El margen ecuatorial de la costa brasileña, que tiene este nombre porque está ubicado en el ecuador, es muy rico en peces, alberga el 80% de los manglares del país y sus corrientes y lechos, especialmente en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas, han sido poco estudiados por la ciencia. En este ambiente de extrema sensibilidad e incertidumbre sobre cuáles serían las consecuencias en caso de producirse un accidente, Petrobras pretende perforar un pozo en busca de petróleo en el llamado bloque 59, a 159 kilómetros de la costa de Oiapoque, en el extremo norte de Brasil. La operación de la empresa estatal enfrenta intereses dentro del propio gobierno, con lo que pone a prueba la fuerza del compromiso medioambiental del presidente Lula y de Marina Silva, su ministra de Medio Ambiente y Cambios del Clima.

Los autos del proceso en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), a los que ha tenido acceso SUMAÚMA, muestran que la concesión de la licencia para operar es casi irreversible. Petrobras intensificó la presión en el ocaso del gobierno de Bolsonaro, ignorando el antecedente de hace 11 años en la desembocadura del Amazonas, cuando un buque fue arrastrado al intentar perforar un pozo. Una licencia del Ibama es suficiente para que un proyecto comience, pero, a la vez, el instituto tiene un poder limitado, ya que examina estrictamente el impacto directo de un proyecto en su área inmediata, como si estuviera aislado del entorno socioambiental más amplio. A menudo, también se necesita una decisión de política medioambiental del gobierno. Por eso, el proyecto de Petrobras es un desafío directo a Lula y Marina, en un momento en que prometen correr para salvar la selva amazónica de su propia degradación irreversible y después de que el presidente se comprometiera, ya antes de asumir el cargo, a cumplir los compromisos de sustituir los combustibles fósiles para evitar que el calentamiento global alcance un nivel catastrófico.

SUMAÚMA entró en contacto con Petrobras y el Ministerio del Medio Ambiente para preguntarles sobre el proyecto en la desembocadura del Amazonas. A través de sus asesorías de comunicación, ofrecieron respuestas que indican que puede haber un enfrentamiento entre ambas partes. La empresa estatal, dirigida actualmente por Jean Paul Prates, nombrado por Lula, afirma que no tiene intención de renunciar a perforar en esa zona: «explorar nuevas reservas es esencial para mantener los negocios de petróleo y gas, incluso en un panorama de transición energética, que naturalmente priorizará las fuentes de energía limpias. Estas actividades de exploración y producción se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de responsabilidad social y medioambiental, en línea con la Planificación Estratégica de la empresa, y están sujetas al control externo de los órganos de supervisión».

El ministerio de Marina Silva, en respuesta conjunta con el Ibama, destacó un extracto del último dictamen técnico del instituto sobre el proyecto, publicado el 31 de enero, que afirma que «la ausencia de una evaluación ambiental estratégica, como la AAAS, y de otros instrumentos de gestión ambiental, dificulta significativamente decidir sobre la viabilidad ambiental de la actividad, insertada en un área de notoria sensibilidad socioambiental y una nueva frontera para la industria del petróleo». AAAS, sigla de Evaluación Ambiental de Área Sedimentaria, es un instrumento creado en 2012 que permitiría justamente evaluar de forma más amplia toda la región afectada por el proyecto petrolero.

Si Petrobras perfora en el bloque 59 y llega a una profundidad estimada de 2,8 kilómetros, representaría la apertura de una «nueva frontera» petrolífera para la estatal. La decisión de conceder o no la licencia, que podría iniciar una avalancha de autorizaciones, está en el centro del futuro de la región, del destino de la selva y también del de la propia Petrobras: si seguirá siendo una empresa centrada en la exploración de petróleo para obtener beneficios a corto plazo para los accionistas y el Tesoro —lo que un experto que formó parte del equipo de transición del gobierno de Lula calificó de «estrategia kamikaze»— o si utilizará su capacidad técnica para convertirse en una empresa energética, centrada en los combustibles verdes que predominarán después de 2030, incluida la biomasa, el hidrógeno verde y los parques eólicos desplegados en el océano.

