El cuerpo de la mayor selva tropical del mundo, gran reguladora del clima del planeta, ha sido violado e invadido por unos 20.000 mineros ilegales en la Tierra Indígena Yanomami, un territorio de 9,6 millones de hectáreas ubicado entre los estados de Roraima y Amazonas, en el norte de Brasil, cerca de la frontera con Venezuela. Abren cráteres en el suelo, revuelven el lecho de los ríos con sus inmensas dragas, vierten heces, mercurio, gasolina y diésel en grandes cantidades en las aguas de la selva. Algunos utilizan armas militares y en algunas regiones se relacionan con facciones del crimen organizado, la narcominería. Y avanzan, ante las señales de omisión deliberada del Gobierno de Jair Bolsonaro.
En marzo, un centenar de garimpeiros se acercó a la aldea de esta mujer Yanomami en busca de oro. Instalaron seis balsas a una hora de su casa. Un joven de su comunidad fue con su esposa hasta el garimpo (mina ilegal). Con los ojos puestos en su mujer, un grupo lo estimuló a beber hasta que se desmayó.

“Estaba borracho, en el suelo, por eso le comieron la vagina”, cuenta. Y las violaciones continuaron. Un joven Yanomami, que hacía de barquero, atrajo a una adolescente de 17 años a una de las balsas. “Le dijo: ‘¡vamos a conseguir una escopeta para tu padre, yo quiero un motor [para la barca]!’”. Cuando ambos llegaron a la barca, los garimpeiros le dieron cachaza a la niña. Y un hombre violó su cuerpo. Y luego otro. Y otro. “Fueron muchos”, dice, mostrando con los dedos una cantidad que no sabe precisar.

Tras la violación colectiva, la familia de la adolescente recibió paquetes de arroz, frijoles, salchichas, harina y sardinas. No hay a quién denunciarlo. Y, aunque se formalizara una denuncia, sería muy difícil encontrar a unos hombres que entran y salen de la selva ilegalmente cuando y como quieren. En el territorio demarcado hace exactamente 30 años y que está bajo la protección constitucional del Estado brasileño, hay regiones controladas por la minería ilegal donde los jefes de los garimpos se han convertido en el Estado. En los casi cuatro años de presidencia de Jair Bolsonaro, esa realidad no ha hecho más que agravarse, sin que haya ninguna ofensiva consistente y realmente eficaz por parte del poder público. Ante la presión internacional, el Gobierno se limita a hacer operaciones pirotécnicas puntuales, en las que destruyen maquinaria y aeronaves durante 15 días, generan imágenes para la prensa, pero no cambian nada. En 2021 se hicieron tres. Este año, solo una, a principios de agosto, y los garimpeiros ya han vuelto.

La mujer finalmente nos pregunta en su lengua. Su voz contiene dolor e indignación: “¿Por qué los garimpeiros joden las vaginas de las mujeres Yanomami?”.

¿Por qué? ¿Cómo le respondemos esa pregunta a una mujer que es testigo de la destrucción de su mundo desde que el primer napëpë [blanco, extranjero, enemigo] puso los pies en la selva? ¿Por dónde empezar?

Ana Maria Machado me acompaña. Indigenista y antropóloga, es una de las pocas traductoras de una de las seis lenguas que hablan los Yanomami y convive con algunas comunidades desde hace 15 años. Entró con el equipo de reportaje porque buscamos la palabra exacta y queremos entender lo que vive el pueblo Yanomami en sus propios términos. Ni siquiera Ana estaba preparada para lo que escucha y presencia. Niñas que conoce desde que dieron sus primeros pasos han sido violadas y prostituidas, adolescentes a quienes vio crecer sobornan a sus amigos a cambio de teléfonos celulares. Es un mundo en disolución, y Ana sabe que, aunque los garimpeiros se vayan, sus marcas permanecerán, porque lo que está cambiando es una forma de ser selva y de estar en la selva, como señala el gran chamán Davi Kopenawa en un artículo de esta edición. Como la selva amazónica, los Yanomami pueden estar cerca del punto sin retorno. El exterminio que está en marcha no es solo físico, a través de armas de fuego, enfermedades y contaminación; también se está exterminando un modo de vida que plantó parte de la selva que ahora pisamos.

