¿Quién va a pagar la factura multimillonaria de reconstruir el estado brasileño de Río Grande del Sur tras su peor catástrofe climática? En lugar de que sean las habituales víctimas inocentes —personas que perdieron sus casas, pequeños comerciantes que perdieron sus negocios—, ¿por qué no gravar a las empresas de petróleo, gas, carne y soja, principales responsables de este desastre antinatural?

Es lo que acaba de decidir el estado de Vermont, en el nordeste de Estados Unidos, en un paso legal que podría tener implicaciones pioneras en todo el mundo. El mes pasado promulgó una ley que obliga a las empresas de combustibles fósiles a pagar una parte de los daños causados por la crisis climática.

La nueva norma, bautizada con el nombre de Ley del Superfondo Climático, se inspiró en las inundaciones catastróficas que sufrió el estado en julio del año pasado y en daños causados por otros fenómenos climáticos extremos. La magnitud del desastre unió a adversarios políticos: la asamblea legislativa, controlada por los demócratas, aprobó la ley por mayoría cualificada con el apoyo de algunos republicanos y el gobernador de Vermont, Phil Scott, también republicano, no la vetó.

A pesar de la preocupación por las inevitables futuras batallas legales entre el pequeño estado y las poderosas multinacionales petroleras, Scott afirmó: «Entiendo el deseo de buscar fondos para mitigar los efectos del cambio climático que ha perjudicado a nuestro estado de tantas maneras».

Esta ley podría servir de inspiración para Río Grande del Sur y otras regiones, cada vez más numerosas, que sufren catástrofes naturales amplificadas por el calentamiento global que han provocado los humanos. En Estados Unidos, Maryland, Massachusetts y Nueva York ya se lo están planteando.

Los avances tecnológicos lo han hecho todavía más factible. Utilizando modelos informáticos y datos sobre el terreno, ahora los científicos pueden cuantificar el impacto humano en fenómenos climáticos extremos concretos. A principios de este mes, un equipo internacional de la iniciativa científica World Weather Attribution descubrió que las inundaciones atípicamente intensas, prolongadas y extensas en el sur de Brasil tenían al menos el doble de probabilidades de suceder y eran un 9% más intensas debido a la quema humana de combustibles fósiles y árboles.

El cálculo de costos y el reparto de responsabilidades también son cada vez más prácticos. En el caso de la nueva ley de Vermont, los funcionarios estatales tendrán hasta enero de 2026 para evaluar los gastos que los gases de efecto invernadero emitidos entre 1995 y 2024 generaron al estado, incluidas las repercusiones en la salud pública, la biodiversidad y el desarrollo económico. Después, utilizarán datos federales para determinar cuánto cobrar a cada contaminador por esos daños.

La responsabilidad de la crisis climática se concentra en un número muy reducido de empresas de todo el mundo. La base de datos Carbon Majors —que desde 1854 cuantifica la contribución de los mayores productores mundiales de petróleo, gas, carbón y cemento— ha descubierto que el 80% de las emisiones mundiales de CO2 fósil generadas desde el acuerdo climático de París de 2015 provienen de solo 57 compañías energéticas.

La jurisdicción es un reto mayor, pero no insuperable. Vermont puede reclamar indemnizaciones a empresas petroleras estadounidenses como ExxonMobil y Chevron. Un superfondo brasileño probablemente lo tendría más fácil con Petrobras, responsable por partida doble al explorar petróleo cerca de la desembocadura del Río Amazonas; o con empresas de la industria alimentaria vinculadas a la deforestación de la Amazonia, el Cerrado y el Pantanal, como JBS o Bunge; o con los intereses de la agroindustria y sus apoyos políticos, que han infringido la normativa ambiental en Río Grande del Sur. Cada vez hay más datos científicos que vinculan los patrones regionales de precipitaciones y temperatura con la deforestación en la Amazonia.