Suely Araújo, que presidió el Ibama entre junio de 2016 y diciembre de 2018 y actualmente es especialista en políticas públicas en el Observatorio del Clima, afirma que un derrame de petróleo en la desembocadura del Amazonas causaría una tragedia. «Petrobras debería utilizar las áreas que ya están autorizadas y no seguir invirtiendo en prospectar en zonas ecológicamente frágiles», opina. «Durante el gobierno de Bolsonaro intentaron que se abriera una licitación cerca de Abrolhos, al lado de Fernando de Noronha y el Atolón de las Rocas. La desembocadura del Amazonas es una región poco estudiada, nadie sabe realmente qué biodiversidad hay allí, es única en el mundo, con estas características, con la cantidad de sedimentos que vienen del río. ¿Qué es lo que hay allí realmente? Hay indicios, pero no lo sabemos».

Mapa de la posición del bloque 59 de Petrobras. Infografía: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

Edmilson dos Santos Oliveira, del pueblo Karipuna, es el coordinador del Consejo de Caciques de los Pueblos Indígenas de Oiapoque, que cuenta con 67 miembros. Él, como otros indígenas, pescadores, ecologistas y fiscales medioambientales, está angustiado e inseguro por lo que le pueda ocurrir a Oiapoque, una región de manglares y campos inundados que alberga 3 tierras indígenas y 2 parques nacionales de protección medioambiental.

«La proyección que hizo Petrobras no muestra que la mancha negra se dirija hacia la tierra indígena, solo muestra que va hacia el lado francés. Y esto es increíble, porque sabemos que desde el momento en que la marea sube, esta corriente vendrá hacia los ríos y entrará en ellos. Para nosotros la preocupación es muy grande, porque nuestros ríos tienen muchas llanuras de inundación, muchos palmerales de asaí de los que vivimos, muchos lagos. Si ocurre un accidente, perderemos muchas cosas», afirma. «Todo esto es nuestra vida. Sin el río, no existimos».

Edmilson se refiere a uno de los puntos más controvertidos del proceso para obtener la licencia ambiental: los escenarios de un posible derrame de petróleo que ha presentado Petrobras al Ibama no prevén que llegue a las costas de Oiapoque. Los escenarios se basan en la fuerza de la Corriente del Norte de Brasil, que tiende a arrastrar el petróleo derramado hacia el mar de la Guayana Francesa, Surinam y Guyana, y puede incluso llegar a islas caribeñas como Martinica, Trinidad Tobago y Granada, una perspectiva muy grave en sí misma.

Escenarios de dispersión del petróleo, de acuerdo con Petrobras. Infográfico: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

Aunque reconocen las premisas de esta hipótesis, algunas personas de la región, como Edmilson y el oceanógrafo Ricardo Motta Pires, responsable del Parque Nacional del Cabo Orange, que protege el ecosistema de la desembocadura del río Oyapoque, tienen muchas dudas derivadas de su experiencia sobre el terreno. «En el cabo Orange, las mareas tienen una media de 4,5 metros. Hay una isla al sur, Maracá-Jipioca, que también es zona de protección integral, donde la marea alcanza los 11 metros. En el sudeste, a título comparativo, es de aproximadamente 1 metro. Es un terreno de fango blando que llega por encima de la rodilla. La vegetación es de mangle, que respira a través de millones de tubos diminutos que se encuentran en la superficie. Si una mancha negra llega a la costa con la marea alta, se adentrará más de 1 kilómetro en la tierra. Cuando se asiente, será el fin del manglar. No habrá forma de limpiar estos tubitos, ni de recuperar nada», dice Ricardo, que lleva 20 años dirigiendo el parque.

