La mitad de las tierras indígenas que los mineros explotan ilegalmente en Brasil son territorios donde viven pueblos aislados. Es una de las conclusiones del estudio Isolados por um Fio: Riscos Impostos aos Povos Indigenas Isolados (Aislados por un hilo: riesgos impuestos a los pueblos indígenas aislados), publicado en enero de este año por la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab) y el Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonia (Ipam).

El análisis de los investigadores también señala las 5 principales amenazas a las que están sometidos estos grupos, muchas veces de forma solapada: la primera es la inestabilidad jurídica e institucional, porque muchas tierras no están legalizadas y eso aumenta su vulnerabilidad ante las disputas territoriales y la violencia; después viene la deforestación ilegal, seguida de las quemas, el robo de tierras públicas y la minería.

Estas poblaciones pueden ser exterminadas si no se contienen las vulneraciones al medio ambiente, a su modo de vida y a su salud. Para ello, es necesario fortalecer las instituciones y actuar con rapidez. ¿Cómo? Demarcando tierras. Expulsando a los invasores. Garantizando derechos fundamentales.

Los territorios que se encuentran actualmente en una situación más grave son las tierras indígenas Ituna-Itatá (en el estado de Pará, junto a la hidroeléctrica de Belo Monte), Jacareúba-Katawixi (cerca de la expansión agrícola entre los estados de Amazonas, Acre y Rondonia), Piripkura (considerada de uso exclusivo de los pueblos aislados y que sufre con la deforestación y el robo de tierras, en Mato Grosso) y Pirititi (afectada por las obras de la carretera BR-174, en Roraima).

Los datos que el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Reciente Contacto (OPI) envió al grupo de transición del gobierno de Lula ya alertaban a la nueva gestión que precisamente los decretos de restricción de uso de esas tierras indígenas en situación de emergencia estuvieron amenazadas constantemente durante el gobierno Bolsonaro, que en numerosas ocasiones se negó a renovarlas y solo cedió por determinación judicial. Los decretos tienen el objetivo de salvaguardar a los indígenas aislados y proteger sus territorios para que el principal organismo indigenista brasileño, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), pueda identificar y vigilar la zona mientras no se finaliza el proceso de demarcación de ese territorio.

Brasil es el país de Sudamérica que tiene más pueblos indígenas aislados. Quizás del mundo. La Funai ha registrado la existencia de 114 grupos. De estos, la Funai ha confirmado la presencia y ha delimitado los territorios de 28, solo queda reconocerlos como territorio indígena. Hay otros 26 que se están estudiando y 60 sobre los que se está recabando información. Pero el número de grupos existentes puede ser aún mayor, porque la Funai todavía no se ha manifestado sobre algunos que han sido localizados por los Frentes de Protección Etnoambiental, que son unidades de campo del Sistema de Protección a los Indígenas Aislados y de Reciente Contacto.

Los pueblos indígenas aislados siempre han resistido a la violencia constante y a los numerosos intentos de contacto forzado. Bolsonaro recortó los recursos de la Funai principalmente en el programa Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluía la salvaguarda de los territorios. Durante su mandato, el expresidente también puso al frente del organismo indigenista al comisario de policía Marcelo Xavier, un antindígena que persiguió a numerosos líderes y organizaciones, como la Articulación Nacional de los Pueblos Indígenas de Brasil, a la actual ministra Sonia Guajajara y al líder indígena Almir Suruí, que fueron acusados de «difundir mentiras» contra el gobierno de Bolsonaro.

Los pueblos indígenas aislados y de reciente contacto tienen características distintas, idiomas, tradiciones y organización social propia, que están garantizadas en los artículos 231 y 232 de la Constitución Federal, y tienen derecho a que sus territorios sean reconocidos y demarcados. Nelly Marubo, técnica de proyectos de la gestión de los pueblos indígenas aislados y de reciente contacto de la Coiab, explica que los invasores —mineros, madereros y pescadores ilegales— son grandes amenazas. «Dejan los territorios indígenas en una situación crítica. Contaminan el agua de tal manera que, además de la escasez de peces y otros tipos de caza, estos pueblos sufren enfermedades de la piel y otros tipos de enfermedades que pueden llevarlos a la muerte, porque [los indígenas aislados] no tienen contacto con las enfermedades de aquí, de esta sociedad, y esto es preocupante», dice Nelly.

La desnutrición, la contaminación por mercurio, la violencia, las violaciones, las muertes y el impacto en la organización social son problemas que señalan los líderes de la mayor tierra indígena de Brasil, la Yanomami. En este territorio se confirma la presencia de pueblos aislados, y la violencia que pone de relieve este reportaje constituye un genocidio en masa. En los últimos años, quienes deberían haber ayudado a proteger estos espacios no han hecho nada efectivo, como muestra la cobertura especial del caso que ha hecho SUMAÚMA desde que reveló la muerte de al menos 570 niños en febrero de este año.

Según el presidente de la Urihi Asociación Yanomami, Júnior Hekurari Yanomami, la Funai del gobierno de Bolsonaro no hizo casi nada, y esto afectó directamente la vida de los pueblos aislados y de reciente contacto. «La Funai no actuó de forma integral en el territorio Yanomami. A veces hacía donaciones o participaba en operaciones, pero de forma muy distante», afirma. «No teníamos apoyo cuando realmente lo necesitábamos, ni respuestas a [las interpelaciones de] qué harían para expulsar a los invasores».

