este estudio porque representa el 16% de todos los agujeros que ya han hecho mineros y empresas mineras en busca de oro en Brasil, según MapBiomas. No sorprende, por lo tanto, que el municipio se haya convertido, con mucha diferencia, en el mayor recaudador de la Compensación Financiera por Explotación Mineral (Cfem), una compensación que quienes extraen riquezas del suelo les tienen que pagar al gobierno nacional, a los estados y a los municipios. Entre 2018 y 2021 hubo un aumento del 475% en la recaudación de la ciudad, que saltó de 2,2 millones de dólares a 12,4 millones de dólares.

En 2022 el municipio produjo 12,4 toneladas de oro, lo que equivale aproximadamente a 740 millones de dólares, una cifra ocho veces superior al presupuesto de la ciudad para ese año. Cuando analizaron los datos sobre el origen del mineral, los investigadores del Centro de Teledetección Remota de la Universidad Federal de Minas Gerais identificaron que 5,6 toneladas eran legales, estaban vinculadas en la Compensación Financiera por Explotación Mineral a permisos regulares. Otras 6,8 toneladas (el 55%) fueron consideradas irregulares: 1,7 de las cuales estaban vinculadas en su documentación a minas que ni siquiera existían en el territorio. Vistos por imágenes de satélite, los puntos del mapa que deberían mostrar la extracción de oro abarcaban áreas de selva densa.

Los investigadores y los fiscales del Ministerio Público Federal de Pará empezaron a darse cuenta de que había un enorme esquema de lavado de oro. Ya se sabía que Itaituba concentraba la mayor cantidad de minas artesanales con autorización gubernamental para operar. De los 5.831 permisos de extracción de oro concedidos desde 1980, según la Agencia Nacional de Minería, 2.361 corresponden a áreas de Itaituba; entre las que 1.026 están activas. Sin embargo, no todas producen tanto oro como se les atribuye, un indicio de que pueden estar usando estas minas autorizadas de los alrededores de la ciudad como origen falso del oro extraído ilegalmente de otras áreas. La policía se dio cuenta de esto. Desde entonces, Itaituba, conocida como “ciudad pepita” –que en tupí significa “piedra menuda”–, adquirió un nuevo apodo. Ahora las autoridades la llaman “capital del lavado de oro”.

“Tenemos datos que refuerzan esta afirmación. Primero, Itaituba concentraba en 2021 casi el 50% de las minas artesanales con permiso del país. En la ciudad se pueden encontrar muchos lugares para lavar el oro; y para lavar oro hacen falta estos permisos. Segundo: es la ciudad con más centros de compra de oro autorizados por el Banco Central. En los datos que reunimos a finales de 2021, Itaituba tenía 23 de estos centros, la segunda ciudad de Pará que más tiene es Novo Progresso, con cinco”, dice el investigador Rodrigo Oliveira, coautor del estudio Terra Rasgada, sobre el avance de la minería artesanal en el país. Los centros de compra de oro son los brazos “locales” de las Distribuidoras. Cuando una Distribuidora de Títulos y Valores Mobiliarios (o su centro de compra) adquiere el metal, hay que completar una factura indicando el lugar del que se extrajo el oro. Cuando esta declaración de origen es falsa, se consolida el proceso de legalización.

“Estos datos por sí solos ya nos darían la hipótesis de que Itaituba es la capital del blanqueo, aunque operaciones de la Policía Federal y del Ministerio Público ya lo han confirmado. En muchas de las operaciones realizadas en los estados de Roraima [donde solo hay dos minas legalizadas], Rondonia, Amazonas y también en la Tierra Indígena Kayapó [donde la actividad está prohibida], se identificó un gran flujo de dinero proveniente de Itaituba”, añade el especialista, que también es funcionario del Ministerio Público Federal. Oliveira cita un estudio de la organización no gubernamental WWF que analizó el área dedicada a la minería artesanal en el municipio. Los investigadores comprobaron que solo en el 8,4% de esa zona se contaba con autorización gubernamental para funcionar, por lo tanto, desde el punto de vista territorial, más del 90% de la actividad de extracción en Itaituba se desarrolla de forma ilícita.

Además de ser la lavandería brasileña del mineral, Itaituba es una ciudad cuyo alcalde, Valmir Climaco (del partido Movimiento Democrático Brasileño de Pará), posee minas y una hacienda donde hace cuatro años la policía descubrió un avión con 580 kilos de cocaína y dos fusiles. Del mismo partido que el gobernador de Pará, Helder Barbalho, Climaco le alquiló el avión de su familia durante su campaña de reelección en 2022. Ya en su primer mandato, Barbalho les transfirió a las municipalidades la responsabilidad de expedir licencias ambientales para las minas artesanales. El alcalde de Itaituba salió, en ese momento, a repartir permisos para destruir la selva. Fueron más de 500, desde enero de 2017, que nunca fueron inspeccionados; él mismo se lo admitió al periódico O Globo.

El alcalde niega haberse beneficiado de la explotación ilegal de oro en la zona. “No, nunca [exploté oro ilegalmente]”, le dijo a SUMAÚMA/OjoPúblico. “Soy dueño [de minas], están legalizadas, pero paradas desde hace tres años porque hay mucha burocracia, así que decidimos parar [sic]. Y no está dando oro casi [sic]. No, no vale la pena seguir”. Sobre la cocaína descubierta en su hacienda, dice: “Fueron los narcotraficantes quienes aterrizaron allí sin una orden nuestra y lo denunciamos”.