Sabíamos que sería muy difícil llegar a las regiones dominadas por la minería ilegal, porque los delincuentes controlan no solo la tierra, sino también el aire. Tienen información sobre todos los que llegan y hasta los equipos de profesionales sanitarios enfrentan dificultades para prestar asistencia. Hemos presenciado cómo la selva se ha convertido en un territorio controlado por una especie de milicia, como sucedió en las favelas y algunos barrios de grandes ciudades brasileñas, como Río de Janeiro. Y hemos visto cómo atraen a los adolescentes indígenas de la misma forma que, primero el tráfico de drogas y después las milicias formadas por exintegrantes de las fuerzas de seguridad públicas, atraen a los niños negros de los barrios urbanos. Eso está ocurriendo en este momento. Ante la escasa respuesta del poder público, la principal resistencia es la de líderes como Davi Kopenawa, organizaciones como la Hutukara Asociación Yanomami y activistas socioambientales.

Los datos que hemos obtenido por medio de la Ley de Acceso a la Información muestran que, desde julio de 2020, los ambulatorios que funcionan dentro del territorio Yanomami se han cerrado 13 veces, ya sea por las amenazas que han sufrido los profesionales de salud o por los conflictos armados provocados a menudo por los garimpeiros. En Homoxi, unos garimpeiros expulsaron al equipo sanitario y transformaron el lugar en un depósito de combustible para sus aeronaves. En estos momentos, 5 de los 37 puestos de salud del territorio están cerrados, sin ningún profesional de salud. Eso significa 3.485 indígenas abandonados sin asistencia en un momento de explosión de enfermedades.

Cuando necesitan atención urgente, los Yanomami que tienen celular se ven obligados a pedir a los garimpeiros si pueden utilizar la conexión de internet que el propio crimen organizado ha instalado. Desesperados, piden ayuda a la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai). El único helicóptero disponible para asistir a los Yanomami a menudo está averiado, según cuentan los profesionales sanitarios, mientras las decenas de aeronaves de los garimpeiros surcan el cielo ilegalmente sin problema. En la región de Xitei —donde el puesto de salud está cerrado desde hace cinco meses, por tercera vez desde mediados de 2020—, los datos oficiales muestran que 7 niños murieron el año pasado por falta de atención médica. En todo el territorio Yanomami, 46 niños menores de cinco años perdieron la vida el año pasado por falta de diagnóstico y tratamiento. Según la asociación Hutukara, en 2022, desde finales de julio hasta ahora, han muerto otros ocho niños.

Desde que el precio del oro se disparó, las facciones criminales empezaron a incluir esa materia prima en su cartera de negocios ilegales y se abalanzaron sobre regiones como el territorio Yanomami. A menudo cuentan con la complicidad de algunos funcionarios y el apoyo de una parte de las élites locales, cuya relación con la selva está marcada por el extractivismo depredador. Si hay 28.000 indígenas, los invasores son unos 20.000, según los cálculos de organizaciones no gubernamentales, y la tendencia es que esta cifra aumente. Tienen armas capaces de hacer frente a la Policía Federal y a la Fuerza Nacional. El Sistema de Control de la Minería Ilegal en la Tierra Indígena Yanomami, de la Hutukara Asociación Yanomami, muestra que actúan en áreas que afectan a 273 de las 350 aldeas, provocando impactos en regiones ocupadas por el 56% de la población Yanomami.

¿Qué les queda a las mujeres, adultas y niñas, principales víctimas de todas las guerras? ¿Cómo empezar a responder a la pregunta de la mujer Yanomami?

Ella vive en la región de la Misión Catrimani, una de las áreas que pertenecen a la Tierra Indígena Yanomami. Ya no nos es posible llegar a su casa sin correr el riesgo de morir. El dominio de los garimpeiros se ha extendido hasta allí y controlan la entrada. En cada región a la que planeamos llegar, las personas que Ana Maria conoce desde hace más de una década nos avisan que, si entramos, podremos no salir. Los Yanomami están sitiados y sus voces, cada vez más silenciadas. Para cruzar esa barrera sin convertirnos en víctimas, como les sucedió recientemente al indigenista brasileño Bruno Pereira y al periodista británico Dom Phillips, ejecutados en junio en el Valle del Yavarí, otra región invadida por el crimen organizado, buscamos una solución. Con el apoyo del Instituto Socioambiental (ISA), una de las mayores organizaciones no gubernamentales brasileñas, sacamos en avión a las mujeres de los territorios afectados y las llevamos a Demini, una región liderada por el chamán Davi Kopenawa, donde podrían relatar lo que viven y ser escuchadas sin peligro. Pusimos en marcha una compleja operación periodística en un territorio de guerra, una guerra cuyas fuerzas son tan desiguales que la palabra más exacta sería masacre.