Otra forma de buscar compensación sería a nivel internacional. En la conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático celebrada el año pasado en Dubái, las naciones del mundo acordaron crear un fondo para daños y perjuicios que ayudará a los países más afectados por el cambio climático. Mia Mottley, la primera ministra de Barbados, sugiere que los grandes contaminadores atmosféricos contribuyeran con al menos 10% de sus ganancias en este superfondo climático mundial.

Las empresas de petróleo, gas, cemento, carne de vacuno y soja lucharán con uñas y dientes contra este tipo de iniciativas, aunque no será por falta de pruebas. Puede que sus actividades sean legales, pero cada vez está más evidente que han obtenido enormes beneficios a costa del clima y de los habitantes de regiones como Río Grande del Sur y Vermont. Obligar a las empresas a pagar por las consecuencias de sus actos reduciría su incentivo para deforestar biomas como la Amazonia y daría una ventaja competitiva a alternativas más limpias y respetuosas con la naturaleza.

Y no olvidemos que Río Grande del Sur no será la última región en sufrir daños climáticos. Cada año habrá más olas de calor, sequías y tormentas. La Amazonia también se verá afectada. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta que encabeza este artículo: ¿quién debe pagar la cuenta, los que lo perdieron todo por los efectos de la catástrofe climática o los que se beneficiaron con lo que la provocó?

En esta edición, SUMAÚMA sigue informando sobre las dificultades a las que se enfrentan las víctimas de las inundaciones en el sur de Brasil. El artista Pablito Aguiar dibuja otra historieta desgarradora, esta vez sobre la también dibujante Talita Grass, cuyas pertenencias fueron engullidas por el barro. «Aquella noche, todo lo que soy quedó atrás», se lamentó. La vida sigue, pero ahora es más difícil.

La importancia y el reto de relacionar el desastre con la crisis climática provocada por los humanos es el tema de un artículo de Jaqueline Sordi, de Porto Alegre, que invita a la reflexión. La periodista examina cómo la extrema derecha utiliza las fake news como táctica para desviar la atención de los políticos y las empresas que tienen más responsabilidad en esta calamidad.

La extrema derecha siempre intenta negar las conexiones entre las personas y el clima, entre el incumplimiento de la ley y el daño público, y entre la deforestación en la Amazonia y los desastres en Río Grande del Sur. Para ellos, todo está determinado por individuos aislados que compiten entre sí. SUMAÚMA cree lo contrario: todos somos interdependientes y prosperamos mejor cuando trabajamos juntos como sociedad y en colaboración con otras especies. Encontrar la mejor forma de hacerlo requiere creatividad, compasión y voluntad de ser pioneros en nuevos modelos.

Eso no siempre es fácil, como descubre la periodista de investigación Claudia Antunes en una profunda inmersión en el tema de la «bioeconomía», un concepto muy utilizado y poco comprendido que podría tener un gran impacto en la Amazonia y otros grandes biomas de Brasil. ¿Ofrece una alternativa al capitalismo voraz o es solo otra etiqueta para ecoblanquear las industrias depredadoras? Lean el reportaje de Claudia y decídanlo ustedes mismos. Esta cuestión será cada vez más importante.

Por último, queremos que presten atención a una obra de gran fuerza emocional: un podcast de Maxiel Ferreira, nuestro querido periodista-selva de 18 años que ha participado en el programa de coformación Micelio-SUMAÚMA. Maxiel, un Ribereño que vive a orillas del Río Irirí, en el estado brasileño de Pará, cuenta la historia de su abuela, Francisca Ferreira, una mujer amazónica, sinónimo de fuerza y resistencia: «Ella me dio la vida», dice en un emotivo homenaje lleno de reflexiones sobre la cultura Beiradeira y las conexiones entre el pasado, el presente y el futuro (unicamente en portugués).

En SUMAÚMA seguiremos amplificando estas voces de la selva y exigiendo responsabilidades a quienes amenazan el clima y los sistemas naturales de los que todos dependemos. Gracias, como siempre, por su interés y su apoyo.