Itaituba es una ciudad de construcciones que se desmoronan, alcantarillas a cielo abierto, señalización de tráfico precaria, inundaciones, miseria y un asesinato cada ocho días, pero está llena de camionetas 4×4 que cuestan el precio de un apartamento. La ciudad alberga un puerto que distribuye los granos producidos en Brasil al resto del mundo, pero los pasajeros que viven allí se ven obligados a pagar para cruzar las aguas en lanchas viejas y abarrotadas. Tiene 123.000 habitantes, de los cuales solo 18.000 tienen empleo formal, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, pero dondequiera que se mire se pueden ver hombres en autos caros que lucen joyas doradas en el cuerpo, cadenas colgando del cuello, oro en los dientes.

En los aviones con destino a Itaituba, las joyas forman parte de la estética de los pasajeros. Desde la ventanilla se pueden ver minas, troncos caídos y selva arrancada. Las letras que cuelgan en el cartel enclenque del aeropuerto nos recuerdan que los gestores públicos de allí parecen haberse olvidado de todo excepto de cuidar sus propias finanzas. La panadería se llama “Pan de Oro”. La carnicería, “Buey de Oro”. En la orilla hay una estatua de un minero. Podría ser la de una retroexcavadora.

La ciudad atrae a gente de distintas partes de Brasil que va a regularizar el metal extraído ilegalmente, debido al gran número de permisos de extracción que fueron autorizados por el gobierno, revelan investigaciones de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal. A pesar de la alta concentración de minas artesanales legalizadas en esta región del río Tapajós, el desmantelamiento de la inspección ambiental durante el gobierno de Bolsonaro y el frágil marco regulatorio del sector contaminaron el país de ilegalidades. Y lo peor: como toda la producción brasileña de este mineral se exporta, Brasil está enviando al mundo oro con sangre indígena.

“El 100% de la producción de oro de Brasil se exporta”, asegura Leitão. “Nada queda aquí. Cerca del 25% del comercio entre Brasil e Inglaterra es de oro, del cual el 70% se exporta también a Suiza”.

En 2016 la Policía Federal llevó a cabo una operación para cerrar una mina ilegal cerca de la Tierra Indígena Z’oé, en Óbidos, a 635 kilómetros de Itaituba. Tres mineros fueron arrestados. Posteriormente, dijeron en su declaración que vendían el oro ilegal a la tienda de la empresa Ourominas DTVM en Santarém, a 368 kilómetros de Itaituba, sin que los empleados cuestionaran el origen del metal, como exige la ley. Solo les pedían el DNI y el Registro Único de Contribuyente, según se detalla en la Acción Civil Pública interpuesta por el Ministerio Público en 2019. A los investigadores les pareció raro. Cuando se levantó el secreto fiscal de la empresa se localizaron las facturas que se habían emitido al trío de mineros. Los agentes comprobaron que el oro extraído de la mina clandestina en Óbidos tenía su origen vinculado a un permiso (es decir, a una mina autorizada por la Agencia Nacional de Minería) de Itaituba. ¡Eureka!

Las minas mencionadas en los documentos fiscales como origen del oro no lo habían producido. La verdadera producción estaba en las minas ilegales dentro de áreas protegidas. A partir de este descubrimiento, los investigadores analizaron varias facturas de compra de oro y la documentación de permisos de la empresa Ourominas. Durante la investigación, el Ministerio Público Federal concluyó que la empresa llevaba años adquiriendo oro de minas clandestinas. Al falsificar el origen del metal en las facturas, que hasta entonces eran de papel y se completaban a mano, los empleados de Santarém transformaban el mineral ilegal en legalizado.

A partir de este estudio, los investigadores Bruno Manzolli y Raoni Rajão, de la Universidad Federal de Minas Gerais, en colaboración con el Ministerio Público Federal, replicaron la metodología de la Policía Federal a escala nacional. El estudio Legalidad de la Producción de Oro en Brasil [publicado en portugués] puso de manifiesto la forma que habían encontrado los empresarios del rubro para legalizar el mineral arrancado de la selva. Los datos llamaron la atención de la comunidad científica y académica, de las instituciones y de la prensa. La Policía Federal empezó a profundizar las investigaciones. Bolsonaro les estaba abriendo la tranquera a los mineros. La sociedad estaba abriendo los ojos a todo esto. Posteriormente, los estudios demostraron que el 96% de las áreas deforestadas para extracción en la Amazonia se encuentran fuera de los lugares declarados oficialmente como origen del oro.

Hay cámaras instaladas en la fachada de la tienda Ourominas en Itaituba. Los cristales son oscuros. La puerta está siempre cerrada con llave, hay que llamar a un empleado cuando se quiere entrar. En la calle algunos establecimientos compran el oro de forma clandestina. Ourominas es distinta, es una Distribuidora de Títulos y Valores Mobiliarios que tiene autorización del Banco Central para adquirir y revender el mineral. Por lo tanto, solo en una de estas distribuidoras se puede llevar a cabo el “lavado” del oro, por más que las fachadas de las tiendas –un conglomerado de palabras en colores vibrantes– sean muy similares.

Del lado de afuera circulan mineros de varios lugares. Así como los comerciantes de repuestos para máquinas, los especialistas en bombas de agua, los mecánicos de dragas, los buceadores y los pilotos de avión, los mineros persiguen el oro. Últimamente muchos han migrado a Guyana, donde la casiterita es el producto más fuerte, dice un comisario federal especializado en el combate a crímenes ambientales, que habló con SUMAÚMA/OjoPúblico bajo condición de anonimato. Según relató, otros vienen desde el territorio Yanomami: “Los mineros de Itaituba tienen una conexión con los Yanomami. Hubo mineros que migraron de la tierra Yanomami a Itaituba después de las operaciones que se hicieron allí. Los dueños de minas tienen negocios en los dos estados, a veces en varias otras regiones al mismo tiempo”, dice. Incluso la aerolínea Azul, recuerda, lanzó, en diciembre de 2022, un vuelo que conecta Boa Vista a Itaituba. “Ellos [los mineros] nunca abandonan el Tapajós”. En Roraima no se puede “lavar” el oro, porque allí no hay minas artesanales que tengan permiso de extracción. Contactada a través de su oficina de prensa para obtener información sobre estudios de viabilidad de vuelos y flujo de pasajeros, la aerolínea Azul dijo que el vuelo no es directo, sino con conexión en Manaos.