Por esta y otras dudas, el proceso de concesión de licencias, iniciado por la empresa británica BP, que hasta 2020 lideraba la explotación del bloque 59, ya dura nueve años. Petrobras, que posteriormente se hizo cargo de la operación, aunque BP sigue siendo socia, intentó acelerar el proceso en la segunda mitad del año pasado. En un tema en el que es inevitable citar muchas siglas, en este mismo momento el Ibama —responsable de la concesión de licencias para todos los proyectos petrolíferos frente a las costas brasileñas— está muy cerca de fijar la fecha para el llamado Plan de Evaluación Pre-operacional (APO en portugués) del Plan de Emergencia Individual (PEI) que presenta la empresa, momento en el que debe demostrar su capacidad para gestionar accidentes. Si la simulación supera la prueba, la aprobación del PEI es casi automática, abriendo el camino para la expedición de la licencia para operar. Recientemente, en una reunión entre ambas partes el 31 de enero, Petrobras propuso programar la APO antes del Carnaval, pero el Ibama dijo que lo consideraba «inviable», ya que la propuesta del PEI aún no ha sido aprobada.

El margen ecuatorial se divide en cinco cuencas, que comienzan en el estado de Río Grande del Norte y terminan en la desembocadura del Amazonas. De las cinco, solo hay prospecciones petrolíferas en la costa de Río Grande del Norte. En la desembocadura del Amazonas, las perforaciones que se realizaron anteriormente en aguas menos profundas no encontraron petróleo. En 2011, como una advertencia sobre los riesgos de explorar la región, el buque perforador de Petrobras fue arrastrado por la corriente mientras intentaba encontrar petróleo a 110 kilómetros de la costa de Oiapoque. La empresa estatal acabó abandonando el pozo.

Cuencas del margen ecuatorial. Infográfico: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

En 2013, apenas 2 años después del accidente, la Agencia Nacional del Petróleo concedió nueve bloques en la cuenca de la desembocadura del Amazonas. Hasta ahora, ninguno ha obtenido una licencia para operar. En 2018, la francesa Total se retiró de la cuenca, donde pretendía perforar en un bloque cercano al 59, tras no obtener la licencia del Ibama por no demostrar que podría contener un derrame de petróleo en una zona donde los vientos son siempre fuertes y la Corriente Norte, muy rápida. En aquel momento, Total estaba sometida a una gran presión por parte de los grupos ecologistas, además de enfrentarse a las nuevas directrices de la Unión Europea para reducir el uso de combustibles fósiles.

Fue también en 2018 cuando una expedición de Greenpeace tomó imágenes inéditas de lo que los científicos llaman el «gran sistema de arrecifes amazónicos». Situada a unos 200 kilómetros de la costa, la formación se describió por primera vez en detalle en 2016. Tiene bancos de esponjas y corales de aguas profundas, donde la «pluma del Amazonas» —como se denomina a la zona de sedimentos que arroja el río, que tiene forma de pluma— permite que entre la luz. Con un tamaño y una estructura que siguen siendo objeto de desacuerdo en la comunidad científica, este sistema de arrecifes es otra de las grandes preocupaciones de los ecologistas, que señalan la necesidad de realizar más estudios sobre la región.

El gran sistema de arrecifes amazónicos. Infográfico: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

«La riqueza de la fauna marina de la zona se debe a la combinación del estuario del Amazonas y el gran sistema de arrecifes amazónicos. Saber si este ecosistema captura carbono aún se encuentra en el ámbito de la frontera académica», afirmó el biólogo Vinicius Nora, analista de conservación sénior de WWF-Brasil. «Con este escenario, de innumerables lagunas de conocimiento, de innumerables factores de importancia socioambiental, podemos cuestionar si es el lugar adecuado para que avance la frontera de la exploración petrolífera al final de su era».

En el segundo semestre de 2022, cuando Petrobras presentó su plan estratégico para el período de 2023 a 2027, preveía gastar en el margen ecuatorial la mitad de los 6.000 millones de dólares destinados al descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos. Pretendía perforar 16 pozos en la región, un número elevado en comparación con los 24 previstos para la región presalina, ya productora.