El líder indígena cuenta que los pueblos aislados evitan el contacto incluso con los propios Yanomami de reciente contacto. «Tienen miedo y, cada vez que los descubren, cambian de ubicación. Por eso tenemos que proteger el territorio, porque somos nosotros quienes podremos protegerlos», explica Júnior.

Una tragedia. Así define el funcionario de la Funai Rodrigo Ayres, indigenista especializado del Frente de Protección Etnoambiental Madeirinha-Juruena, las acciones del gobierno de Bolsonaro con relación a los pueblos aislados. «Bolsonaro fue una tragedia, una debacle. Ni siquiera se puede decir que fue negligencia, porque la política pública fue conscientemente diseñada para entregar sus territorios a criminales ambientales y se persiguió incluso a los funcionarios que más vehementemente se opusieron a estos ataques. Un escenario apocalíptico, que tiene que investigarse. El asesinato de Bruno Pereira —con quien hablé mucho antes de que ocurriera—, su muerte física, representa la cúspide de esta política pensada y ejecutada contra los pueblos aislados. Bruno dio su vida por la causa y su muerte conmocionó al mundo», dijo Ayres.

Con gran emoción, Ayres, que desde hace 5 años vive la resistencia de estos pueblos, destaca la importancia de que la sociedad comprenda que esta lucha no es solo de los indígenas e indigenistas, sino de toda la humanidad. «Es conmovedor ver la fuerza y la resistencia de estos pueblos, que nos demuestran todos los días que es posible organizarse socialmente de otra forma», afirma. Y pone algunos ejemplos: «La manera como Tanaru [el último superviviente del genocidio de su pueblo y conocido como el indio del agujero] vivió y resistió —incluso después de su muerte—, permaneciendo en la selva solo durante más de 20 años y rechazando el contacto con los no indígenas. Los Piripkura, de los que solo quedan 3 supervivientes de las masacres, que aún consiguen sonreír y cantar».

Para Ayres, esta resiliencia es aún más notable dada la extrema vulnerabilidad de estos grupos, que viven bajo presión en lugares codiciados para actividades económicas. «Como los indígenas aislados dependen exclusivamente de la selva para sobrevivir, y no tienen inmunidad para las enfermedades de los no indígenas, la creciente presión sobre sus tierras aumenta el riesgo de genocidio. El cerco se estrecha, porque los frentes de expansión y colonización están cada vez más cerca y las zonas boscosas se reducen. Es una situación extremadamente preocupante, que merece la debida atención del Estado y de la sociedad», afirma el indigenista.

El peligro es permanente, hay una advertencia de genocidio que salta a los ojos de la sociedad. Hay mineros, empresarios, políticos y misiones evangélicas que amenazan la vida de estos pueblos. Es urgente y necesario actuar de inmediato para proteger a las personas y los territorios.

Joênia Wapichana, abogada y primera mujer indígena en ser diputada en Brasil, es la nueva presidenta de la Funai. Por primera vez, el principal organismo indigenista de Brasil, creado en 1967, tiene una presidenta indígena. Con relación a los pueblos aislados, Joênia dice que cumplirá la misión de la Funai como institución, pero sabe que los desafíos no son pocos, principalmente por el desmantelamiento que ha sufrido en los últimos años.

«Tengo que cumplir la misión institucional, la Funai no la estaba cumpliendo, dejaba entrar a muchos invasores, no tenía una política de protección permanente», dice Joênia. «El asesinato de Bruno Pereira y Dom Phillips es un ejemplo de cómo funcionaban las cosas dentro de la Funai. Ya hemos tenido algunas reuniones con algunos líderes del Valle del Yavarí, con funcionarios que trabajan con indígenas aislados y de reciente contacto, y sabemos que es muy importante tener una política más seria, más responsable, por lo que es precisamente en esta línea de entendimiento en la que vamos a actuar», afirma.

Joênia recuerda que el Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido por Sonia Guajajara, ha creado un departamento exclusivo para fortalecer precisamente esta cuestión [la antropóloga Beatriz Matos, viuda del indigenista Bruno Pereira dirige el Departamento de Protección Territorial y de Pueblos Aislados y de Reciente Contacto]. Y añade: «La Funai tiene que actuar también en esta línea, porque hoy es prioritario tener una política clara, eficiente y eficaz en consonancia con una inspección más presente y reforzada. Por lo tanto, así tiene que actuar, cumpliendo con su deber institucional».

En cuanto al presupuesto, la presidenta afirma que, de 2022 a 2023, ha habido un aumento de poco más de 100 millones de reales (19 millones de dólares), pero que es insuficiente. «Hay que buscar alternativas para un presupuesto que pueda cumplir, incluso con las promesas de campaña del propio presidente Lula». El presupuesto de la Funai sancionado en enero de 2023 es de poco más de 514 millones de reales (97 millones de dólares). No obstante, el valor del programa Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas es de unos 80,5 millones de reales (15 millones de dólares), la mitad de los cuales se destinan a Regularización, Demarcación e Inspección de Tierras Indígenas y Protección de los Pueblos Indígenas Aislados.