El oro suele llegar en bruto a la empresa Ourominas de Itaituba, dice André, empleado de la Distribuidora de Títulos y Valores Mobiliarios. A veces aparece de color parduzco, mezclado con arena y otros minerales. Los empleados lo derriten y lo vierten en moldes de hierro para que se endurezca en barritas de 50 gramos, 100, 500 o de 1 kilo. Luego, suelen comprobar la pureza y verificar el peso. Después emiten el formulario de pago de la Compensación Financiera por la Explotación Mineral (Cfem), declarando de dónde se extrajo el oro.

Es en este momento, según investigaciones de la Policía Federal, cuando se produce el blanqueo. Se falsifica el campo reservado para el lugar de la extracción del oro. La policía confirmó el método al descubrir que la sucursal Ourominas de Santarém estaba usando una base de datos con números de permisos regulares para falsificar las facturas (que usaban como origen del oro), pero el metal se había extraído de otro lugar. El vendedor que acudió a la distribuidora no tuvo que preocuparse por suministrar un origen. La misma tienda hacía el trámite y concretaba el fraude, según se detalla en una Acción Civil Pública del Ministerio Público Federal.

“Generalmente, el minero, cuando el área [que tiene permiso de extracción] no es suya, está en una cooperativa. Cooperativa X. Entonces ya debe estar registrada aquí, tiene sus datos…”, dice André, en Itaituba, mirando su computadora. “Se hacía así. Pero ahora, como quitaron la buena fe…”

El empleado de Ourominas en Itaituba se refiere a la suspensión, por parte de la Corte Suprema, del párrafo 4º del artículo 39 de la ley 12.844 de 2013, que presumía la legalidad del oro adquirido y la buena fe del comprador. Con el avance de las investigaciones de la Policía Federal, la presión de la sociedad civil y la declaración de emergencia sanitaria en la Tierra Indígena Yanomami después de una denuncia de SUMAÚMA en enero de 2023 el ministro Gilmar Mendes suspendió este párrafo de la ley en abril.

“Debido a ese artículo teníamos un mecanismo que institucionalizaba el lavado de recursos al permitir que el comprador de oro dijera que lo había comprado ‘de buena fe’ hasta que se probara lo contrario”, analiza el investigador Rodrigo Oliveira. “¿De qué manera esto perjudica el combate al oro ilegal? Ellos [los compradores] daban ese argumento de que no tenían que adoptar ningún chequeo sobre el origen del oro. Y, como tienen la presunción de buena fe, en términos criminales se hace más difícil que los órganos de investigación prueben una conducta dolosa [con intención de cometer un acto criminal]”, completa. Sergio Leitão, del Instituto Escolhas, agrega: “En la práctica, este artículo significaba una dificultad inmensa de punición [de los compradores de oro ilegal]. ¿Cómo castigar a quien ya es santo?”.

La decisión provisional, respaldada por los demás ministros de la Corte Suprema, cita el fragmento de un documento redactado por el Ministerio de Justicia: “La presunción de legalidad en la producción y de buena fe del comprador impide la creación de mecanismos de rastreabilidad y responsabilización de las Distribuidoras de Títulos y Valores Mobiliarios”. Ante la dificultad de responsabilizar a los compradores, Gilmar Mendes también determinó que el gobierno Lula creara “un nuevo marco regulatorio para la fiscalización del comercio de oro, especialmente en lo que respecta a la verificación del origen legal del oro adquirido por las Distribuidoras”, así como medidas para inviabilizar la compra de oro proveniente de Tierras Indígenas y áreas protegidas. El caso todavía será juzgado definitivamente por la Corte Suprema.

Unos días antes, la Agencia Tributaria Federal había editado una instrucción normativa que creaba una factura electrónica, que empezó a valer en agosto, para reemplazar las antiguas facturas de papel que tenía que completar el vendedor. Ahora las autoridades pueden verificar en tiempo real los documentos que antes quedaban relegados a los cajones del comprador de oro, y los comisarios ya no tendrán que perder tiempo escaneando facturas. En junio de 2023 el gobierno envió un proyecto de ley con nuevas reglas para el comercio y el transporte de oro. Otros parlamentarios hicieron lo mismo. Desde entonces, los proyectos están parados en la Cámara de Diputados a la espera de una votación.

Una de las soluciones, dice Leitão, es la exigencia de estudios de minería para la liberación de permisos de extracción, de modo que el gobierno pueda conocer la capacidad mineral de cada Plan de Extracción Minera, evitando los récords de producción ficticios, un efecto secundario del lavado del oro. “Hemos tenido un buen comienzo, pero queda mucho por hacer”, dice Leitão al mencionar los obstáculos en la lucha contra la minería ilegal, como la acumulación de permisos por persona física. “La minería artesanal ya no es una actividad rudimentaria [como dice la ley], sino empresarial. Puede que tenga un pie en el barranco, pero su cabeza está en la Faria Lima”, afirma, refiriéndose a la avenida de la ciudad de São Paulo dominada por banqueros y empresas de tecnología.