Lo que motivó la codicia por la costa norte de Brasil fue el caso de Guyana, vecina de Venezuela, un país de 800 mil habitantes donde la estadounidense ExxonMobil descubrió grandes yacimientos en alta mar a partir de 2015. En Surinam también se han descubierto reservas, pero no a escala guyanesa, y el inicio de las prospecciones petrolíferas en alta mar se ha retrasado hasta 2027. En la Guayana Francesa, a su vez, hubo una serie de perforaciones fallidas y Total suspendió su operación en 2019. El plan de descarbonización de Francia ha prohibido la exploración de combustibles fósiles a partir de 2040; el país ya hace un amplio uso de la energía nuclear, que tiene sus propias controversias.

Aparte de los cálculos financieros y logísticos, Petrobras suele alegar que tiene experiencia en la prevención de catástrofes. Pero cuando se trata de petróleo, un solo accidente acarrea consecuencias duraderas y envenena peces, aves y plantas. Por citar solo un ejemplo, en 2000, el derrame de 1,3 millones de litros de crudo de un oleoducto de la refinería de Duque de Caxias se extendió por 40 kilómetros cuadrados y contaminó todo el manglar del fondo de la bahía de Guanabara. A pesar del esfuerzo conjunto para recuperar la zona, casi 20 años después seguía habiendo depósitos de petróleo en el lodo.

A principios de noviembre de 2022, Petrobras empezó a moverse para eliminar el principal obstáculo en la obtención de la licencia de explotación del bloque 59: la previsión de escenarios de dispersión de crudo en caso de accidente. El modelo —como se denomina en la jerga técnica este estudio informático en el que se basa el Plan de Emergencia Individual— lo había entregado BP al Ibama en 2015, que lo cuestionó. En varios documentos, el instituto afirma que, para que los escenarios sean más precisos, habría que construir una «base hidrodinámica» que represente mejor la dinámica costera de la región, incluyendo la posibilidad de que corrientes distintas a la del Norte de Brasil lleven residuos de petróleo a la costa de Amapá. Esta base no se ha completado hasta la fecha.

En marzo del año pasado, 28 organizaciones ambientalistas e indígenas entregaron una representación a los Ministerios Públicos de los estados de Pará y Amapá pidiendo que actuaran en varios puntos del proceso de concesión de licencias. En el documento, mencionan un estudio realizado por el Instituto de Estudios Costeros de la Universidad Federal de Pará que señala cinco puntos débiles en el modelo de 2015.

El estudio afirma, por ejemplo, que la proyección utilizaba cartas náuticas «anticuadas» y que no detallaba las zonas no relevantes para la navegación. También afirma que no tiene en cuenta la complejidad de la costa local, «que presenta entrantes, estuarios y manglares con anchuras que oscilan entre los 100 metros y algunos kilómetros». Y también que, en este tipo de sistema, las corrientes que van hacia la costa son más eficaces para «empujar» materiales del mar hacia tierra firme que las corrientes que van de la tierra al mar.

El estudio de la Universidad Federal de Pará coincide con la experiencia de Ricardo Motta Pires, responsable del Parque Nacional del Cabo Orange, que cuenta que en abril de 2014 avisaron a su equipo que habían encontrado «restos de un avión» en el manglar. Tras cinco horas de búsqueda, apoyada por los bomberos, se encontraron varias piezas de un cohete, que más tarde se confirmó que había sido lanzado el mes anterior desde el Centro Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, desde donde se lanzan al espacio la mayoría de los satélites europeos. En este tipo de lanzamiento, algunas partes del vehículo que lleva el satélite a la órbita terrestre se sueltan por el camino.

Según el propio Ibama, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que gestiona el parque, consultó a unos compañeros de la Guayana Francesa, que estimaron que los restos del cohete cayeron en una zona situada a 350 kilómetros al este del bloque 59, a una distancia mucho mayor de la costa de Oiapoque. «Si suponemos que esta parte cayó allí y llegó al parque, es porque hay alguna corriente que la trae a la costa. Se suponía que tenía que ir hacia Guyana y Surinam, flotando, pero debe de haber alguna corriente que se forma y se deshace, solo aparece de vez en cuando. Este es el gran interrogante ante lo que ellos [Petrobras] presentan», dice el oceanógrafo.