Llevamos a otro grupo de mujeres a una finca cerca de la capital del estado de Roraima, Boa Vista, cuyo principal monumento es una estatua de un garimpeiro. Una vez allí, les pedimos que dibujaran lo que escuchan, ven, sufren. Son los dibujos que ilustran este reportaje junto a las fotos de la tercera persona del equipo de Sumaúma, Pablo Albarenga. Como tienen que volver al territorio que controlan los delincuentes, no podemos identificarlas para que no corran el riesgo de ser ejecutadas, al igual que sus familias y comunidades. Pablo tiene la difícil misión de documentar la realidad dramática del territorio Yanomami en imágenes sin identificar a las mujeres. La solución que encontramos es juntar las fotos y los dibujos. Cada foto de este reportaje asocia una mujer a su interpretación personal de cómo las afecta la minería. Es la imagen que ellas revelan al mundo con el rostro que tienen que ocultar.

Una lleva una vieja camiseta blanca y una falda negra corta. En casa siempre va con una tanga de lana y collares de cuentas que adornan su cuerpo, pero ahora está en la ciudad, siguiendo un tratamiento. Ella se empeña en pintarse cinco rayas rojas de pasta de urucú en el rostro minutos antes de la entrevista. Se trata de un gesto de autoafirmación y afirmación de su identidad indígena, pese a saber que su rostro no aparecerá. Las mujeres de la selva utilizan el pigmento del fruto amazónico para arreglarse, perfumarse y también como protector solar. Cuando está lista, hace el dibujo con el que empieza este reportaje, los penes desproporcionados que estampa salen de sus pesadillas y ocupan el papel. La mujer indígena cuenta que, hace cinco meses, tuvieron que sacarla de la aldea y llevarla urgentemente a un hospital de la ciudad. “Perdí a mi hijo en la barriga. Nació muerto en el hospital”. Se encoge en la silla. Es el tercer aborto seguido que sufre en los últimos años. Antes, tuvo dos hijos, que ahora tienen 20 y 9 años. Los abortos espontáneos, indeseados, son inusuales en la vida de mujeres como ella. O lo eran.

Es imposible saber la causa exacta de la muerte de sus hijos sin una investigación. Pero el mercurio que se utiliza en la minería ilegal para separar el oro de las rocas puede provocar la malformación del feto. “El metal contamina los animales acuáticos y acaba siendo ingerido por las personas cuando se alimentan. Después, se extiende por todos los órganos y tejidos del cuerpo”, explica Paulo Basta, investigador de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). En 2014, lideró un estudio que ya denunciaba la alta contaminación por esta sustancia en los cuerpos de los Yanomami. Otro estudio, publicado en agosto de este año también por la Fiocruz, estima que el 45% del mercurio que se utiliza en la minería ilegal se vierte en los ríos y arroyos de la Amazonia sin ningún tipo de tratamiento o cuidado. A principios de 2021, los investigadores recogieron muestras de peces en el río Uraricoera, que cruza el territorio Yanomami y es uno de los más afectados por la minería ilegal. Descubrieron que, de cada 10 peces, 6 presentaban niveles de mercurio por encima de los límites estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una persona contaminada con mercurio puede tener alucinaciones, convulsiones, dolores de cabeza constantes y pérdida de visión y audición. Además de perder el feto, las gestantes expuestas a esta sustancia pueden tener hijos que tardarán en sentarse, gatear, dar los primeros pasos, hablar y aprender. Será un daño que atravesará generaciones, ya que el mercurio puede permanecer en el medio ambiente durante 100 años. “Lo que sucede con los Yanomami es una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes”, afirma el científico.

Y otra pregunta que no sabemos ni por donde empezar a responder: ¿por qué la mujer que dibuja penes desproporcionados fue condenada a sufrir tres abortos? ¿Por qué está condenada a temer el próximo embarazo tanto como teme la proximidad de los hombres dueños de los penes que dibuja? ¿Quién hará que estos criminales paren de violar los cuerpos de las mujeres, los ríos y la selva?

Basta sobrevolar el territorio Yanomami para ver que el cuerpo de la selva está lleno de heridas abiertas, cráteres y lodo revuelto que han engullido los árboles. El marrón avanza sobre el verde. La imagen se parece al daño que hacen las bombas lanzadas desde el cielo. Un único agujero llega a ocupar hasta 300 hectáreas de selva. Piense en 422 campos oficiales de fútbol juntos y tendrá una imagen aproximada. En agosto, el último mes del que hay datos disponibles, la deforestación provocada por la minería ilegal ya alcanzaba las 4.411 hectáreas, equivalentes a 6.000 campos de fútbol.