En el interior de la tienda Ourominas, que, al igual que las Distribuidoras de Títulos Fênix y D’Gold, fue objeto de recientes investigaciones de la Policía Federal y enfrenta batallas judiciales, el ambiente era fresco y reservado. El aire acondicionado a tope daba la sensación de un otoño europeo. Es una sala amplia con un horno al fondo, como los de hacer cerámica, que sobrepasan los 1.000 grados Celsius, pero que se usa para derretir oro. Ocho empleados hablaban sobre nada importante. Un sargento de la Policía Militar de Pará, que tenía puesto el uniforme de la empresa, se encargaba de la seguridad. Sobre una mesa centralizada había un sistema de análisis hidrostático, con balanza, conectado a una computadora con un software que, a partir del principio de Arquímedes, calcula la pureza del oro que traen los mineros. En otro rincón hay un bar repleto de botellas de aguardiente y whisky con un cartel que dice: “Aquí los mineros no pagan”. Al fondo, un mapa que ocupa toda una pared muestra las pistas de aterrizaje clandestinas en minas de la región de Tapajós: Garimpo do Rato, Tabocal, Cuiú Cuiú, Japonês, Dá teu Jeito, Creporizão, Piranha. Estaban todas allí en un mapa hecho a medida. A la derecha, en otra pared, en una foto antigua, ampliada y enmarcada, están los fundadores de Ourominas, Juarez de Oliveira e Silva Filho y Roselito Soares, todavía jóvenes, frente a una balanza y un puñado de oro.

La foto es de los años 1980. Una época en la que todavía no sabían que su empresa iba a estar entre las principales compradoras de oro ilegal del país. Ni tampoco que sería la dueña de una de las pocas mansiones de Itaituba, a orillas del río Tapajós. Tampoco se podían imaginar que los fiscales descubrirían que 1.080 kilos de oro comprados por Ourominas de Itaituba entre 2019 y 2020 habían tenido su origen falsificado. Ni que Juárez terminaría dejando escapar, en una declaración ante la policía, que vendió oro ilegal a HStern, una de las joyerías más grandes del mundo, con casi 70 tiendas, según lo que reveló a Repórter Brasil.

En 2021 el Ministerio Público Federal pidió la suspensión de las actividades de Ourominas, así como también de D’Gold DTVM y Carol DTVM, acusándolas de haber vendido más de 4 toneladas de oro ilegal en 2019 y 2020. Puede que las empresas tengan que pagar 2.100 millones de dólares por daños socioambientales. Pero hasta ahora solo una Distribuidora de Títulos y Valores Mobiliarios fue suspendida en base a las investigaciones de la Policía Federal: el 6 de noviembre la Corte del estado de Pará ordenó la suspensión de todas las actividades de Fênix DTVM, cuyos directores son amigos y aliados de negocios de Valdinei Mauro de Souza, conocido como Nei Garimpeiro, uno de los principales empresarios de la minería artesanal de Brasil y colaborador de la campaña de reelección de Jair Bolsonaro.

A las 4 de la tarde los empleados de Ourominas se prepararon para terminar la jornada laboral. André está acostumbrado a organizar los lingotes de oro y ponerlos en un avión con destino a São Paulo, donde se paga mejor. A esa hora, sin embargo, solo se acordó de guardar las barras de tungsteno en las cajas fuertes, ya que no había oro. “Es para engañar al ladrón”, afirma, ya que el tungsteno pesa casi lo mismo que el oro. Se mete las manos en los bolsillos, las mismas que trabajan en la computadora que está ahí mismo, sobre la mesa, donde se registra el oro.

Cuando SUMAÚMA/OjoPúblico entró en contacto con Ourominas, esta dijo que no se manifestaría sobre hechos “ya tratados” en 2016 y no contestó las preguntas enviadas. Por otro lado, HStern afirmó que “los metales y las gemas preciosas que usa para la confección de sus joyas vienen de proveedores de excelente reputación, que trabajan siguiendo las normas para la correcta extracción de materias primas de la naturaleza”. La empresa no se pronunció sobre la supuesta relación comercial con Ourominas. D’Gold dijo que “opera con estrictos mecanismos de compliance que impiden la compra de oro de origen ilegal. (…) Ninguna operación fue ni se realiza al margen de la legislación vigente”, afirmó en nota enviada a SUMAÚMA/OjoPúblico.

Fênix DTVM dijo, también en una nota enviada a SUMAÚMA/OjoPúblico, que “sigue estando totalmente habilitada para realizar sus operaciones de comercio de oro, incluso en el estado de Pará, donde anteriormente la habían suspendido según una decisión judicial”. De acuerdo con la empresa, la suspensión se debió a “una denuncia de que una cooperativa de mineros [cliente de Fênix DTVM] estaría supuestamente realizando lavado de oro. (…) La comercialización de la cooperativa que usaba este permiso de extracción se producía según las exigencias legales para garantizar la regularidad de la primera adquisición de oro, lo que no indicaba ninguna sospecha de que pudiera existir alguna actividad de ‘lavado de oro’ por parte de la cooperativa”, dice el texto.

Contactada a través de su oficina de prensa, por teléfono y correo electrónico, Carol DTVM no dio ninguna respuesta a SUMAÚMA/OjoPúblico.

El tramo de la carretera Transamazônica entre Itaituba y el municipio de Jacareacanga, a 390 kilómetros de distancia, es una raya de tierra roja que atraviesa el mar de selva. En esa parte de la selva hay un volcán inactivo. Nunca se supo exactamente si fue su fuerza descomunal lo que, eventualmente, en un pasado lejano, trajo tanto oro a la superficie en la provincia aurífera del río Tapajós o si en realidad fueron las colisiones entre estrellas de neutrones las que arrojaron meteoros dorados sobre la Tierra. Se sabe, sin embargo, que el oro sigue allí, entrelazado a la espesa masa de vida que es la selva Amazónica.

En la Amazonia todo es grandioso. Las palmeras son enormes. Los castaños y bananos, monumentales. En 2001, en Itaituba, encontraron el fósil de un perezoso gigante, de 6 metros de largo y 13 mil años de antigüedad. Hay ruinas de civilizaciones antiguas. Y relatos de criaturas fantásticas, como el Mapinguari, pie grande o pata redonda. Un perezoso gigante con caparazón de armadillo. Un enorme tamanduá de un solo ojo, abierto en la frente y con la boca en el vientre. Un chamán hechizado.