Ricardo dice que, desde que dirige el parque, también ha encontrado una barca de la competición de remo entre Dakar (Senegal) y Cayena (Guayana Francesa), cuyo ocupante se encontró mal y tuvo que ser rescatado en helicóptero. También encontró boyas a la deriva que se habían lanzado en Maranhão para estudios científicos.

A pesar de las dudas, los documentos del proceso de concesión de licencias muestran que el Ibama acordó no esperar a que se construyera la «base hidrodinámica» para seguir con el proceso. En una reunión virtual celebrada el 15 de septiembre del año pasado, el representante de Petrobras ya daba por seguro que no se le exigiría un modelo totalmente nuevo sobre la dispersión del crudo procedente de un eventual derrame en el bloque 59. En su lugar, prometió presentar un estudio complementario con información más actualizada sobre esa zona marítima, adelantando que no habría «grandes cambios» respecto al documento que BP presentó en 2015.

De hecho, el estudio que Petrobras denominó «complementación del modelo», presentado finalmente el 7 de noviembre, afirma que «no hubo cambios significativos» en el análisis de los riesgos medioambientales. El documento reitera que el petróleo derramado no llegaría a las costas brasileñas, aunque admite que podría alcanzar las costas de los países vecinos al cabo de 10 días si no se actúa rápidamente para contenerlo. «Petrobras informa que los nuevos resultados del modelo ratificaron el comportamiento indicado en el estudio anterior, es decir, confirmaron la tendencia de la dispersión de un posible derrame de petróleo a seguir un flujo hacia el noroeste, influenciada por la Corriente del Norte de Brasil, y, consecuentemente, a alejarse de la costa brasileña y fluir hacia aguas internacionales, llegando a alcanzar la costa de los países vecinos de Brasil en un plazo superior a 10 días», dice el documento, que concluye que las hipótesis del Plan Individual de Emergencia «siguen siendo adecuadas y no requieren ajustes técnicos».

La «complementación del modelo» recibió el 31 de enero un dictamen técnico del Ibama, que cita incluso el caso del cohete en el Parque del Cabo Orange y plantea dudas que pide que Petrobras aclare. Sin embargo, afirma que «en este momento no son un impedimento para la aprobación del nuevo estudio». El dictamen se refiere incluso al proceso de concesión de licencias de otros bloques, incluido el 57, vecino del 59, diciendo que deben esperar a que el modelo predictivo se actualice como sugiere el instituto, «principalmente porque se trata de un área extremadamente sensible, poco conocida y con grandes desafíos logísticos, tanto para situaciones de emergencia como para actividades rutinarias». En un futuro próximo, según el análisis de Ibama, estará lista la «base hidrodinámica» del margen ecuatorial, «lo que permitirá introducir nuevas mejoras».

Suely Araújo recuerda que, en 2018, el proyecto de Total no se autorizó porque, entre otras razones, la empresa no demostró que evitaría la llegada de petróleo al mar de la Guayana Francesa. «En menos de 6 horas, por lo que decía el proceso, el petróleo ya estaba fuera de las aguas brasileñas. Se autorizaría un área vinculada a otro país, imagínate si se produce un derrame, ¿qué pasaría?», cuestiona. En el caso del bloque 59, Petrobras estima que el crudo derramado llegaría al mar francés en 10 horas y afirma que el año pasado se celebraron reuniones con representantes de las dos Guayanas y de Surinam. Aunque la empresa estatal no haya comunicado qué acuerdos se tomaron en estas reuniones, el Ibama consideró que se cumplía el requisito de «informar a otros países».