En el suelo, la violencia huele. “El agua apesta”, cuenta una Yanomami de la región de Parima. Los garimpeiros están cerca de su aldea y vierten sus excrementos en el río, donde su comunidad se baña, pesca y utiliza el agua para beber y cocinar. “Ellos hacen caca en el agua y nosotros tenemos diarrea”, relata. “Cuando no había mineros, estábamos bien. Pescábamos cangrejos y peces sanos, bebíamos agua muy buena, pero ahora está mala. Si los mandaran bien lejos, si el agua volviera a estar limpia, ¿los peces estarían buenos otra vez?”, pregunta.

Esta no es la primera invasión en masa del territorio Yanomami. A finales de la década de los ochenta, 40.000 hombres se dispersaron por toda la región. Llevaron virus, bacterias y armas de fuego. El resultado fue el exterminio del 14% de la población. De esa época, la principal documentación es de Claudia Andujar, fotógrafa que se convirtió en una de las principales voces que difundió la masacre del pueblo Yanomami en la prensa internacional. Xawara es como los Yanomami llaman a la ola avasalladora de enfermedades que matan a su pueblo. En aquel momento, el territorio no estaba demarcado y la conmoción mundial fue determinante para que la Tierra Indígena Yanomami se homologara en 1992, siete años después de la redemocratización de Brasil y cuatro después de la primera Constitución que reconocía los derechos de los pueblos originarios.

Davi Kopenawa Yanomami, cuya familia —incluyendo a su madre— fue diezmada por el sarampión que habían traído años antes unos misioneros evangélicos, se convirtió en la voz de su pueblo. A queda do céu (La caída del cielo), el libro que escribió con el antropólogo francés Bruce Albert, se ha convertido en un hito en la literatura mundial y un punto de inflexión en la antropología. Es el testimonio de un chamán del avance colonizador en el cuerpo de la selva, en el cuerpo de los seres de la selva. Es también el testimonio de un humano de la selva sobre el colapso climático. Los chamanes aguantan el cielo, pero los chamanes están muriendo a manos de los napëpë y sus xawara. La expresión poética de Kopenawa se alinea con la mejor ciencia, al mostrar que la acción de la selva, ese ente complejo de alta tecnología formado por el intercambio constante de tantos vivientes, es quien “crea” el cielo, o la atmósfera terrestre. Si deja de existir como selva debido a la destrucción acelerada que está en marcha, el cielo “cae”.

La demarcación de la Tierra Indígena Yanomami y la redemocratización de Brasil, tras una dictadura empresarial y militar que duró 21 años y transformó la selva en un cuerpo para explotarlo de forma predatoria, significaba una posibilidad de cambiar la manera de tratar la naturaleza y a los pueblos que jamás se separaron de ella. Pero los gobiernos democráticos no fueron capaces de estancar —o no quisieron— la destrucción de la Amazonia. A lo largo de las últimas décadas, la selva y sus pueblos han sufrido ataques de la minería ilegal, de grandes empresas mineras transnacionales, de la agroindustria, de las madereras y de los ladrones de tierras públicas. Y usurpación, debido a grandes obras gubernamentales, como hidroeléctricas, carreteras y ferrocarriles. Antes de las invasiones de los buscadores de oro, en 1973, durante la dictadura, la abertura de la carretera Perimetral Norte marcó el momento en que los contactos esporádicos con los Yanomami pasaron a ser masivos. Algunos indigenistas señalan que la carretera supuso el inicio del holocausto que vive uno de los pueblos más complejos del planeta.

Más de 40 años después, Jair Bolsonaro, notorio defensor de la dictadura, y el actual Congreso, dominado por representantes de los intereses de la agroindustria y de la minería depredadora, ha aumentado y acelerado la destrucción de la selva en un momento en que el colapso climático provoca fenómenos cada vez más extremos. Exponente de la nueva extrema derecha mundial, Bolsonaro ya fue garimpeiro cuando estaba en el Ejército. Al asumir la presidencia, en 2019, promovió el desmantelamiento de las estructuras de los órganos que inspeccionan los delitos ambientales en el país, a la vez que estimuló la explotación de la selva en sus discursos públicos. “Por mí, abro el garimpo,. Existe un proyecto para permitir el garimpo en tierras indígenas”, dijo en 2020. Durante la campaña, ya dejó claro cuáles serían sus banderas: “Pueden estar seguros de que, si llego [a la presidencia], no habrá dinero para las ONG. Si de mí depende, todos los ciudadanos tendrán armas de fuego en casa y no se demarcará ni un centímetro para reservas indígenas o para los quilombolas [descendientes de esclavos africanos]”, afirmó en un acto público. La promesa de no demarcar ni un centímetro más de tierras indígenas la ha cumplido a rajatabla. La ley para permitir la minería en tierras indígenas está en trámite en el Congreso.