En dos días por la Transamazónica pudimos ver un grupo de aves paujiles, una tortuga morrocoy, dos tarántulas, una garza agamí, un agutí, una ardilla, lagartijas y mariposas de todos los colores cruzando la carretera. Parado en medio del camino, un armadillo gigante del tamaño de un jabalí interrumpe el flujo de las camionetas de carga que, por unos 400 dólares, transportan hasta 1 tonelada de mercancías a las minas, atropellando invariablemente a seres vivos a lo largo del camino. En avión, con capacidad para 500 kilos, el envío cuesta 600 dólares. Es por eso también que una botella de refresco cuesta 10 dólares en la mina, mientras una botella de aguardiente cuesta nada menos que 1 gramo de oro, casi 60 dólares.

En el kilómetro 1.294 un rastro de retroexcavadora avanza hacia el interior oscuro de la selva, la vegetación aplastada por el peso del acero. En Itaituba la selva es menos temida que los hombres. La minera Marinês Feitosa, de 54 años, lo sabe. “Ya vi que vendían whisky en las minas por hasta 1.000 dólares”, dice. “Hay mineros que son el mismísimo diablo. Justo estos días, el 1º [de octubre], el tipo le clavó un cuchillo al otro allí mismo”, cuenta, señalando un banco del lado de afuera del restaurante. “El cuchillo le entró por el pecho y le salió por la espalda. El hombre terminó de morir al otro lado de la carretera”.

Indignado por la escena, el minero Chico, novio de Marinês, gritó: “¡¿Estás loco?! Ya te va a llegar lo tuyo”. Y corrió a buscar su revólver a la habitación, pero Marinês ya estaba allí con la puerta cerrada con llave. “Acá no vas a entrar”, le dijo. No hizo falta. Minutos después se escucharon disparos. Un amigo del muerto sacó un arma y le disparó al asesino en la cabeza. “Se acercó y dijo: ‘¿Así que quieres matar? ¿Te crees el único macho?’ Y le dio con la 20 nomás. Murió en el acto”, dice Marinês. Los dos cuerpos estuvieron 24 horas enfrente del restaurante, al otro lado de la carretera, donde ahora descansan los perros. El Instituto Médico Legal nunca se presentó a llevárselos. Los vecinos tuvieron que hacerse cargo del traslado a la ciudad.

Dueña del restaurante Amigo do Garimpeiro [Amigo del minero, en español], en un margen de la Transamazônica, en un antiguo almacén usado por mineros del Tapajós, Marinês es una de las pioneras de la región. Llegó en 1982, a los 12 años. “Fui criada en las minas y crié a mis hijos en las minas”. Nacida en Marabá, creció en Itaituba y más tarde se mudó al pueblito de casas de madera, donde vive hasta la fecha. Limpia las mesas, sirve el almuerzo y alquila pequeñas habitaciones que albergan viajeros, Ribereños, cocineras, camioneros, mecánicos, prostitutas, pistoleros, extranjeros, prófugos de la justicia… “Por aquí ya pasó de todo”, dice. También tiene dos minas y compra oro. “En mi mostrador pago 44 dólares [por gramo]”, cuenta. “En la ciudad lo vendo a 50. Tengo que pagar barato, nunca se sabe si me confiscarán el oro en el camino”.

De todo el mineral que un día salió de la cuenca del Tapajós en los últimos 65 años, gran parte despegó de la pista de aterrizaje que está del otro lado de la carretera, a 30 metros del restaurante. Conocido como “km 180”, o simplemente “180”, el lugar está rodeado de tortuosos senderos que conducen a las heridas abiertas en la selva por la minería. En la ciudad, los alrededores son conocidos por la calidad del metal. “La concentración de lo que viene de allí es buena, 93, 95, 92, 94 [por ciento]”, dice un comprador de Itaituba. Cuando alcanza el 99% se considera puro, el llamado “oro mil”, de 24 quilates.

“Aquí había unos ochenta vuelos al día”, calcula Chico, recordando cómo era la pista hace tres años. “Incluso después de la pandemia todavía hubo muchos vuelos. Después empezaron a quemar, quemar, quemar [retroexcavadoras], así que ya no queda nadie a quien llevarle [cargas en aviones]. Había demasiados vuelos, ahora hay muy pocos. La mayoría de la gente está parada”. Mientras habla, dos aviones despegan de la pista.

Pasa un camión que transporta una retroexcavadora. Un camión lleno de equipos de minería, con una antena Starlink (la internet del supermillonario Elon Musk) atada al techo, acelera y desaparece. El polvo del camino cubre las hojas de los árboles, la selva se tiñe de naranja. El movimiento se redujo, pero nunca se detuvo. “Si se compara a todo lo que circulaba por aquí llega a un 50% menos, pero estamos trabajando”, dice Luizinho, de 31 años, que tiene un taller de llantas “en el 180” y una mina a 35 kilómetros de allí. “Estamos trabajando despacito. En secreto. Solo con una ‘quatinha’ [motor que bombea tierra desde barrancos mojados hacia una moqueta donde el oro queda atrapado]. Ya no podemos usar más una excavadora. Quienes las usan trabajan más de noche. La boquilla de chorro [un tipo de manguera que se usa para deshacer los barrancos] es con lo que más estamos trabajando ahora”. Con este método apuntan el chorro de agua contra el barranco y aspiran el lodo con una bomba.