La elaboración del plan estratégico de Petrobras para este año y los siguientes coincidió con la intensificación de la presencia de la estatal en la ciudad de Oiapoque. En la reunión del 15 de septiembre, la empresa presentó un cronograma en el que esperaba obtener la licencia para operar en noviembre. En diciembre, envió un buque de perforación a la región, el ODN II, e incluso anunció a la prensa que se llevaría a cabo el simulacro de una situación de emergencia ese mismo mes. En aquel momento, Rafael Chaves, director de relaciones institucionales de Petrobras, declaró al Diário do Amapá: «El diálogo con el Ibama es excelente. Con el Ministerio de Medio Ambiente también, todo el mundo comprende la importancia de esto para la región en términos de creación de empleo, generación de ingresos, más inversiones».

El protocolo del Ibama para conceder licencias, en lo que respecta a la comunicación de las empresas solicitantes, establece que estas deben evitar crear expectativas a la población local sobre los posibles proyectos. Pero declaraciones como las de Chaves —que probablemente dejará el cargo con la nueva dirección de la empresa estatal— explican por qué en la región están germinando expectativas poco realistas. Entre octubre y noviembre, la empresa celebró «reuniones informativas» en 18 municipios de Amapá y Pará, incluidas dos más grandes, una en Oiapoque, donde prevé instalar la base aérea del proyecto, y otra en Belém, donde se ubicaría la base naval. En las audiencias se plantearon preguntas frecuentes sobre los puestos de trabajo, la formación del personal local y el pago de cánones.

En estas reuniones, en las que participaron funcionarios del Ibama, los portavoces de Petrobras se mostraron más comedidos. Dijeron que solo en la fase de producción, si se encontrara petróleo, se podría hablar de cánones y de formación del personal. Pero añadieron que la reforma del aeródromo local, que la empresa pública ya ha comenzado a construir, «será un legado» para Oiapoque en esta primera fase. El pequeño aeropuerto, por cierto, ya ha provocado un conflicto: el vertedero de la ciudad está en la ruta de los aviones que llevarían la tripulación al bloque 59 y la idea original era trasladarlo. Pero la ubicación elegida quedaría frente a una aldea indígena y cerca de unos arroyos, que son «viveros de peces». El caso aún no se ha resuelto.

«La llegada de Petrobras genera una gran expectativa a quienes viven en la ciudad, dicen que traerá riqueza, mejoras, puestos de trabajo. Mucha gente se está movilizando, los empresarios se están movilizando», afirma el cacique Edmilson. «Y a nosotros nos critican, “porque los indígenas están en contra del progreso”. Pero intentamos aclarar de alguna manera que los indígenas no están en contra del progreso. Lo que queremos es encontrar la manera de no correr ningún riesgo».

Sobre las expectativas en Oiapoque, el último informe técnico del Ibama sobre el proceso, de 31 de enero, hace consideraciones atípicas, interpretadas como una petición de ayuda al Ministerio de Medio Ambiente. El texto lamenta que las normas del proceso de concesión de licencias medioambientales no incluyan evaluaciones obligatorias de la idoneidad de una cadena de producción de petróleo para la región donde se implanta la iniciativa. El proceso de concesión de licencias «no es capaz de evaluar las transformaciones socioambientales que pueden provocar el desarrollo del conjunto de proyectos. No es capaz de predecir si el petróleo es una vocación económica adecuada para la región, compatible con las demás vocaciones. Por lo tanto, no es capaz de responder a una pregunta fundamental: ¿tiene una región determinada las aptitudes necesarias para el desarrollo de la prospección y producción de petróleo, teniendo en cuenta toda la cadena que está implicada? ¿En qué condiciones?», dice el dictamen.

De los 28 mil habitantes de Oiapoque, unos 8 mil pertenecen a los pueblos Karipuna, Palikur, Galibi Kali’nã y Galibi-Marworno. Las tres tierras indígenas —Uaçá, Juminã y Galibi— corresponden al 23% del territorio del municipio. Muchas de las 53 aldeas tuvieron que cambiar de lugar debido a la construcción de la carretera BR-156, que une Macapá y Oiapoque, una distancia de casi 600 kilómetros. Cuatro grandes ríos dictan la vida en la región: además del Oyapoque, el Uaçá, el Urucauá y el Curipi. En 2017 se inauguró un puente sobre el Oyapoque, que conecta el municipio con la Guayana Francesa.