La actuación de Bolsonaro provocó varias comunicaciones a la Corte Penal Internacional por genocidio indígena. Durante la pandemia, llegó a vetar el acceso al agua potable a los pueblos originarios, entre otras decisiones que impidieron combatir eficazmente la covid-19 y resultaron en la muerte de algunos de los principales líderes indígenas de Brasil. En el caso de la etnia Juma, murió el último anciano de su pueblo. La pandemia también alejó de la selva a las organizaciones no gubernamentales que defienden la naturaleza y a sus pueblos, pero no alejó a los depredadores. Al contrario. La frase “Los destructores de la Amazonia no teletrabajan” se hizo famosa en varias lenguas.

Las pandemias como la de covid-19 están relacionadas con la deforestación de la selva y otros biomas: los virus que antes estaban contenidos en la vegetación llegan hasta los humanos cuando pierden su hábitat. Aun así, en Brasil la pandemia se utilizó para expandir todavía más la destrucción de la Amazonia. Dos meses antes de que Bolsonaro asumiera el poder, en octubre de 2018, el proyecto de la asociación Hutukara que controla la deforestación provocada por la minería ilegal señalaba una devastación de unas 1.200 hectáreas en áreas demarcadas. En diciembre de 2021, casi dos años después del primer caso de covid-19 en Brasil, la destrucción se había más que doblado, llegando a 3.272 hectáreas. En 2022, hasta agosto, la actividad ilegal ha consumido 1.100 hectáreas más de selva. Otro control, realizado por el Gobierno Federal, señala que solo en enero de este año se emitieron 216 alertas de deforestación por extracción minera dentro de territorios indígenas, casi siete al día. Hay casos todavía más alarmantes: en la región de Xitei, el área deforestada aumentó un 1.101% entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2021.

Vectores de varias enfermedades, los garimpeiros y su fuerza de destrucción han multiplicado la malaria en el territorio Yanomami. Una mujer de la región de Hakoma cruza los brazos sobre el pecho, cierra los ojos con fuerza y sacude todo el cuerpo. Es como explica la fiebre de más de 40 grados que tuvo al contraer la enfermedad. Cuenta que se quedó en poremu, que significa en un estado de fantasma o espectro, porque su imagen vital se vio afectada. No conseguía hacer nada, ni siquiera podía levantarse de la hamaca. En su aldea, la medicaron y se recuperó. Un tiempo después, volvió a tener malaria, su cuadro se agravó y tuvieron que llevarla al hospital de Boa Vista.

Desde su casa, en la aldea, escucha todo el día el ruido de las máquinas de extracción de oro que trabajan en la selva. “Po-po-po-po-po-po-po”, cuenta. Con los puños cerrados, marca el ritmo que se ha vuelto cotidiano. El ruido no cesa ni cuando cae la noche. “Bajan muchos aviones. En el lugar donde hacen los agujeros, bajan escopetas, cartuchos, sábanas, comida, combustible, esas cosas”, explica. Los datos obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información muestran un aumento avasallador de la enfermedad. Entre 2018, cuando el número de mineros ilegales se disparó en el territorio, y 2021, los casos de malaria aumentaron un 105%. Si en 2014 hubo 2.928 casos, en 2021 el número alcanzó los 20.394. Por lo menos 15 personas murieron el año pasado, diez eran niños de 1 a 9 años.

El medicamento que se utiliza para tratar la enfermedad causada por uno de los tipos de protozoos, el Plasmodium vivax, no está disponible en Brasil, según admite un comunicado técnico del propio Ministerio de Salud, de junio de este año, conseguido en exclusiva por la agencia de periodismo independiente e investigativo Amazônia Real. Se trata de la cloroquina, falsamente divulgada por Jair Bolsonaro como un antídoto para combatir precozmente la covid-19. Además de dar una falsa sensación de seguridad ante la pandemia, la mentira que difundió el presidente brasileño provocó que faltara un medicamento esencial para combatir la malaria, lo cual empeoró la tragedia para los indígenas. “La salud está en colapso”, define Júnior Hekurari Yanomami, presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami (Condisi). “No hay medicamentos para los gusanos, no hay cloroquina, el hambre está llegando. Nuestra historia está siendo interrumpida.”