“También me quemaron mi PC”, dice Luizinho, mencionando el término que los mineros usan para llamar a las retroexcavadoras. “Era de un amigo mío, trabajaba con ella. Aquí en la zona prácticamente no hay más [retroexcavadoras] y si viene otra ola [de operaciones de inspección], no va a quedar ninguna. Las que había ya cayeron, eso lo afecta todo. El movimiento aquí [en el taller de llantas] era bastante bueno, pero después de eso… Ahora está empezando a mejorar de nuevo, pero si llega otra ola, todo para”. En la mina Luizinho trabaja en compañía de tres subordinados, algunos de los cuales son familiares suyos. “Ellos ganan el 30% del barranco. Si dio 100 gramos, son 30% para los tres, 10% por cada uno”.

Marinês también perdió una retroexcavadora. Fue en 2020. “Perdí más de 400 mil [dólares]”, cuenta. “Quemaron el cuatrimoto, el rancho, el freezer, un radioaficionado, el taller y mi retroexcavadora, con 4.500 horas, era una Caterpillar, me costó 380 mil. Solo una máquina de soldar que compré me costó 70 mil”. Dinero que ganó con la minería. “Ya encontré 1 kilo, 2 kilos de oro, 5…” Según el Instituto Escolhas, una mina de tierras bajas [abierta a orillas de ríos o en zonas inundadas y arroyos] con 18 mineros, dos cocineras y una retroexcavadora tiene una ganancia estimada de 68,6 mil dólares mensuales.

Hasta la fecha los destrozos siguen en el medio de la selva. Ahora Marinês trabaja con dos de las tres retroexcavadoras que tenía. A pocos kilómetros de distancia, en agosto de 2023, un minero fue asesinado por un agente del Instituto de Medio Ambiente, lo que provocó mucha indignación. Incluso antes, durante las operaciones en la Tierra Munduruku, un policía ni siquiera pudo comprar agua. “La chica dijo que matarían a cualquiera que le vendiera agua a la policía”, afirma un comisario federal. Los mineros, como gran parte de la población de la región, tienden a verse a sí mismos como trabajadores, se indignan con los agentes de la represión y les dicen que son “brasileños que intentan alimentar a sus familias”. Esto es solo una verdad parcial, ya que la mayor parte de las ganancias provenientes de la ilegalidad y el sacrificio de la selva quedan en manos de grandes empresarios, algunos de los cuales están fuera de Brasil, con el avance de grandes organizaciones del crimen organizado en algunas zonas, como se hizo evidente en la Tierra Indígena Yanomami.

Marinês siente su propia indignación. “No tengo energía eléctrica por esta maldita reserva [área de protección que está cerca de su restaurante]. Allí no pasa nada. Allí no se puede cazar, no se puede pescar, no se puede hacer nada”, dice. Gasta 140 dólares al día para alimentar con diésel los dos generadores de su negocio, 5.200 dólares al mes. “Cuando nací, mis abuelos ya eran mineros. Tengo 54 años ¿cuántos años pasaron? ¿Por qué ahora, recién desde hace dos años, el mundo se va a acabar? ¿Se van a acabar las reservas? ¿Vamos a estar contaminando? ¿Eso significa entonces que antes no se contaminaba? ¿Solo ahora se está contaminando? No, no me digas eso. Basta de bromas, amigo. Esto es una payasada”.

Ella prefiere no darse cuenta de que el aumento de los tajos en la selva se ha producido precisamente en los últimos años. Después de 2012, cuando llegaron las primeras retroexcavadoras a Tapajós, el tiempo que se tardaba en abrir una mina, que era de un mes, se redujo a una semana, según datos del Instituto Escolhas. Una mina de tierras bajas con 21 empleados y una producción promedio de 3 kilos de oro al mes consume 1.100 litros de diésel al día. Por cada gramo de oro, 11 litros de diésel se convierten en humo. Para cada kilo de oro hacen falta 3 kilos de mercurio. Para sacar 1 gramo de oro hay que extraer 1 tonelada de tierra.

Cuando se multiplica por la producción anual, lo que emerge es un apocalipsis ambiental. Según este cálculo, solo en Itaituba se retiraron 12,4 millones de toneladas de tierra en 2022, el mismo peso que la cantidad de soja importada en mayo de 2023 por China, considerado un mes récord. La cantidad de tierra arrancada hizo surgir islas que antes no existían a lo largo del río Tapajós.

A Marinês eso no le importa. Pero al mismo tiempo que tiene máquinas que muelen la selva en segundos, cuida un delicadísimo jardín de plantas. “¿No tienes orquídeas en casa?”, le pregunta a una vecina, mientras admira sus flores cerca de donde despegan los aviones de la minería.

El minero Thairon Fuentes y su mujer, la cocinera Ana María Contreras, dejaron a sus hijos en Venezuela. Están en Brasil hace menos de un mes. A los 31 años, Thairon solía trabajar en una mina artesanal hasta que los militares del dictador Nicolás Maduro expulsaron a todos los que no tenían uniforme. Su mujer y él encontraron trabajo en el restaurante de Marinês. Ana María cocina y Thairon empezó a trabajar en las minas de la dueña del restaurante.

Por allí ya pasaron muchos extranjeros latinoamericanos, asegura Marinês. De vez en cuando, en Itaituba, se puede escuchar a alguien hablando en castellano o en el idioma criollo guyanés. Thairon pasó por allí “Hay muchísimos mineros brasileños en Guyana”, afirma el venezolano. “Muchos ya habían trabajado aquí en el Tapajós”.

El profesor Maurício Torres, de la Universidad Federal de Pará (UFPA), coincide: “Es común en Itaituba que un minero tenga un hermano que trabaja en las minas en las Guayanas. Los mineros circulan”, explica. “En Itaituba es difícil encontrar un taxista que no sea minero”. Según él, la mayoría son campesinos pobres, aunque muchos se han ‘bamburrado’, como dicen por estas minas cuando alguien se enriquece con oro. “Hoy estos mineros pobres terminan siendo cooptados por empresarios de más poder adquisitivo”, subraya la fiscal Thais Medeiros, del Ministerio Público Federal de Santarém/Itaituba.