Territorios potencialmente afectados por el proyecto de exploración. Infográfico: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

Edmilson vive en el kilómetro 50 de la carretera BR-156, su aldea fue una de las que se reubicaron durante la construcción de la carretera. Hay 75 personas viviendo en casas de albiñelería, pero solo tienen electricidad por la noche, cuando pueden comunicarse por WhatsApp. El lugar está bañado por un brazo del río Curipi: hay muchos peces, pero no se puede pescar ni cazar para vender. «Para cenar, comemos el pescado que ha sobrado del almuerzo o pescamos más», dice Aniceia Forte, la mujer de Edmilson. Si alguien mata una paca, un agutí o un tapir, lo comparte con otras familias. Solo pueden venderse los excedentes del huerto, y la actividad comercial más común es la producción de harina. «Dormimos muy tranquilos por la noche, dejamos la casa abierta durante el día», dice.

Por eso preocupa la llegada de forasteros, no solo empleados de Petrobras, sino «otros que vengan a aventurarse, a intentar una vida mejor», como dice Edmilson. Cuando se frustran, las expectativas pueden llevar a la delincuencia, como suele ocurrir en los grandes proyectos. Elegida hace 2 años como la primera y única indígena de los 11 concejales de Oiapoque, Lília Ramos Oliveira, conocida como Lília Karipuna, contó que los indígenas organizan grupos de vigilancia en las reservas, para controlar la pesca ilegal y la tala. Lília, del partido Republicanos, dijo que el año pasado encontraron evidencias de una invasión de mineros ilegales que intentaban reclutar a los indígenas de las aldeas, y tuvieron que avisar a la Policía Federal y a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).

La representación que varias entidades ambientales e indígenas hicieron en marzo de 2022 dio como resultado una «recomendación conjunta» que 3 fiscales federales de Pará y Amapá enviaron al Ibama y a Petrobras en septiembre de 2022. En el documento, los fiscales pidieron que se suspendieran la Evaluación Preoperativa y la licencia para operar el bloque 59 hasta que se presente un nuevo modelo de dispersión del petróleo.

Los fiscales también mencionaron la necesidad de realizar una «consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales interesadas», en la que deben respetarse «los protocolos de consulta y consentimiento elaborados por las propias comunidades afectadas». En 2019, los cuatro pueblos indígenas de Oiapoque crearon un protocolo para estas consultas, recogidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Brasil e incorporado a la legislación nacional en 2003.

En su respuesta a la recomendación, Petrobras minimizó los impactos de la primera fase del proyecto, diciendo que solo quiere perforar un pozo para ver si encuentra petróleo y evaluar si merece la pena explotarlo, un proceso que podría durar más de una década. Si se tomara esa decisión, sería necesario obtener nuevas licencias de producción. Sin embargo, es bien sabido que, una vez concedida una licencia de prospección, será muy difícil impedir que se explore.

En la respuesta, Petrobras también afirmó que la posibilidad de que llegara petróleo a la costa brasileña no estaba prevista porque el modelo de predicción no hace «simulaciones inversas», es decir, no dibuja escenarios de actuación a partir de hipótesis que el propio modelo no prevé. En cuanto a la consulta previa, Petrobras argumentó que era «una etapa superada», ya que en 2016, cuando BP estaba a cargo del proyecto, se realizaron reuniones con comunidades indígenas y quilombolas de Amapá y Pará. «Realizar algunas audiencias públicas con la comunidad local no significa que se haya llevado a cabo la consulta previa, que se hace con cada comunidad específica», advierte la fiscal Gabriela Tavares Câmara, una de las firmantes de la recomendación del Ministerio Público.