En el último boom del oro, durante la pandemia, el orfebre Cleidson Oliveira, de 40 años, llegó a ganar un salario promedio de 2.200 dólares. En aquella época incluso hizo un collar que pesaba 170 gramos. Hoy cobra 700 dólares al mes. “Antes de las operaciones nos llegaba mucho más oro para trabajar”, lamenta. Así como le sucede al dentista Hélio Soltoski, el único que tiene un diploma en Creporizão, un pueblito minero cercano a Itaituba, que desde entonces dejó de implantar dientes de oro. En la región desde hace ocho años, dice que ya hizo más de mil implantes, incluso en clientes que pidieron que les cambiara dientes sanos por el brillo del metal.

En el antiguo cementerio de Itaituba, un sepulturero cuenta que se entierran ocho cuerpos al día. “Vienen algunos [de las minas]”, dice. Otros mueren en las calles. En 2022, por ejemplo, se registró en un video a la concejala Odinea Peres (del Partido Progresistas del estado de Pará), que está disponible en Facebook, amenazando matar a un bloguero. “Morirás.” A finales de septiembre, el bloguero Hernanes Alencar, conocido como Zeca Tatu, fue asesinado con tiros en la cabeza cuando andaba en moto. La familia trata de entender por qué el comisario del caso confiscó el celular del cadáver y no lo ha devuelto hasta el día de hoy. La Policía Civil de Pará no dio explicaciones sobre la conducta del comisario ni contestó las preguntas enviadas por SUMAÚMA. Solo se limitó a informar que “la investigación del caso fue concluida dentro del plazo legal y remitida a la Justicia”.

La concejala Odinea Peres fue contactada dos veces por SUMAÚMA, por teléfono y por mensaje, pero no fue atendida ni tampoco recibió ninguna respuesta.

En la Cámara Municipal de Itaituba, un cuadro en el hemiciclo muestra troncos de madera aserrados, un Indígena, un yaguareté, un buey, un cauchero, un minero con su batea y un avión de la mina por despegar. Una gran mezcla entre crímenes ambientales y la selva. La concejala Odinea Peres se acerca a una electora durante una de las sesiones: “Para poder hacer la universidad me copié muchísimo, ¿sabes?”. Minutos después, durante la votación para decidir qué nombre recibiría una cancha deportiva, confiesa que detesta leer. “No me gusta, nunca me gustó”. Luego, un parlamentario sube a la tribuna para anunciar que la Tercera Guerra Mundial está por llegar. Los quince concejales dedican su tiempo a discutir nombres de obras, algunas de las cuales están inacabadas. Una sesión común en la Cámara de Itaituba.

Hace diez mil años ya había gente viviendo en lo que hoy es Itaituba. Decenas de pueblos indígenas habitaron esta zona, los Maué, los Munduruku y muchos otros. Allí estaba Mundurukânia, tierra de la entonces poderosa etnia de guerreros. Posteriormente, en 1835, se produjo la rebelión llamada Cabanagem, la revuelta y miseria ribereña contra las fuerzas del Imperio portugués, que dirigía el Gran Pará. La ciudad fue fundada en 1856 por un militar masón. Vino la fiebre del caucho, después el mercado de pieles de yaguareté y otros felinos. En los años 1950, con la caída de los precios del caucho, los caucheros empezaron a meterse por la selva en busca de oro. En el libro Očekadi: Hidrelétricas, Conflitos Socioambientais e Resistência na Bacia do Tapajós, el profesor Maurício Torres cuenta que, en 1958, un cauchero llamado Nilçon Pinheiro (que también aparece escrito Nilson) encontró yacimientos por primera vez en la región de la desembocadura del río Tropas.

En 2008 la profesora e investigadora Regina Lucirene, fundadora del Museo Aracy Paraguassú, en Itaituba, recibió un cuaderno polvoriento de un cauchero en su lecho de muerte. Eran los relatos de un piloto de avión sobre la época (de 1968 en adelante) en la que había volado para los mineros. Hasta finales de octubre, el documento estuvo olvidado en un armario del museo, cerca de fotografías emblemáticas de la ciudad, como la que muestra un avión que aterrizó sobre otro, en una muestra de lo transitado que estaba el “aeropuerto de los mineros” en los años 1980. A lo largo de 137 páginas, el hombre misterioso –no consta ninguna firma en el libro– cuenta las aventuras que vivió en la selva y muchas otras que escuchó de sus compañeros mineros, a menudo a través de la frecuencia de radio 122.5, usada “por todos los aviones que sobrevolaban la zona de las minas del Tapajós”, según cuenta el libro. Un fragmento cuenta la historia de la familia de Nilçon Pinheiro, quien en 1956 recibió una indemnización del Consejo Nacional del Petróleo a cambio de las tierras que tenía en el Amazonas. Con el dinero partieron en una caravana de 32 personas hacia el estado de Pará, en busca de oro. Muchos se enfermaron, otros renunciaron. Insistente, Nilçon quiso quedarse incluso después de la decisión de su padre de abandonar la expedición y trasladarse a Manaos.

Eran tiempos turbulentos. El presidente Getúlio Vargas se había suicidado el 24 de agosto de 1954. Semanas antes, Brasil había sido sorprendido por el atentado de la calle Tonelero, en Copacabana, cuando murió un mayor de la Fuerza Aérea. Enardecidos, los soldados se rebelaron contra el gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-1961). Se amotinaron en la base aérea de Jacareacanga, una ciudad a 390 kilómetros de Itaituba, también a orillas del río Tapajós. La llamada Revuelta de Jacareacanga acababa de terminar cuando Nilçon llegó al municipio en un barco a remo.