Aunque esté recogida en la legislación brasileña, el Ibama no considera la consulta previa un requisito para la concesión de licencias ambientales. Para el Consejo de Pueblos Indígenas de Oiapoque, sin embargo, se trata de una cuestión de derecho y honor. «En cualquier proyecto que se desarrolle cerca de tierras indígenas, exigimos consulta», afirma el cacique Edmilson, que el 25 de enero trató el asunto en una reunión en la sede de Funai, en Macapá, con la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara. «Alegan que ahora es solo una prueba para ver si encuentran petróleo, pero nos preocupa, porque después de la prueba no hacen la consulta, siguen adelante y se olvidan del tema», añade. El impasse se debatirá en una reunión prevista para el 14 de febrero entre los representantes indígenas y Petrobras, después de que la que estaba programada para el 6 de diciembre tuviera que aplazarse por un brote de covid-19 en la Tierra Indígena Uaçá.

Tras presentar la «complementación del modelo», el siguiente paso de Petrobras, el 8 de diciembre, fue informar de la incorporación de cuatro buques fletados —C-Warrior, C-Viking, MS Virgie y Corcovado— a la estructura de respuesta en caso de accidente. Un quinto buque, el Mr Sidney, ya había sido inspeccionado por el Ibama en Río de Janeiro y había sido considerado apto el 6 de diciembre: 11 días antes, había fallado en un primer simulacro de ejercicios de contención de petróleo.

Los cuatro nuevos buques fueron inspeccionados a mediados de diciembre en las afueras de Belém. El 24 de enero, el Ibama entregó los informes de las inspecciones a los buques y a la «base avanzada de emergencias» de Belém: todos fueron considerados aptos para el Plan Individual de Emergencia, pero el organismo recomendó más formación para las tripulaciones, así como la incorporación de equipos de repuesto, y solicitó que se resolvieran las cuestiones pendientes antes de que se realizara la Evaluación Preoperativa. En enero, las agencias de noticias económicas informaron que la estatal estaba gastando una fortuna al día —estimada en 1 millón de dólares— en los equipos movilizados en la región: el buque perforador, tres helicópteros y los buques del plan de emergencia.

Los últimos días, Petrobras ha informado a la prensa que, principalmente, lo que queda para que el Ibama le conceda la licencia para operar es la licencia para el Centro de Rehabilitación y Despetrolización de la Fauna, con sede en Belém, que debe concederla la Secretaría de Medio Ambiente de Pará —estado que gobierna Helder Barbalho (Movimiento Democrático Brasileño), que preside el Consorcio Amazonia Legal y busca destacarse como político ambientalmente responsable con el objetivo de obtener financiación para combatir la deforestación y producir energía verde en el estado—. Inicialmente, el centro iba a construirse en colaboración con la Universidad Federal Rural de la Amazonia, pero la asociación fracasó y se contrató a una empresa privada, Mineral. La secretaría dijo que la licencia se solicitó el 20 de octubre y que, a partir de entonces, tiene hasta 6 meses para analizarla. El 19 de enero pidió información adicional a Petrobras. El Ibama ha programado una inspección del centro para el 14 de febrero.

Sin embargo, los escenarios del modelo siguen siendo el mayor obstáculo para autorizar la licencia, incluidas las repercusiones en los países vecinos. Básicamente, no hay confianza ni en la trayectoria que seguiría una marea negra ni en que Petrobras fuera capaz de controlarla en la zona del bloque 59. En medio de cualquier decisión, está la transición de gobierno: en los próximos días, el nuevo presidente del Ibama, el biólogo y diputado federal Rodrigo Agostinho (Partido Socialista Brasileño), toma posesión de su cargo, seguido del director de licencias que él y la ministra Marina Silva designen. Se cree que difícilmente un director en funciones tomará una decisión tan delicada.

«No sé si sobreviviría más de un mes en el Ibama denegando todas las solicitudes de licencia en la desembocadura del Amazonas, pero creo que esa sería mi tendencia», dice Suely Araújo. «Es una región difícil, complicada, ecológicamente sensible, los ingresos que pueda generar para el lugar no justifican el impacto que puede causar. Es casi una maldición, porque luego se acaba la exploración y todo vuelve a ser como antes. Creas una dependencia que terminará algún día, y la perspectiva es que termine pronto. ¿Brasil quiere ser el último gran vendedor de petróleo del mundo, quiere cargarse esa culpa?».