El cauchero se enteró de que el comandante de la base aérea, un teniente duro, cumplía años ese día. Sin combustible para las lanchas ni dinero para seguir el viaje en busca de oro, se dirigió a la casa del militar en compañía de sus amigos. Además de mineros, eran músicos. Trompetista, Nilçon ayudó a animar la fiesta del militar a cambio de gasolina. El combustible donado por la Fuerza Aérea Brasileña ayudó a que su equipo encontrara 46 kilos de oro en cuatro meses. Así, según el libro, se inició la explotación de oro en el río Tapajós.

La investigadora Regina Lucirene dice que Nilçon se ganó la fama, pero que el primero en encontrar oro fue Raimundo Ramos, un funcionario que vivía en Jacareacanga. Se habían conocido en la ciudad. “Él [Raimundo] había encontrado oro en el lugar [río Tropas]. Agarró una lata de leche Nido y lo metió adentro”, cuenta la museóloga. Según ella, le entregaron la lata a Nilçon Pinheiro a cambio de hamacas y víveres.

Años después, en 1983, en un intento de vaciar la mina de Serra Pelada, que empezaba a ganar fama internacional, el gobierno militar creó la Reserva Minera en el valle del Tapajós y abrió una carretera para aislar a los mineros selva adentro, la Transgarimpeira. Posteriormente, en 2006, durante el primer mandato del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y la primera vez de Marina Silva como Ministra de Medio Ambiente, el área de la reserva minera se transformó en Área de Protección Ambiental (APA) de Tapajós, en la Floresta Nacional de Crepori y en otras unidades de conservación. Los mineros, sin embargo, se quedaron allí.

Cuarenta años después, es sábado por la noche en Creporizinho. El pueblito está al final de la carretera Transgarimpeira, que comienza en el distrito de Morais Almeida, cruza el río Jamanxim y sigue por 150 kilómetros. Imágenes de satélite muestran el camino cruzando la inmensa selva, las heridas abiertas por la minería acompañando la pista. Siete camiones que transportan troncos de árboles centenarios pasan por la carretera en un período de tres horas. Aquí la explotación de oro nunca se detuvo. Ni la de madera. En el primer semestre de este año, según la Universidad Federal de Minas Gerais, Itaituba siguió liderando la producción de oro en el país. Hasta junio de 2023 se habían vendido 4,8 toneladas, de las cuales 2,6 eran de dudosa procedencia.

La calle principal de Creporizinho es una hilera de casas hechas de tablas y tejas precarias, con 300 mineros, todos hombres, además de unas 20 mujeres y niñas. Casi todo el mundo se emborracha, suelta carcajadas sobre motos en movimiento y hace parrilladas. Cada establecimiento es un bar. Hay una docena de cabarés. Luces multicolores y música fuerte en cada uno. Los perros interrumpen el flujo. Un cuatrimoto lleva a cinco jóvenes sin camiseta, que se ríen y balancean sobre el terreno lleno de baches. Todos beben. Hay un grupo que aspira cocaína sobre una mesa de billar, dentro de uno de los precarios establecimientos. Un minero está disfrazado de bruja. Hay una jukebox que reproduce temas melancólicos y ritmos electrónicos que hacen temblar las tejas. El Comando Vermelho (una de las principales organizaciones criminales de Brasil) está aquí, advirtió un policía federal en la ciudad.

A 6 kilómetros de distancia, en el límite de la carretera Transgarimpeira, el empresario Valdinei Souza, conocido como Nei Garimpeiro, tiene desde hace 20 años una hacienda con un lago privado y una mina en el terreno atrás de su casa. Socio y amigo del actual gobernador de Mato Grosso, en la zona lo consideran un barón del oro. Esa noche, un guardia armado custodiaba el portón mientras una antena Starlink ofrecía internet gratis a cualquiera que pasara por la carretera. Adentro, una gruesa tabla de un gran árbol sirve de soporte para el hielo que garantiza la temperatura de las cervezas. “Hoy encontrarás allí a unos 100, 200 pilotos. ¿Qué van a hacer estos pilotos?’, dice, quejándose de la represión estatal contra los aviones de las minas. “El tipo está acostumbrado a ganar 8, 10, 14 o hasta 20 mil dólares al mes. Pero ya no se puede volar en la región. Así que se va a la ciudad, no hay nada que hacer, ¿y entonces qué pasa? Viene el crimen [el narcotráfico] a ofrecerles servicios a los muchachos, porque son buenos pilotos, acostumbrados a volar mucho, a volar bajo, con aviones viejos y a operar en pistas imposibles de operar”.

Un mes después de hablar con SUMAÚMA/OjoPúblico, Nei Garimpeiro fue objetivo de un operativo de la Policía Federal por haber adquirido de contrabandistas, a su nombre y a nombre de empresas de las que es socio, según las investigaciones, más de 300 kilos de mercurio. Al ser contactado nuevamente, el empresario se defendió: “Compré mercurio de una empresa que era idónea y tenía autorización del Instituto Ambiental y de la Policía Federal para vender mercurio. Mis empresas y yo estábamos autorizados a usar mercurio y comprarle a esta empresa, no hicimos nada que no fuera legal. Hicimos todas nuestras compras con factura y pagos de cuentas corrientes a la cuenta corriente de la empresa”. Según él, en Brasil casi todos los mineros usan mercurio. “Son más o menos unas 10.000 minas en todo Brasil. Quizás incluso sea el doble: el 99,5% usa mercurio sin factura ni regularización”.

El metal, altamente tóxico, chorrea de las minas y llega a los ríos. Es absorbido por los peces. Enferma a las poblaciones. Y hay fuertes indicios de que está provocando deformidades en niños Munduruku. Los mineros no suelen hablar de esto.